El contratista se obliga con la Defensoría del Pueblo a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales para apoyar la implementación y seguimiento a los planes y programas orientados al buen servicio; promoción y fortalecimiento de las dinámicas asociadas a la rendición de cuentas; participación ciudadana; y transparencia de la información pública de la Entidad.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.