El contratista se obliga con el Ministerio del Interior; a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica; administrativa y financiera; sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en la realización de espacios de trabajo con los sujetos de la política pública u otros actores relevantes para el proceso de formulación; apropiación y/o implementación de la Política Pública de Protección Integral y Garantías a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.