El contratista se obliga con la Defensoría del Pueblo a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo; en los temas jurídico contractuales; dirigidos a cumplir de manera oportuna las necesidades propias de la misma y demás actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones a su cargo.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.