La contratista se obliga con la Defensoría del Pueblo a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales en la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba para atender a la población campesina y rural víctima del conflicto; así como en la promoción y divulgación de sus derechos; orientación; asesoría y acompañamiento; que sirva para aportar insumos al seguimiento de la política pública agraria y de tierras a nivel regional.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.