25000-23-37-000-2015-00509-01 — Consejo de Estado

25000-23-37-000-2015-00509-01Consejo de Estado · SECCIÓN CUARTASentencia2021-06-03

Ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello

Actor: María Isabel Sepúlveda Arango·Demandado: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social - Ugpp

De qué trata

Síntesis: De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, en el transcurso de un proceso judicial y, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.”, en su artículo 118 parágrafo 8, facultó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP para conciliar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos, salvo los intereses del sistema pensional, discutidos con ocasión de la expedición de los actos proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio. A estos efectos, deben cumplirse las siguientes condiciones y requisitos previstos en la Ley 2010 de 2019, el Decreto 1377 de 2020, el Decreto 1014 de 2020 y el Decreto Legislativo 688 de 2020: Haber presentado la demanda antes del 27 de diciembre de 2019, fecha en la que entró en vigencia la Ley 2010 de 2019. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Administración. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial. Adjuntar prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación, que, para el caso concreto, corresponde al 100% del valor de los aportes determinados, el 100% de los intereses del sistema general de pensiones y el 30% de los intereses de los demás subsistemas y de las sanciones. Que la solicitud de conciliación sea presentada hasta el día 30 de noviembre de 2020. Que el acta que dé lugar a la conciliación se suscriba a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción de la fórmula de conciliación, cualquiera de las partes la presente para que la corporación de lo contencioso administrativo correspondiente, le imparta aprobación. No podrán acceder a este beneficio los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago, que a la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos. (…) De acuerdo con lo anterior en el presente asunto se cumplirían los requisitos previstos en el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, el Decreto 1014 de 2020, Decreto 1377 de 2020 y el Decreto Legislativo 688 de 2020, por lo tanto, procede la aprobación de la conciliación, y, en consecuencia, se declarará terminado el proceso.

OFERTA DE REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS PREVIA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN – Oportunidad / CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA – Facultades de la UGPP / CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA - Condiciones y requisitos / CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA – Aprobación / APROBACIÓN DE CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA – Efectos jurídicos De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, en el transcurso de un proceso judicial y, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad.

La Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.”, en su artículo 118 parágrafo 8, facultó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP para conciliar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos, salvo los intereses del sistema pensional, discutidos con ocasión de la expedición de los actos proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio.

A estos efectos, deben cumplirse las siguientes condiciones y requisitos previstos en la Ley 2010 de 2019, el Decreto 1377 de 2020, el Decreto 1014 de 2020 y el Decreto Legislativo 688 de 2020: Haber presentado la demanda antes del 27 de diciembre de 2019, fecha en la que entró en vigencia la Ley 2010 de 2019. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Administración. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial.

Adjuntar prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación, que, para el caso concreto, corresponde al 100% del valor de los aportes determinados, el 100% de los intereses del sistema general de pensiones y el 30% de los intereses de los demás subsistemas y de las sanciones. Que la solicitud de conciliación sea presentada hasta el día 30 de noviembre de 2020.

Que el acta que dé lugar a la conciliación se suscriba a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción de la fórmula de conciliación, cualquiera de las partes la presente para que la corporación de lo contencioso administrativo correspondiente, le imparta aprobación. No podrán acceder a este beneficio los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago, que a la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

(…) De acuerdo con lo anterior en el presente asunto se cumplirían los requisitos previstos en el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, el Decreto 1014 de 2020, Decreto 1377 de 2020 y el Decreto Legislativo 688 de 2020, por lo tanto, procede la aprobación de la conciliación, y, en consecuencia, se declarará terminado el proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 95 / LEY 2010 DE 2019 – ARTÍCULO 118 PARÁGRAFO 8 / LEY 1943 DE 2018 / DECRETO 1377 DE 2020 / DECRETO 1014 DE 2020 / DECRETO LEGISLATIVO 688 DE 2020 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Bogotá D.C, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-37-000-2015-00509-01 (24891) Actor: MARÍA ISABEL SEPÚLVEDA ARANGO Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP FALLO Conoce la Sala de la solicitud de conciliación presentada ante esta Corporación por la parte demandante y demandada (Samai, índice 43 y 46).

ANTECEDENTES 1. El 15 de enero de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante la Resolución Nro. RDO 61, profirió liquidación oficial a la señora María Isabel Sepúlveda Arango, por omisión en la afiliación y mora en el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre junio a diciembre de 2008 y enero a diciembre de 2009, 2010 y 2011, por la suma de $108.954.800. 2.

El 12 de febrero de 2014, bajo el radicado Nro. 20145140296792 se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nro. RDC 175 del 2 de mayo de 2014, proferida por la Dirección de Parafiscales de la UGPP, que resolvió confirmarla. 3. El 26 de agosto de 2014[1], la señora María Isabel Sepúlveda Arango presentó demanda ante los Juzgados Administrativos de Bogotá, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de la Liquidación Oficial Nro.

RDO 61 del 15 de enero de 2014 y de la Resolución Nro. RDC 175 del 2 de mayo de 2014[2], que resolvió el recurso interpuesto contra la mencionada liquidación. 4. Mediante auto de 16 de octubre de 2014, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, remitió el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta, quien a su vez, se declaró incompetente y lo envió a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Bogotá, correspondiéndole al Juzgado Noveno, quien suscitó conflicto negativo de competencia. No obstante, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 27 de marzo de 2017, dispuso devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el Nro. 11001-03-15-000-2016-03016-00. 5.

El 23 de mayo de 2019[3], el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección B, profirió sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra esta decisión, las partes interpusieron recursos de apelación[4]. 6. El 23 de septiembre de 2019[5], mediante acta individual de reparto, le correspondió a este Despacho conocer de los mencionados recursos. 7.

El 9 de julio de 2020[6], la UGPP allegó oferta de revocatoria parcial de los actos administrativos demandados, con fundamento en el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019. 8. El Despacho, en auto del 5 de noviembre de 2020, ordenó correr traslado a la parte demandante de la oferta de revocatoria directa formulada por la entidad demandada[7]. 9.

El apoderado de la parte demandante en escrito remitido el 27 de noviembre de 2020, manifestó que aceptaba la oferta de revocatoria directa[8]. 10. Mediante auto del 3 de diciembre de 2020, se requirió a las partes para que acreditaran el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la conciliación de que trata el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, junto con la correspondiente acta. 11.

El 16 de diciembre de 2020, las partes solicitaron la suspensión del proceso hasta el 31 de enero de 2021 para que la parte demandante pudiera realizar el pago de los valores ofertados. 12. El 13 de enero de 2021[9], la demandada allegó ante esta Corporación copia del Acta Nro. 109 proferida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, suscrita el 30 de diciembre de 2020.

CONSIDERACIONES Régimen jurídico De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, en el transcurso de un proceso judicial y, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad.

La Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.”, en su artículo 118 parágrafo 8, facultó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP para conciliar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos, salvo los intereses del sistema pensional, discutidos con ocasión de la expedición de los actos proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio.

A estos efectos, deben cumplirse las siguientes condiciones y requisitos previstos en la Ley 2010 de 2019, el Decreto 1377 de 2020, el Decreto 1014 de 2020 y el Decreto Legislativo 688 de 2020: • Haber presentado la demanda antes del 27 de diciembre de 2019, fecha en la que entró en vigencia la Ley 2010 de 2019. • Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Administración. • Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial. • Adjuntar prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación, que, para el caso concreto, corresponde al 100% del valor de los aportes determinados, el 100% de los intereses del sistema general de pensiones y el 30% de los intereses de los demás subsistemas y de las sanciones. • Que la solicitud de conciliación sea presentada hasta el día 30 de noviembre de 2020. • Que el acta que dé lugar a la conciliación se suscriba a más tardar el 31 de diciembre de 2020. • Que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción de la fórmula de conciliación, cualquiera de las partes la presente para que la corporación de lo contencioso administrativo correspondiente, le imparta aprobación. No podrán acceder a este beneficio los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago[10], que a la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

Verificación de presupuestos de procedencia de la conciliación una vez aceptada la oferta de revocatoria • Presentación de la demanda antes del 27 de diciembre de 2019: La demanda contra la liquidación oficial Nro. RDO 61 del 15 de enero de 2014 y de la Resolución Nro. RDC 175 del 2 de mayo de 2014 se presentó ante los Juzgados Administrativos de Bogotá el 26 de agosto de 2014[11]. • Admisión de la demanda antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la administración, que tenía como fecha límite el 30 de noviembre de 2020: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda el 28 de mayo de 2015[12] y la oferta de revocatoria que aprobó de manera anticipada la fórmula conciliatoria fue presentada por el apoderado de la UGPP el 9 de julio de 2020[13]. • Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial: El expediente se encuentra al despacho para proferir fallo de segunda instancia, por lo tanto, aún no cuenta con sentencia que le ponga fin al proceso. • Conciliación por el 70% del valor total de las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos, discutidos con ocasión de la expedición de los actos proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio, exceptuando el sistema pensional: Al encontrarse el expediente al despacho para proferir sentencia de segunda instancia, la suma conciliada corresponde al 70% de los intereses moratorios de los subsistemas del Sistema General de Seguridad Social, exceptuando los intereses del subsistema pensional, según se advierte a continuación (Samai, índice 43): |Valores conciliados | |Intereses moratorios por los subsistemas del |$27.281.520 | |Sistema General de Seguridad Social - | | |exceptuando el sistema general de pensiones- | | Pago del 100% del valor de los aportes determinados, del 100% de los intereses del sistema pensional y del 30% de los intereses de los demás subsistemas: La Sala tendrá por cumplido este requisito sustentada en el documento “Constancia de Acta No.109 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial- PAR” de fecha 30 de diciembre de 2020, en el cual se hace constar que, con certificación de pago Nro. 2020153000644683 del 16 de diciembre de 2020 expedida por la Subdirección de Cobranzas, se realizaron los siguientes pagos (Samai, índice 43): “a) El aportante efectuó el pago total de los aportes determinados en el Acto administrativo objeto de conciliación por valor de $44.487.600, en vigencia de la Ley 2010 de 2019. b) El aportante efectuó el pago total de intereses moratorios por valor de $65.145.784, en vigencia de la Ley 2010 de 2019”. […] c) El aportante, se eximiría de pagar intereses moratorios por valor de $27.281.520, de acuerdo con el cálculo efectuado por esta subdirección en caso de aprobarse el beneficio. |Valores pagados en vigencia de la Ley 2010 de 2019 | |Valor pagado por concepto de aportes en |$44.487.600 | |discusión | | |Valor pagado de intereses moratorios del |$53.372.892 | |subsistema de pensión | | |Valor pagado de intereses moratorios por los |$11.772.892 | |demás subsistemas | | |Valor total pagado |$109.633.384 | • Presentación de la solicitud de conciliación hasta el 30 de noviembre de 2020: el 9 de julio de 2020[14], la UGPP presentó ante esta Corporación la oferta de revocatoria que aprobó de manera anticipada la fórmula conciliatoria, la cual fue aceptada por la demandante el 27 de noviembre de 2020[15]. • Suscripción del acta de conciliación o documento que dé lugar a la conciliación a más tardar el 31 de diciembre de 2020: el 30 de diciembre de 2020 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, suscribió la Constancia de Acta Nro. 109[16], en la que consta la siguiente decisión: “Por lo anterior, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, decide APRUEBA la conciliación del proceso judicial No. 25000233700020150050901mediante el cual se presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Resolución No. RDC 175 del 02 de mayo de 2014 y los demás actos administrativos proferidos con posterioridad, a través de la cual negó el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial RDO 61 del 15 de enero de 2014.

(…)” • Presentación de la fórmula de conciliación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, para su aprobación: el 13 de enero de 2021[17], el apoderado de la demandada presentó en término la fórmula conciliatoria del proceso, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales. • No encontrarse en mora, para el 27 de diciembre de 2019, por las obligaciones contenidas en los acuerdos de pago previstos en el parágrafo 2 del artículo 118 de la Ley 2010 de 2019: No aplica. • Que los acuerdos de pago, suscritos por quienes decidan acogerse a la Conciliación Contencioso - Administrativa en materia tributaria, aduanera o cambiaria, fueran suscritos hasta el 30 de noviembre de 2020: en el proceso de la referencia no se suscribieron acuerdos de pago.

De acuerdo con lo anterior en el presente asunto se cumplirían los requisitos previstos en el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, el Decreto 1014 de 2020, Decreto 1377 de 2020 y el Decreto Legislativo 688 de 2020, por lo tanto, procede la aprobación de la conciliación, y, en consecuencia, se declarará terminado el proceso. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, FALLA 1.

Aprobar el acuerdo de conciliación entre la señora María Isabel Sepúlveda Arango y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en relación con la Liquidación Oficial Nro. RDO 61 del 15 de enero de 2014, proferida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales y de la Resolución Nro.

RDC 175 del 2 de mayo de 2014, proferida por la Dirección de Parafiscales, que resolvió el recurso interpuesto contra la liquidación oficial. 2. Declarar terminado el proceso Nro. 25000-23-37-000-2015-00509-01 (24891) Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha |(Firmado electrónicamente) |(Firmado electrónicamente) | |MILTON CHAVES GARCÍA |STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO | |Presidente | | |(Firmado electrónicamente) |(Firmado electrónicamente) | |MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO |JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ | | | | ----------------------- [1] Fl. 86 c1. [2] Fl. 51 c1. [3] Fls. 263 - 276 c1. [4] Fls. 292 - 312 c1. [5] Fl. 4 c2. [6] Fl. 31 – 38 c2. [7] Fl. 48 c2. [8] Samai, índice 34. [9] Samai, índice 43. [10] Con fundamento en art. 7º Ley 1066 de 2006, art. 1º Ley 1175 de 2007, art. 48 de la Ley 1430 de 2010, arts., 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, arts., 55, 56 y 57 Ley 1739 de 2014, arts., 305 y 306 Ley 1819 de 2016, y los arts., 100 y 101 Ley 1943 de 2018 [11] Fl. 86 c1. [12] Fl. 166 -168 c1. [13] Fl. 31 – 38 c1. [14] Fl. 31 – 38 c2. [15] Samai, índice 34. [16] Samai, índice 43. [17] Samai, índice 43.