La contratista se obliga con el Ministerio del Interior a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica; administrativa y financiera; sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en el cumplimiento y seguimiento de los autos y órdenes que se desprendan de la sentencia T-025 de 2004; así como apoyar y gestionar los procesos de articulación con entidades del orden nacional y territorial; en todo lo relacionado con enfoque de género.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.