11001-03-15-000-2021-04934-00 — Consejo de Estado

11001-03-15-000-2021-04934-00Consejo de Estado · SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN CSentencia2021-09-24

Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Central Unitaria De Trabajadores (Cut), La Federación Nacional De Trabajadores Al Servicio Del Estado (Fenaltrase) Y La Asociación Nacional De Servidores Públicos De La Defensoría Del Pueblo (Asdep)·Demandado: Presidente De La República De Colombia, Iván Duque Márquez, Y El Defensor Del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis

De qué trata

Síntesis: El examen del caso concreto, respecto de la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y a la protesta social, partirá de definir si la afirmación realizada por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la ceremonia del 21 de junio de 2021, se encuadra en el escenario de presentar una información de carácter objetivo o de poner en conocimiento una apreciación subjetiva sobre un asunto. Lo anterior, con el objeto de determinar si hay o no satisfacción de las cargas de imparcialidad que implican alguno de los dos eventos, y, por ende, colegir si la declaración está resguardada por la esfera de la libertad de expresión o lesiona las garantías invocadas en el escrito de tutela. (…) A juicio de esta Sala, dado el contexto en el que se hicieron las aseveraciones (una ceremonia religiosa), la afirmación rendida por el Presidente de la República no tenía como finalidad trasmitir una información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general, sino que aconteció como parte de la intención de rendir un discurso en respuesta a la temática central que fue motivo de la realización del evento, esta era, la conmemoración de las víctimas mortales por el referido virus; que claramente incluía reflexiones, de índole personal y particular, sobre los acontecimientos ocurridos desde que inició la pandemia. (…) Así las cosas, la afirmación del Presidente de la República presentada el 21 de junio de 2021, en una ceremonia religiosa, da cuenta de criterios razonables y de un sustento fáctico real; por lo que se constituye como un ejercicio válido de opinión de una autoridad pública, que se encuentra cobijado por las garantías propias de la libertad de expresión. Con motivo de lo anterior, es posible indicar que la aseveración del Jefe de Estado no vulnera los derechos de las accionantes a la honra, al buen nombre y a la protesta social. (…) A pesar de aquella apreciación personal del Presidente de la República, el Estado Colombiano ha continuado permitiendo el ejercicio del derecho a la protesta social, como puede evidenciarse en las manifestaciones realizadas el 26 de agosto de 2021; que justamente fueron organizadas, entre otros, por quienes promovieron el mecanismo constitucional en esta oportunidad. Por las razones expuestas, la Sala negará el amparo deprecado, respecto de la vulneración de las garantías al buen nombre, a la honra y a la protesta social.

IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL ANTE AUTORIDADES JUDICIALES - Se resuelve conforme a las reglas del proceso El solicitante, a través de apoderada judicial, radicó dos peticiones ante el Tribunal Administrativo de Santander para que diera impulso procesal o profiera fallo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL.

El derecho de petición no procede en actuaciones judiciales, pues estas se rigen por los códigos procesales dispuestos para cada jurisdicción y por las cargas que exige para su inicio e impulso, y no por la Ley 1755 de 2015, incorporada en la primera parte del CPACA. En consecuencia, la tutela es improcedente. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04708-00(AC) Actor: ROBERTO GUTIÉRREZ RESTREPO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Roberto Gutiérrez Restrepo contra el Tribunal Administrativo de Santander.

SÍNTESIS DEL CASO Se pide el amparo de los derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, pues no ha contestado unas peticiones que presentó la apoderada del solicitante para que se diera impulso procesal y se pronunciara con respecto a la apelación del auto que declaró la cosa juzgada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

ANTECEDENTES El 21 de julio de 2021, Roberto Gutiérrez Restrepo, en nombre propio, formuló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y pidió que se ordenara resolver las peticiones del 12 de febrero de 2021 y del 10 de junio de 2021, en las que solicitó al Tribunal que diera impulso procesal y profiera fallo dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL.

Adujo que se vulneraron sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital, ya que la autoridad judicial no ha contestado oportunamente las peticiones. El 30 de julio de 2021 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó su notificación. La doctora Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, al oponerse al amparo, adujo que no se vulneraron los derechos fundamentales, pues se resolvió el impedimento que había presentado el Magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra y se le devolvió el proceso para su conocimiento.

CONSIDERACIONES I. Presupuestos procesales 1. Los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991 prevén los requisitos mínimos que debe contener la solicitud de tutela para quien considere tener afectado o amenazado un derecho fundamental, que se reunieron en este caso. II. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos alegados al no contestar unas peticiones.

III. Análisis de la Sala 2. El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 CN y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación. 3.

El solicitante, a través de apoderada judicial, radicó dos peticiones ante el Tribunal Administrativo de Santander para que diera impulso procesal o profiera fallo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL. 4. El derecho de petición no procede en actuaciones judiciales, pues estas se rigen por los códigos procesales dispuestos para cada jurisdicción y por las cargas que exige para su inicio e impulso, y no por la Ley 1755 de 2015, incorporada en la primera parte del CPACA.

En consecuencia, la tutela es improcedente. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Roberto Gutiérrez Restrepo contra el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO

NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito posible. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Presidente de la Sala GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE NICOLÁS YEPES CORRALES FGC/MCS