ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR IMCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA - Para la resolución de los cargos que consideraron que no fueron desatados / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO – Causal mediante la cual se controvierte la presunta afectación al principio de congruencia de la sentencia / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA – Los accionantes no expresan la configuración de un defecto concreto / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM [L]os argumentos de los tutelantes objetan, en términos generales, que el Tribunal Administrativo del Huila no haya reconocido perjuicios morales derivados del solo hecho de haber estado en la explosión del 14 de febrero de 2003, y de los psicológicos comprendidos en la categoría de daño a la salud, por lo que desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.
Pues bien, además de que la Sala no observa que los accionantes hubieran presentado en la solicitud de amparo argumentos que explicaran, en concreto, la configuración de un defecto; lo cierto es que, en atención al escrito de impugnación, es imperativo destacar que la inconformidad de los tutelantes con el fallo del 23 de octubre de 2020 radica en que, en su concepto, el Tribunal Administrativo del Huila no resolvió o desató de fondo los cargos de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia del 3 de noviembre de 2016.
Al respecto, es preciso recordar que el proceso judicial, en este caso el de reparación directa, cuenta con recursos y mecanismos propios previstos por el legislador para garantizar los derechos fundamentales de las partes al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales deben ser agotados, por regla general, por los interesados, antes de acudir a la tutela, so pena de que el requisito de subsidiariedad no sea superado, pues esta acción procede, en términos del artículo 86 Constitucional, “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.
En ese orden, es necesario indicar que: i) El artículo 291 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé que las sentencias podrán ser adicionadas de oficio o a solicitud de parte; y que el artículo 287 del Código General del Proceso circunscribe este mecanismo a ocasiones en las que no se resuelva sobre cualquiera de los extremos de la Litis, como lo serían los cargos de apelación, en virtud del artículo 328 ibídem.
En casos semejantes a este, el Consejo de Estado ha expresado que la adición de la sentencia es un mecanismo idóneo para obtener la protección de derechos fundamentales, en eventos en los que una parte considera que determinada providencia no resolvió algún extremo de la litis puesta en conocimiento del juez. ii) El principio tantum devolutum quantum apellatum determina que el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los aspectos que hayan sido reprochados en el recurso de apelación, conforme lo dispuesto por la ley y la jurisprudencia. De lo contrario, incurre el funcionario judicial en falta de congruencia en la sentencia. Ahora, la vulneración del principio de congruencia ha sido considerada como una causal de nulidad originada en la sentencia, y el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, prescribe, como causal para presentar recurso extraordinario de revisión, la existencia de una “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que los cargos propuestos por los accionantes en su solicitud de amparo constitucional no satisfacen el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela contra providencia judicial, por cuanto ellos no ejercieron los mecanismos que tuvieron a su disposición, conforme a la normativa rectora de tales procesos, para solicitarle a la autoridad judicial la garantía de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En concreto, no solicitaron la adición de la sentencia para que fueran resueltos los cargos de la alzada que consideraron no fueron desatados; y no han ejercido el recurso extraordinario de revisión en contra del fallo del 23 de octubre de 2020 frente a la falta de congruencia entre lo solicitado en la apelación y lo resuelto en la sentencia de segunda instancia. (…) Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del escrito de solicitud de amparo, pero en atención a que no superó el requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela interpuesta en contra providencia judicial, por los motivos expuestos anteriormente.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 – ARTÍCULO 291 – ARTÍCULO 328 ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD – DECRETO 2591 DE 1991 / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – INCONSTITUCIONAL / INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA – SENTENCIA C-543 DE 1992 / DERECHO LEGISLADO – ARTÍCULO 230 CONSTITUCIÓN POLÍTICA / VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – PROCEDENTE POR VÍA JURISPRUDENCIAL SENTENCIA C-590 DE 2005 / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial.
Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, (…) la sentencia C- 543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN.
(…) La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. (…) [C]onsidero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del [common law] a un sistema de derecho legislado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C CONSEJERO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02337-01(AC) Actor: JHON WILLIAM MORA SANDOVAL Y OTROS Demandado: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE NEIVA Y LA SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Referencia: Acción de tutela SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la sentencia del 10 de junio de 2021, proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de tutela Jhon William Mora Sandoval, Andrés Felipe Mora Trejos, Jorge Luis Olaya Mora, Luz Marina Mora Sandoval, Herlandy Alarcón Chavarro, Natalia Estefanía Solano Alarcón, María Eva Ramírez Aldana, Armando Borrero Murcia, María del Mar Borrero Ramírez, María Catalina Borrero Ramírez, William Patiño Perdomo, María Margarita Otálora Guzmán, William Stevens Patiño Otálora, Paula Camila Patiño Otálora, Elcira Dussán Charry, Liced Fernanda Dussán Charry, Kerly Tatiana Vega Dussán, María Amparo Barreiro Camacho, José Vicente Barreiro Murcia, Viviana Andrea Méndez Barreiro, José Leonardo Ramos Barreiro, Ligia Amparo Ramos Barreiro, Luis Hernando Ramos Barreiro, Milena Mejía Ramírez, Magdalena Tovar Ramírez, Pablo Andrés Lozano Tovar, Edgar Lozano Tovar, María Cristina Álvarez Peña y Carlos Giovanni Rodríguez solicitaron el amparo constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideraron, fueron vulnerados por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión de las sentencias que dichas autoridades profirieron, respectivamente, el 3 de noviembre de 2016 y el 23 de octubre de 2020, dentro del proceso de reparación directa acumulado con radicado núm. 41001- 23-31-000-2003-01224-02[1]. 1.2.
Hechos[2] 1.2.1. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional allanaron un inmueble ubicado en el Barrio Villa Magdalena, en Neiva, Huila, el 14 de febrero de 2003, con el fin de verificar el posible almacenamiento de explosivos, procedimiento en el que detonó un artefacto que provocó la muerte de 18 personas, lesionó a 40 más y causó pérdidas materiales en el sector. 1.2.2.
En consecuencia, las personas afectadas presentaron demandas en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra del Ministerio de Defensa Nacional, de la Presidencia de la República, del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía General de la Nación, para solicitar la reparación de los daños y perjuicios causados del orden patrimonial, moral, social, psicológicos y familiares.
En particular, los procesos de los ahora accionantes quedaron radicados bajo los núms. 41001-23-31-000-2004-00516-00 y 41001-23-31-000-2004-01468-00. 1.2.3. Las demandas correspondió conocerlas, en primera instancia, al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, autoridad que acumuló todos los procesos iniciados por los mismos hechos y contra las mismas autoridades bajo el radicado núm. 41001-23-31-000-2003-01224-02[3].
En sentencia del 3 de noviembre de 2016[4], el mencionado juzgado accedió parcialmente a las pretensiones por lo que declaró a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación responsables de los hechos ocurridos el 14 de febrero de 2003 en el Barrio Villa Magdalena, Neiva, Huila y, en consecuencia, las condenó al pago de los siguientes perjuicios, entre otros: | |Consolidación de Perjuicios | | | |Perjuici| | | | | | |Radicado|Demandante |os |Perjuici|Daño a |Total | | | | | |Material|os |la | | | | | | |es |morales |Salud | | | | | |Consuelo de Jesús| | | |3.447.27| |3.447.27| | |Agudelo Cañas | | | |5 | |5 | | |Zayury Andrea | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Perdomo Agudelo | | | |5 | |5 | | |María Mercedes |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Reina de Cediel |03 | | |5 | |78 | | |Farid Cabrera | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Romero | | | |5 | |5 | | |Dolly Constanza |14.293.5|4.360.35| |3.447.27| |22.101.1| | |Cabrera Romero |03 |0 | |5 | |29 | | |Mariela Angarita | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Fierro | | | |5 | |5 | | |William Patiño |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Perdomo |03 | | |5 | |78 | | |María Margarita | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Otálora Guzmán | | | |5 | |5 | | |Yesid Rojas |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Castro |03 | | |5 | |78 | | |Fanny Candil | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Calderón | | | |5 | |5 | | |Miguel María | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Trujillo Quintero| | | |5 | |5 | | |Nelly Montilla de| | | |3.447.27| |3.447.27| | |Trujillo | | | |5 | |5 | | |Luis Eduardo | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Trujillo Montilla| | | |5 | |5 | | |Ferney Antonio | |726.725 | |3.447.27| |4.174.00| | |Ramos Vargas | | | |5 | |0 | | |Yanid Trujillo | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Montilla | | | |5 | |5 | | |Álvaro Trujillo |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Montilla |03 | | |5 | |78 | | |Mildred Cabrera |14.293.5| | |3.447.27| |3.447.27| | |Leal |03 | | |5 | |5 | | |Lucy Herley | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Cabrera Leal | | | |5 | |5 | | |Fabio Tovar |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Calderón |03 | | |5 | |78 | | |Carmen Velásquez | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Polanía | | | |5 | |5 | | |Ángel Efraín | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Martín Reina | | | |5 | |5 | | |Narváez | | | | | | | | |Ányela Sibel | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Peláez Charry | | | |5 | |5 | | |Bernardo Zarate |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Cruz |03 | | |5 | |78 | | |Magnolia Acuña | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Ortiz | | | |5 | |5 | | |Rubén Darío |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Perdomo Sandoval |03 | | |5 | |78 | | |Nelsy Muñoz | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Quintero | | | |5 | |5 | | |Fabián Pérez | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Losada | | | |5 | |5 | | |Gloria Inés | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Ramírez Conde |14.293.5| | |5 | |5 | | | |03 | | | | | | | |Dubier Patiño | | | |3.447.27| |17.740.7| | |Cuellar | | | |5 | |78 | | |Doris Serrato | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Herrera | | | |5 | |5 | | |Orlando Pascuas |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Dussan |03 | | |5 | |78 | | |Martha Lucy | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Portillo | | | |5 | |5 | | |Omar Ríos |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Valencia |03 | | |5 | |78 | | |María del Carmen |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Ortiz de Ríos |03 | | |5 | |78 | | |Rigoberto Pascuas|14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Dussan |03 | | |5 | |78 | | |Rubiela Ortiz | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Bermeo | | | |5 | |5 | | |Armando Borrero |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Murcia |03 | | |5 | |78 | | |Maria Eva Ramirez| | | | | | | | |Aldana | | | | | | | | |Carlos Alberto |14.293.5|1.816.81| |3.447.27| |19.557.5| | |Ochoa Linares |03 |3 | |5 | |91 | | |Omar García Díaz |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | | |03 | | |5 | |78 | | |Luis Alfonso |14.293.5|436.035 | |3.447.27| |18.176.8| | |Calderón Perdomo |03 | | |5 | |13 | | |María Emma | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Escobar Muñoz | | | |5 | |5 | | |Lida Marcela | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Escobar Muñoz |14.293.5| | |5 | |5 | | | |03 | | | | | | | |José Milton Bello| | | |3.447.27| |17.740.7| | |Perdomo | | | |5 | |78 | | |Liliana Arévalo | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Peralta | | | |5 | |5 | | |Herlandy Alarcón |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Chavarro |03 | | |5 | |78 | | |Jaime Pinzón | | | |3.447.27| |3.447.27| | | | | | |5 | |5 | | |Menor Andrés | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Felipe Pinzón | | | |5 | |5 | | |Jhon Willian Mora| | | |3.447.27| |3.447.27| | |Sandoval | | | |5 | |5 | | |Marlen Eris | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Trejos García | | | |5 | |5 | | |Luz Marina Mora | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Sandoval | | | |5 | |5 | |2004-014|Mario Enrrique |15.632.6| | | | | | |68 |Afanador |28 |4.087.82| | | |19.720.4| | |Marlene Jimena | |9 | | | |57 | | |Antonieth Sánchez| | | | | | | | |Lam | | | | | | | | |Eduardo Soto | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Quesada | | | |5 | |5 | | |Martha Cecilia |15.632.6| | |3.447.27| |19.079.9| | |Vanegas Chacón |28 | | |5 | |03 | | |Luis Fernando |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Salas |03 | | |5 | |78 | | |Lina Margarita | | | | | |- | | |Bautista Falla | | | | | | | | |Jair Dávila |15.632.6| | |3.447.27| |19.079.9| | |Ramírez |28 | | |5 | |03 | | |Menor Jhoan Jair | | | |3.447.27| | | | |Dávila Mejía | | | |5 | | | | |Hilda Roció | | | |3.447.27| |3.447.27| | |García Díaz | | | |5 | |5 | | |Guillermo | |1.453.45| |3.447.27| |4.900.72| | |Rusinque Bustos | |0 | |5 | |5 | | |María Cristina | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Álvarez Peña | | | |5 | |5 | | |Carlos Giovanni | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Rodríguez Vásquez| | | |5 | |5 | | |Olga Patricia | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Pérez Motta | | | |5 | |5 | | |Juan Carlos |15.632.6| | |3.447.27| |19.079.9| | |Pacheco Pinzón |28 | | |5 | |03 | | |Liliana Zambrano | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Ortiz | | | |5 | |5 | | |Menor María | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Alejandra Pacheco| | | |5 | |5 | | |Zambrano | | | | | | | | |Edgar Lozano |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |García |03 | | |5 | |78 | | |Magdalena Tovar | | | | | |- | | |Ramírez | | | | | | | | |Amparo Conde |14.293.5| | |3.447.27| |17.740.7| | |Valderrama |03 | | |5 | |78 | | |Elcira Dussan |15.632.6| | |3.447.27| |19.079.9| | |Charry |28 | | |5 | |03 | | |Benyy Vargas | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Medina | | | |5 | |5 | | |Efraín Gómez | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Santos | | | |5 | |5 | | |Menor Paula | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Milena Gómez | | | |5 | |5 | | |Ardila | | | | | | | | |Menor Daniela | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Gómez Ardila | | | |5 | |5 | | |Menor Valentina | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Gómez Ardila | | | |5 | |5 | | |María Amparo | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Barreiro Camacho | | | |5 | |5 | | |José Vicente | | | |3.447.27| |3.447.27| | |Barreiro Murcia | | | |5 | |5 | (Ver página 149 y 150 de la sentencia del 3 de noviembre de 2016) Frente a los demandantes del expediente 2004-00516 y 2004-01468, indicó en relación con los perjuicios morales: “ (…) revisado el acervo probatorio, no observa el despacho prueba relacionada con el padecimiento sufrido por el daño de las viviendas, sin que se pueda inferir la congoja o tristeza por la pérdida del bien inmueble; por ello, en atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado, como quiera que los perjuicios morales derivados, en este caso, de daños en los bienes inmuebles, no pueden ser presumidos, se hace necesaria su demostración y al no demostrarse con exactitud tal estado subjetivo en los demandantes, se negará lo pretendido por tal motivo.
Sin embargo, obran certificaciones de victimas (sic) expedida (sic) por el Director Administrativo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Neiva, asimismo se aportaron certificaciones de damnificados expedidas por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Magdalena; además de algunas certificaciones de terapia psicológica para el caso de […] se presentó una situación de zozobra, inestabilidad y debilidad emocional producto de dicho acontecimiento que conlleva al reconocimiento del perjuicio moral en virtud de esa condición de víctimas y damnificados del atentado terrorista de marras el cual se ordenará en una cuantía de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV). […] Bajo el mismo argumento jurisprudencial del Consejo de Estado reseñado en los acápites anteriores, es claro que para este tipo de perjuicios debe acreditarse su existencia y magnitud, sin que en el presente evento [2004-01468] se hayan demostrado; por consiguiente, no (sic) se denegará el reconocimiento de los perjuicios morales por pérdida patrimonial; sin embargo, frente al impacto que el atentado terrorista trajo a sus vidas debe señalarse que conforme a las certificaciones suscritas por profesionales en psicología que indican el tratamiento recibido para estabilizar el estado emocional que se vio afectado con el atentado terrorista (hecho dañoso); aunado, a las certificaciones de victimas (sic) expedida por el Director Administrativo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Neiva se reconocerá el perjuicio moral en virtud de esa condición de víctimas del atentado terrorista de marras el cual se ordenará en una cuantía de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV), para […]”[5]. 1.2.4.
En consecuencia, las partes presentaron recurso de apelación en contra de la anterior decisión. En particular, los demandantes solicitaron que la indemnización por perjuicios morales por pérdidas materiales ascendiera a 100 SMLMV para cada afectado y para quienes no les fueron otorgados, y el reconocimiento del daño emergente a favor de Luz Marina Mora Sandoval, Jhon William Mora Sandoval, María Cristina Álvarez Peña y Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez, y moral por la afectación emocional.
Además, pidieron el pago de la indemnización por daño a la salud. 1.2.5. En segunda instancia, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila emitió sentencia, el 23 de octubre de 2020[6], en la que modificó el fallo del a quo, en relación con la cuantía de los perjuicios, de la siguiente forma: |CONSOLIDACIÓN DE PERJUICIOS | |RADICADO|DEMANDANTE |DAÑO |LUCRO |LUCRO |PERJUICI|DAÑO A| | | |EMERGENT|CESANTE |CESANTE|OS |LA | | | |E |CONSOLIDA|FUTURO |MORALES |SALUD | | | | |DO | |(S.M.L.M|(S.M.L| | | | | | |.) |.M.) | |2004 |PEDRO ANTONIO |$16.256.| - | - |5 |- | |00516 |PERDOMO RAMÍREZ |726 | | | | | | |CONSUELO DE | - | - | - |5 |- | | |JESÚS AGUDELO | | | | | | | |CAÑAS | | | | | | | |ZAYURY ANDREA | - | - | - |5 |- | | |PERDOMO AGUDELO | | | | | | | |MARÍA MERCEDES |$16.256.| - | - |5 |- | | |REINA DE CEDIEL |726 | | | | | | |FARID CABRERA | - | - | - |5 |- | | |ROMERO | | | | | | | |DOLLY CONSTANZA |$16.256.|$4.959.24| - |5 |- | | |CABRERA ROMERO |726 |7 | | | | | |MARIELA ANGARITA| - | - | - |5 |- | | |FIERRO | | | | | | | |WILLIAM PATIÑO |$16.256.| - | - |5 |- | | |PERDOMO |726 | | | | | | |MARIA MARGARITA | - | - | - |5 |- | | |OTÁLORA GUZMÁN | | | | | | | |YESID ROJAS |$16.256.| - | - |5 |- | | |CASTRO |726 | | | | | | |FANNY CANDIL | - | - | - |5 |- | | |CALDERÓN | | | | | | | |MIGUEL MARÍA | - | - | - |5 |- | | |TRUJILLO | | | | | | | |QUINTERO | | | | | | | |NELLY MONTILLA | - | - | - |5 |- | | |DE TRUJILLO | | | | | | | |LUIS EDUARDO | - | - | - |5 |- | | |TRUJILLO | | | | | | | |MONTILLA | | | | | | | |FERNEY ANTONIO | - |$826.541 | - |5 |- | | |RAMOS VARGAS | | | | | | | |YANID TRUJILLO | - | - | - |5 |- | | |MONTILLA | | | | | | | |ÁLVARO TRUJILLO |$16.256.| - | - |5 |- | | |MONTILLA |726 | | | | | | |MILDRED CABRERA | | - | - |5 |- | | |LEAL | | | | | | | |LUCY HERLEY | - | - | - |5 |- | | |CABRERA LEAL | | | | | | | |FABIO TOVAR | | - | - |5 |- | | |CALDERÓN |$16.256.| | | | | | | |726 | | | | | | |CARMEN VELÁSQUEZ| | - | - |5 |- | | |POLANÍA | | | | | | | |ÁNGEL EFRAÍN | - | - | - |5 |- | | |MARTÍN REINA | | | | | | | |NARVÁEZ | | | | | | | |ANGELA SIBEL | - | - | - |5 |- | | |PALÁEZ CHARRY | | | | | | | |BERNARDO ZARATE | | - | - |5 |- | | |CRUZ |$16.256.| | | | | | | |726 | | | | | | |MAGNOLIA ACUÑA | - | - | - |5 |- | | |ORTÍZ | | | | | | | |RUBÉN DARÍO | | - | - |5 |- | | |PERDOMO SANDOVAL|$16.256.| | | | | | | |726 | | | | | | |NELSY MUÑOZ | | - | - |5 |- | | |QUINTERO | | | | | | | |FABIÁN PÉREZ | - | - | - |5 |- | | |LOSADA | | | | | | | |GLORIA INÉS | - | - | - |5 |- | | |RAMÍREZ CONDE | | | | | | | |DUBIER PATIÑO | | - | - |5 |- | | |CUELLAR |$16.256.| | | | | | | |726 | | | | | | |DORIS SERRATO | | - | - |5 |- | | |HERRERA | | | | | | | |ORLANDO PASCUAS | | - | - |5 |- | | |DUSSAN |$16.256.| | | | | | | |726 | | | | | | |MARTHA LUCY | | - | - |5 |- | | |PORTILLO | | | | | | | |OMAR RÍOS |$16.256.| - | - |5 |- | | |VALENCIA |726 | | | | | | |MARÍA DEL CARMEN|$16.256.| - | - |5 |- | | |ORTÍZ DE RÍOS |726 | | | | | | |RIGOBERTO |$16.256.| - | - |5 |- | | |PASCUAS DUSSAN |726 | | | | | | |RUBIELA ORTIZ | - | - | - |5 |- | | |BERMEO | | | | | | | |ARMANDO BORRERO | | - | - |5 |- | | |MURCIA |$16.256.| | | | | | | |726 | | | | | | |MARÍA EVA | | - | - |5 |- | | |RAMÍREZ ALDANA | | | | | | | |CARLOS ALBERTO | |$2.066.35| - |5 |- | | |OCHOA LINARES |$16.256.|4 | | | | | | |726 | | | | | | |OMAR GARCÍA DÍAZ|$16.256.| - | - |5 |- | | | |726 | | | | | | |LUIS ALFONSO |$16.256.|$495.903 | - |5 |- | | |CALDERÓN PERDOMO|726 | | | | | | |MARÍA EMMA | - | - | - |5 |- | | |ESCOBAR MUÑOZ | | | | | | | |LIDA MARCELA | - | - | - |5 |- | | |ESCOBAR MUÑOZ | | | | | | | |JOSÉ MILTON |$16.256.| - | - |5 |- | | |BELLO PERDOMO |726 | | | | | | |LILIANA ARÉVALO | - | - | - |5 |- | | |PERALTA | | | | | | | |HERLANDY ALARCÓN|$16.256.| - | - |5 |- | | |CHAVARRO |726 | | | | | | |JAIME PINZÓN | - | - | - |5 |- | | |Menor ANDRÉS | - | - | - |5 |- | | |FELIPE PINZÓN | | | | | | | |JHON WILLIAM | - | - | - |5 |- | | |MORA SANDOVAL | | | | | | | |MARLEN ERIS | - | - | - |5 |- | | |TREJOS GARCÍA | | | | | | | |LUZ MARINA MORA | - | - | - |5 |- | | |SANDOVAL | | | | | | |2004 |MARIO ENRIQUE | |$4.649.29| - |- |- | |01468 |AFANADOR |$17.779.|5 | | | | | | |780. | | | | | | |MARLENE JIMENA | | | - |- |- | | |ANTONIETH | | | | | | | |SÁNCHEZ LAM | | | | | | | |EDUARDO SOTO | | |- |5 | | | |QUESADA | | | | | | | |MARTHA CECILIA | |- |- |5 | | | |VANEGAS CHACÓN |$17.779.| | | | | | | |780 | | | | | | |LUIS FERNANDO |$16.256.| - | - |5 |- | | |SALAS |726 | | | | | | |JAIR DÁVILA | | | | | | | |RAMÍREZ |$17.779.| | |5 | | | | |780 | | | | | | |menor JHOAN JAIR| | - | - |5 |- | | |DÁVILA MEJÍA | | | | | | | |HILDA ROCÍO |- | - | - |5 |- | | |GARCÍA DÍAZ | | | | | | | |GUILLERMO |- | | - |5 |- | | |RUSINQUE BUSTOS | |$1.653.08| | | | | | | |2 | | | | | |MARÍA CRISTINA |ABSTRACT| - | - |5 |- | | |ÁLVAREZ PEÑA |O | | | | | | |CARLOS GIOVANNI | | - | - |5 |- | | |RODRÍGUEZ | | | | | | | |VÁSQUEZ | | | | | | | |OLGA PATRICIA |- | - | - |5 |- | | |PÉREZ MOTTA | | | | | | | |JUAN CARLOS |$17.779.| - | - |5 |- | | |PACHECO PINZÓN |780 | | | | | | |LILIANA ZAMBRANO|- | - | - |5 |- | | |ORTIZ | | | | | | | |Menor MARÍA |- | - | - |5 |- | | |ALEJANDRA | | | | | | | |PACHECO ZAMBRANO| | | | | | | |EDGAR LOZANO |$16.256.| - | - |5 |- | | |GARCÍA |726 | | | | | | |MAGDALENA TOVAR | | - | - |- |- | | |RAMÍREZ | | | | | | | |AMPARO CONDE |$16.256.| - | - |5 |- | | |VALDERRAMA |726 | | | | | | |ELCIRA DUSSAN |$17.779.| - | - |5 |- | | |CHARRY |780 | | | | | | |BENYY VARGAS | - | - | - |5 |- | | |MEDINA | | | | | | | |EFRAÍN GÓMEZ | - | - | - |5 |- | | |SANTOS | | | | | | | |Menor DANIELA | - | - | - |5 |- | | |GÓMEZ ARDILA | | | | | | | |Menor PAULA | - | - | - |5 |- | | |MILENA GÓMEZ | | | | | | | |ARDILA | | | | | | | |Menor VALENTINA | - | - | - |5 |- | | |GÓMEZ ARDILA | | | | | | | |MARÍA AMPARO | - | - | - |5 |- | | |BARREIRO CAMACHO| | | | | | | |JOSÉ VICENTE | - | - | - |5 |- | | |BARREIRO CAMACHO| | | | | | En relación con los perjuicios morales, explicó que “la Sala coincide con la tasación efectuada en primera instancia de los perjuicios aludidos, pues como bien se indica solo en casos excepcionales se reconocen perjuicios morales por la afectación de bienes materiales, como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia del 27 de abril de 2016, con ponencia de la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, exp. 35782 y siempre que se demuestre ese daño y la magnitud del mismo, el cual, al ser nuevamente justipreciado por la Sala encuentra que debe ser confirmado y ratificado en 5 SMLMV para cada uno de los aquí demandantes”[7]. 1.3.
Pretensiones de tutela Los tutelantes presentaron escrito de tutela en el que solicitaron al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, deje sin efectos la sentencia del 23 de octubre de 2020 proferida dentro del expediente acumulado con radicado núm. 41001-23-31-000-2003-01224-02. 1.4.
Argumentos de la solicitud de tutela Los accionantes afirmaron que el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y la Sala de Decisión Sexta del Tribunal Administrativo del Huila incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Como fundamento de su inconformidad, sintetizaron los argumentos de la demanda y de las sentencias del 3 de noviembre de 2016 y del 23 de octubre de 2020, presentaron algunas consideraciones generales sobre el concepto del daño moral y a la salud, y expresaron las consideraciones que la Sala resume a continuación: 1.4.1.
El no reconocimiento de perjuicios morales causados por el solo hecho de haber estado en la explosión del 14 de febrero de 2003, y de los psicológicos comprendidos en la categoría de daño a la salud, a pesar de haber sido pedidos en las demandas y los recursos de apelación y de estar probados, no está acorde con los parámetros previstos por el Consejo de Estado sobre la materia, en la sentencia del 28 de agosto de 2014.
El tribunal limitó el reconocimiento de perjuicios morales a aquellos derivados de las pérdidas materiales, no obstante, desconoció los ocasionados por la zozobra, la angustia, la afectación interna y el miedo generados por haber vivido el atentado terrorista. 2. El tribunal de segunda instancia no resolvió de fondo el recurso de apelación, pues no apreció las pruebas allegadas al proceso y no realizó un estudio juicioso de los daños sufridos por las víctimas para que fueran resarcidos los perjuicios por daño a la salud y morales deprecados, a pesar de que existieron elementos probatorios suficientes del daño. 1.4.3.
Las sentencias cuestionadas desconocieron el principio de congruencia y “fundado su decisión en un análisis ilógico del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad del Estado”[8]. 1.5. Trámite en primera instancia 1.5.1. En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió auto el 11 de mayo de 2021[9], en el que admitió la tutela, vinculó a los siguientes señores: Shirley Rojas Home y Javier Andrés Quintero Rojas;
Costain Quintero, Elvira Cerquera Cerquera, Rigoberto, César, Nancy, Marleny, Flor Ángela, Linaceidad, José Antonio y Diego Quintero Cerquera; Aldemar Narváez Serrato, Omar José Narváez Castrillón y Luis Felipe Narváez Castrillón; Consuelo de Jesús Agudelo Cañas, Rafael Andrés Perdomo Agudelo, Zayuri Andrea Perdomo Agudelo, Karen Vanessa Perdomo Agudelo, María Mercedes Reina de Cediel, Farid Cabrera Romero, Dolly Constanza Cabrera Romero, Mariela Angarita Fierro, Yesid Rojas Castro, Fanny Candil Calderón, Yeison y Natalia Rojas Candil, Miguel María Trujillo Quintero, Nelly Montilla de Trujillo y Luis Eduardo Trujillo Montilla, Ferney Antonio Ramos Vargas, Yanid Trujillo Montilla, Ferney Andrés, Juan David Ramos Trujillo, Álvaro Trujillo Montilla, Mildred Cabrera Leal, Álvaro Andrés Trujillo Cabrera, Lucy Herley Cabrera Leal, Fabio Tovar Calderón, Carmen Velázquez Polanía, Cristian Yesid y Luis Fernando Tovar Velásquez, Ángel Efraín Martín Reina Narváez y Ányela Sibel Peláez Charry, Bernardo Zarate Cruz, Luisa Ximena Zarate Acuña, Magnolia Acuña Ortiz y Rubén Darío Perdomo Sandoval, Nelsy Muñoz Quintero, Lina Kristal, Nicole, Dahiana Perdomo Muñoz, Fabián Pérez Losada, Gloria Inés Ramírez Conde, Dubier Patiño Cuellar, Doris Serrato Herrera, Leidy Johanna, Katherine, Ingrid Tatiana, Dubier Patiño Serrato, Rigoberto Pascuas Dussán, Rubiela Ortiz Bermeo, Juan Sebastián, Ana Lucía Pascuas Ortiz;
Carlos Alberto Ochoa Linares, Omar García Díaz, Luis Alfonso Calderón Perdomo, María Emma Escobar Muñoz, Cristian Camilo Calderón Rizo, Luis Alfonso Calderón Escobar, Lida Marcela Escobar Muñoz, José Milton Bello Perdomo, Liliana Arévalo Peralta, Aura María Bello Arévalo, Jaime Pinzón, Andrés Felipe Pinzón Acosta, Juan David Garaviz Acosta, Marlen Eris Trejos García, Orlando Pascuas Dussán, Martha Lucy Portillo, Omar Ríos Valencia, María del Carmen Ortiz Ríos y Pedro Antonio Perdomo Ramírez;
Daniel Bustos Sánchez, Shirley Cuellar Silva, Luis Felipe Bahamon Paredes, Elodia Monje Martínez y María Elena Bautista de Leal; Mario Enrique Afanador Armenta, Marlene Jimena Antoniett Sánchez Lam, Mario Hernán y Santiago José Afanador Sánchez, Eduardo Soto Quesada, Martha Cecilia Vanegas Chacón, Santiago y Juan Sebastián Soto Vanegas; Luis Fernando Salas Falla, Lina Margarita Bautista Falla, Jair Dávila Ramírez, Jhoan Jair Dávila Mejía, Hilda Rocío García Díaz, Luis Carlos Vega García, Guillermo Rusinque Bustos, Nubia Teresa Pineda Pineda, Olga Maritza Rusinque Pineda, Jesith Alejandro Rusinque Pineda, Ulises Galindo Murcia, Olga Patricia Pérez Motta, Carlos Eduardo, Camilo Andrés, Cristian Daniel Galindo Pérez, Juan Carlos Pacheco Pinzón, Liliana Zambrano Ortiz y María Alejandra Pacheco Zambrano, Edgar Lozano García, Alejandra Marcela, Amparo Conde Valderrama, Ramiro Alejandro, Jhon Sebastián y Angie Paola Ramos Conde, Lina Constanza Vargas Bravo, Benyy Vargas Medina, Luz Bayeli Bravo, Yuly Alexandra, Andrés Ricardo Vargas Bravo, Efraín Gómez Santos, Arelys Ardila Rojas, Paula Milena, Daniela y Valentina Gómez Ardila;
Yolanda Dussán Charry, Gerson Hernández Lozano, Astrid Lorena Dussán, Tulio Dussán Araujo, Hernando Yasid Pérez Díaz y Diógenes Perdomo Núñez; Carlos Giraldo Cruz y Jorge Luis Ossa Barrios, Eduar Perdomo Soto; Javier Plazas Hernández, Ismael Plazas Hernández, Carlos Fernández Plazas Hernández, María Aliria Plazas Hernández, Jorge Eliecer Plazas Hernández, Teresa Plazas Hernández;
Aliria Hernández de Plazas, Jorge Eliecer Plazas Hernández, Ismael Plazas Hernández, María Aliria Plazas Hernández, Javier Plazas Hernández, Carlos Fernando Plazas Hernández, Teresa Plazas Hernández y María Eugenia Ramírez Plazas; Ángel Antonio Miranda Avilés y Andrea Perdomo Soto; a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Presidencia de la República; y ordenó notificar a los sujetos procesales. 1.5.2.
El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva contestó que se atiene a los fundamentos de la sentencia del 3 de noviembre de 2016, y que las pretensiones de la tutela no están llamadas a prosperar, toda vez que no hubo vulneración de derechos fundamentales[10]. 1.5.3. La Presidencia de la República realizó un recuento de sus funciones y competencias, afirmó que no tenía legitimación en la causa por pasiva para asumir las pretensiones de los accionantes y sostuvo que no violó garantías constitucionales[11]. 1.5.4.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara la improcedencia del escrito de tutela, en la medida en que no superó el requisito de subsidiariedad. Además, indicó que los defectos invocados no fueron debidamente sustentados y que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable[12]. 1.5.3. El Ministerio de Defensa Nacional explicó que el Tribunal Administrativo del Huila no actuó por fuera del marco de la legalidad, debido a que no negó el reconocimiento de perjuicios morales sino que indicó que resultaba inviable su incremento, en tanto no estaba acreditado el perjuicio reclamado.
De otra parte, consideró que en el caso concreto no se configuró un perjuicio irremediable, razón por la que solicitó que se negara la tutela[13]. 1.6. Sentencia de tutela de primera instancia La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia, el 10 de junio de 2021[14], en la que declaró improcedente el amparo deprecado por Jhon William Mora Sandoval y otros.
Como fundamento de su decisión, indicó que la acción no superó el requisito de relevancia constitucional, por cuanto los argumentos de la tutela solo reiteran aquellos de los recursos de apelación interpuestos en el proceso ordinario de reparación directa, que ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Huila. 1.7. Impugnación. La parte accionante indicó que con el escrito de tutela no pretendió reabrir el debate respecto de los perjuicios morales.
Explicó que, en resumen, su inconformidad está encaminada a cuestionar que el Tribunal Administrativo del Huila no se pronunció, resolvió o desató los cargos del recurso de apelación relacionados con el reconocimiento de perjuicios morales o por daño a la salud[15]. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 2.2.
Legitimación en la causa La legitimación en la causa por activa de Jhon William Mora Sandoval, Andrés Felipe Mora Trejos, Jorge Luis Olaya Mora, Luz Marina Mora Sandoval, Herlandy Alarcón Chavarro, Natalia Estefanía Solano Alarcón, María Eva Ramírez Aldana, Armando Borrero Murcia, María del Mar Borrero Ramírez, María Catalina Borrero Ramírez, William Patiño Perdomo, María Margarita Otálora Guzmán, William Stevens Patiño Otálora, Paula Camila Patiño Otálora, Elcira Dussán Charry, Liced Fernanda Dussán Charry, Kerly Tatiana Vega Dussán, María Amparo Barreiro Camacho, José Vicente Barreiro Murcia, Viviana Andrea Méndez Barreiro, José Leonardo Ramos Barreiro, Ligia Amparo Ramos Barreiro, Luis Hernando Ramos Barreiro, Milena Mejía Ramírez, Magdalena Tovar Ramírez, Pablo Andrés Lozano Tovar, Edgar Lozano Tovar, María Cristina Álvarez Peña y Carlos Giovanni Rodríguezse encuentra acreditada, puesto que integraron la parte demandante dentro del proceso acumulado de reparación directa con radicado núm. 41001-23-31-000-2003- 01224-02, y por lo tanto, son los titulares de los derechos fundamentales cuyo amparo pretenden.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, en la medida en que fueron las autoridades que profirieron las sentencias del 3 de noviembre de 2016 y del 23 de octubre de 2020 que, según los tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales. 2.3 Procedibilidad de la acción En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[16]. 2.3.1.
En el caso concreto, los argumentos de los tutelantes objetan, en términos generales, que el Tribunal Administrativo del Huila no haya reconocido perjuicios morales derivados del solo hecho de haber estado en la explosión del 14 de febrero de 2003, y de los psicológicos comprendidos en la categoría de daño a la salud, por lo que desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.
Pues bien, además de que la Sala no observa que los accionantes hubieran presentado en la solicitud de amparo argumentos que explicaran, en concreto, la configuración de un defecto; lo cierto es que, en atención al escrito de impugnación, es imperativo destacar que la inconformidad de los tutelantes con el fallo del 23 de octubre de 2020 radica en que, en su concepto, el Tribunal Administrativo del Huila no resolvió o desató de fondo los cargos de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia del 3 de noviembre de 2016.
Al respecto, es preciso recordar que el proceso judicial, en este caso el de reparación directa, cuenta con recursos y mecanismos propios previstos por el legislador para garantizar los derechos fundamentales de las partes al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales deben ser agotados, por regla general, por los interesados, antes de acudir a la tutela, so pena de que el requisito de subsidiariedad[17] no sea superado, pues esta acción procede, en términos del artículo 86 Constitucional, “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.
En ese orden, es necesario indicar que: i) El artículo 291 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé que las sentencias podrán ser adicionadas de oficio o a solicitud de parte; y que el artículo 287[18] del Código General del Proceso circunscribe este mecanismo a ocasiones en las que no se resuelva sobre cualquiera de los extremos de la Litis, como lo serían los cargos de apelación, en virtud del artículo 328 ibídem.
En casos semejantes a este, el Consejo de Estado ha expresado que la adición de la sentencia es un mecanismo idóneo para obtener la protección de derechos fundamentales, en eventos en los que una parte considera que determinada providencia no resolvió algún extremo de la litis puesta en conocimiento del juez[19]. ii) El principio tantum devolutum quantum apellatum determina que el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los aspectos que hayan sido reprochados en el recurso de apelación, conforme lo dispuesto por la ley[20] y la jurisprudencia[21].
De lo contrario, incurre el funcionario judicial en falta de congruencia en la sentencia. Ahora, la vulneración del principio de congruencia ha sido considerada como una causal de nulidad originada en la sentencia[22], y el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, prescribe, como causal para presentar recurso extraordinario de revisión, la existencia de una “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que los cargos propuestos por los accionantes en su solicitud de amparo constitucional no satisfacen el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela contra providencia judicial, por cuanto ellos no ejercieron los mecanismos que tuvieron a su disposición, conforme a la normativa rectora de tales procesos, para solicitarle a la autoridad judicial la garantía de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En concreto, no solicitaron la adición de la sentencia para que fueran resueltos los cargos de la alzada que consideraron no fueron desatados; y no han ejercido el recurso extraordinario de revisión en contra del fallo del 23 de octubre de 2020 frente a la falta de congruencia entre lo solicitado en la apelación y lo resuelto en la sentencia de segunda instancia. Sobre este particular, la Corte Constitucional, como intérprete autorizada de la Constitución y guardiana de su integridad, ha desarrollado claramente el entendimiento del requisito de subsidiariedad.
A saber: “1.3. Por lo tanto, una acción de tutela procede en contra de una providencia judicial en el evento en que: (a) no exista otro medio de defensa judicial y (b) la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho. Específicamente con relación a la existencia de otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia constitucional ha señalado que este requisito se entiende cumplido cuando dicho medio existe, independientemente de si aún es posible usarlo o no”[23].
De hecho, el Máximo Tribunal Constitucional ha proscrito el uso de la acción de tutela para recuperar oportunidades vencidas, en los siguientes términos: “[…] no podrá acudirse a ella como ‘última tabla de salvación’, es decir, que teniendo otros mecanismos judiciales ordinarios de defensa o agotada la posibilidad de ejercitarlos por conveniencia, descuido o negligencia procesal no podrá acudirse a la tutela al no estar permitida por la Constitución esa alternativa, de tal manera, que quien dejó agotar esa oportunidad de defensa no podrá acudir a la acción de amparo constitucional porque [e]sta s[o]lo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” [24].
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del escrito de solicitud de amparo, pero en atención a que no superó el requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela interpuesta en contra providencia judicial, por los motivos expuestos anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional interpuesta por Jhon William Mora Sandoval, Andrés Felipe Mora Trejos, Jorge Luis Olaya Mora, Luz Marina Mora Sandoval, Herlandy Alarcón Chavarro, Natalia Estefanía Solano Alarcón, María Eva Ramírez Aldana, Armando Borrero Murcia, María del Mar Borrero Ramírez, María Catalina Borrero Ramírez, William Patiño Perdomo, María Margarita Otálora Guzmán, William Stevens Patiño Otálora, Paula Camila Patiño Otálora, Elcira Dussán Charry, Liced Fernanda Dussán Charry, Kerly Tatiana Vega Dussán, María Amparo Barreiro Camacho, José Vicente Barreiro Murcia, Viviana Andrea Méndez Barreiro, José Leonardo Ramos Barreiro, Ligia Amparo Ramos Barreiro, Luis Hernando Ramos Barreiro, Milena Mejía Ramírez, Magdalena Tovar Ramírez, Pablo Andrés Lozano Tovar, Edgar Lozano Tovar, María Cristina Álvarez Peña y Carlos Giovanni Rodríguez, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Presidente de Sala GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Magistrado Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-00022-00 NICOLÁS YEPES CORRALES Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD – Decreto 2591 de 1991 / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Inconstitucional / INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA – Sentencia C-543 de 1992 / DERECHO LEGISLADO – Artículo 230 Constitución Política / VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedente por vía jurisprudencial sentencia C-590 de 2005 / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial.
Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, (…) la sentencia C- 543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN.
(…) La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. (…) [C]onsidero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del [common law] a un sistema de derecho legislado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-El criterio fijado en la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
PRECEDENTE JUDICIAL-No es una figura que pueda trasplantarse a los sistemas de derecho legislado. ACLARACIÓN DE VOTO Aunque comparto la decisión que se tomó en la providencia del 7 de febrero de 2019, que negó la solicitud de tutela, aclaro voto. 1. La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial.
Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, como la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN. 2.
La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. Al respecto considero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del common law a un sistema de derecho legislado. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE ----------------------- [1] Procesos acumulados con radicados núm. 4100123310002003-01220-00, 4100123310002003-00829-00, 4100123310002004-00516-00, 4100123310002004- 01468-00, 4100123310002004-01557-00, 4100123310002004-01338-00, 4100123310002005-00219-00, 4100123310002005-00199-00, 4100123310002005- 00216-00, 4100123310002007-00396-00, 4100123310002007-00053-00. [2] Los hechos fueron tomados de la sentencia del 23 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, visible en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado CEFEB0F3351CAB0C 757BA4B35A7F71AD 58E2FBF438512D7C A957D39FBFFC7C00. [3] Procesos acumulados con radicados núm. 4100123310002003-01220-00, 4100123310002003-00829-00, 4100123310002004-00516-00, 4100123310002004- 01468-00, 4100123310002004-01557-00, 4100123310002004-01338-00, 4100123310002005-00219-00, 4100123310002005-00199-00, 4100123310002005- 00216-00, 4100123310002007-00396-00, 4100123310002007-00053-00. [4] Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. 21BBF75E46E97BAF 28CCAB0EB9DFE865 BA2356BFFBB4C2F2 2980E693319CB093. [5] Ver páginas 109 y 117 de la sentencia del 3 de noviembre de 2016, documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. 21BBF75E46E97BAF 28CCAB0EB9DFE865 BA2356BFFBB4C2F2 2980E693319CB093. [6] Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. CEFEB0F3351CAB0C 757BA4B35A7F71AD 58E2FBF438512D7C A957D39FBFFC7C00. [7] Página 151 de la sentencia del 23 de octubre de 2020, documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. CEFEB0F3351CAB0C 757BA4B35A7F71AD 58E2FBF438512D7C A957D39FBFFC7C00. [8] Página 20 del escrito de tutela. [9] Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. 0B4F9DE77A9EE84A C62977CCF7875C09 EBA070866E9DEDE9 0FAD3BEE3E1D23FC. [10] Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. ECD90BB70BD566EE 9F45F6F9B05A2DA6 4B95F281DE2F646C B1A4E524C89BE0DD. [11] Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. 9A146E3C3792C7C5 07B39AA5C8064BD8 0D15745F6C1F94C3 B24F57287812849A. [12] Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. 719EB857E0024614 B978F9ACEDC224EA 81642765EE38EDA1 25B58773979771FB. [13] Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm. E00752A205D4A42A 3476DD2DF1B9B85D 26C763EC73ED4FBE 3F2A602F60621596. [14] Documento contenido en el expediente digital de tutela, con certificado núm. A15F7D31C8C227C1 4647206807E2C71B DEFE2F1F20D97441 8BD20773E7034377. [15] Documento contenido en el expediente digital de tutela, con certificado núm. 9581523EE17404AE AA5B749A460E4CC1 10332A836707C0B3 950628483DD39899. [16] Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. [17] El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991. Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los mecanismos ordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o deducidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
(Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. [18] “Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal”. [19] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-02376-00;
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, 11001-03-15-000-2019-04612-01; Sección Segunda, sentencia del 27 de enero de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019- 05099-00; entre otras. [20] En el Código General del Proceso artículos 320 “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión […]” y 328 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. [21] En las siguientes providencias: sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera Consejo de Estado del 12 de febrero de 2015 con número de radicación 25000-23-26-000-2003-00874-01(28278), sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 21 de febrero de 2011 con número de radicación 25000-23-26-000-1995-01692-01(20046), auto de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2019 con número de radicación 25000-23-26-000-2003-11119-02(37725), sentencia de la Subsección A de la Sección tercera del Consejo de Estado del 26 de agosto de 2015 con número de radicación 25000-23-26-000-2001-01401-01(32786) y sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997. [22] Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado No. 11001031500020150234200: “(…) la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA –antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio…”.
Posición reiterada recientemente por esta Subsección en la sentencia del 2 de abril de 2020, proferida dentro del expediente con radicado No. 11001-03-15-000-2019-05184- 01. [23] Sentencia T-289 de 2003 proferida por la Corte Constitucional. [24] Sentencia T-103 de 2003 proferida por la Corte Constitucional.