23001-23-33-000-201800420-01 — Consejo de Estado

23001-23-33-000-201800420-01Consejo de Estado · SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN AAuto2021-09-30

Ponente: William Hernández Gómez

Actor: Jorge Emiro Ortega Díaz·Demandado: Ministerio De Educación Nacional, Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio

De qué trata

Síntesis: El régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 se creó para proteger las expectativas legítimas de los trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación definida a la fecha de su entrada en vigencia y que estuvieran próximos a pensionarse. Es decir, basta con reunir cualquiera de los requisitos precisados en precedencia para tener derecho al régimen de transición. Entonces, en el caso objeto de estudio se advierte que el señor Ortega Díaz para la fecha en entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones creado a través de la Ley 100 de 1993 no contaba con 40 años de edad o 15 años o más de servicios cotizados. En efecto, para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditaba una edad de 35 años y un tiempo de servicios público de más de 12 años, periodo durante el cual cotizó a seguridad social a Cajanal. Por consiguiente, no puede ser beneficiario de la Ley 71 de 1988, pues como ya se indicó, para verificarse su situación con base en dicha normativa, debe ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Súmase a ello que, durante su vida laboral sólo se ha desempeñado en el sector público, sin la posibilidad de computar tiempos prestados en entidades privadas.PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE - Reconocimiento con fundamento en la Ley 812 de 2003 / COMPUTO DE TIEMPO EN EL SECTOR DOCENTE Y EN EL SECTOR PÚBLCIO NO DOCENTE / RÉGIMEN PENSIONAL DOCENTE - Aplicación / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD - Aplicación / INCREMENTO DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN POR SEMANAS ADICIONALES COTIZADAS - Procedencia / PENSION DE JUBILACIÓN DOCENTE - Disfrute condicionado al retiro del servicio / SUELDO Y PENSIÓN DOCENTE - IncompatibilidadEn atención a que el libelista se desempeñó como profesional universitario en calidad de empleado público al servicio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde el 10 de febrero de 1982 hasta el 24 de junio de 2003, período en el cual cotizó para pensión fondos públicos y privados y; que posteriormente ejerció labores como docente oficial para las Secretarías de Educación de los departamentos de Antioquia (entre el 11 de octubre de 2005 y el 16 de julio de 2007) y Córdoba (entre el 26 de julio de 2007 al menos hasta la fecha de presentación de la demanda en la que se afirmó que seguía vinculado), lapsos de tiempo en los cuales ha aportado al Fomag, se puede acudir para el reconocimiento de su prestación pensional a la Ley 100 de 1993, por ser la normativa vigente a la fecha en la que se causó su derecho (en tanto no fue cobijado por el régimen de transición) o bajo la égida de las normas que regulan el régimen pensional para los docentes oficiales, dada su condición de educador. Con base en este contexto y por resultarle más beneficioso las garantías y prerrogativas de la normativa especial y la jurisprudencia específica para el magisterio, dado que la edad es inferior a la que tendría derecho de aplicarle el régimen general, el análisis de su derecho prestacional deberá efectuarse bajo la Ley 812 de 2003, así como la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019 la cual, pese a relacionarse concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen pensional de los docentes oficiales vinculados al FNPSM, resulta útil en cuanto a las previsiones normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas para acceder y consolidar el derecho prestacional propiamente dicho (…)lo cierto es que a pesar de la solución de continuidad que se configuró en el marco del nexo laboral del libelista como educador público por escasos días, la fecha que para el presente caso debe tenerse en cuenta como la inicial de todo el tiempo de servicio en orden de determinar el régimen normativo aplicable, es el 10 de noviembre de 2005. Bajo dicho entendido y como dicha data es posterior al 27 de junio de 2003, cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003, la regulación que gobernaría su situación jurídica pensional corresponde a las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, la cual exigía como requisitos para la consolidación del derecho prestacional, 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas de servicio público oficial.(…) el último inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, permite incrementar el IBL 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, sin pasar de una tasa de reemplazo del 80%. Razón por la cual, como en el caso del demandante no se ha demostrado el retiro definitivo del servicio como docente, su pensión aún se puede acrecentar con las semanas adicionales efectivamente cotizadas. Al respecto, debe advertirse que el pago de la pensión en este caso está restringido hasta tanto se demuestre el retiro definitivo del servicio del demandante. Lo anterior en virtud de que, si bien es cierto al sector docente oficial se le ha permitido gozar concurrentemente de salario y pensión en los términos del artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, dicha norma fue derogada expresamente por la Ley 715 de 2001, de manera que aquellos docentes vinculados a partir de la Ley 812 de 2003 no tienen derecho a este beneficio. (…) se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia impugnada en aplicación de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 en tanto se debe liquidar con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años contados hacia atrás, a partir de la fecha de retiro definitivo del servicio docente, con el monto que corresponda de acuerdo al número adicional de semanas cotizadas a las mínimas pero que, en todo caso, no podrá superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores expresamente regulados en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo de tiempo previamente señalado y sobre los cuales haya realizado la respectiva cotización. NOTA DE RELATORÍA: Régimen pensional aplicable según la fecha de vinculación docente: ver: C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo valorativoEsta Subsección, en providencia del 7 de abril de 2016, sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, y señaló como conclusión lo siguiente: El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia. De conformidad con lo señalado, en el presente caso la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, pues si bien los argumentos expuestos en el recurso de apelación de la parte demandante no prosperaron, la parte demandada no intervino en esta instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el criterio objetivo valorativo para el reconocimiento de las costas del proceso, ver: C de E, Sección Segunda, sentencia del 7 de abril de 2016 rad 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), C.P. William Hernández Gómez.

IMPEDIMENTO POR INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL / RELIQUIDACIÓN PENSIÓN Se debe recordar que la discusión planteada consiste en otorgar el carácter salarial a la bonificación por actividad judicial y, posteriormente, la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante, factor al que la ley excluyó dicho carácter, situación que guarda semejanza con las pretensiones deprecadas en los casos en que se reclama la prima de servicios y la bonificación por compensación reconocida a algunos funcionarios de la Rama Judicial mediante el Decreto 610 de 1998; prestaciones de las cuales son beneficiarios, entre otros, los magistrados de los tribunales administrativos del país. Ahora bien, analizada la causal esgrimida junto con los argumentos del impedimento manifestado, la Sala lo considera FUNDADO, pues poseen un interés directo en el caso objeto de controversia, teniendo en cuenta que eventualmente pueden verse cobijados con la decisión del litigio planteado, comoquiera que el reconocer la bonificación por actividad judicial como factor salarial, podría tener incidencia en otras prestaciones de carácter similar, de las cuales ellos fueron destinatarios, situación que compromete su imparcialidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 141 NUMERAL 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-42-000-2015-00479-02(3315-19) Actor: NATIVIDAD LÓPEZ HERNÁNDEZ Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Ley 1437 de 2011.

Resuelve manifestación de impedimento. Consejo de Estado.

RESUELVE

IMPEDIMENTO Procede la Sala de Subsección a resolver la manifestación de impedimento presentada por los consejeros de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES La señora Natividad López Hernández, mediante apoderado, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio Núm. 0330 del 5 de marzo de 2014, proferido por el Ministerio de Defensa Nacional, por medio del cual se negó la reliquidación y reajuste de su pensión de jubilación con la inclusión de la bonificación de actividad judicial, creada mediante el Decreto 3131 de 2005.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reajuste del valor de la pensión de jubilación, con los nuevos valores que arroje la reliquidación, producto de incluir la bonificación de actividad judicial. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO Los Consejeros de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado se declararon impedidos para conocer del asunto con fundamento en que les asiste «interés directo en el resultado del proceso, por cuanto el Decreto 3131 de 8 de septiembre de 2005, modificado por el Decreto 3382 del mismo año, dispuso la bonificación de actividad judicial para algunos funcionarios de la Rama Judicial, empleo que hemos ejercido con antelación a nuestra designación como consejeros de Estado».

CONSIDERACIONES Los Consejeros de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado señalaron que se encuentran incursos en la causal de recusación prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, que preceptúa lo siguiente: Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso» (Negrilla fuera de texto original) Establecido lo anterior, es necesario señalar que el artículo antes mencionado, enumera las causales de recusación que excusan al fallador para el conocimiento de un determinado asunto y con fundamento en las cuales debe declararse el impedimento.

Previo a resolver lo pertinente, se debe recordar que la discusión planteada consiste en otorgar el carácter salarial a la bonificación por actividad judicial y, posteriormente, la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante, factor al que la ley excluyó dicho carácter, situación que guarda semejanza con las pretensiones deprecadas en los casos en que se reclama la prima de servicios y la bonificación por compensación reconocida a algunos funcionarios de la Rama Judicial mediante el Decreto 610 de 1998; prestaciones de las cuales son beneficiarios, entre otros, los magistrados de los tribunales administrativos del país. Ahora bien, analizada la causal esgrimida junto con los argumentos del impedimento manifestado, la Sala lo considera FUNDADO, pues poseen un interés directo en el caso objeto de controversia, teniendo en cuenta que eventualmente pueden verse cobijados con la decisión del litigio planteado, comoquiera que el reconocer la bonificación por actividad judicial como factor salarial, podría tener incidencia en otras prestaciones de carácter similar, de las cuales ellos fueron destinatarios[1], situación que compromete su imparcialidad.

En este orden de ideas, se aceptará el impedimento manifestado por los magistrados de la Subsección B del Consejo de Estado. Así mismo la subsección A advierte que también se encuentra impedida por la causal y las razones anteriormente esgrimidas. Por lo anterior, se ordenará a la secretaría de la sección que efectúe el sorteo de Conjueces que decidirán sobre la manifestación de impedimento de la Subsección A. Debido a lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. En consecuencia, se les separa del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO. La Subsección A SE DECLARA impedida para conocer del asunto por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO. Por secretaría SE ORDENA sortear los Conjueces que habrán de decidir sobre el impedimento manifestado por los magistrados de la Subsección A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de Subsección en sesión de la fecha. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS ----------------------- [1] Los magistrados de la Subsección B fueron magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por ende, beneficiarios de la bonificación por compensación y la prima especial de servicios.