ACCIÓN POPULAR / AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN EN LA ACCIÓN POPULAR – Solo contra la sentencia de primera instancia y el auto que decreta una medida cautelar / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN - Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular / RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA – Procedente / PREVALENCIA DE LA LEY ESPECIAL / MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS - Debe someterse a las reglas previstas en la Ley 472 de 1998 / ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS – Deber del juez de tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resulte procedente La Ley 472 establece que el recurso de apelación es procedente contra el auto que decreta medidas cautelares y contra la sentencia que se profiera, en primera instancia. A su turno, el recurso de reposición es procedente contra los autos que se profieran durante el trámite de la acción popular (…) La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 26 de junio de 2019, consideró como criterio jurisprudencial que las decisiones susceptibles del recurso de apelación, en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia proferida, en primera instancia (…) Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición que fue rechazado por extemporáneo, mediante auto de 23 de julio de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección ha acogido el criterio jurisprudencial referido supra en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, brindando prevalencia a la normativa de carácter especial que reglamenta ese mecanismo de acceso a la administración de justicia. A su turno, esta Sección, en las providencias proferidas el 27 de enero de 2020, 30 de junio de 2020 y 10 de febrero de 2021 señaló que las únicas decisiones susceptibles del recurso de apelación en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia proferida, en primera instancia. En tal escenario, de conformidad con los artículos 26, 36 y 37 de la Ley 472, que prevén los eventos en que proceden los recursos de apelación y reposición en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos; y en consideración al criterio jurisprudencial fijado por la Sala Plena de esta Corporación en auto de 26 de junio de 2019 que cobró firmeza vencido el término para la interposición del recurso de reposición: esta Sala, mediante autos de 28 de agosto de 2020 y 18 y 19 de marzo de 2021, precisó que esa decisión produce efectos a partir de la fecha de su ejecutoria y, en esa medida, los recursos que se interpongan con posterioridad a la misma, dentro de los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, deben someterse a las reglas previstas en la normativa referida supra de la Ley 472.

(…) Atendiendo a que, con posterioridad a la fecha de ejecutoria del auto proferido por la Sala Plena de esta Corporación el 26 de junio de 2019, la parte actora interpuso un recurso de apelación contra el auto proferido el 31 de octubre de 2019, por medio del cual se rechazó la demanda; y considerando que el recurso de apelación no procede contra esa decisión, este Despacho declarará improcedente el recurso de apelación. Teniendo en cuenta que, en el caso sub examine: i) la parte actora interpuso oportunamente un recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda; ii) procede el recurso de reposición contra el auto que rechaza la demanda; y iii) cuando se impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente debe tramitarse conforme a las reglas del recurso que legalmente corresponda.

Este Despacho considera que el juez “[…] deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente […]”, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 318 de la Ley 1564 citado supra; y, en consecuencia, ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, para lo de su competencia. FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 26 / LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 36 / LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 37 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 318 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 50001-23-33-000-2019-00296-01(AP)A Actor: JOSÉ MARTÍN GARCÍA ROJAS Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, COVIANDES S.A.S. Y DEPARTAMENTO DEL META Asunto: Resuelve sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto contra el auto mediante el cual se rechazó la demanda.

AUTO INTERLOCUTORIO Este Despacho procede a resolver sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el señor José Martín García Rojas contra el auto proferido el 31 de octubre de 2019, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Meta rechazó la demanda. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación. I.

ANTECEDENTES Demanda 1. El señor José Martín García Rojas presentó demanda1, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos establecido en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentado por las leyes 472 de 5 de agosto de 19982 y 1437 de 18 de enero de 20113, con el objeto de obtener la protección de “[…] los DERECHOS que tenemos los colombianos de desplazarnos desde y hacia la capital de la República, Bogotá y demás ciudades y poblaciones que componen nuestra geografía […]”4. 2.

La parte actora manifestó que las obras de construcción de la vía que conduce de Bogotá, D.C, a Villavicencio no han culminado y se han demorado veinticuatro (24) años, lo cual ha generado perjuicios económicos y sociales. A su juicio, ello es “[…] la demostración de la carencia de responsabilidad, de falta de civismo, de honestidad en quienes han sido encargados de ejecutar tales “Obras Públicas”; pues, como es de conocimiento, a pesar de entregar las gruesas sumas de dinero para estos eventos, no existe el debido compromiso adquirido […]”5.

Actuaciones, en primera instancia 3. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto proferido el 17 de octubre de 20196, inadmitió la demanda para que la parte actora: i) acreditara el agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 de la Ley 1437; ii) determinara la ubicación exacta del tramo de la vía que conduce de Bogotá, D.C., al Municipio de Villavicencio respecto del cual, se presenta la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda; y iii) precisara la petición relacionada con la medida cautelar. 4.

La parte actora, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta el 23 de octubre de 2019, desistió “[…] de continuar las gestiones del proceso en referencia […]”7, con fundamento en que: i) presentó otra acción popular que correspondió por reparto al Despacho sustanciador, que tuvo una mora de dos (2) años; y ii) en el caso sub examine, el Tribunal le desconoció sus derechos como ciudadano. Auto apelado y sus fundamentos 5.

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto proferido el 31 de octubre de 2019, resolvió lo siguiente: “[…]

PRIMERO: RECHAZAR la presente ACCIÓN POPULAR, instaurada por el señor JOSÉ MARTÍN GARCÍA ROJAS contra (sic) INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVÍAS, el CONCESIONARIO COVIANDES, el MINISTERIO DE TRANSPORTE, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la GOBERNACIÓN DEL META (sic).

SEGUNDO: En firme la presente providencia, DEVUÉLVASE los anexos de la demanda sin necesidad de desglose, si el interesado lo solicita. Efectuado lo anterior, archívese las diligencias, previa DESANOTACIÓN en el Software de Gestión Justicia XXI […]”8 (Destacado del texto). 8. El Tribunal consideró que no era procedente la manifestación de desistimiento que presentó la parte actora, teniendo en cuenta la naturaleza del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, el cual tiene por objeto la protección de un interés público. 9.

Asimismo, rechazó la demanda por considerar que no fue corregida en los términos indicado en el auto mediante el cual la inadmitió, toda vez que no se cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 de la Ley 1437, ni se indicó la ubicación exacta del tramo de la vía en la cual se presenta la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados.

Recurso de apelación y sus fundamentos 10. La parte actora interpuso, dentro del término legal, el 12 de noviembre de 2019, recurso de apelación contra el auto proferido el 31 de octubre de 2019, y lo sustentó con base en los siguientes argumentos: 10.1. En relación con el agotamiento del requisito de procedibilidad, manifestó que no debe aplicarse literalmente el artículo 144 de la Ley 1437 y que es inocuo solicitarle directamente a la parte demandada la solución del problema, teniendo en cuenta su gravedad. 10.2.

Indicó que no era necesario determinar la ubicación exacta de la vía que conduce de Bogotá, D.C., al Municipio de Villavicencio respecto de la cual, se presenta la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda porque esta situación es conocida a nivel mundial. 11. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante el auto proferido el 22 de noviembre de 20199, concedió el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda.

II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la normativa procesal aplicable al presente caso; ii) el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; iii) la competencia; iv) el problema jurídico; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la procedencia del recurso de apelación contra las providencias proferidas en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos; vi) el marco normativo sobre la adecuación de los recursos; y vii) el análisis del caso concreto.

Normativa procesal aplicable en el presente caso 13. Visto el artículo 44 de la Ley 472, que dispone que en “[…] los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones […]”. 14.

Visto el artículo 8610 de la Ley 2080 de 25 de enero de 202111, sobre régimen de vigencia y transición normativa, se tiene que: 14.1. Las modificaciones introducidas por la Ley 2080 a los procesos judiciales adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen, por regla general, vigencia inmediata salvo en lo concerniente a las normas que modifican las competencias de juzgados, tribunales y Consejo de Estado, las cuales solamente se aplicarán respecto de demandas que se presenten un año después de la publicación de la ley12. 14.2.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 24 de agosto de 188713, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201214, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115. 14.3.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 15.

Visto el marco normativo antes descrito, este Despacho considera que aquellos recursos interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 deben continuar rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento de su presentación, especialmente en lo que respecta a su trámite, requisitos y competencia, como sucede en el caso sub examine, toda vez que el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue interpuesto el 12 de noviembre de 201916.

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 16. Vista la Ley 1437, en especial, el artículo 186, sobre actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las actuaciones judiciales se surtirán por medios electrónicos. 17. Las comunicaciones y demás documentos que se dirijan al Despacho sustanciador con destino al expediente del proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, deberán ser enviados al buzón electrónico: “secgeneral@consejodeestado.gov.co” o a través de la Ventanilla de Atención Virtual del Consejo de Estado17.

Competencia 18. Vistos los artículos 125, 15018, 24319 y 24420 de la Ley 1437, este Despacho es competente para resolver sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto proferido el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Meta que rechazó la demanda. Problema jurídico 19. Corresponde al Despacho determinar si, en el caso sub examine, es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto que rechazó la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la procedencia del recurso de apelación contra las providencias proferidas en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos 20. Vistos los artículos 26 y 37 de la Ley 472, sobre la procedencia del recurso de apelación contra las providencias proferidas en el marco de la acción popular, que ordenan: “[…] Artículo 26º.- Oposición a las Medidas Cautelares.

El auto que decrete las medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco días. […] “Artículo 37º.- Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente […]”. 21.

Visto el artículo 36 ibidem, acerca de la procedencia del recurso de reposición contra las providencias proferidas durante el trámite de la acción popular, que prevé: “[…] Artículo 36º.- Recursos de Reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil […]”. 22.

La Ley 472 establece que el recurso de apelación es procedente contra el auto que decreta medidas cautelares y contra la sentencia que se profiera, en primera instancia. A su turno, el recurso de reposición es procedente contra los autos que se profieran durante el trámite de la acción popular. 23. El Consejo de Estado interpretó estas normas y aceptó la procedencia del recurso de apelación contra: i) el auto que admite o niega el llamamiento en garantía21, ii) el que rechace la demanda22 y iii) cualquier otro que finalice el proceso de la acción popular23. 24.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante el auto proferido el 26 de junio de 201924, consideró como criterio jurisprudencial que las decisiones susceptibles del recurso de apelación, en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia proferida, en primera instancia, en los siguientes términos: “[…] Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar las acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones dictadas en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición, salvo lo dispuesto expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 respecto de las providencias a través de las cuales se dicta una medida cautelar y se profiere sentencia de primera instancia, decisiones estas que son apelables; sin que con dicha limitación se afecte en manera alguna el debido proceso o el derecho a la doble instancia conforme el análisis efectuado frente al punto por la Corte Constitucional.

Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que se adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del recurso de reposición […]” (resaltado fuera de texto). 25.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición que fue rechazado por extemporáneo, mediante auto de 23 de julio de 2019. 26. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección ha acogido el criterio jurisprudencial referido supra en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, brindando prevalencia a la normativa de carácter especial que reglamenta ese mecanismo de acceso a la administración de justicia25. 27.

A su turno, esta Sección, en las providencias proferidas el 27 de enero de 202026, 30 de junio de 202027 y 10 de febrero de 202128 señaló que las únicas decisiones susceptibles del recurso de apelación en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia proferida, en primera instancia29. 28.

En tal escenario, de conformidad con los artículos 26, 36 y 37 de la Ley 472, que prevén los eventos en que proceden los recursos de apelación y reposición en los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos; y en consideración al criterio jurisprudencial fijado por la Sala Plena de esta Corporación en auto de 26 de junio de 2019 que cobró firmeza vencido el término para la interposición del recurso de reposición: esta Sala, mediante autos de 28 de agosto de 202030 y 1831 y 1932 de marzo de 2021, precisó que esa decisión produce efectos a partir de la fecha de su ejecutoria y, en esa medida, los recursos que se interpongan con posterioridad a la misma, dentro de los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, deben someterse a las reglas previstas en la normativa referida supra de la Ley 472.

Marco normativo sobre la adecuación de los recursos 29. Visto el parágrafo del artículo 31833 de la Ley 1564, que dispone lo siguiente: “[…] Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente […]”. 30.

De conformidad con la norma citada supra, este Despacho considera que cuando se impugne una providencia mediante un recurso improcedente es deber de la autoridad judicial tramitar la impugnación por las reglas del recurso que sea procedente, siempre que se haya interpuesto oportunamente. Análisis del caso concreto 31. Atendiendo a que, con posterioridad a la fecha de ejecutoria del auto proferido por la Sala Plena de esta Corporación el 26 de junio de 201934, la parte actora interpuso un recurso de apelación contra el auto proferido el 31 de octubre de 2019, por medio del cual se rechazó la demanda; y considerando que el recurso de apelación no procede contra esa decisión, este Despacho declarará improcedente el recurso de apelación. 32.

Teniendo en cuenta que, en el caso sub examine: i) la parte actora interpuso oportunamente35 un recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda; ii) procede el recurso de reposición contra el auto que rechaza la demanda; y iii) cuando se impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente debe tramitarse conforme a las reglas del recurso que legalmente corresponda. 33.

Este Despacho considera que el juez “[…] deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente […]”, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 318 de la Ley 1564 citado supra; y, en consecuencia, ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, para lo de su competencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el recurso de apelación que interpuso la parte actora contra el auto proferido el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR el expediente, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, al Tribunal Administrativo del Meta, para lo de su competencia.

TERCERO: INFORMAR a las partes e intervinientes que las comunicaciones y demás documentos que se dirijan al Despacho sustanciador con destino al expediente del proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, deberán ser enviados al buzón electrónico: “secgeneral@consejodeestado.gov.co” o a través de la Ventanilla de Atención Virtual del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado