Notas al pie · 4

1. 007.Como la demanda se presentó el 7 de diciembre de ese año, según da cuenta el sello de recibido de la demanda[46], fuerza concluir que en este asunto no operó el fenómeno de la caducidad. 8.2- Del caso en concreto 8.3.1.- El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. Para el caso bajo estudio, esta Subsección encuentra acreditado que la captura de la señora María Bernabela Pineda de Muñoz, con fines de indagatoria, fue ordenada por la Fiscalía Doce Delegada ante el Juzgado Promiscuo de San Luis de Sincé, Sucre, mediante la Resolución del 4 de noviembre de 2003, en la que decretó la apertura de la instrucción en su contra y quince personas más por el posible delito de rebelión y se ordenó su aprehensión[47], con fundamento en la denuncia penal presentada por el señor Oscar José Gómez Lezama[48] y un informe de la Dirección Seccional de Policía Judicial del departamento de Sucre[49]. Dado lo anterior, la Sala encuentra demostrado que María Bernabela Pineda de Muñoz fue capturada en su residencia el día 6 de noviembre de 2003 en el municipio del Galeras, Sucre, por funcionarios de la Fiscalía Séptima de Reacción Inmediata de Sincelejo en compañía de agentes de la Policía Nacional, en el marco de la orden de allanamiento y registro que también libró la Fiscalía Doce Delegada en decisión del 5 de noviembre de ese año por la posible comisión del delito de rebelión[50], tal como consta en el Acta de Diligencia de Allanamiento y Registro[51] y el Acta sobre los derechos del capturado[52]. Posteriormente, la señora Pineda de Muñoz fue puesta a órdenes del ente investigador por parte del jefe del Grupo Investigativo de Armados Ilegales de la Seccional de Policía Judicial, en compañía de otras 15 personas más que fueron aprehendidas ese mismo día por los mismos hechos objeto de investigación[53]. En este sentido, se tiene probado que el 11 de noviembre de 2003, la señora María Bernavela Pineda de Muñoz rindió diligencia de indagatoria ante el Fiscal Doce Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre[54], y que este despacho, en resolución del 24 de noviembre siguiente, resolvió su situación jurídica en el sentido de abstenerse de proferir medida de aseguramiento en su contra por lo que ordenó su libertad inmediata[55], tal como se corrobora con la Boleta de Libertad No.088554[[56]]. Se acreditó, igualmente, que el Fiscal Doce Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé, en decisión del 29 de octubre de 2004, calificó el mérito del sumario y ordenó precluir la investigación adelantada en contra de María Bernabela Pineda de Muñoz[57]. Contra esta providencia el Procurador 321 en lo Penal formuló recurso de apelación, que fue resuelto por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo en decisión del 9 de diciembre de 2005, que confirmó la decisión de cesar la investigación adelantada en contra de la encartada[58]. A partir ed las anteriores probanzas se evidencia que María Bernabela Pineda de Muñoz fue privada de su libertad entre el 6 y el 24 de noviembre de 2003, en virtud de un proceso penal adelantado en su contra por la posible comisión del delito de rebelión que luego fue cesado a su favor. Ahora bien, tal como lo ha referido la jurisprudencia de la Corporación, la captura entendida como aquella medida coercitiva para garantizar la efectividad de la diligencia de indagatoria, no trasgrede el derecho a la libertad de protección constitucional (artículo 28) y convencional (PIDCP –artículo 12- y CADH –artículo 22-), siempre que las autoridades civiles y judiciales acaten de manera estricta los términos y condiciones que la ley procesal prevé para la procedencia y materialización de esa medida[59]. Así, resulta factible inferir que cuando una orden de captura con fines de indagatoria se revoca dentro de un proceso penal que se precluye a favor de un investigado, la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida de manera objetiva, si se tiene en cuenta que, para que se abra paso a este supuesto, se debe analizar la falla derivada del incumplimiento o de la omisión de las autoridades judiciales respecto de los requisitos legales necesarios para imponerla, evento en el que la privación de la libertad se tornaría arbitraria; o la falta de acatamiento de los términos legales que deben correr una vez se materializa la captura, caso en el que se configura una prolongación indebida de la libertad. De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una orden de captura debidamente dispuesta y en acatamiento de los términos legales y el procedimiento previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propenden por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de estas. En este orden, lo primero que determinará la Sala es si la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante se configura en un daño antijurídico o si, por el contrario, la medida restrictiva de la libertad de que fue objeto se ajusta a la normatividad vigente para la época de los hechos, para lo cual tendrá en cuenta los términos establecidos en la ley procesal penal para vincular a los investigados al proceso para rendir indagatoria y para resolver su situación jurídica, y así poder establecer si es responsable o no por la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora Pineda de Muñoz. Es así como el análisis se fundamentará en el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal), normatividad vigente para la época de los hechos, términos que debía cumplir la Fiscalía Doce Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé, al momento de ordenar la captura con fines de indagatoria de María Bernabela Pineda de Muñoz y resolver su situación jurídica. En efecto, el artículo 336 de la Ley 600 de 2000 disponía que el funcionario judicial podía prescindir de la citación para indagatoria y librar orden de captura “cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica”, esto es, en los eventos en los cuales sea procedente la detención preventiva como medida de aseguramiento[60]. Por su lado, el artículo 340 ejusdem señalaba que, producida la captura y conducido el capturado a la autoridad judicial competente, “la indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscalía General de la Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha”. (Destaca la Sala) Por último, el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 disponía que se debía resolver la situación jurídica en los eventos en que fuera procedente la detención preventiva y que “cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata” . Así mismo, esta disposición señaló que “si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha”. (Destaca la Sala) Así las cosas, la Sala encuentra que, el día 4 de noviembre de 2003, el Fiscal Doce Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé libró orden de captura con fines de indagatoria en contra de la investigada y otras personas más con fundamento en el artículo 336 de la Ley 600 de 2000[[61]]; dicha aprehensión se hizo efectiva en el caso de la actora el día 6 de noviembre de 2003 en el marco de una diligencia de allanamiento y registro ordenada previamente[62], siendo puesta a disposición de la citada Fiscalía ese mismo día[63] y en libertad definitiva el 28 de noviembre siguiente[64], una vez se resolvió su situación jurídica y la de los demás investigados[65], luego de haber sido oída en indagatoria el día 11 de noviembre de ese año[66]. De esta manera, la Sala evidencia que el Fiscal Doce Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé expidió orden de captura contra la aquí demandante con fines de indagatoria, lo que le exigía que una vez se materializara su captura, se ciñera al término establecido en el artículo 340 de la Ley 600 de 2000. Como la señora Pineda de Muñoz fue capturada el día 6 de noviembre de 2003 y recibió indagatoria el 11 de noviembre siguiente, es decir, cinco (5) días después de la aprehensión, resulta claro que se hizo dentro del plazo previsto en esta norma que establece que será de tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición de la Fiscalía, el cual se duplicará cuando hubieren más de dos capturados en la misma actuación procesal -tal como ocurrió en el presente asunto-, pues fueron retenidas un total de dieciséis (16) personas, como se evidencia del material probatorio[67]. Por otro lado, y una vez rendida la indagatoria de la capturada, la Fiscalía debía definir su situación jurídica a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de dicha diligencia, término que se ampliará hasta diez (10) días “cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha”, tal como lo dispone el párrafo final del artículo 354 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos). En este punto, el A-quo consideró que al momento de definir la situación jurídica de la señora María Bernabela Pineda de Muñoz, la Fiscalía Doce Delegada no se ciñó de forma estricta al término legal previsto en el artículo 354 ejusdem, pues, en su criterio, debía hacerlo dentro de los cinco (5) días siguientes teniendo en cuenta que se encontraba privada de su libertad, lo que dejaba entrever una situación irregular que constituía una evidente falla del servicio y, en consecuencia, una privación injusta de la libertad. Este aserto no es de recibo para la Sala, teniendo en cuenta que en el expediente está probado que la diligencia de indagatoria de la señora Pineda de Muñoz se surtió efectivamente el 11 de noviembre de 2003 a instancias de la Fiscalía Doce Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé. También está acreditado que este último despacho resolvió la situación jurídica de los investigados en decisión del 24 de noviembre de 2003 y, frente a la situación particular de la señora Pineda de Muñoz, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento y, por tanto, ordenó su libertad inmediata[68], como consta en la Boleta de Libertad No.088554 de esta misma fecha[69]. En consecuencia, la Fiscalía Doce Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé debía resolver la situación jurídica de la investigada y demás capturados a más tardar el 26 de noviembre de 2003, esto es, diez (10) días hábiles después de la diligencia de indagatoria que, para el caso de la actora, se surtió el 11 de noviembre de ese año, pues se trataba de cinco (5) o más personas que fueron aprehendidas en la misma fecha, tal como consta en el acta del 6 de noviembre de ese año, por la cual el Jefe del Grupo Investigativo de Armados Ilegales de la Seccional de Policía Judicial, dejó a disposición de la citada Fiscalía a la actora y otras 15 personas que fueron capturadas ese mismo día “a las 4:00 horas de la Madrugada, mediante Operativo Policial (…) en jurisdicción del municipio de Galeras Departamento de Sucre, los cuales son solicitados mediante Orden de Captura emanada por la Fiscalía 12 Seccional de la Ciudad de Sincé Sucre”[70]. Como puede observarse sin dificultad, el presupuesto normativo indicado en precedencia se cumplió a cabalidad en la presente actuación, pues la situación jurídica de la demandante y demás capturados fue resuelta el 24 de noviembre de 2003, esto es, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de indagatoria que, como se indicó, para el caso de la demandante, se surtió el 11 de noviembre de ese año, por lo que se ordenó su libertad inmediata como lo acreditan las pruebas arrimadas al proceso. Ahora bien, para efectos de la contabilización de los términos en el marco de la Ley 600 de 2000, esto es, si los días deben entenderse hábiles o calendario, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal[71], ha advertido que sólo se computan aquellos en que haya habido atención al público, de lunes a viernes –no feriados- y los que no concurran con semana santa o vacaciones colectivas de los funcionarios judiciales, de la siguiente manera: “(…) Sobre este primer aspecto, el impugnante alega que los términos para resolver situación jurídica debieron contabilizarse calendario y no hábiles, punto frente al cual no le asiste razón, pues en relación con la forma como deben contabilizarse los términos para escuchar en indagatoria al capturado y resolver la situación jurídica, a la luz de la normatividad de la Ley 600 de 2000 y de aquellas que la antecedieron, la Sala ha expuesto los siguientes criterios: En auto del 10 de julio de 1980, G.J. 2402, página 316 y 317, dijo lo siguiente: De los términos anteriores, el referente a la práctica de la diligencia de indagatoria no admite interrupción alguna de conformidad con el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto dispone que "todos los días y horas son hábiles para practicar actuaciones en la investigación sumaria", de modo que "los términos legales y judiciales no se suspenden por la interposición del día feriado durante ella"; no así, sin embargo, el que se contrae a la definición de la situación jurídica del capturado, plazo para el cual solo se computan los días hábiles, como lo indican los artículos 191 y 186 ibídem, al establecer, el primero, que se suspenden durante los feriados o las vacaciones y cuando no haya despacho al público y, el segundo, que el que vence en día sucesivo feriado se prorroga de derecho hasta el día sucesivo no feriado, preceptos ambos de carácter general que no se oponen a la norma especial del artículo 149 ibídem, que se refiere a la práctica de diligencia y no, por consiguiente, al proferimiento de autos y sentencias, o a su notificación o ejecutoria, o a otras determinaciones, para las cuales rigen aquellas normas generales y no está, su excepción.” Por lo anterior, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por María Bernavela Pineda de Muñoz no configura un daño antijurídico y este constituye el primer elemento o supuesto de la responsabilidad, cuya inexistencia, o falta de prueba, hace inocuo el estudio de la imputación frente a la entidad demandada, en la medida en que se acreditó que la Fiscalía General de la Nación cumplió con sus obligaciones funcionales y los términos establecidos en la ley, de modo que la hoy demandante estuvo privada de la libertad sin que se hayan superado los términos que establecía el Código de Procedimiento Penal vigente para el momento de los hechos, de manera tal que tenía el deber jurídico de soportar la detención a la que fue sometida, con el propósito de determinar su autoría o participación en el punible materia de investigación. En suma, la actora tenía el deber jurídico de soportar la investigación penal adelantada en su contra y el daño ocasionado con la captura con fines de indagatoria a la que fue sometida y el subsiguiente proceso penal del cual fue objeto, por lo que los daños ocasionados no tienen el carácter antijurídico exigido por el artículo 90 constitucional, presupuesto de la responsabilidad patrimonial del Estado y, por ello, esta Sala revocará la sentencia venida en apelación y, en consecuencia, negará las súplicas de la demanda. 9.3.- Costas del proceso No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin costas en este proceso. TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE |JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS | |Presidente | | | | | | | |GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE |NICOLÁS YEPES CORRALES | |Magistrado |Magistrado | |Aclaración de voto Cfr. Rad. 36.146-15 | | |#1 y Rad. 59.041-20 #1 | | ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DEROGATORIA TÁCITA DE LA NORMA / DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY / DEROGACIÓN TÁCITA DE LA NORMA / LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VIGENCIA DE LA LEY 446 DE 1998 / LEY 446 DE 1998 [E]n cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. (…) A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones. Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1993 - ARTÍCULO 73 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 40 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 42 / ACUERDO PSAA 06-3409 DE 2006 - ARTÍCULO 1 / ACUERDO PSAA 06-3409 DE 2006 - ARTÍCULO 2 CADUCIDAD / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA En la providencia se sostiene que el término de para interponer la demanda inicia, entre otros eventos, cuando el detenido recupera la libertad. La jurisprudencia de esta Subsección ha sido uniforme al considerar que ese término inicia desde que queda ejecutoriada la providencia absolutoria, pues es a partir de ese momento que el demandante tiene certeza del daño sufrido. ACLARACIÓN DE VOTO
2. 1.En esta decisión (…), en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala: Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria. A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones. Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)
3. 1.En la providencia se sostiene que el término de para interponer la demanda inicia, entre otros eventos, cuando el detenido recupera la libertad. La jurisprudencia de esta Subsección ha sido uniforme al considerar que ese término inicia desde que queda ejecutoriada la providencia absolutoria, pues es a partir de ese momento que el demandante tiene certeza del daño sufrido. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE ----------------------- [1] En aplicación del Acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado. [2] Folio 1 al 15 del cuaderno 1. [3] Folio 257 del cuaderno 1. [4] Folio 265 al 269 del cuaderno 1. [5] Folio 336 al 339 del cuaderno 1. [6] Folio 344 al 345 del cuaderno 1. [7] Folio 349 al 351 del cuaderno 1. [8] Folio 354 al 360 del cuaderno 1. [9] Folio 369 al 377 del cuaderno 1. [10] Folio 388 al 392 del cuaderno 2. [11] Folio 559 del cuaderno 2. [12] La Nación – Rama Judicial presentó sus alegatos el día 28 de octubre de 2011 (Cfr. Folio 651 al 566 del cuaderno 2); por su lado, el representante de la Nación – Fiscalía General de la Nación hizo lo propio en escrito del 2 de noviembre de esa anualidad (Cfr. Folio 567 al 574 del cuaderno 2); el apoderado de la parte actora presentó sus alegatos en escrito de fecha 3 de noviembre de 2011 (Cfr. Folio 575 al 588 del cuaderno 2) y, finalmente, el representante del Ministerio Público presentó su concepto el día 22 de marzo de 2012 (Cfr. Folio 589 al 593 del cuaderno 2). [13] Según constancia secretarial de fecha 14 de mayo de 2013 (Cfr. Folio 607 del cuaderno 2). [14] Folio 609 al 624 del cuaderno principal. [15] Folio 625 al 627 del cuaderno principal. [16] Folio 628 al 652 del cuaderno principal. [17] Folio 653 al 657 del cuaderno principal. [18] Folio 695 al 697 del cuaderno principal. [19] Folio 702 del cuaderno principal. [20] Folio 704 del cuaderno principal. [21] La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó sus alegatos de conclusión el día 16 de septiembre de 2014, en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad (Cfr. Folio 705 al 715del cuaderno principal); por su lado, la Nación – Fiscalía General de la Nación hizo lo propio el día 23 de septiembre de 2014, en el que reiteró los argumentos del recurso de alzada (Cfr. Folio 716 al 723 del cuaderno principal). [22] Según constancia de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado (Cfr. Folio 724 del cuaderno principal). [23] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Exp. 25022. [24] Folio 23 al 30 del cuaderno 1. [25] Folio 31 al 33 del cuaderno 1. [26] Folio 45 al 56 del cuaderno 1. [27] Folio 57 al 61 del cuaderno 1. [28] Folio 63 al 66 del cuaderno 1. [29] Folio 67 al 68 del cuaderno 1. [30] Folio 69 al 70 del cuaderno 1. [31] Folio 73 del cuaderno 1. [32] Folio 71 al 72 del cuaderno 1. [33] Folio 112 al 117 del cuaderno 1. [34] Folio 134 al 180 del cuaderno 1. [35] Folio 133 del cuaderno 1. [36] Folio 124 al 132 del cuaderno 1. [37] Folio 181 al 200 del cuaderno 1. [38] Estatutaria de la Administración de Justicia. [39] La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener una decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que: “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973. [40] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de julio de 2018, Exp. 39786. [41] Folio 237 al 248 del cuaderno 1. [42] Folio 248 del cuaderno 1. [43] Folio 484 del cuaderno 2. [44] Ver, entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Exp: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Exp.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 49.206 y, Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Exp.: 54.716. [45] Folio 219 del cuaderno 1. [46] Folio 1 al 15 del cuaderno 1. [47] Folio 57 al 61 del cuaderno 1. [48] Folio 23 al 30 del cuaderno 1. [49] Folio 45 al 56 del cuaderno 1. [50] Folio 67 al 68 del cuaderno 1. [51] Folio 69 al 70 del cuaderno 1. [52] Folio 73 del cuaderno 1. [53] Folio 71 al 72 del cuaderno 1. [54] Folio 112 al 117 del cuaderno 1. [55] Folio 134 al 180 del cuaderno 1. [56] Folio 133 del cuaderno 1. [57] Folio 124 al 132 del cuaderno 1. [58] Folio 181 al 200 del cuaderno 1. [59] Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de octubre de 2017, Exp. 46944 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 41533. [60] El artículo 467 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), refiere lo siguiente: “Articulo
4. 467.Rebelión. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de noventa y seis (96) a ciento sesenta y dos (162) meses y multa de ciento treinta y tres puntos treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. [61] Folio 57 al 61 del cuaderno 1. [62] Folio 67 al 68 del cuaderno 1. [63] Folio 71 al 72 del cuaderno 1. [64] Folio 133 del cuaderno 1. [65] Folio 134 al 180 del cuaderno 1. [66] Folio 112 al 117 del cuaderno 1. [67] Folio 71 al 72 del cuaderno 1. [68] Folio 134 al 180 del cuaderno 1. [69] Folio 133 del cuaderno 1. [70] Folio 71 al 72 del cuaderno 1. [71] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de octubre de 2009, Proceso No. 32892.