El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales; por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa para asesorar y acompañar al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Defensoría del Pueblo; en la supervisión; de las labores de seguimiento referentes al cumplimiento de las obligaciones y el enlace entre los usuarios y los proveedores que ofrecen sus servicios y herramientas tecnológicas.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.