25000-23-42-000-2016-03618-01 — Consejo de Estado

RÉGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL CIVIL VINCULADO AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES – Regulación legal / RÉGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL CIVIL VINCULADO AL SISTEMA DE SALUD DEL MINISTERIO DE DEFENSA – Aplicación del régimen de los empleados públicos del orden nacional / NIVELACIÓN SALARIAL – Improcedencia Para la Sala es claro que el demandante desde que se reincorporó a la Dirección de Sanidad Militar el 27 de octubre de 2009, no tiene derecho al pago de la asignación básica conforme con lo previsto en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 de 1997 para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.

Por el contrario, la que le corresponde es la fijada por el Gobierno Nacional para estos empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad Militar. (…). Se puede concluir que al demandante no le asiste el derecho a que se le pague la asignación básica prevista para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional conforme con el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de 1997, puesto que si bien se vinculó al Instituto de Salud de las Fuerzas desde el 27 de agosto de 1996 y tenía derecho a recibir el salario establecido para tales servidores públicos, una vez fue reincorporado el 27 de octubre de 2009 en el cargo de «servidor misional en sanidad militar código 2-2-, grado 16» de la Dirección de Sanidad Militar, el salario a percibir debía ser el fijado por el gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, según lo ordenaron los Decretos 92 de 2007 y Decreto 4783 de 2008.

NOTA DE RELATORÍA: En lo que tiene que ver con el régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al Ministerio de Defensa Nacional, ver: C. de E., Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 12 de diciembre de 2019. FUENTE FORMAL: DECRETO 1214 DE 1990 – ARTÍCULO 4 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 248 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 279 / DECRETO 1301 DE 1994 – ARTÍCULO 88 / DECRETO 1301 DE 1994 – ARTÍCULO 89 / LEY 352 DE 1997 – ARTÍCULO 53 / LEY 352 DE 1997 – ARTÍCULO 54 / LEY 352 DE 1997 – ARTÍCULO 55 / DECRETO 3062 DE 1997 / LEY 1033 DE 2006 / DECRETO 092 DE 1997 / DECRETO 4783 DE 2008 / DECRETO 770 DE 2005 – ARTÍCULO 4 CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de intervención de la contraparte en el trámite de la apelación Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA que advierte para la fijación de las costas un criterio objetivo valorativo sin que sea necesario analizar la conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, puesto que el apoderado de la demandada no presentó alegatos de conclusión. NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la condena en costas para los procesos tramitados por la Ley 1437 de 2011, ver: C de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 1291-14, C.P.: William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN A Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03618-01(6215-18) Actor: CARLOS ANDRÉS GÓMEZ MARTÍNEZ Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Temas: Régimen salarial de los empleados civiles del Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad Militar.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________ Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 06 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. 1.

Antecedentes 1.1. La demanda[1] 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de apoderado, el señor Carlos Andrés Gómez Martínez formuló demanda para que se declare la nulidad del Oficio 411639 mdn-cgfm-dgsm-gal-1.10 del 27 de abril de 2016, proferido por la Dirección General de Sanidad Militar, a través del cual le negó el reconocimiento y pago de la asignación básica conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 de igual año. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad a i) reconocer y pagar la asignación básica de conformidad con el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de 1997, esto es, de acuerdo con lo que se paga a los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, para cuyos efectos debe tenerse en cuenta el empleo de nivel asesor; ii) reliquidar e indexar las prestaciones sociales de acuerdo con el nuevo valor fijado para la asignación básica.

También solicitó condenar en costas a la parte demanda y ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del cpaca. 1.1.2. Hechos El señor Carlos Andrés Gómez Martínez fundamentó las pretensiones en los siguientes hechos: i) Desde el 27 de agosto de 1996 se encuentra vinculado con la demandada; no obstante, solo hasta el 27 de octubre de 2009 se posesionó en el empleo de «servidor misional en sanidad militar código 2-2, grado 16 de la planta global del Ministerio de Defensa».

Así quedó consignado en el Acta 0415 de esa fecha. ii) Desde que presta el servicio le ha sido negado el derecho a percibir una asignación básica conforme con el régimen aplicable a los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, tal como ordena el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de 1997 y de acuerdo con los decretos que se expiden anualmente para el cargo de nivel asesor que ocupa.

La asignación básica percibida corresponde a la contemplada para el personal civil del Ministerio de Defensa, la cual es inferior. iii) El 17 de marzo de 2016 radicó ante el Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, derecho de petición en el que solicitó el reconocimiento y pago de la asignación básica en los términos ya descritos. iv) La Dirección General de Sanidad Militar a través del Oficio 411639 mdn- cgfm-dgsm-gal-1.10 del 27 de abril de 2016 negó el reconocimiento y pago de la asignación básica conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 de igual año. En el acto no se indicó la procedencia de recurso en su contra. v) El 24 de mayo de 2016 se radicó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 55 Judicial II Administrativa de Bogotá.[2] La audiencia se celebró el día 21 de julio de 2016 y fue declarada fallida. 1.1.3.

Normas violadas y concepto de violación Como tales, se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 88 del Decreto 1301 de 1994; la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997. Al desarrollar el concepto de violación de las anteriores disposiciones, el apoderado del demandante expuso lo siguiente: i) El acto demandado vulneró los principios de igualdad y favorabilidad al negar el reconocimiento y pago de la asignación básica en iguales términos a lo que se paga al personal de la rama ejecutiva del orden nacional, en contravía de las garantías laborales fijadas en el Decreto 3062 de 1997.

Además, por virtud del artículo 53 constitucional cuando el régimen especial es menos favorable que el general debe aplicarse este último, que corresponde al decreto mencionado. ii) El Oficio enjuiciado es nulo por vulnerar normas de rango superior. Su contenido desconoció que la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de igual anualidad no se encuentran derogados.

Además, no tuvo en consideración que el artículo 88 del Decreto 1301 de 1994 prohibió aplicar el régimen salarial del personal civil del Ministerio de Defensa al vinculado al área de salud. Por tanto, debió darse aplicación a la ley y el primer decreto referido, normas que regulan la situación de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. iii) El acto administrativo demandado adolece de falsa motivación. La afirmación que contiene, según la cual a través de la Ley 1033 de 2006 y del Decreto 4783 de 2008 se estableció un nuevo régimen salarial para los empleados de la Dirección de Sanidad Militar no es cierta, dado que estas normas regularon la carrera administrativa del personal no uniformado del Ministerio de Defensa y se aprobó un reajuste a la planta de personal existente; empero, no dispusieron nada sobre el régimen salarial y tampoco derogaron la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de ese año. De igual manera, se configura la falsa motivación cuando la entidad asevera que ha pagado a la demandante la asignación básica mensual de manera legal, máxime cuando cita normas que no le son aplicables.

Así mismo, se evidencia el vicio de nulidad en los comprobantes de los salarios devengados que integran el acto principal, en el que se señala que hasta el año 2009 se le pagó a la demandante una asignación básica igual a la de los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional y que, con posterioridad, dejó de hacerse de esta manera en contravía de la prohibición establecida en el Decreto 1301 de 1994. iv) La entidad no podía cambiar el monto de la asignación básica mensual por el hecho de que el cargo ocupado por la demandante hubiese variado en el sistema de clasificación y de nomenclatura de la planta de personal, pues para que ello proceda se requiere una ley posterior que así lo disponga.

Al no ser así, no podía la demandada alterar el establecido en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 de igual año. v) En el presente caso no se solicita una nivelación salarial, como lo interpretó la entidad al contestar la petición; se pide el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, normas que siguen vigentes.

De igual manera, aunque el Decreto 92 de 2007 incluyó dentro de la planta global del Ministerio de Defensa al personal de sanidad, dicha norma no reguló nada en relación con aspectos salariales. Así mismo, debe tenerse en cuenta que el empleo del nivel asesor de la rama ejecutiva tiene iguales funciones y carga laboral al del nivel asesor del sector defensa que desempeña la demandante, lo que se corrobora al comparar el contenido del Decreto 770 de 2005 que fijó el manual de funciones para el primero y el Decreto 92 de 2007 que reguló las relacionadas con el segundo. En ese sentido, la demandante tiene derecho a percibir una asignación salarial bajo los parámetros que la perciben los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional. 1.2.

Contestación de la demanda El Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad Militar, se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:[3] i) Por permitirlo el numeral 6.º del artículo 248 de la Ley 100 de 1993 el gobierno nacional reguló y organizó el sistema de salud de las Fuerzas Militares, para lo cual expidió el Decreto 1301 de 1994 con el cual creó el Instituto de Salud de estas como un establecimiento público adscritos a Ministerio de Defensa.

Posteriormente se liquidó el instituto en mención a través de la Ley 352 de 1997 y se creó la Dirección de Sanidad Militar. La ley referida indicó que el personal que prestaba el servicio en el Instituto de Salud se incorporaría a la planta de personal del Ministerio de Defensa con aplicación de igual régimen salarial, esto es, el de la rama ejecutiva del orden nacional.[4] No obstante, con posterioridad se expidió la Ley 1033 de 2007 y el Decreto 092 de igual año, normas que modificaron el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del sector defensa, entre ellas la Dirección de Sanidad Militar.

En virtud de aquella se expidió el Decreto 4783 de 2008 que ajustó la planta de personal a la nueva estructura e incorporó a los servidores públicos de la Dirección eludida al nueva planta; en consecuencia, a partir dicha incorporación el régimen salarial de tales empleados públicos no es el de la Rama Ejecutiva, sino el contenido en las normas que rigen al Ministerio de Defensa. ii) La incorporación a la planta del Ministerio de Defensa no representó una desmejora salarial, puesto que se respetaron la asignaciones básicas que venían recibiendo los empleados de la Dirección de Sanidad Militar y se ajustaron anualmente conforme con los decretos expedidos por el gobierno nacional. iii) No existe norma que prevea que los salarios del sector defensa deban ser iguales a los de la rama ejecutiva; por tanto, no es procedente nivelación salarial alguna. iv) El empleo del demandante es del nivel técnico y no asesor.

Además, el hecho de ser parte del personal civil del Ministerio de Defensa no le otorga el derecho a recibir los emolumentos salariales contenidos en el Decreto 1214 de 1990. 1.3. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia del 6 de junio de 2018[5] negó las pretensiones de la demanda.

Para sustentar la decisión expuso los siguientes argumentos: i) Respecto a las normas aplicables: El Decreto 1301 de 1994 fijó el régimen salarial del personal del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y excluyó de la aplicación del régimen salarial del personal no uniformado del Ministerio de Defensa a los empleados públicos que trabajan en dicho instituto.

Igualmente, en virtud de él y del Decreto Ley 2701 de 1988 se rigen por el previsto para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional. Así mismo, la Ley 352 de 1997, que dispuso la supresión de la entidad mencionada y la creación de la Dirección de Sanidad Militar, en el artículo 56 señaló que quienes prestaban el servicio en la entidad suprimida y fueran incorporados a la nueva creada, tenían derecho a seguir bajo el régimen salarial que inicialmente los regulaba, esto es, el previsto para la rama ejecutiva del nivel nacional conforme lo manda el artículo 7.º del Decreto Ley 2701 de 1988.

Con posterioridad, el gobierno nacional expidió el Decreto 3062 de 1997, contentivo de reglas para la liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. Dicho decreto ordenó en el numeral 6.° del artículo 3.° que los empleados públicos de la entidad que se incorporen a las plantas de salud que cree el Ministerio de Defensa se regirán por las normas salariales de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

Igual mandato incluyó el Decreto 133 de 1998 en el numeral 5.º de su artículo 2.º. El régimen salarial referido no fue modificado tampoco cuando el gobierno nacional expidió el Decreto Ley 1792 de 2000, a través del cual se expidió el estatuto que regula el régimen de personal civil del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el gobierno nacional, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 1033 de 2006, expidió el Decreto Ley 091 de 2007 con el cual modificó el sistema de nomenclatura de las entidades que integran el sector defensa, norma que dispuso en el artículo 32 que entre ellas se encuentra la Dirección de Sanidad Militar.

A su vez, profirió el Decreto Ley 092 de 2007 que señaló en los artículos 19 y 21 que la asignación básica de los empleados de la Dirección de Sanidad Militar en adelante sería la determinada para los empelados civiles del Ministerio de Defensa, siempre que se ajustara la planta de personal, lo cual hizo el gobierno a través del Decreto 4783 de 2008.

Por tanto, a partir de la expedición de esta norma a dicho personal ya no se le aplica el régimen salarial de la rama ejecutiva del orden nacional. ii) Conclusión derivada del análisis probatorio: - El demandante prestó el servicio como profesional especializado desde el 26 de agosto de 1996 y hasta el 26 de octubre de 2009 en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, periodo en el cual se le pagó la asignación básica conforme con lo designado por el gobierno nacional para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional conforme con lo ordenado en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de igual año. Luego, a partir del 27 de octubre de 2009, fue incorporado en el empleo de profesional especializado 2028, grado 14 en la planta de la Dirección de sanidad Militar, por lo que comenzó a devengar la asignación básica fijada para los empleados civiles del Ministerio de Defensa, tal como lo dispone los Decretos Ley 092 de 2007 y 4783 de 2008.

Por lo anterior, no existe vulneración de sus derechos. - Finalmente, se corroboró que el cambio de asignación salarial no fuera desfavorable para el demandante y se concluyó que la asignación básica continuó siendo igual y obtuvo los ajustes de ley correspondientes. iii) El Tribunal no condenó en costas a la parte demandante al considerar que la actuación se desplegó de buena fe. 1.4.

El recurso de apelación El señor Carlos Andrés Gómez Martínez, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y pidió que fuera revocada,[6] con apoyo en las siguientes razones: i) El Tribunal desconoció que la Ley 1033 de 2006 no confirió facultades para reformar el régimen salarial especial y se limitó a otorgar estas para que se regulara lo relacionado con el ingreso, permanencia, ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro del servicio de los empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional.

Los Decretos 091 y 092 de 2007 que se expidieron en virtud de la ley referida, únicamente regularon los aspectos mencionados y en ninguna de sus partes modificaron el régimen salarial de los servidores públicos aludidos. ii) La creación de un nuevo sistema de nomenclatura y clasificación de cargos no puede modificar el régimen salarial especial que rige a los empleados civiles de la Dirección de Sanidad Militar.

La Ley 352 de 1997 señaló que el personal de esta dependencia hace parte de la planta global del Ministerio de Defensa, pero ello no significó un cambio de régimen salarial. Por el contrario, continuó vigente el artículo 72 del Decreto 091 de 2007 y, además, el artículo 21 del Decreto 092 de igual año que dispuso que los empleados públicos a los que se ha hecho alusión continuaban su disfrute «hasta tanto» se incorporaran en los nuevos cargos.

Igualmente, la interpretación hecha al parágrafo del artículo 19 del último decreto desconoce que este solo ordenaba la unificación del sistema de nomenclatura, y no estimó la extinción del régimen salarial. iii) El Decreto 1301 de 1994 creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y dispuso en el artículo 88 que su personal en el aspecto salarial no se regía por las normas aplicables al personal civil del Ministerio de Defensa, sino por las que dictara el gobierno nacional.

La norma fue derogada por la Ley 352 de 1997 que ordenó también la supresión del instituto referido; no obstante, esta, en su artículo 56, fue clara en señalar que a sus antiguos empleados, que se incorporen a las plantas de personal Ministerio de Defensa, se les aplicaba el régimen salarial de que gozaban. iv) Al igual que en el numeral ii) indicó que los Decretos 91 y 92 de 2007 no modificaron el régimen salarial de los empleados de la Dirección de Sanidad Militar.

Estos siguen vigentes por mandato del artículo 19 del segundo decreto y, además, porque el artículo 72 del primero salvaguardó el derecho para los empleados del sector defensa de que se les aplicara el régimen salarial especial contenido en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 de igual anualidad. Tampoco el Decreto 1792 de 200 se ocupó de modificar el régimen salarial aludido. v) Se debe respetar el precedente jurisprudencial fijado en la Sentencia C- 753 de 2008, en la que se examinó la constitucionalidad del Decreto 091 de 2007, se clarificó lo que podía desarrollarse en virtud de las facultades otorgadas en los artículos 2 y 3 de la Ley 1033 de 2006, y se dispuso que a través de dicha norma no podía modificarse el régimen salarial de los empleados de la Dirección de Sanidad Militar. vi) El Tribunal aplicó de manera errada los artículos 2.° de la Ley 1033 de 2006, 72 del Decreto 91 de 1997, 19 del Decreto 92 de 1997 y 6.° del Decreto 4783 de 2008, dado que no tuvo en cuenta el objeto que regulaban estas normas, lo que sustentó con iguales argumentos expuestos en los numerales i), ii) y iv). vii) Los cargos del nivel asesor del Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional son idénticos, toda vez que cumplen iguales funciones de aconsejar y asesorar a la entidad.

Ello es evidente al compararse el contenido del Decreto 770 de 2005, del Decreto 92 de 2007 y de la Resolución 0598 de 2010, que fijan sus funciones. La Sala debe precisar que desde los folios 367 a 371 la parte apelante no se refiere a este proceso y, por el contrario, todos los argumentos allí expuestos corresponden a una acción de tutela que al parecer interpuso en contra de varias sentencias emitidas en procesos ordinarios diferentes al estudiado. 1.5.

Alegatos de conclusión en segunda instancia 1.5.1 Parte demandante. La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal.[7] 1.5.2. Parte demandada La entidad demandada guardó silencio.[8] 1.6. El Ministerio Público El Ministerio Público no rindió concepto.[9] 2. Consideraciones 2.1. Problemas jurídicos. La Sala debe dilucidar en el presente caso si el demandante como empleado público no uniformado vinculado al Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad Militar, tiene derecho a que se le pague la asignación básica de conformidad con el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de 1997, esto es, como se paga a los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional. 2.1.1.

Régimen salarial del personal civil de la Dirección General de Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional. La Ley 66 de 1989 facultó al presidente de la República para reformar el estatuto y el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. En ejercicio de tal prerrogativa, el gobierno nacional expidió el Decreto 1214 de 1990 en el que indicó que dicho personal lo integran las personas naturales que prestan sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional y, advirtió, que no tienen tal condición quienes lo hagan en otras entidades adscritas o vinculadas al ministerio.[10] Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de1993 se excluyó de su aplicación al personal civil vinculado antes de su rigor y regulado en el decreto aludido.

La ley otorgó, en el artículo 248, numeral 6.°, poderes al presidente de la República para que organizara el sistema de salud de las fuerzas militares y de policía y del personal civil al que se ha hecho referencia, dentro de lo que se incluyó la estructura organizacional y funcional.[11] En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto 1301 de 1994 en el que se organizó el sistema mencionado y se dispuso la creación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares[12] como un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.[13] A su vez, en el artículo 88 señaló que sus empleados públicos tendrían el régimen salarial que rige a los servidores de estas entidades y que establezca el gobierno nacional.

A renglón seguido, en el inciso 2.° indicó que en este aspecto «no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional». El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares fue suprimido a través de la Ley 352 de 1997 y, en su lugar, la norma creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de estas.[14] La norma ordenó reincorporar el personal que pertenecía a la entidad suprimida a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional quienes, por mandato del artículo 56 ibidem, «continuarán sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso».

El Decreto 3062 de 1997, que reguló la liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, incluyó unas garantías laborales en favor de los empleados públicos y los trabajadores oficiales de dicha entidad y que fueron incorporados a la planta de personal del Ministerio de Defensa. Entre ellas señaló, en el numeral 6.° del artículo 3.° ibidem, que a estos se les debía aplicar « el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional».

Ello fue así, hasta que se expidió la Ley 1033 de 2006,[15] que fijo el régimen de carrera administrativa, entre otros, para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa. La ley otorgó facultades al presidente de la República para proferir normas con fuerza de ley que regularan el ingreso, permanencia, ascenso, capacitación, estímulos y, en general, todo lo relacionado con el sistema de carrera administrativa del sector defensa, dentro de lo que se debía incluir «…todas las características y disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de personal»[16] y, también, se debía «modificar y determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades que integran el sector Defensa».[17] El ejercicio de tales facultades, según lo señaló el artículo 6.° de la ley referida, tenía como uno de sus parámetros la unificación del régimen de administración del personal civil vinculado al sector defensa, previa garantía de los derechos adquiridos y la adecuación del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos.

Bajo tal mandato, y en ejercicio de las prerrogativas otorgadas, el gobierno nacional expidió los Decretos Ley 91 y 92 de 2007. En el primero reguló todo lo relacionado con el sistema de carrera administrativa y el régimen de personal del sector defensa, que comprende el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas.[18] En lo que se refiere a la del ministerio mencionado dispuso que la planta es global y que comprende los empleos del personal civil y no uniformado asignado, entre otras dependencias, a la Dirección de Sanidad Militar.[19] Por su parte, el Decreto 92 de 2007 determinó la nomenclatura y clasificación de empleos de las entidades del sector aludido, entre los que incluyó los niveles directivo, asesor, profesional, orientador, técnico y asistencial conforme las funciones que cumplen, las competencias y requisitos para desempeñarlos.[20] Igualmente, dispuso que las equivalencias de las nuevas categorías de empleos del sector defensa respecto de las anteriores debían hacerse sin desmejorar la situación salarial y prestacional del personal civil no uniformado y que las plantas de personal tendrían que ser ajustadas de acuerdo con la tabla de organización expedido para cada entidad.[21] Finalmente, el parágrafo del artículo 21 del Decreto 92 de 2007 señaló que los sueldos de los empleados referidos se pagarían conforme con la nomenclatura existente a la fecha de su vigencia «hasta tanto se ajusten las plantas de personal, se establezcan las equivalencias de que trata el artículo anterior, y se fijen los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial».

Para llevar a cabo lo anterior, el gobierno nacional expidió el Decreto 4783 de 2008 a través del cual se aprobó el ajuste de la planta de personal del Ministerio de Defensa, incluida la Dirección de Sanidad Militar. En el artículo 6.° el decreto dispuso que quienes estuvieren prestando el servicio en la entidad y dependencia referida a la fecha de su expedición, serían incorporados en los cargos equivalentes y que «continuarán percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados»(Resalta la Sala).

Como se advierte, el régimen salarial de personal civil que ha prestado el servicio, primero en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y, luego, en la dependencia del Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad Militar, ha variado con las distintas reformas que se han hecho a tales instituciones. Así, se les ha aplicado el establecido para los empleados de los establecimientos públicos del orden nacional, el fijado para los empleados de la rama ejecutiva de igual nivel y el que se determinó para los empleados civiles no uniformados del sector Defensa.

La variedad de normas citadas que rigen la materia y su constante modificación generaban confusión en torno a cuál régimen salarial era el que se aplicaba a los empleados de la Dirección de Sanidad Militar, ello dio lugar a que esta sección emitiera la sentencia de unificación SUJ-019- CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019 y fijara las siguientes reglas: 62.

Para fijar las reglas, la Sala considera pertinente tomar como referencia la normativa que en el tiempo ha regido en materia de personal del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. 63. Entre la vigencia del Decreto 1301 de 1994[22] y de la Ley 352 de 1997[23], aplican las siguientes reglas: 1.

En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados[24] al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. 2.

En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990. 64. A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997, los empleados públicos que antes prestaban sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, dejaron de pertenecer al sector descentralizado, y para ellos aplican las siguientes reglas: 1.

En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997). 2.

En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997). 65. Con la Ley 1033 de 2006 se unificó el régimen de administración de personal que se aplica al personal civil vinculado a los Organismos y Dependencias del Sector Defensa.

Por ello, los empleos públicos del personal civil no uniformado asignados a la Dirección General de Sanidad Militar pertenecen a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, a quienes se les aplican las siguientes reglas: 1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007[25] se reajustaron las plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.

Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron incorporados. 2.

En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional[26].

Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional[27].

Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional. 3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.[28] De esta manera, se resolvió el problema sobre el régimen salarial aplicable a los empleados públicos no uniformados de la Dirección de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa, el cual depende de la norma que estaba vigente en el momento en que se vincularon y se incorporaron, hasta que se produjo la reforma a la nomenclatura y clasificación de los empleos y su equivalencia. 2.1.2.

Análisis de la Sala. Caso concreto. 2.2.1. Primer cargo contra el acto demandado. En el recurso de apelación se indicó que el Tribunal desconoció que i) la Ley 1033 de 2006 no confirió facultades para reformar el régimen salarial especial de los empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional; ii) los Decretos 91 y 92 de 2007 tampoco lo reformaron y, por el contrario, en sus artículos 72 y 21, respectivamente, se advirtió que se aplicaría el fijado en el Decreto 3062 de 1997 previsto para los empleados de la rama ejecutiva nacional; iii) la interpretación hecha al parágrafo del artículo 19 del Decreto 92 de 2007 desconoce que este solo ordenaba la unificación del sistema de nomenclatura, y no estimó la extinción del régimen salarial; y iv) la Ley 352 de 1997, al indicar que el personal de la Dirección de Sanidad hace parte de la planta global del Ministerio de Defensa, no cambió su régimen salarial.

En síntesis, el señor Gómez Martínez alega que, pese a las distintas reformas que ha tenido el régimen de personal del otrora Instituto de Sanidad Militar (hoy Dirección de Sanidad Militar), el régimen salarial no cambió y, por ende, los empleados no uniformados que prestan los servicios en dicha entidad, como es su caso, tienen derecho a que se les pague la asignación básica de conformidad con el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de 1997, igual que a los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.

Pues bien, inicialmente el Decreto 1301 de 1994 dispuso que a estos empleados se les aplicaba el régimen salarial fijado por el gobierno nacional para los establecimientos públicos nacionales; luego, con la entrada en vigencia de la Ley 352 y el Decreto 3062 de 1997, se ordenó que al ingresar a la planta global del Ministerio de Defensa su régimen salarial sería el de los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional y, finalmente, con la expedición del Decreto 92 de 2007, se fijaron los salarios de acuerdo con la nueva nomenclatura y clasificación de los empleos señalada en el Decreto 91 de 2007.

Sin embargo, con posterioridad a la expedición de este último decreto, según se expuso en esta providencia y quedó plasmado como regla de unificación en la sentencia SUJ-019-CE-S2-19, los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la Dirección General de Sanidad Militar «debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron incorporados», esto es, la correspondiente para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional mientras se incorporan al cargo de la nueva nomenclatura.

Hecha la incorporación del empleado en la nueva planta debía comenzar a devengar la asignación básica fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, según lo ordenó el Decreto 92 de 2007. En consecuencia, dejaba de recibir la establecida para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional que venía percibiendo.

En el caso del señor Gómez Martínez quedó demostrado que su vinculación con el Instituto de Salud de las Fuerzas (hoy Dirección de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa) ocurrió desde el 27 de agosto de 1996, según consta en la Resolución 0672 del 26 de agosto de 1996 y en el certificado proferido por el Coordinador General de Talento Humano de esta última entidad, en el cargo de profesional especializado, código 3010-14 y, luego, como profesional especializado, código 2028, grado 14.

De igual manera, que fue incorporado como servidor de la Dirección de Sanidad Militar en el cargo de «servidor misional en sanidad militar código 2-2-, grado 16» el 27 de octubre de 2009. De lo anterior se infiere que en su caso tenía derecho a recibir la asignación básica de acuerdo con lo preceptuado para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional hasta el 26 de octubre de 2009.

A partir del día siguiente, por haber sido reincorporado según lo dispuesto en los Decretos 92 de 2007 y 4783 de 2008, le correspondía devengar la asignación básica que se paga a los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa. Ello ocurrió, como se probó con el certificado salarial emitido por el jefe del grupo de talento humano de la Dirección General de Sanidad Militar descrito en el numeral (iii) del capítulo de hechos probados.

Debe advertir la Sala que, contrario a lo afirmado por el demandante en el recurso de apelación, el artículo 72 del Decreto 91 de 2007 no dispuso que el régimen salarial que existía con antelación para los empleados civiles que prestan el servicio en la Dirección de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional (el fijado para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional) continuaría vigente y debía seguir aplicándose.

La interpretación que esta Sección ha hecho de la norma señala que al decir que «los demás aspectos de administración de personal no previstos en el presente decreto y distintos al sistema especial de carrera, continuarán rigiéndose por las disposiciones especiales vigentes de las entidades del Sector Defensa», se refiere a aspectos de administración de personal sobre el sistema especial de carrera administrativa no previstos en dicha norma y de los cuales se ocupó; empero, en modo alguno significa la remisión a la regulación salarial existente para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

Así lo expresó la referida sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19: 93. En criterio de la parte recurrente, el artículo 72 del Decreto Ley 91 de 2007 dispone que los regímenes especiales como el de la Dirección General de Sanidad Militar, continuaron vigentes y fueron convalidados, por ende, tiene derecho a seguir percibiendo la asignación básica regulada en los decretos salariales para la Rama Ejecutiva Nacional. 94.

Contrario a lo manifestado por la actora, el artículo 72 ídem contiene una remisión normativa a “las disposiciones especiales vigentes de las entidades del Sector Defensa”, solo en los aspectos de administración de personal no previstos en el citado decreto. Ahora bien, dicho Decreto 91 de 2007 se ocupó de la regulación del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y el régimen de personal.

En este sentido, clasificó los empleos, desarrolló el ingreso a la carrera, la calificación de desempeño, las situaciones administrativas, las causales de retiro del servicio, los órganos de carrera, la supresión de los empleos y los efectos de la incorporación del empleado del Sistema Especial de Carrera a las nuevas plantas de personal, entre otros aspectos. 95.

Así, acorde con el análisis integral del Decreto Ley 91 de 2007 se tiene que la remisión del artículo 72 frente a los aspectos no regulados se refiere a temas de administración del personal sobre Sistema Especial de Carrera, pero no obedece al entendimiento que le atribuye la parte actora, máxime cuando los sueldos correspondientes a los empleos cuya nomenclatura cambió al ajustarse la planta global de personal del Ministerio de Defensa, claramente fueron un tema regulado por el Decreto Ley 92 de 2007, en los artículos 19 y 21 (…)[32] (negrilla fuera de texto).

Bajo los parámetros expuestos, para la Sala es claro que el demandante desde que se reincorporó a la Dirección de Sanidad Militar el 27 de octubre de 2009, no tiene derecho al pago de la asignación básica conforme con lo previsto en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 de 1997 para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.

Por el contrario, la que le corresponde es la fijada por el Gobierno Nacional para estos empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad Militar. 2.2.2. Segundo cargo contra el acto demandado. También se alega en el recurso de apelación que se debe respetar el precedente fijado en la Sentencia C-753 de 2008 que examinó la constitucionalidad del Decreto 91 de 2007 y que señaló que dentro de las facultades otorgadas en los artículos 2 y 3 de la Ley 1033 de 2006 no se autorizaba al gobierno nacional a modificar el régimen salarial de los empleados no uniformados de la Dirección de Sanidad Militar.

Al respecto, la Sala advierte que la providencia no se relaciona con el presente caso, dado que el problema jurídico que abordó no hace alusión a este último punto. En efecto, en tal oportunidad se demandó la constitucionalidad de las normas contenidas en el Decreto 91 de 2007 que regularon todo lo relacionado con la carrera administrativa especial del personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa; empero, no se alegó la extralimitación del gobierno nacional por determinar qué régimen salarial se aplica o no a los servidores públicos referidos.

Así, los problemas jurídicos que trató la Corte en esa oportunidad fueron los siguientes: 3.1. En primer lugar, si existió extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República en el artículo 2° de la Ley 1033 de 2006 para que regulara la carrera especial del personal civil no uniformado del sector defensa, facultades de las cuales hizo uso mediante el Decreto-Ley 091 de 2007.

En este sentido, debe la Corte establecer si la carrera especial del personal no uniformado del sector defensa constituye una carrera especial de orden legal y si en las disposiciones acusadas del decreto-ley bajo examen se otorgaron funciones de competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil al Ministerio de Defensa Nacional (…) (…) 3.2 En segundo lugar, deberá la Corte determinar si se vulnera el derecho de igualdad de los aspirantes a ocupar cargos públicos, al permitir el artículo 74 del Decreto ley 091 de 2007, que los miembros de la Fuerza Pública que gozan de un sistema especial de carrera por determinación del Constituyente desempeñen funciones y cargos propios del régimen especial de carrera del personal civil y no uniformado del Sector Defensa, en provisionalidad o en encargo.

Igualmente, si la disposición del referido artículo 74, vulnera la disposición constitucional –art. 121, 122 y 123 CN- que prohíbe que existan cargos o funcionarios sin que sus funciones se encuentren claramente detalladas en la Constitución, ley o reglamento. (…) 3.3 En tercer lugar, deberá la Corte establecer, si el artículo 90 del Decreto ley 091 de 2007 vulnera los principios de la carrera administrativa al exonerar del período de prueba y disponer la inscripción inmediata en la carrera administrativa de los servidores del Sector Defensa que ocupen el primer lugar en la lista de elegibles, que venían desempeñando el mismo cargo antes del concurso, de tal manera que se configuraría una incorporación automática a la carrera administrativa.

La Corte al resolver los problemas jurídicos planteados analizó si el gobierno nacional extralimitó sus facultades en la regulación del régimen de carrera especial del personal civil y no uniformado del Ministerio de Defensa en lo referente «al ingreso, permanencia, ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los empleados públicos civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional».[33] El análisis se centró en determinar si en ejercicio de estas facultades «mediante algunas disposiciones del Decreto-Ley 091 del 2007 se estarían atribuyendo funciones propias de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la administración y vigilancia de los sistemas especiales de carrera de orden legal, al Ministerio de Defensa Nacional».[34] La Corte, para resolver el dilema, examinó la diferencia entre carreras administrativas especiales de orden constitucional y las especiales de origen legal.

Concluyó que la señalada en el Decreto 91 de 2007 pertenece a las segundas y que por mandato de los artículos 125 y 130 de la Constitución Política deben ser administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En ese sentido, la Corporación declaró inconstitucionales los artículos 10, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 73, 80, 84, 86 y 87 de decreto aludido, puesto que « el Gobierno se extralimitó en el uso de sus facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 2º de la Ley 1033 del 2006, por cuanto de un lado, no eran competencias delegadas y de otra parte, ya estas funciones se encuentran determinadas por la Constitución y la jurisprudencia constitucional en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de manera tal que el Legislador extraordinario no podía otorgar dichas funciones al Ministro de Defensa…».

Como se advierte, el objeto de estudio de la sentencia C-753 de 2008 no fue si en el Decreto 91 de 2007 el gobierno nacional extralimitó las facultades otorgadas por los artículos 2 y 3 de la Ley 1033 de 2006 en lo que respecta a la determinación del régimen salarial para los empleados públicos no uniformados del Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad Militar, como lo interpreta la parte demandante.

Por tal razón, al no estar el problema jurídico ni la ratio dicidendi de la providencia relacionada con lo que en este caso se debate, no se puede considerar como un precedente a tener en cuenta para definir la controversia. 2.2.3. Tercer cargo contra el acto demandado. Por último, la parte apelante manifiesta que los cargos del nivel asesor del Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional son iguales, toda vez que cumplen similares funciones de aconsejar y asesorar a la entidad.

Adujo que ello es evidente al comparar el contenido del Decreto 770 de 2005, el Decreto 92 de 2007 y la Resolución 0598 de 2010 que fijan sus funciones. Con este argumento solicita la aplicación del régimen salarial de los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional. Al respecto, la Sala debe precisar que el análisis que solicita el demandante en nada varía su situación laboral, dado que su vinculación a la Dirección General de Sanidad Militar como servidor misional se produjo en virtud de la reincorporación dispuesta en los Decretos 92 de 2007 y 4783 de 2008, y, en tal medida, según se explicó, su situación salarial a partir de dicho instante se reguló por la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

De igual manera, comparadas las funciones de los cargos se puede concluir que son distintas. Así, el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 indica que el nivel asesor de la rama ejecutiva nacional «Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos».

Entretanto, la Resolución 506 de 2016[35] vigente y que adoptó el manual de funciones de los empleados civiles no uniformados del Ministro de Defensa, Dirección de Sanidad Militar, respecto del empleo de servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 16, señaló que su propósito principal es el de «Adelantar acciones de control y seguimiento en el diagnóstico, tratamiento y prevención, de las enfermedades en general que permitan el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud de los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares».[36] Las funciones específicas relacionadas en dicho acto están encaminadas a la prestación del servicio de salud.

Así, se fijaron las siguientes:[37] 1. Atender y valorar a los pacientes en consulta general y familiar y emitir el diagnóstico de acuerdo a la sintomatología o exámenes practicados. 2. Desarrollar el plan de tratamiento del paciente, hacer seguimiento y retroalimentación de la evolución dando aplicabilidad a los principios de calidad para la prestación del servicio. 3.

Organizar los registros y demás formatos clínicos que soporten y garanticen la oportunidad de la información para la atención integral del paciente en los diferentes niveles de complejidad. 4. Realizar los estudios médicos pertinentes que aseguren la emisión del diagnóstico y la toma de decisiones por parte del médico tratante de acuerdo con las normas y procedimientos en salud y los lineamientos administrativos establecidos. 5.

Orientar la actualización de planes y programas en salud encaminados a garantizar el control de las tendencias de morbimortalidad de los usuarios del subsistema de salud. 6. Atender las urgencias que se presenten y requieran intervención oportuna e inmediata según lo ameriten las circunstancias y realizar la evaluación y seguimiento de los pacientes hospitalizados de acuerdo con su especialidad y área del desempeño. 7.

Participar en juntas médicas y comités para la resolución de casos especiales o difíciles de pacientes que requieran intervención directa de los profesionales del área de competencia. 8. Presentar los informes de gestión y estadísticas correspondientes a las actividades desarrolladas de acuerdo a la periodicidad y lineamientos establecidos. 9.

Proponer acciones de mejora y de autocontrol para el desarrollo de los planes y programas propios del área de competencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en el sistema de gestión integrado. 10. Desarrollar las demás funciones asignadas por las autoridades competentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

Se puede inferir de lo anterior, que las funciones entre el empleo del nivel asesor de la rama ejecutiva, descritas en el Decreto 770 de 2005, difieren de las asignadas para el empleo de igual nivel, pero denominado «servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 16», lo que dista de lo aseverado por la parte demandante en el recurso de apelación. De todo lo expuesto, se puede concluir que al demandante no le asiste el derecho a que se le pague la asignación básica prevista para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional conforme con el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de 1997, puesto que si bien se vinculó al Instituto de Salud de las Fuerzas desde el 27 de agosto de 1996 y tenía derecho a recibir el salario establecido para tales servidores públicos, una vez fue reincorporado el 27 de octubre de 2009 en el cargo de «servidor misional en sanidad militar código 2-2-, grado 16» de la Dirección de Sanidad Militar, el salario a percibir debía ser el fijado por el gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, según lo ordenaron los Decretos 92 de 2007 y Decreto 4783 de 2008.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia en este aspecto. 3. Decisión. La Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C del 6 de junio de 2018 dentro del proceso promovido por el señor Carlos Andrés Gómez Martínez en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar. 4.

De la condena en costas Conforme con la interpretación del artículo 188 del cpaca que advierte para la fijación de las costas un criterio objetivo valorativo sin que sea necesario analizar la conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,[38] la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, puesto que el apoderado de la demandada no presentó alegatos de conclusión tal como se pudo comprobar la constancia secretarial visible en el folio 406.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C del 6 de junio de 2018 dentro del proceso promovido por el señor Carlos Andrés Gómez Martínez en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. YSB ----------------------- [1] Folios 167 a 179. [2] Procuradora Claudia Ximena Hernández López. [3]. Folios 206 a 216. [4] Artículos 4 y 56. [5] Folios 331 a 346. [6] Folios 356 a 371. [7] Constancia secretarial.

Folio 406. [8] Ibidem. [9] Ibidem. [10] En el artículo 2.° se señalaron como tales «los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales». [11] Artículo 248. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Ley para: (…) 6.

Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el Decreto ley 214 de 1990, en lo atinente a: a) Organización estructural; (…) c) Organización funcional; [12] Artículo 29 numeral 2.° literal a) Decreto 1301de 1994. [13] Artículo 35 ibidem. [14] Artículo 9 de la Ley 352 de 1997. [15] “Por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política”.

Cfr., sentencia C-290/07 demanda de inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006. [16] Artículo 2 ibidem. [17] Artículo 3.° ibidem. [18] Artículo 2.° Decreto 91 de 2007. [19] Artículo 32 ibidem. [20] Así se reguló en los artículos 5 a 10 del Decreto 92 de 2007. [21] «Artículo 20. Tablas de organización. El jefe de cada organismo o quien este delegue por medio de resolución, expedirá la Tabla de Organización “TO” de cada entidad, en la cual se ajustarán y se harán las equivalencias de los empleos, de acuerdo a la nomenclatura y clasificación establecida en el presente decreto». [22] Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994 [23] Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997 [24] Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. [25] Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007. [26] Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019 [27] Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009. [28] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19. Actor: Gladys Yadira Páez Peña. Demandado: Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Bogotá D.C. 12 de diciembre de 2019. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437 de 2011 Tema: Régimen salarial y prestacional del personal civil del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que fue incorporado a la planta global de empleados públicos del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar. [29] Folio 202. [30] Folio 8. [31] Folio 8. [32] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19. Actor: Gladys Yadira Páez Peña. Demandado: Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Bogotá D.C. 12 de diciembre de 2019. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437 de 2011 Tema: Régimen salarial y prestacional del personal civil del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que fue incorporado a la planta global de empleados públicos del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar. [33] Sentencia C-753 de 2008. [34] Ibidem. [35]https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/informacion_publica/normativi dad/resoluciones/resolucion_0506_20_abril_2016 [36] Página 17 de la Resolución 506 de 2016. [37] Ibidem. [38] «1.

Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».