68001-23-33-000-2016-00972-01 — Consejo de Estado

HOMOLOGACIÓN DE LOS AGENTES Y SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL AL NIVEL EJECUTIVO / PROHIBICIÓN DE DESMEJORA SALARIAL / PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD DE LA LEY / FAVORABILIDAD DEL RÉGIMEN SALARIAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL De acuerdo con el estudio normativo y jurisprudencial abordado en el acápite de marco jurídico, el personal activo de la Policía Nacional que fue homologado al nivel ejecutivo se encontraba en una situación de protección especial en virtud de la cual no podía ser discriminado o desmejorado en sus condiciones salariales y prestacionales, regla derivada de instrumentos internacionales suscritos por el país, de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y de las propias normas que crearon e implementaron el Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional.

Por tanto, al realizar el análisis integral de las normas y no factor por factor, se concluye que el régimen del nivel ejecutivo al que se acogió voluntariamente el demandante, es favorable a sus intereses prestacionales. En efecto, obsérvese cómo durante la permanencia del libelista en el régimen de agente, no cumplió con el tiempo consagrado en el artículo 33 del Decreto 1213 de 1990, esto es, 10 años (CD obrante a folio 77), pues al momento de homologarse tenía 9 años, 7 meses y 29 días como agente, por tanto, no se causó el derecho a la prima de antigüedad.

Por el contrario, con el régimen del nivel ejecutivo devengó la prima de retorno a la experiencia. Respecto a la prima de actividad, si bien es cierto que el demandante dejó de percibirla en el mes de junio de 1994 (cuando se homologó), lo cierto es que, en compensación, le fue reconocida la prima del nivel ejecutivo en cuantía superior al valor devengando por concepto de prima de actividad (conforme lo analizado en párrafos anteriores).

Por lo tanto, respecto de tal concepto, no se aprecia una desmejora de su situación laboral con ocasión de su homologación al nuevo régimen previsto para el nivel ejecutivo. En cuanto al subsidio familiar, como se analizó en precedencia, no puede hablarse de una desmejora, en la medida que continuó reconociéndose y cancelándose en porcentajes similares.

Frente a lo anterior, correspondía a la parte demandante demostrar la desmejora o discriminación salarial o prestacional alegada, lo que no ocurrió, porque no es dable tomar factores aislados para hacer la comparación pretendida, sino revisar integralmente el régimen. Igualmente, no puede esta Sección, como lo pretende el demandante, tomar el salario que devengó en el nivel ejecutivo (con el cual se evidenció el mayor beneficio) y los factores que percibía como agente, para deprecar la reliquidación de la asignación de retiro, pues esto equivaldría a crear un tercer régimen, vulnerando así el principio de inescindibilidad de la norma.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 58 / PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES – ARTÍCULO 2.1 / LEY 62 DE 1993 / DECRETO 041 DE 1994 / DECRETO 262 DE 1994 / LEY 180 DE 1995 / DECRETO 132 DE 1995 / DECRETO 1091 DE 1995 / DECRETO 1791 DE 2000 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 4433 DE 2004 – ARTÍCULO 23 CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de intervención de la demandada en el trámite de la apelación La condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes.

En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que, tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público. Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas a la parte demandante, a pesar de resultar vencida en sede de apelación. En la medida que, conforme al numeral 8° del artículo 365 del CGP, no se comprobó su causación en esta instancia que implique la imposición de dicha condena, toda vez que la entidad demandada no presentó alegatos de conclusión ante esta Corporación. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la condena en costas dentro de los procesos que se tramitan al amparo de la Ley 1437 de 2011, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 44921-13, C.P.: William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00972-01(4697-19) Actor: RAMIRO DÍAZ ORTEGA Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Ley 1437 de 2011 O-106-2021 ASUNTO La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo Oral de Santander que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES El señor Ramiro Díaz Ortega en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011[1], formuló en síntesis las siguientes: Pretensiones[2] 1. Aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto a los artículos «[…] 49 del Decreto 1091 de 1995 y 23, numeral 23.2 del Decreto 4433 de 2004; por ser de 1992 en sus artículos 2 y 10; de la Ley 180 de 1995 en su artículo 7°, parágrafo único; y del Decreto Ley 132 de 1995 en su artículo 82 […]» en el sentido que fijaron desmejoras frente los integrantes del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que se trasladaron de carrera. 2.

Declarar la nulidad de la Resolución 001831 del 22 de marzo de 2005, por medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de una asignación mensual de retiro a favor del demandante. 3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a CASUR que reliquide la asignación de retiro que percibe el libelista, en aplicación del sueldo básico devengado al momento de su retiro y las partidas computables previstas para el personal de agentes de policía de que trata el Decreto 4433 de 2004; o subsidiariamente con las bases de liquidación previstas en el Decreto 1213 de 1990 y demás normas concordantes.

Valores reconocidos que deberán ser incluidos en nómina con su respectiva actualización monetaria. 4. Asimismo, condenar al reajuste y pago de la asignación de retiro con la inclusión del subsidio familiar, prima de actividad, prima de antigüedad y menciones honorificas, de conformidad con el Decreto 1213 de 1990. 5. Ordenar la actualización de la condena en los términos de la Ley 1437 de 2011.

De igual forma, al tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula de actualización se aplicará mes a mes, desde la fecha en que se causó la prestación con el índice inicial vigente. Fundamentos fácticos relevantes[3] 1. El señor Ramiro Díaz Ortega ingresó a la homologación del nivel ejecutivo bajo la motivación de los mandos institucionales que afianzaron la promesa de una mejora laboral y conforme a las garantías que le ofrecía la ley que lo desarrolló, la cual preveía que quienes se homologaran no podían ser desmejorados en ningún aspecto. 2.

Con la expedición de la Resolución 001831 del 22 de marzo de 2005, la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de una asignación mensual de retiro al señor Díaz Ortega, quien ostentaba el cargo de intendente. Adujo que para tal efecto no se tuvieron en cuenta la totalidad de factores o partidas computables de los suboficiales de la Policía Nacional. 3.

Mediante petición radicada el 2 de agosto de 2013, solicitó la reliquidación de su asignación de retiro en aplicación del Decreto 4433 de 2004, y subsidiariamente conforme al Decreto 1212 de 1990[4], norma que regulaba su situación antes del ingreso al nivel ejecutivo. 4. En consecuencia, la entidad demandada desató de manera desfavorable dicho requerimiento a través de Oficio 2779 GAG-SDP del 18 de octubre de 2013.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»[5], porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial.

De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia. Fecha de la audiencia inicial: 14 de mayo de 2019.

Resumen de las principales decisiones Excepciones previas (art. 180-6 CPACA) En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones: «[…] Teniendo en cuenta que la parte demandada no contestó la demanda (Fol.67), el Despacho se abstiene de emitir un pronunciamiento alguno al respecto, destacándose que no se encuentran hechos constitutivos de excepciones previas sobre los cuales deba pronunciarse de oficio en esta etapa procesal. […]».

(Folio 78 vuelto y en cd obrante a folio 77). Se notificó a las partes y no se interpusieron recursos. Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA) El litigio se fijó en los siguientes términos: «[…] Si el demandante tiene derecho a que se reajuste su asignación de retiro reconocida mediante Resolución número 001831 del 22 de marzo de 2005, teniendo en cuenta para ello “el sueldo básico devengado al momento de su retiro y las partidas computables y porcentajes establecidos para el personal de agentes de la Policía Nacional los artículos 23, numeral 23.1 y 24 del Decreto 4433 de 2004 o subsidiariamente con las bases de liquidación establecidas en el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, desde la fecha en que se reconoció la prestación, 22 de marzo de 2005, y en lo sucesivo, que se incluya en la nómina con los nuevos valores reconocidos las prerrogativas laborales que se tenían al momento de haber ingresado a prestar los servicios como uniformado de la Policía Nacional”. […] Entonces esta Corporación debe determinar si el demandante, quien se desempeñaba al servicio de la Policía Nacional en el grado de agente, le fueron desmejoradas sus condiciones salariales y prestacionales al haber ingresado por homologación a la carrera profesional del nivel ejecutivo […]».

(Folio 78 vuelto y en cd obrante a folio 77). SENTENCIA APELADA[6] El a quo profirió sentencia oral en la audiencia celebrada el 14 de mayo de 2019, en la cual denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: Indicó que el Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 4ª de 1992, promulgó la Ley 180 de 1995 mediante la cual se dio origen al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, con el fin de regular un nuevo régimen salarial y prestacional, advirtió que este no podría desmejorar la situación de quienes al estar en servicio en dicha institución, decidieran aspirar a la homologación con el fin de obtener mayores coberturas económicas y ascensos dentro de la carrera policial.

Así, que fue con la expedición del Decreto 1091 de 1995 con el cual se señaló el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la referida entidad, el cual en su artículo 51 reguló lo concerniente a la asignación de retiro de aquellos. Disposición que con posterioridad fue excluida del ordenamiento jurídico, al ser tachada de arbitraria y perjudicial para los intereses económicos de los miembros de la Fuerza Pública.

Por lo anterior, se creó un nuevo régimen cuya aplicación rigió a partir del Decreto 4433 de 2004, el cual precisó los factores a tenerse en cuenta para los miembros del nivel ejecutivo antes referenciado, las calidades de pago, los salarios, las prestaciones a las que tienen derecho, así como las causales de retiro y formas de asignación. En consecuencia, citó la sentencia del 12 de abril de 2012 proferida por el Consejo de Estado en la cual se declaró la nulidad del parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 ejusdem, toda vez que no atendió los lineamientos de la ley marco (Ley 923 de 2004), en el sentido de no desmejorar o discriminar en su situación laboral a quienes pertenecían al nivel de agentes y suboficiales de la Policía Nacional.

Por lo que el a quo concluyó que resulta improcedente exigir el reconocimiento de partidas diferentes a las expuestas en el mentado decreto para miembros del nivel ejecutivo, toda vez que dicha norma fue creada con base en las expectativas salariales y prestacionales de quienes homologaron sus servicios, como en efecto lo hizo la entidad demandada.

En línea con lo expuesto, analizó las pruebas aportadas al plenario para manifestar que el demandante al homologarse al nivel ejecutivo, su situación se regulaba por los Decretos 1091 de 1994 y 4433 de 2004, al desempeñarse como intendente de la Policía Nacional; disposiciones en virtud de las cuales no podía ser discriminado o desmejorado en sus condiciones salariales y prestacionales.

No obstante, tal prohibición no conlleva la posibilidad de crear un régimen compuesto por los factores o elementos más favorables de cada uno de los escenarios que gobernaron la situación laboral del actor, esto es, los correspondientes a los agentes y el del nivel ejecutivo. Agregó que, en armonía con el referente vertical de esta Corporación, se desprende que el asunto de la referencia no sólo puede ser analizado bajo el principio de favorabilidad, sino que también debe estudiarse en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, pues es evidente que es una situación en la que, con el cambio de régimen salarial y prestacional, si bien se perdieron ciertos beneficios, lo cierto es que también se ganaron otros mayores, como es el caso de la asignación básica del demandante.

Finalmente arguyó que en el sub examine no se demostró que con la liquidación de la asignación de retiro del demandante con base en el régimen prestacional que lo gobernaba al momento de su desvinculación, la entidad demandada hubiere vulnerado la prohibición de desmejorar sus condiciones salariales. Si además se tiene en cuenta que fue el mismo libelista quien optó por el cambio de manera voluntaria, lo cual permite evidenciar que el nivel ejecutivo le era más beneficioso y conveniente.

Acorde con los razonamientos expuestos, el tribunal profirió sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda, y condenó en costas al señor Ramiro Díaz Ortega. RECURSO DE APELACIÓN[7] La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada, al exponer que lo pretendido no es la aplicación de un régimen pensional más beneficioso, pues resulta claro que en virtud de las declaratorias de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1994 y del parágrafo 2.° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, es mandatorio que la situación del libelista se rija por el régimen del personal homologado, esto es, el Decreto 1213 de 1990 para este caso, al tratarse de un agente de la Policía Nacional.

Indicó que si bien con dicha homologación se le otorgó al miembro del nivel ejecutivo un aumento en el salario base, lo cierto es que esta misma situación no ocurrió con las demás prestaciones; por lo que procedió a efectuar un comparativo entre los emolumentos que devengaba un suboficial antes y después del referido proceso, para concluir que el a quo incurrió en un desacierto al afirmar que en todos los casos el personal homologado mejoró sus condiciones salariales.

Pues además adujo que para los efectos de reconocer la asignación de retiro, desaparece la prima de nivel ejecutivo y la bonificación de subsidio familiar, por lo que es aún más notoria la desmejora frente a aquellos. Continuó su razonamiento al manifestar que el señor Díaz Ortega, una vez inició la prestación de sus servicios como uniformado de la Policía Nacional, su situación laboral se encontraba regulada por el Decreto 1213 de 1990 y que al haberse homologado a la carrera del nivel ejecutivo, ello no implica necesariamente que se modifique su régimen salarial y prestacional, puesto que se trata de derechos que no están sometidos a la voluntad del trabajador o empleador, sino que gozan de expresa protección constitucional de irrenunciabilidad.

Agregó que se debe tener en cuenta el régimen de transición del cual se hizo beneficiario el demandante, toda vez que aquel ingresó de manera previa al servicio activo de la mentada institución, por lo cual se hace acreedor de ciertos derechos prestacionales que le deben ser reconocidos por haberlos adquiridos con antelación al proceso de homologación. También adujo que el principio de inescindibilidad tiene atenuación, por tanto debe interpretarse de manera racional y sin desconocer condiciones más favorables a las que eventualmente habría accedido el demandante, lo cual habilita reconocer que el empleado consolidó derechos a la luz del régimen anterior.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 118 del expediente. CONSIDERACIONES Competencia De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Cuestión previa – objeto de pronunciamiento de la Sala Antes de proceder a fijar el problema jurídico a resolver en esta instancia, la Subsección advierte que en el sub examine la inconformidad de la parte apelante se centra en la forma de liquidar su asignación de retiro, específicamente en la inclusión de los conceptos devengados por el demandante durante la prestación de su servicio activo como agente de la Policía Nacional, antes del proceso de homologación del nivel ejecutivo del personal de la referida institución, esto es, en aplicación de las disposiciones reglamentarias del Decreto 1213 de 1990.

En efecto, señaló textualmente en su recurso: «[…] Como se ha venido manifestando en el presente escrito de apelación en acápites anteriores, la entidad demandada ha desconocido con seriedad y claridad lo expuesto en las decisiones tanto de los tribunales como de los jueces administrativos en sentencias, en donde condenan y ordenan a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL a título de restablecimiento del derecho a reliquidar y pagar las partidas laborales y prestacionales dejadas de percibir de conformidad con lo establecido en el artículo 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990, diferentes funcionarios que prestaron sus servicios y funciones laborales en la entidad y que habían iniciado con unas prerrogativas laborales reguladas y establecidas en el Decreto 1212 y 1213 de 1990 y por desviación de poder y abuso la entidad le dejo (sic) de reconocer tales derechos. […]» Por consiguiente, la Sala no discutirá lo relacionado con la reliquidación de la prestación del libelista conforme al Decreto 4433 de 2004 según lo peticionó en el libelo, sino que centrará su estudio únicamente en la aplicación del Decreto 1213 de 1990[8] en cuanto a la inclusión de otros emolumentos para efectos del recálculo de su asignación de retiro.

Lo anterior, en cuanto se recuerda que al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo impugnado que no fueron objeto de debate en esta instancia de conformidad con el artículo 328 del CGP, toda vez que los mismos quedan excluidos en esta oportunidad, y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia.

Problema jurídico En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se resume en la siguiente pregunta: ¿En virtud de los principios de inescindibilidad de la ley y de progresividad que prohíbe desmejorar las condiciones salariales y prestacionales, el demandante tiene derecho a la reliquidación de la asignación de retiro con la inclusión de las primas y demás emolumentos que percibió en servicio activo en su condición de agente de la Policía Nacional, conforme al Decreto 1213 de 1990 a pesar de que voluntariamente se homologó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional está consagrado en el Decreto 1091 de 1995? Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: al demandante en su calidad de miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional no le asiste el derecho a la reliquidación de la asignación de retiro con la inclusión de las prestaciones que percibía antes de su homologación voluntaria, que son propias del régimen de agentes.

Desarrollo normativo de la carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional El Gobierno Nacional en atención a lo regulado en la Ley 62 de 1993, que concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República, profirió los Decretos 41 de 1994[9], «por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones», y 262 de 1994, «por el cual se modifican las normas de carrera del personal de Agentes de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones», el cual en su artículo 8, indicó: «[…] RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO.

Los agentes a que se refiere el artículo anterior, que ingresen al nivel ejecutivo, se someterán al régimen salarial y prestacional, determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional. […]» Posteriormente el artículo 1.° de la Ley 180 del 13 de enero de 1995[10], modificó el artículo 6 de la Ley 62 de 1993, consagrándose el nivel ejecutivo de la Policía Nacional como parte de la estructura de dicha Institución. En atención a esta disposición, el Congreso de la República reorganizó la estructura de la Policía Nacional, incluyendo al personal del nivel ejecutivo como parte de la nueva planta que la conformaría. Así mismo, el artículo 7 de la Ley 180 de 1995, concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular, entre otros aspectos, las asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales del nivel ejecutivo; el cual indicó en el parágrafo lo siguiente: «[…] La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo. […]» Posteriormente, se expidió el Decreto 132 de 1995, «por el cual se desarrolla la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional», en el cual se consagró: i) la posibilidad de que los agentes y suboficiales en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo, (artículos 12 y 13); ii) la sujeción del personal que ingresara al referido nivel, al régimen salarial y prestacional determinado por el Gobierno Nacional (artículo 15) y; iii) señaló que el ingreso al nivel ejecutivo no podrá discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional (artículo 82).

Igualmente, el artículo transitorio 1.° del decreto en mención, reza: «[…] El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba incorporado a la Policía Nacional, en el momento en que se declaró inexequible parcialmente el Decreto 41 de 1994, quedará automáticamente incorporado a la carrera que regula el presente Decreto, en el mismo grado, con la misma antigüedad que ostentaba, sin que para ello sea necesario ningún otro requisito y sin que se produzca solución de continuidad en la prestación del servicio policial para todos los efectos legales. […]» En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, se promulgó el Decreto 1091 de 1995, «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante el Decreto 132 de 1995»[11]-[12] a través del cual reguló los salarios y prestaciones del personal del nivel ejecutivo.

Seguidamente, el artículo 10 del Decreto 1791 de 2000[13], «por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional», consagró la posibilidad para los agentes de ingresar al Nivel Ejecutivo y, en el parágrafo ibidem se señaló que: «[…] El personal de Suboficiales y de Agentes de que tratan los artículos 9º y 10º del presente Decreto, se someterán al régimen salarial y prestacional establecido para la carrera del Nivel Ejecutivo […]».

El aparte transcrito, fue objeto de pronunciamiento de exequibilidad por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-691 de 2003, providencia en la que se resaltó que: i) el traslado de agentes y suboficiales al nivel ejecutivo era voluntario; ii) la sujeción a un régimen especial con el cambio de nivel era completamente válido y; iii) en todo caso, las normas contenidas en la Ley 180 de 1995 y concordantes, impedían el desmejoramiento de las condiciones salariales y prestacionales de quienes venían ya vinculados con la Policía y procedían a optar por el traslado al nivel ejecutivo.

En efecto, textualmente, señaló: «[…] La Corte estima que dicho cuestionamiento corresponde a una indebida interpretación de la norma, pues ella no está diseñada para desconocer situaciones ya consolidadas sino para regular las condiciones de aquellos agentes y suboficiales que con posterioridad a su entrada en vigencia decidan ingresar al nivel ejecutivo de la Policía, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la institución. Así mismo, del contenido del parágrafo no se desprende que se autorice despojar a los agentes y suboficiales de sus honores o pensiones como equivocadamente lo sugiere el demandante.

Por lo demás, el Decreto 1791 de 2000 establece que para el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional debe mediar la solicitud del interesado, lo cual deja en manos del aspirante la decisión de postular o no su nombre para el cambio jerárquico dentro de la institución. Pero si por alguna razón el aspirante no es favorecido con el ingreso, permanecerá en el nivel en el que se encontraba y conservará el régimen salarial y prestacional previsto para esa categoría. Tal circunstancia implica entonces el respeto de sus derechos, honores y pensiones y lo deja en libertad de quedarse, si lo considera más favorable de acuerdo con sus intereses, en el nivel en el que se encuentre. […]» Adicionalmente, en dos oportunidades el Consejo de Estado, en sede de control abstracto de legalidad, se pronunció sobre la protección a que hace referencia el parágrafo del artículo 7 de la Ley 180 de 1995 y el artículo 82 del Decreto 182 de 1995.

Así, en la sentencia de 14 de febrero de 2007, proferida por la Sección Segunda, se declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, por el cual se reguló la asignación de retiro para el nivel ejecutivo por considerar que esta materia no podía ser definida en sus líneas generales y fundamentales por el presidente de la República, sino por el legislador a través de una ley marco.

Por su parte, en la providencia de la Sección Segunda, de 12 de abril de 2012, se pronunció sobre la legalidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, por el cual se reguló nuevamente la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo. En dicha oportunidad, se declaró la nulidad de la disposición demandada, además se precisó que uno de los cargos en que se fundó la demanda consistió en afirmar que con dicha norma se vulneraron los derechos de los agentes y suboficiales que se incorporaron al nivel ejecutivo al haber incrementado el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro (en comparación con los Decretos 1213 y 1212 de 1990, respectivamente).

Lo anterior, de acuerdo con el mandato de no regresividad y con la protección de derechos adquiridos[14], el literal a) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992. Principio de inescindibilidad de la norma De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, «escindir» significa «cortar, dividir, separar». Así mismo, la palabra inescindibilidad se forma con el prefijo «in» y el sufijo «bilidad», que significa «algo que carece de la cualidad de ser escindido, es decir, refiere a lo que no puede ser cortado, separado o dividido».

El aludido principio en materia laboral se encuentra consagrado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo que señala: «[…] NORMAS MAS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad […]».

(Se subraya). Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[15] expresó que este principio consiste en entender que las normas jurídicas bajo las cuales debe regirse un asunto concreto, deben ser aplicadas en su integridad, es decir, no pueden ser divididas para resolver con parte de ellas y parte de otras el caso de que se trate.

A su vez, esta Sección[16] en reiterada jurisprudencia ha señalado que la inescindibilidad se estructura con fundamento en el principio de favorabilidad, según el cual, no es viable desmembrar las normas legales, de manera que quien resulte beneficiario de un régimen debe aplicársele en su integridad y no parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento.

Textualmente, manifestó: «[…] El principio de favorabilidad se aplica en aquellos casos en que surge duda demostrada y fehaciente en el operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan la solución del caso concreto.

En estos eventos los cánones protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, al afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social. El texto legal así escogido debe emplearse respetando el principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido […]» Esta postura concuerda con la sostenida por la Corte Constitucional[17] que al respecto: «[…] La condición más beneficiosa para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla.

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador. […]» (Se subraya).

De lo anterior se colige que el denominado principio de derecho laboral de inescindibilidad o indivisibilidad, tradicionalmente ha sido consagrado en la legislación legal laboral colombiana como complemento del de favorabilidad, según el cual, cuando en un asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la solución del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe ser la más favorable al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca.

Por otra parte, la condición más beneficiosa se presenta cuando hay tránsito legislativo y en ese sentido se debe escoger entre una norma derogada y otra vigente y propende por la salvaguarda de las expectativas legítimas, que es aquella que otorga a sus beneficiarios una particular protección frente a cambios normativos que menoscaban las fundadas aspiraciones de quienes están próximos a reunir los requisitos de reconocimiento de un derecho subjetivo.

De esta manera, quien invoca un ordenamiento que le beneficia y quien en efecto lo aplica, no puede recoger las prebendas contenidas en el uno para incrustarlas en la aplicación del otro. En el caso de los miembros de la Policía Nacional, el régimen salarial y prestacional específicamente de los agentes estaba previsto en el Decreto 1213 de 1990.

Por su parte, el Decreto 1212 de 1990 consagraba el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los suboficiales. Posteriormente, con la creación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional los agentes y suboficiales de la referida institución tenían la posibilidad de acceder voluntariamente a dicho régimen, conforme a los artículos 12 y 13 del Decreto 132 de 1995, en los siguientes términos: «[…]

ARTÍCULO 12 INGRESO DE SUBOFICIALES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán ingresar a la escala jerárquica del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los suboficiales en servicio activo que lo soliciten, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 1. Cabo segundo y Cabo Primero, al grado de Subintendente. 2. Sargento Segundo y Sargento Viceprimero, al grado de Intendente. 3.

Sargento Primero, al grado de Subcomisario; 4. Sargento mayor, al grado de Comisario.

PARÁGRAFO 1 o. Una vez se ingrese al Nivel ejecutivo de la Policía Nacional, se exigirá el título de bachiller, como requisito para ascensos posteriores, de acuerdo con la reglamentación que expida la Dirección General de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO 2 o. El tiempo de servicio que exceda del tiempo mínimo del grado del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional a que ingrese, se le abonará para ascender al grado inmediatamente superior. En todo caso el ingreso de los Suboficiales a este nivel, se hará en estricto orden de antigüedad en el grado, de acuerdo con la reglamentación que expida la Dirección General de la Policía Nacional.

ARTÍCULO

13. INGRESO DE AGENTES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán ingresar al primer grado del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los agentes en servicio activo siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos: 1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional. 2. Acreditar el título de bachiller en cualquier modalidad. 3. Evaluación y concepto favorable del Comité de Evaluación del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO 1 o. Los agentes en servicio activo que no sean bachilleres, tendrán plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del presente decreto, para acreditar este requisito, o en su defecto, deberán adelantar y aprobar un curso de nivelación académica de acuerdo con reglamentación que expida la Dirección General de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO 2 o. Los agentes que al momento de ingresar al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, hayan cumplido ocho (8) o más años de servicio activo como tales, ingresarán al grado de Subintendente, sin perjuicio de los requisitos exigidos en los numerales 1, 2, y 3 de este artículo […]». A su turno, quienes así lo hicieran debían someterse al régimen salarial y prestacional que fijara el Gobierno Nacional sin que pudieran ser desmejorados o discriminados en su situación laboral.

Por lo cual, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992[18] se expidió el Decreto 1091 de 1995[19] que reguló el salario y prestaciones de ese personal. En las anteriores condiciones, la Subsección considera que en virtud del principio de inescindibilidad de las normas, los agentes y suboficiales que se homologaron de manera voluntaria al nivel ejecutivo de la Policía Nacional con el cumplimiento de los requisitos en los artículos 12 y 13 del Decreto 132 de 1995, se acogieron al régimen salarial y prestacional consagrado en el Decreto 1091 de 1995, sin que sea factible agregar o determinar derechos más beneficiosos que se encontraran en los regímenes salariales y prestacionales de los Decretos 1212 y 1213 ambos de 1990, de lo contrario, se quebranta el principio de inescindibilidad de las normas.

Por tanto, no se presenta conflicto o duda alguna sobre la aplicación de varias normas o regímenes, toda vez que como se arguyó anteriormente, los salarios y prestaciones de los miembros del nivel ejecutivo se encuentran regulados de manera íntegra en el Decreto 1091 de 1995. Por el contrario, los agentes y suboficiales que no optaron por la homologación continuaban cobijados por los Decretos 1213 y 1212 ambos de 1990, respectivamente.

Ahora, para determinar si con la homologación al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se vulneró el mandato de no regresividad y la protección de derechos adquiridos y expectativas legítimas, la Subsección realizará en el siguiente acápite un análisis y una comparación integral del contenido de estos regímenes y no factor por factor. Ello, en concordancia con lo determinado por la Corte Constitucional[20] al respecto: «[…] Si cada régimen especial es mirado como un sistema particular de reconocimientos salariales y prestacionales, los beneficios particulares contemplados en él, no pueden ser examinados aisladamente, para enfrentarlos con otros sistemas también especiales.

En ese orden de ideas esta Corporación ha explicado que cada beneficio en particular establecido en un régimen específico no puede ser descontextualizado a efectos de llevar a cabo, tan solo respecto de él, un examen de igualdad […]» Principio de progresividad y prohibición de regresividad El principio de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos sociales, económicos y culturales se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política en los siguientes términos: «[…] El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social […]» y hace parte del bloque de constitucionalidad, el cual incorporó distintas normas de derecho internacional que rigen la materia, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Principios de Limburgo de 1987 y las Directrices de Maastricht de 1997, las Observaciones Generales del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José[21].

Este principio hace referencia[22] al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno de los derechos sociales, económicos y culturales e implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección no se puede retroceder frente a la escala de protección al que se ha llegado o conseguido, lo cual, genera, prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo retroceso y la necesidad de realizar un juicio de constitucionalidad más severo en el caso de que se presenten legislaciones regresivas de estos derechos.

Este «test de no regresividad» fue planteado por la Corte Constitucional en la sentencia citada en los siguientes términos: «[…] cuando se constata la regresividad de un derecho de pensiones a través de una reforma, se debe estudiar (i) si con la reforma no se desconocieron derechos adquiridos; (ii) si se respetaron con la reforma los principios constitucionales del trabajo; y (iii) si las reformas se encuentran justificadas conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad.

Del mismo modo se debe resaltar que el test de proporcionalidad en materia de regresividad de los derechos sociales ha utilizado los tres pasos que se plantean en el juicio de igualdad, es decir el principio de idoneidad que consiste en verificar si la medida regresiva tiene un fin constitucionalmente legítimo y un presupuesto constitucional que la justifique, en segundo lugar el presupuesto de la necesidad en donde se valora si de todas las medidas posibles, la que escogió el legislador es la menos regresiva, hasta llegar hasta al último paso del test de verificar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en confrontar el principio de no regresividad con otros principios constitucionales como la garantía de sostenibilidad del sistema o los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia cuando se trata de valorar el sistema de seguridad social, para establecer si en el caso concreto se presenta un mayor menoscabo del principio de progresividad frente al principio constitucional que se enfrenta a éste. […]» Bajo esta línea, no es dable, en principio[23], que el Estado, so pena de vulnerar el mandato de «progreso» (entre los cuales se hace referencia al trabajo y a su adecuada remuneración), disminuya el nivel de protección que ha alcanzado por la vía de gradualidad, por lo que, tanto a nivel internacional como nacional, se ha considerado que uno de los propósitos derivados del referido principio de progresividad es la prohibición de retroceso o regresividad.

De otra parte, cabe destacar, que de acuerdo con el inciso 10 del artículo 48 (en materia pensional) y el artículo 58 de la Constitución Política, dentro de nuestro régimen normativo existe una protección especial a los derechos adquiridos, entendidos como aquellos que ingresaron al patrimonio de un particular y que, por tanto, son inmodificables.

A su vez, a partir de la Sentencia C-789 de 2002, se admitió que en materia pensional era posible aplicar el principio de no regresividad cuando se trataba de expectativas legítimas, en la medida que estas suponen «[…] una probabilidad cierta de consolidación futura del correspondiente derecho, si se mantienen las condiciones establecidas en una ley determinada[…]», al respecto: «[…] Conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no puede transformar de manera arbitraria las expectativas legítimas que tienen los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo.

Se estaría desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor fundamental del Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. art. 25). Por lo tanto, resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio del reconocimiento constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el 75% o más del tiempo de trabajo necesario para acceder a la pensión a la entrada en vigencia del sistema de pensiones, conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 (abril 1º de 1994), terminen perdiendo las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión […]» Ahora bien, en concordancia con lo precedente se colige lo siguiente: • De acuerdo con la normativa y la línea jurisprudencial trazada por la Sección, la regla expresa de prohibición de retroceso o de regresividad derivada del principio de progresividad se convierte en un imperativo al momento de fijar el régimen de salarios y prestaciones. • La Constitución Política determina los principios mínimos fundamentales de carácter laboral que se deben respetar a los trabajadores y entre ellos, consagra el derecho al pago de la remuneración salarial que está directamente relacionado con la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia. • Así, el salario constituye el medio que emplea el trabajador a fin de satisfacer sus necesidades básicas y proveer su subsistencia y no puede ser desmejorado, so pena de violar derechos como el mínimo vital. • El mismo legislador prevé, dentro de los objetivos y criterios para fijar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos «incluidos los miembros de la Fuerza Pública y Policía Nacional», la imposibilidad de desmejorar el salario, así como el respeto por los derechos adquiridos y expectativas legítimas, tal como quedó contemplado en el literal a) del artículo 2[24] de la Ley 4ª de 1992, de modo que desmejorar el salario del trabajador redunda en la violación de sus mínimos derechos de carácter laboral. • En el evento en el que se constate la regresividad de un derecho, es necesario realizar el test de no regresividad, señalado por la Corte Constitucional, para determinar si la reforma se encuentra justificada conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Comparativo de salarios de agentes y suboficiales en el año de 1994[25] frente a los salarios de los grados equivalentes en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional[26] con el fin de identificar de qué manera se impactó la situación salarial y prestacional del personal de agentes y suboficiales que fueron homologados a dicho nivel ejecutivo. - Agente a Patrullero |Agente | Devengado |Patrullero |Devengado | | | | | | |-Sueldo básico |$133.200 |-Sueldo Básico |$ 200.000 | | |$39.960 |-Sub.

Familiar 5% |$ 10.000 | |-Sub. Familiar 30% |$39.960 |-Sub. Alimentación |$ 9.680 | | |$102.567 |-Prima del nivel |$ 40.000 | |-Prima actividad |$9.680 |ejecutivo 20% |$ 0. | |30% |$8.975 |-Prima retorno a la |$ 109.680 | | |$102.567 |experiencia |$ 268.318 | |-Prima servicios |$102.567 |-Prima de servicios |$ 113.980 | | | | | | |-Sub. | |-Prima de navidad | | |Alimentación[27] |$13.320 |-Prima de vacaciones | | | | | | | |-Sub. |$1.332 | | | |transporte[28] | | | | | | | | | |- Prima navidad | | | | | | | | | |-Prima de | | | | |vacaciones | | | | | | | | | |-Prima de | | | | |antigüedad 10% | | | | |-Distintivo por | | | | |buena conducta 1% | | | | |Total |$ 554.128 |Total |$ 751.708 | - Cabo segundo a Subintendente |Cabo segundo | Devengado |Subintendente |Devengado | | | | | | |-Sueldo básico |$149.900 |-Sueldo Básico |$ 280.000 | | |$44.970 |-Sub.

Familiar 5% |$ 14.000 | |-Sub. Familiar 30% |$44.970 |-Sub. Alimentación |$ 9.680 | | |$132.255 |-Prima del nivel |$ 56.000 | |-Prima actividad |$9.680 |ejecutivo 20% |$ 0. | |33% |$264.510 |-Prima retorno a la |$ 144.840 | | |$132.255 |experiencia |$ 370.322 | |-Prima servicios | |-Prima de servicios |$ 150.875 | | | | | | |-Sub. Alimentación |$14.990 |-Prima de navidad | | | | |Prima de vacaciones | | |- Prima navidad |$1.499 | | | | | | | | |-Prima de | | | | |vacaciones | | | | | | | | | |-Prima de | | | | |antigüedad 10% | | | | |-Distintivo por | | | | |buena conducta 1% | | | | |Total |$ 795.029 |Total |$ | | | | |1.025.717 | - Cabo primero a Subintendente |Cabo primero | Devengado |Subintendente |Devengado | | | | | | |-Sueldo básico |$156.430 |-Sueldo Básico |$ 280.000 | | |$46.929 |-Sub.

Familiar 5% |$ 14.000 | |-Sub. Familiar 30% |$46.929 |-Sub. Alimentación |$ 9.680 | | |$132.965 |-Prima del nivel |$ 56.000 | |-Prima actividad |$9.680 |ejecutivo 20% |$ 0. | |33% |$265.931 |-Prima retorno a la |$ 144.840 | | |$132.255 |experiencia |$ 370.322 | |-Prima servicios | |-Prima de servicios |$ 150.875 | | | | | | |-Sub. Alimentación |$15.643 |-Prima de navidad | | | | |Prima de vacaciones | | |- Prima navidad |$1.564 | | | | | | | | |-Prima de | | | | |vacaciones | | | | | | | | | |-Prima de | | | | |antigüedad 10% | | | | |-Distintivo por | | | | |buena conducta 1% | | | | |Total |$ 808.326 |Total |$ | | | | |1.025.717 | - Sargento segundo a Intendente |Sargento segundo | Devengado |Intendente |Devengado | | | | | | |-Sueldo básico |$163.820 |-Sueldo Básico |$ 330.000 | | |$49.146 |-Sub.

Familiar 5% |$ 16.500 | |-Sub. Familiar 30% |$49.146 |-Sub. Alimentación |$ 9.680 | | |$139.247 |-Prima del nivel |$ 66.000 | |-Prima actividad |$9.680 |ejecutivo 20% | | |33% |$278.494 |-Prima retorno a la |$ 3.300 | | |$139.247 |experiencia 1% |$ 171.490 | |-Prima servicios | |-Prima de servicios |$ 434.856 | | | | |$ 178.635 | |-Sub. Alimentación |$16.382 |-Prima de navidad | | | | |Prima de vacaciones | | |- Prima navidad |$1.638 | | | | | | | | |-Prima de | | | | |vacaciones | | | | | | | | | |-Prima de | | | | |antigüedad 10% | | | | |-Distintivo por | | | | |buena conducta 1% | | | | |Total |$ 846.800 |Total |$ | | | | |1.210.461 | | | | | | - Sargento Viceprimero a Intendente |Sargento | Devengado |Intendente |Devengado | |viceprimero | | | | | | | | | |-Sueldo básico |$182.850 |-Sueldo Básico |$ 330.000 | | |$54.855 |-Sub.

Familiar 5% |$ 16.500 | |-Sub. Familiar 30% |$54.855 |-Sub. Alimentación |$ 9.680 | | |$155.422 |-Prima del nivel |$ 66.000 | |-Prima actividad |$9.680 |ejecutivo 20% | | |33% |$310.845 |-Prima retorno a la |$ 3.300 | | |$155.422 |experiencia 1% |$ 171.490 | |-Prima servicios | |-Prima de servicios |$ 434.856 | | | | |$ 178.635 | |-Sub. Alimentación |$18.285 |-Prima de navidad | | | | |Prima de vacaciones | | |- Prima navidad |$1.828 | | | | | | | | |-Prima de | | | | |vacaciones | | | | | | | | | |-Prima de | | | | |antigüedad 10% | | | | |-Distintivo por | | | | |buena conducta 1% | | | | |Total |$ 944.042 |Total |$ | | | | |1.210.461 | - Sargento primero a Subcomisario |Sargento primero | Devengado |Subcomisario |Devengado | | | | | | |-Sueldo básico |$215.100 |-Sueldo Básico |$ 380.000 | | |$64.530 |-Sub.

Familiar 5% |$ 19.000 | |-Sub. Familiar 30% |$64.530 |-Sub. Alimentación |$ 9.680 | | |$182.835 |-Prima del nivel |$ 76.000 | |-Prima actividad |$9.680 |ejecutivo 20% | | |33% |$365.670 |-Prima retorno a la |$ 5.700 | | |$182.835 |experiencia 1.5% |$ 197.690 | |-Prima servicios | |-Prima de servicios |$ 505.014 | | | | |$ 205.927 | |-Sub.

Familiar 5% |$ 22.000 | |-Sub. Familiar 30% |$75.390 |-Sub. Alimentación |$ 9.680 | | |$213.605 |-Prima del nivel |$ 88.000 | |-Prima actividad |$9.680 |ejecutivo 20% | | |33% |$427.210 |-Prima retorno a la |$ 8.800 | | |$213.605 |experiencia 2% |$ 229.240 | |-Prima servicios | |-Prima de servicios |$ 585.482 | | | | |$ 238.791 | |-Sub. Alimentación |$25.130 |-Prima de navidad | | | | |Prima de vacaciones | | |- Prima navidad |$2.513 | | | | | | | | |-Prima de | | | | |vacaciones | | | | | | | | | |-Prima de | | | | |antigüedad 10% | | | | |-Distintivo por | | | | |buena conducta 1% | | | | |Total |$ 1.293.823|Total |$ | | | | |1.621.993 | Comparativo de la asignación de retiro de los agentes y suboficiales frente a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional para el año 2005 En primer lugar, tal como se argumentó en acápites anteriores, esta Corporación en la sentencia de 14 de febrero de 2007[29] declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 27 de junio de 1995, por el cual se reguló la asignación de retiro para el Nivel Ejecutivo, por considerar que esta materia no podía ser definida en sus líneas generales y fundamentales por el presidente de la República, sino por el legislador a través de una Ley Marco.

En dicha oportunidad, además, se precisó: «[…] En tales casos, cuando se trate de regular prestaciones sociales que pretendan cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, como en este caso la asignación de retiro, deberá tener en cuenta la ley marco, entre otros presupuestos, la edad, el tiempo de servicio, el monto, el ingreso base de liquidación (factores), régimen de transición y demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación, puesto que - se repite - existe una cláusula de reserva legal.

En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede ser diferida o trasladada ni siquiera al legislador extraordinario, esto es, al Gobierno Nacional, como se señala en la citada sentencia de la Corte Constitucional, y menos podría desarrollarse mediante decretos administrativos expedidos por el Ejecutivo con fundamento en una ley marco (Ley 4ª de 1992) que no podía habilitarlo para tal efecto.

Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al Nivel Ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la Institución Policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, asimismo, unos postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y legales (art. 7º - parágrafo - de la Ley 180 de 1995), que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima.

Si bien no existe derecho a un régimen prestacional inmodificable o que no pueda variarse, el ejercicio de un derecho adquirido sólo es dable exigirlo en la medida en que el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona exhibiendo un justo título. Pero, lo cierto es que en este particular caso el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto - se repite - era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo […]» Por su parte, a través de la sentencia del 12 de abril de 2012[30], se declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004[31], por el cual se reguló nuevamente la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo, en desarrollo de lo regulado por la Ley Marco 923 de 2004.

En dicha oportunidad, se precisó que uno de los cargos en que se fundó la demanda consistió en afirmar que con esta norma se vulneraron los derechos de los agentes y suboficiales que se incorporaron al nivel ejecutivo al haber incrementado el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro en comparación con los Decretos 1213 y 1212 de 1990, respectivamente, es decir, lo anterior implicó una vulneración del mandato de no regresividad, al respecto: «[…] En consecuencia, la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, excedió lo dispuesto por la Ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas.

En efecto, estableció como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años, tiempo que excede al contemplado en el régimen anterior para suboficiales en 5 años. Y tratándose de causales diferentes al retiro por solicitud propia, lo estableció en 20 y 25 años, cuando las normas anteriores habían establecido entre 15 y 20 años, tiempo de servicio que debía respetarse para quienes, de conformidad con lo ordenado en la Ley 923 de 2004, se encontraban en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la Ley, como ésta misma lo dispuso.

Es cierto que la Ley marco establece en su artículo 3°, numeral 3.1 un tiempo mínimo de servicio de 18 años y un límite máximo de 25 años para obtener dicha asignación, sin embargo, en el presente asunto no se trata de establecer si el requisito del tiempo de servicio para la generalidad de los beneficiarios se estableció dentro de ese límite mínimo y máximo, sino de la garantía que la Ley 923 de 2004 estableció en favor del personal en servicio activo vinculado a la Policía Nacional y concretamente del personal perteneciente al nivel ejecutivo, que es la inconformidad planteada en la demanda. […]».

La consecuencia de la declaratoria de nulidad, es que sus efectos se retrotraen al momento en que nació el acto administrativo viciado sin que ello afecte las situaciones consolidadas o los derechos reconocidos bajo el amparo de la disposición anulada[32]. En esa medida para suplir el vacío dejado en el ordenamiento y para determinar los requisitos (tiempo y monto) en el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional (agentes y suboficiales) que voluntariamente se homologaron al nivel ejecutivo se debe acudir a lo señalado en los artículos 144 del Decreto 1212 de 1990[33] y 104 del Decreto 1213 de 1990[34], respectivamente.

No obstante, las partidas computables para liquidar la asignación de retiro se encuentran consagradas en el artículo 23, ordinal 23.2 del Decreto 4433 de 2004, norma que no ha sido declarada nula por parte de esta jurisdicción, así: «[…] Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así: […] 23.2 Miembros del Nivel Ejecutivo 23.2.1 Sueldo básico. 23.2.2 Prima de retorno a la experiencia. 23.2.3 Subsidio de alimentación. 23.2.4 Duodécima parte de la prima de servicio. 23.2.5 Duodécima parte de la prima de vacaciones. 23.2.6 Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

PARÁGRAFO: - En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las pensiones, y las sustituciones pensionales […]» Clarificado lo anterior, a título de ejemplo, la Sala procederá a realizar una comparación de las asignaciones de retiro de los agentes y suboficiales en el año 2005[35] respecto al personal homologado del nivel ejecutivo, en el entendido de que cuentan con 15 años de servicios y que los agentes y suboficiales devengan un subsidio familiar correspondiente a un 30%, así: - Agente a patrullero |Agente | Devengado|Patrullero |Devengado | | | | | | |-Sueldo básico[36]|$605.563 |-Sueldo Básico[37] |$ 816.517 | | |$181.668 |-Prima retorno a la |$ 0 | |-Sub.

Familiar 30%|$90.834 |experiencia |$ 32.363 | | | |-Sub. |$ 35.370 | |-Prima actividad | |Alimentación[38] |$36.843 | |15% |$90.834 |-1/12 prima de |$90.366 | | |$12.716 |servicio | | |-Prima de | |-1/12 prima | | |antigüedad 15% | |vacaciones | | |-1/12 prima de | |-1/12 prima de | | |navidad | |navidad | | |Porcentaje |$ 445.390 |Porcentaje partidas |$ 505.729 | |partidas 50%. | |50%.

Total | | |Total | | | | Realizada la comparación de forma integral «en virtud del principio de inescindibilidad de la norma», la Subsección concluye que con la homologación de los agentes y suboficiales del nivel ejecutivo de la Policía Nacional no se vulneró el mandato de no regresividad, toda vez que sus miembros se beneficiaron ampliamente al cambiar de régimen, por lo siguiente: 1.- Analizados los cuadros comparativos se evidencia una mejora ostensible en el salario básico con ocasión del ingreso al nivel ejecutivo.

Además, conforme a los decretos anuales[51] proferidos por el Gobierno Nacional para la regulación de los sueldos básicos del nivel ejecutivo y de los agentes y suboficiales de la Policía Nacional, la proporción de los salarios en relación con la asignación básica del grado de general es muy superior en el nivel ejecutivo que en los regímenes de agentes y suboficiales.

En esa medida, la consecuencia lógica es que la mejora salarial incida positivamente en la liquidación de las asignaciones de retiro del citado régimen. 2.- A pesar de que el régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional no consagró las primas de antigüedad, de actividad, la bonificación por buena conducta y el subsidio de transporte, lo cierto es que creó nuevas asignaciones y primas, tales como: la prima del nivel ejecutivo y la prima de retorno a la experiencia, como una forma de compensar las extinguidas primas de actividad y antigüedad, respectivamente, las cuales, les generaron a quienes voluntariamente se incorporaron a dicho régimen mayores ingresos mensuales e incluso un incremento en las partidas computables para la asignación de retiro. 3.- Se modificó el sistema de liquidación de las cesantías (pasó de un régimen retroactivo a un régimen anual), sin que por ello se genere un desmejoramiento prestacional, toda vez que a la fecha del traslado se reconoció el beneficio causado hasta ese momento al interesado y a partir de la homologación se liquidaron las cesantías anualmente junto con sus respectivos intereses, es decir, esta prestación se mantuvo en el régimen del nivel ejecutivo. 4.- En cuanto al subsidio familiar el régimen del nivel ejecutivo modificó la cobertura, incluyó en su reconocimiento a los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros, hermanos y padres, excluyó a las cónyuges y compañeras permanentes, no obstante, no puede hablarse de una desmejora, en la medida que continuó reconociéndose y cancelándose en porcentajes similares. 5.- Se mantuvieron el subsidio de alimentación, la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, con la diferencia que en el régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional se ampliaron las partidas que hacen parte de sus bases de liquidación, lo que se vio reflejado en un aumento en las asignaciones mensuales de actividad y en las liquidaciones de las asignaciones de retiro. 6.- Con esta medida, el legislador desarrolló los postulados del Estado social de derecho, atendió los mandatos que en materia de seguridad social consagra la Carta Política, aumentó los beneficios laborales sin trasgresión del principio de progresividad, toda vez que se encuentra amparado por la prohibición de discriminar o desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales señalado en el artículo 2 de la Ley 4.ª de 1992 y las normas que crearon e implementaron el Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional. 7.- Con la homologación voluntaria al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no se vulneraron los derechos adquiridos, ni las expectativas legítimas.

Ello, toda vez que el reconocimiento salarial y prestacional solicitado y su incidencia en el reconocimiento de la asignación de retiro, no se consolidó bajo la vigencia de los Decretos 1212 y 1213 ambos de 1990 y en esa medida no creó un derecho subjetivo en favor de sus titulares que deba ser respetado en el régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Además, porque en asuntos similares en donde se discutió el tema de los derechos adquiridos y expectativas legítimas de las personas que voluntariamente se homologaran a un nuevo régimen salarial y prestacional, la Corte Constitucional[52], fue enfática en determinar que no se configuran, toda vez que al modificarse la situación existente al momento de la homologación y acceder a beneficios salariales contemplados en otra normativa, sin que se presente una derogación del anterior régimen, implica que los individuos se ubican en una situación salarial y prestacional diferente, que obedece a otro sistema de remuneración, sin que puedan mantener los derechos regidos por el régimen anterior. 8.- Finalmente, al no presentarse la desmejora salarial y prestacional, resulta innecesaria la realización del test de no regresividad, desarrollado por la Corte Constitucional.

Corolario, en aplicación de los planteamientos esbozados y de cara al sub lite, en el presente asunto se encuentra probado lo siguiente: • Según Formato de Hoja de Servicio 5505908 expedida el 10 de enero de 2005 por la Dirección de Recursos Humanos (CD de antecedentes administrativos, folio 77), el señor Ramiro Díaz Ortega prestó sus servicios en la Policía Nacional por un período de 21 años, 3 meses y 17 días en los siguientes períodos: |Grado |Desde |Finalización | |Agente alumno |16/03/1984 |30/09/1984 | |Agente |1.°/10/1984 |30/05/1994 | |Nivel ejecutivo |1.°/06/1994 |15/12/2004 más los | | | |tres meses de alta | | | |hasta el 15/03/2005 | • Conforme a lo anterior, el demandante se homologó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional mediante Resolución 0490 del 13 de mayo de 1994, a partir del 1.° de octubre de 1994 (según se evidencia de la parte motiva de la hoja de servicios, ibidem). • A través de Resolución 001831 del 22 de marzo de 2005 (folios 10 a 12), la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció asignación de retiro al libelista, efectiva a partir del 15 de marzo de la citada anualidad y en cuantía del 77% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables. • Obra certificación expedida por la Sección de Nóminas de la referida entidad (CD de antecedentes administrativos, folio 77), que da cuenta del salario percibido por el demandante en el año 2005, el cual corresponde a la suma de $1.294.825. • Petición presentada el 2 de agosto de 2013 por el señor Ramiro Díaz Ortega (folios 2 a 9), en la cual solicitó ante el director de Casur, la reliquidación y reajuste de su asignación de retiro «[…] con el sueldo básico devengado y las partidas o factores computables del artículo 23, numeral 23.1 del Decreto 4433 de 2.004, que regula tal prestación para el personal de Suboficiales, y que además es la norma más favorable que le asiste al trabajador; o, en Decreto 1212 de 1990 […]». • El director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a través del Oficio 2729 GAG-SDP del 18 de octubre de 2013 (CD de antecedentes administrativos, folio 77), dio respuesta al requerimiento del libelista al aducir que, de conformidad con lo certificado en la hoja de servicios, su asignación de retiro había sido reconocida con la prestación de sueldo y partidas computables establecidas en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004.

De acuerdo con el estudio normativo y jurisprudencial abordado en el acápite de marco jurídico, el personal activo de la Policía Nacional que fue homologado al nivel ejecutivo se encontraba en una situación de protección especial en virtud de la cual no podía ser discriminado o desmejorado en sus condiciones salariales y prestacionales, regla derivada de instrumentos internacionales suscritos por el país, de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y de las propias normas que crearon e implementaron el Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional.

Por tanto, al realizar el análisis integral de las normas y no factor por factor, se concluye que el régimen del nivel ejecutivo al que se acogió voluntariamente el demandante, es favorable a sus intereses prestacionales. En efecto, obsérvese cómo durante la permanencia del libelista en el régimen de agente, no cumplió con el tiempo consagrado en el artículo 33 del Decreto 1213 de 1990, esto es, 10 años (CD obrante a folio 77), pues al momento de homologarse tenía 9 años, 7 meses y 29 días como agente, por tanto no se causó el derecho a la prima de antigüedad.

Finalmente, si bien mediante sentencia de 17 de abril de 2013 de la Sección Segunda del Consejo de Estado[53], reconoció al personal ejecutivo homologado la aplicación del régimen salarial y prestacional contenido en el Decreto 1213 de 1990, se resalta que dicha providencia tiene efectos inter partes y solo es un criterio orientador más no vinculante por no tener el carácter de sentencia de unificación, por lo tanto, no es susceptible de aplicarse en el presente caso, máxime cuando con posterioridad la Sección ha reiterado la tesis contraria de forma pacífica[54].

En conclusión: el demandante no fue desmejorado salarial ni prestacionalmente en virtud de su homologación al nivel ejecutivo, teniendo en cuenta que el nuevo régimen del Decreto 1091 de 1995 le reportó mayores beneficios de acuerdo con lo probado dentro del plenario. Por lo tanto, no tiene derecho a que se le reliquide la asignación de retiro con la inclusión de las primas, subsidios, prestaciones y demás bonificaciones del régimen señalado para el nivel de agentes de la Policía Nacional, porque ello vulneraría el principio de inescindibilidad, que prohíbe la aplicación parcial de las normas.

Decisión de segunda instancia Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación de la parte demandante. De la condena en costas Esta subsección en providencia de 7 de abril de 2016[55], sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos: a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-. b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.

Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura). e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas. f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP[56], previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial. g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.» De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes.

En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público[57]. Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas a la parte demandante, a pesar de resultar vencida en sede de apelación. En la medida que, conforme al numeral 8.° del artículo 365 del CGP, no se comprobó su causación en esta instancia que implique la imposición de dicha condena, toda vez que la entidad demandada no presentó alegatos de conclusión ante esta Corporación. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 14 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander que denegó las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor Ramiro Díaz Ortega contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Firmado electrónicamente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Firmado electrónicamente [pic] ----------------------- [1] «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA. [2] 13 a 16. [3] Folios 16 a 17. [4] Si bien en los fundamentos fácticos del libelo se evidencia que el apoderado judicial del demandante hizo referencia al Decreto 1212 de 1990, correspondiente al personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, lo cierto es que tal como se indicó en las pretensiones y más adelante en el recurso de alzada, la disposición normativa que alude obedece al Decreto 1213 del mismo año, por tratarse el libelista de un ex agente de la referida institución. [5] Ver: Hernández Gómez William.

Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015). [6] Folios 79 vuelto a 82 y en cd que reposa a folio 77. [7] Folios 83 a 103. [8] Se reitera que, si bien en distintas actuaciones del plenario la parte demandante hace alusión al Decreto 1212 de 1990 al solicitar su aplicación para la reliquidación de su asignación de retiro, lo cierto es que en otras oportunidades también refiere el Decreto 1213 de 1990, el cual fue expedido para el personal de agentes de la Policía Nacional.

Por ello, esta Subsección concluye que las prerrogativas previstas en este último decreto son las pretendidas por el libelista al recurrir con su demanda ante esta jurisdicción, toda vez que aquel prestaba sus servicios en la referida institución en el cargo de agente, tal como se puede constatar con las pruebas arrimadas a este proceso las cuales se estudiarán en acápites subsiguientes. [9] El cual fue objeto de pronunciamiento de inexequibilidad parcial por parte de la Corte Constitucional en sentencia C-417 de 1994, en tanto se refirió al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional; en la medida en que la Ley habilitante, esto es la 62 de 1993, no contempló el citado Nivel, por lo que, en consecuencia, se evidenció un exceso del límite material fijado por aquella. [10] «Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada Nivel Ejecutivo.» [11] En desarrollo de lo dispuesto en el literal d) del artículo 1º de la Ley 4ª de 1992, que indica: “El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: […] d) Los miembros de la Fuerza Pública.”. [12] En relación con la posibilidad de que el Gobierno Nacional, con sujeción a la Ley Marco No. 4 de 1992, expidiera dicho régimen, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia C-1269 de 2000, que: “3.

La presunta omisión en el ejercicio de las facultades extraordinarias, por no haber el Ejecutivo ejercido la facultad de señalar el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo. La Corporación tampoco encuentra fundamento en este cargo, pues como bien lo anotan tanto la apoderada del Ministerio de Defensa, como el Procurador General de la Nación, el artículo 15 del Decreto 132 de 1995 contiene la regulación normativa concerniente al régimen salarial y prestacional para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, previsión conforme a la cual, el personal que ingrese a ese nivel se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones, dicte el Gobierno Nacional. […] Así, pues, fue lo correcto que, en este aspecto, se limitara a hacer remisión al instrumento de concreción constitucionalmente válido de su competencia legislativa en esta materia, pues aun cuando el régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional es elemento integrante del sistema de administración del referido personal, no puede perderse de vista que tiene su propia fuente de validez formal y material, por lo que debía desarrollarlo mediante Decreto Reglamentario de la Ley Marco de salarios, No. 4ª. de 1992, como en efecto ocurrió, al regularse mediante el Decreto 1091 de 1995.” [13] Esta norma fue declarada inexequible, en varias de sus disposiciones, a través de la Sentencia C-253 de 2003. [14] Artículos 48 y 58 Constitucionales. [15] Ver entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto de 13 de junio de 2017, radicación 11001-03-06-000-2017- 00021-00; ii) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 31 de julio de 1997, radicación 0992. [16] Ver entre otras: i) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016, número interno 3420-2015 ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2008, número interno 1371-2007; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de octubre de 2008, número interno 3021-2004. [17] Ver entre otras: i) sentencia C-168 de 1995, ii) sentencia T-832 A de 2013. [18] «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política». [19] «Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional». [20] Sentencia C -313 de 22 de abril de 2003. [21] Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de junio de 2017, número interno 0686-2010; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de noviembre de 2014, número interno 3098-2013; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de julio de 2014, número interno 1818-2013. [22] Corte Constitucional, sentencia C-228 de 30 de marzo de 2011. [23] “En principio” implica que en nuestra jurisprudencia constitucional se ha fijado una presunción de inconstitucional de las medidas que impliquen un retroceso, sin perjuicio de que, asumiendo una carga argumentativa, se justifiquen constitucional y legalmente las decisiones adoptadas en contravía de este mandato, por perseguir fines constitucionales imperiosos [ver la Sentencia T-043 de 2007]. [24] «Artículo 2º.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.

En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales; […] » [25] Decreto 65 de 1994 Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial. [26] Para realizar la comparación se toman la totalidad de los factores salariales a lo que tienen derecho, a modo de ejemplo un subsidio familiar del 30% para el nivel de agentes y suboficiales y del 5% para el nivel ejecutivo, así mismo, las equivalencias señaladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 180 de 1995. [27] Decreto 1029 de 1994. [28] Decreto 2872 de 1994. [29] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 14 de febrero de 2007, Consejero Ponente Dr. Alberto Arango Mantilla, número interno 1240-2004 [30] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 12 de abril de 2012, número interno 0290 -2006. [31] Dicho parágrafo indicaba:

PARAGRAFO 2 o. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.[…]» [32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de septiembre de 2014, radicación 520012331000200501421 01. [33] «[…] Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad. […]» [34] Durante la vigencia del presente Estatuto, los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por disposición de la Dirección General, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 100 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad[…]» [35] Escala gradual de salarios determinada por el Decreto 0923 de 2005 [36] 18.8179 % del salario básico de un General. [37] 25.37336% del salario básico de un General. [38] Decreto 916 de 2005. [39] 20.7073% del salario básico de un General. [40] 31.8202 del salario básico de un General. [41] 21.4023% del salario básico de un General. [42] 31.8202 del salario básico de un General. [43] 23.1383% del salario básico de un General. [44] 31.8202 del salario básico de un General. [45] 25.3223% del salario básico de un general. [46] 31.8202 del salario básico de un general. [47] 27.9765% del salario básico de un general. [48] 44.8164% del salario básico de un general. [49] 32.5610% del salario básico de un general. [50] 52.7816% del salario básico de un general. [51] Decretos 842 de 2012, 1050 de 2011, 1530 de 2010, 737 de 2009, 673 de 2008, 1515 de 2007, 407 de 2006, 923 de 2005, 4158 de 2004, 3552 de 2003, 745 de 2002, 2737 de 2001, 2724 de 2000, 0062 de 1999, 0058 de 1998, 122 de 1997, 107 de 1996 y 133 de 1995. [52] Sentencia C-789 de 20 de octubre de 2011. [53] Sección Segunda, Subsección A. Radicado interno: (0135-12).

Demandante Harbey Bucurú Celis. [54] Al respecto ver las sentencias del 21 de enero de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2012-01614-02 (2765-18), del 3 de diciembre de 2020, radicados: 25000-23-42-000-2016-04653-01 (5663-18) y 25000-23-42-000-2016- 04652-01 (0966-18), entre otras. [55] Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492- 2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi. [56] «ARTÍCULO 366.

LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». [57] Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»