El contratista se obliga para con la Defensoría del Pueblo a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales para adelantar el análisis; revisión; recopilación y valoración de información relacionada con escenarios de riesgo de desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad; así como acciones institucionales para su prevención y/o mitigación.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.