El contratista se obliga para con la Defensoría del Pueblo a prestar sus servicios profesionales; por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa; para apoyar a la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género en la articulación de esta dependencia con la Dirección Nacional de Defensoría Pública y con la Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión con el fin de garantizar la inclusión del enfoque de género.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.