“El contratista se obliga para con el Ministerio del Interior a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial en el grupo de lucha contra la trata de personas; apoyando en el soporte técnico al Sistema Nacional de Información de Trata de Personas y en el acompañamiento a las entidades territoriales en la descentralización de la política de lucha contra la trata de personas”.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.