El contratista se obliga con el Ministerio del Interior a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica; administrativa y financiera; sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en los procesos estratégicos; misionales; de apoyo y de evaluación; así como en el seguimiento a los programas; proyectos y convenios; en especial la que se desprenden del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005; modificada por la Ley 1592 de 2012.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.