ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA / RESPUESTA A SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PRÁCTICA JURÍDICA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO ¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la educación de la señora [M.P.A.S.] debido a la omisión del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de expedir el acto administrativo que aprobara la realización de su práctica jurídica para optar por el título profesional de abogada? (…) [La Sala] observa que: (i) el 4 de octubre de 2021 el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia expidió la Resolución No. 6325 del 4 de octubre de 2021, mediante la cual reconoció “la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al título de Abogado a [M.P.A.S.]”; y (ii) un funcionario de esa unidad envió copia digital de la actuación al correo electrónico (…) que suministró la accionante para afectos de ser notificada.

Con lo anterior, la Sala no desconoce que la parte actora, dentro del trámite constitucional, obtuvo respuesta a su petición. Sin embargo, esto no exime a la autoridad demandada de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora Aguirre Sánchez por cuanto, como se dijo, la solicitud fue radicada el 28 de julio de 2021 y solo fue respondida hasta el 4 de octubre de 2021, fuera del término legal para ser contestada.

Desde ese panorama, se advierte que en el caso concreto se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado porque solo durante el trámite de la presente tutela la entidad logró superar el supuesto fáctico que dio lugar a la interposición del presente mecanismo de protección constitucional. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULAR - Niega / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN / EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO PARA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE ABOGADO ¿Resultó vulnerado el derecho fundamental a la educación de la señora [M.P.A.S.] ante la presunta negativa de la Universidad de Pamplona en permitirle la inscripción al grado a pesar del lleno de los requisitos? (…) Respecto de la Universidad de Pamplona no se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, sino que se negará el amparo en relación con la expedición del paz y salvo.

Lo anterior porque la petición fue radicada por la señora [M.P.A.S.] el 5 de octubre de 2021 y ese mismo día fue contestada por el ente universitario. Por ende, es evidente que la institución universitaria no vulneró el derecho fundamental petición de la actora. Todo lo contrario, de manera rápida y oportuna, expidió el mismo día el certificado que se le solicitó. Finalmente, la Sala tampoco accederá al amparo constitucional del derecho a la educación, por cuanto, el hecho de que la señora [M.P.A.S.] no pueda acceder a la ceremonia de grados no implica que se le cercene el derecho a obtener el título de abogada, pues como alternativa, puede hacerlo de forma privada ya que de conformidad con el Acuerdo No. 032 del 14 de julio de 2021, la fecha límite para subir los documentos requeridos a través del campus virtual fue el 30 de septiembre de 2021, para la ceremonia pública, tal como lo aprobó el Consejo Académico en el calendario académico de la Universidad de Pamplona.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejero ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06634-00(AC) Actor: MARÍA PAULA AGUIRRE SÁNCHEZ Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y OTRO Tema: Tutela de fondo – Carencia actual de objeto por hecho superado - niega SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la señora María Paula Aguirre Sánchez contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia – y la Universidad de Pamplona.

I.

ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo 1. Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de septiembre del 2021 al buzón web de recepción de tutelas y hábeas corpus dispuesto por la Rama Judicial, posteriormente remitido al de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora María Paula Aguirre Sánchez, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y la Universidad de Pamplona, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la educación. 2.

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la omisión del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de expedir el certificado que acredite su práctica jurídica como requisito alternativo para optar por el título profesional de abogada, a pesar de haber presentado la solicitud el 28 de julio de 2021.

Asimismo, porque la Universidad de Pamplona no le ha expedido el paz y salvo necesario para poder graduarse como abogada por no tener el requisito de la judicatura. 3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: “(…) se TUTELEN mis derechos de petición, debido proceso, a la educación y en consecuencia se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA lo siguiente:

PRIMERO: Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS expida y remita la Resolución que certifique la realización y aprobación de mi judicatura.

SEGUNDO: Que subsidiariamente se ordene a la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA que una vez se certifique mi judicatura, emita el paz y salvo requerido para mi inscripción a grados a través del Campus TI.

TERCERO: Se ordene a la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA que excepcionalmente inaplique las fechas estipuladas en el acuerdo No. 032 del 14 de julio de 2021 para que se me permita inscribirme a grados y liquidar y pagar así mismo los derechos a grado (sic) correspondiente”. 1.2. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: 4.

La señora María Paula Aguirre Sánchez cursó y aprobó las asignaturas teóricas y prácticas del plan de estudios del programa de derecho en la Universidad de Pamplona. 5. La accionante desempeñó funciones jurídicas en el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Cúcuta, entre el 5 de octubre de 2020 y el 6 de julio de 2021. 6.

El 28 de julio de 2021 radicó la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica como requisito alternativo para optar por el título de abogada. 7. El 24 de agosto remitió nuevamente comunicación electrónica dirigida a las autoridades accionadas, solicitando se atienda su petición en relación con el reconocimiento de la práctica jurídica. 8.

A la fecha de interposición de la presente acción constitucional, no se ha dado respuesta a su solicitud, pues la entidad, únicamente, acusó recibo de la petición el 28 de julio de 2021. 1.3. Fundamentos de la solicitud 9. La señora María Paula Aguirre Sánchez expresó que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia– vulneró sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la educación, con ocasión de la demora injustificada en expedir el acto administrativo mediante el cual se apruebe la realización de su práctica jurídica como requisito de grado para obtener su título profesional de abogada, a pesar de que lo solicitó desde el 28 de julio de 2021.

Asimismo, la Universidad de Pamplona quebrantó el derecho a la educación al no permitirle la inscripción al grado, a pesar de cumplir con todos los requisitos para tal fin. 1.4. Trámite de la acción de tutela 10. Mediante auto del 4 de octubre de 2021, se admitió la demanda y se ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia– y a la Universidad de Pamplona, en calidad de autoridades accionadas. 1.5.

Intervenciones Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia 11. Con escrito remitido el 7 de octubre de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de la Unidad solicitó que se niegue el amparo deprecado por considerar que en el asunto sub examine no se presenta vulneración de ningún derecho fundamental. 12.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, con todos los documentos e información llegada por la accionante, se procedió a expedir la Resolución número 6325 del 4 de octubre de 2021, por medio de la cual se le reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica a la egresada María Paula Aguirre Sánchez, cuya copia se adjuntó al trámite constitucional. 13.

Agregó que lo anterior, se le informó a la señora María Paula Aguirre Sánchez al correo electrónico el 4 de octubre de 2021. 1.5.2. Universidad de Pamplona 14. Con escrito remitido el 8 de octubre de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el decano de la Facultad de Artes y Humanidades, solicitó que se deniegue el amparo constitucional porque no vulneró los derechos fundamentales señalados debido a que la competencia para conocer de la solicitud de reconocimiento de práctica jurídica es del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y no de la universidad. 15.

Informó que solo hasta el 5 de octubre de 2021, la tutelante radicó petición a efectos de que se le expidiera el paz y salvo, a lo que se accedió el mismo día razón por la cual se configura la carencia actual de objeto por hecho superado. 16. Finalmente, adujo que de conformidad con el Acuerdo No. 032 del 14 de julio de 2021[1], la fecha límite para entrega de documentos para el derecho al grado, es el 30 de septiembre de 2021.

Por lo que la radicación de los documentos, luego de esta fecha resulta extemporánea. En ese orden, dijo que de permitirse que la tutelante radique los documentos por fuera de esta data, vulneraría los derechos de aquellos candidatos a grado que no pudieron cumplir en su momento con los requisitos. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 17.

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la señora María Paula Aguirre Sánchez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019. 18.

Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia– y la Universidad de Pamplona y le corresponde al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia conocer a prevención de las solicitudes de amparo que se presenten contra esas autoridades. 2.2.

Legitimación en la causa 19. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. 20.

En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991[2], en los artículos 1, 10, 46 y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa.

También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales[3]. 21. Con fundamento en el marco conceptual expuesto[4], la Sala advierte que la señora María Paula Aguirre Sánchez es la titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue quien elevó la petición del 28 de julio de 2021 que alega como desatendida.

En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados. 22. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia– está igualmente legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial a la que le corresponde pronunciarse sobre la referida petición. Asimismo, la Universidad de Pamplona por cuanto aduce la tutelante que vulnera el derecho a la educación al no permitirle la inscripción al grado, a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos para tal fin. 2.3.

Problema jurídico 23. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, los informes y argumentos esgrimidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y la Universidad de Pamplona, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto: • ¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la educación de la señora María Paula Aguirre Sánchez debido a la omisión del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de expedir el acto administrativo que aprobara la realización de su práctica jurídica para optar por el título profesional de abogada? • ¿Resultó vulnerado el derecho fundamental a la educación de la señora María Paula Aguirre Sánchez ante la presunta negativa de la Universidad de Pamplona en permitirle la inscripción al grado a pesar del lleno de los requisitos? 24.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) la carencia actual de objeto por hecho superado; y (iii) el análisis del caso concreto. 2.4. Naturaleza de la acción de tutela 25. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991. 26.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio. 2.5.

De la carencia actual de objeto 27. La Sala ha explicado en varias ocasiones[5] que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente. 28. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales. 29.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente. 30. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 2016[6], señaló que: “La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.

Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial.

Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.[7] A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que: “La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza.

Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original) “Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados.

Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente[8]” (Negrita propia del texto). 31.

Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.[9] 32.

En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”[10]. 33.

En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales. 34.

En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.[11] 35. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados.

Así lo ha indicado la Corte Constitucional: “En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión,[12] incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.[13] Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado[14]”.[15]” (Negrita y subrayado fuera de texto). 36.

Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita ha dicho lo siguiente: “Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo[16].

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita[17], pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados[18].

Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición[19]; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva[20]”.[21] (Negrita y subrayado fuera del texto) 37.

El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.[22] 38.

Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño consumado y hecho superado. 39. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para declarar la carencia actual de objeto: “El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado.

El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada”[23] (Negrita y subrayado fuera del texto). 2.6.

Caso concreto 40. La señora María Paula Aguirre Sánchez presentó la acción de tutela invocando la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la educación, con ocasión de la presunta omisión del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en dar respuesta a la solicitud del 28 de julio de 2021 en la que pidió la expedición del acto administrativo mediante el cual se le apruebe la realización de su práctica jurídica como requisito de grado para obtener su título profesional de abogada. 41.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia– en el informe que presentó, indicó que expidió la Resolución No. 6325 del 4 de octubre de 2021, mediante la cual se reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica de la señora María Paula Aguirre Sánchez y la notificó al correo electrónico que la tutelante suministró para efectos de ser informada. 42.

Por otra parte, la Universidad de Pamplona indicó que expidió la certificación solicitada por la tutelante el 5 de octubre de 2021. En esta se señala que la señora María Paula Aguirre Sánchez se encuentra a paz y salvo académicamente. La universidad recalcó que el referido paz y salvo fue expedido el mismo día en que lo solicitó la actora, razón por la que considera que no vulneró derecho alguno. 43.

En ese orden de ideas, la Sala verificará si, en realidad, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, expidió el acto administrativo de reconocimiento de la práctica jurídica y lo notificó a la señora María Paula Aguirre Sánchez. Asimismo, si la Universidad de Pamplona expidió el paz y salvo y también lo notificó a la tutelante. 44.

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, junto con su contestación, allegó copia digital del siguiente acto administrativo: [pic] 45. También aportó la siguiente captura de pantalla: [pic] 46. De las imágenes expuestas, se observa que: (i) el 4 de octubre de 2021 el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia expidió la Resolución No. 6325 del 4 de octubre de 2021, mediante la cual reconoció “la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al título de Abogado a MARÍA PAULA AGUIRRE SÁNCHEZ”; y (ii) un funcionario de esa unidad envió copia digital de la actuación al correo electrónico mariapaulaas@hotmail.com, que fue el buzón web que suministró la accionante para afectos de ser notificada. 47.

Con lo anterior, la Sala no desconoce que la parte actora, dentro del trámite constitucional, obtuvo respuesta a su petición. Sin embargo, esto no exime a la autoridad demandada de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora Aguirre Sánchez por cuanto, como se dijo, la solicitud fue radicada el 28 de julio de 2021 y solo fue respondida hasta el 4 de octubre de 2021, fuera del término legal para ser contestada. 48.

Desde ese panorama, se advierte que en el caso concreto se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado porque solo durante el trámite de la presente tutela la entidad logró superar el supuesto fáctico que dio lugar a la interposición del presente mecanismo de protección constitucional. 49. De otra parte, la Universidad de Pamplona adjuntó la certificación del 5 de octubre de 2021, en el que señala que la señora María Paula Aguirre Sánchez se encuentra a paz y salvo académicamente. [pic] 50.

Asimismo, aportó el siguiente documento que demuestra que le fue enviada y notificada la certificación al correo de la accionante: [pic] 51. Respecto de la Universidad de Pamplona no se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, sino que se negará el amparo en relación con la expedición del paz y salvo. Lo anterior porque la petición fue radicada por la señora María Paula Aguirre Sánchez el 5 de octubre de 2021 y ese mismo día fue contestada por el ente universitario.

Por ende, es evidente que la institución universitaria no vulneró el derecho fundamental petición de la actora. Todo lo contrario, de manera rápida y oportuna, expidió el mismo día el certificado que se le solicitó. 52. Finalmente, la Sala tampoco accederá al amparo constitucional del derecho a la educación, por cuanto, el hecho de que la señora María Paula Aguirre Sánchez no pueda acceder a la ceremonia de grados no implica que se le cercene el derecho a obtener el título de abogada, pues como alternativa, puede hacerlo de forma privada ya que de conformidad con el Acuerdo No. 032 del 14 de julio de 2021[24], la fecha límite para subir los documentos requeridos a través del campus virtual fue el 30 de septiembre de 2021, para la ceremonia pública, tal como lo aprobó el Consejo Académico en el calendario académico de la Universidad de Pamplona. 53.

Fecha que no puede ser inaplicada por la Sala porque son parámetros reglamentarios enfocados en la organización y producción de los documentos necesarios para la ceremonia de grado, tales como actas y diplomas, entre otros. Máxime si la actora presentó la acción constitucional solo hasta el 29 de septiembre de 2021, un día antes del fenecimiento del término y, pasados dos meses desde la radicación de la petición del 28 de julio de 2021. 54.

Además por cuanto, tal como lo indicó la universidad demandada, ello implicaría el desconocimiento del derecho a la igualdad de aquellas personas que igual que la actora, no pudieron adjuntar la documentación en la fecha señalada en el calendario académico por razones exógenas a la universidad demandada. Lo anterior, sin perjuicio que la actora pueda obtener su título de grado en ceremonia privada 2.7.

Conclusión 55. Se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado porque durante el trámite de la acción de tutela el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia– expidió la Resolución No. 6325 del 4 de octubre de 2021, mediante la cual se reconoció la práctica jurídica de la señora María Paula Aguirre Sánchez.

Adicionalmente, debido a que la Sala no encontró la vulneración del derecho a la educación de la tutelante por parte de la Universidad de Pamplona, se negará esa pretensión. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de la acción de tutela ejercida por la señora María Paula Aguirre Sánchez, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional del derecho a la educación de la señora María Paula Aguirre Sánchez contra la Universidad de Pamplona, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ROCÍO ARAÚJO OÑATE Presidente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. ----------------------- [1] “Por el cual se aprueba el calendario para grados del periodo 2021-2 de los programas de Pregrado sedes Pamplona y Villa del Rosario-Cúcuta, Pregrado Distancia y los programas de Posgrados” [2] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. [3] Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández [4] Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva.

Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. [5] Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00. [6] Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido. [7] «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013;

T-317 de 2005”». [8] «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”». [9] Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [10] Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido [11] A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16.

M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado [12] «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita». [13] «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009». [14] «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T- 170/09». [15] «Corte Constitucional.

Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo». [16] «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva». [17] «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto». [18] «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto». [19] «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada». [20] «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto». [21] «Corte Constitucional.

Sentencia T-662 de 2016». [22] «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado». [23] «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera». [24] “Por el cual se aprueba el calendario para grados del periodo 2021-2 de los programas de Pregrado sedes Pamplona y Villa del Rosario-Cúcuta, Pregrado Distancia y los programas de Posgrados”