11001-03-25-000-2018-01157-00 — Consejo de Estado

11001-03-25-000-2018-01157-00Consejo de Estado · SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN AAuto2020-09-08

Ponente: William Hernández Gómez

Actor: Cecilia Dimaté Rodríguez·Demandado: Universidad Pedagógica Nacional

De qué trata

Síntesis: Se controvierten actos administrativos que imponen una sanción de suspensión, expedidos por una autoridad distinta de la Procuraduría General de la Nación, por lo que la competencia para su conocimiento en primera instancia, se determinará en razón de la cuantía. Ahora bien, revisada la demanda, se encuentra que la demandante estimó la cuantía en $46`144.159, por concepto de los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante los nueve meses de suspensión, lo cual no excede de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2018, año en que se presentó la demanda. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 155 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la competencia para decidir el presente asunto corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Administrativos. En consecuencia, se ordenará que, por la Secretaría de esta Sección, se remita el presente expediente a la Oficina Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá con el fin de que este sea repartido entre los respectivos juzgados de la Sección Segunda, por ser los juzgados con jurisdicción del lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la sanción (conforme al artículo 156, numeral 8 del CPACA). En conclusión, el Consejo de Estado no es competente desde el punto de vista del factor funcional para conocer y decidir el presente asunto, puesto que los actos administrativos demandados fueron dictados por autoridades distintas de la Procuraduría General de la Nación, con cuantía. Por tanto, la competencia para resolver el litigio corresponde a los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá, según el artículo 155, numeral 3.° del CPACA, en concordancia con el artículo 156 numeral 8, ibídem.

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTO DISCIPLINARIO PROFERIDO POR AUTORIDAD DIFERENTE DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN – Determinación según la cuantía de las pretensiones / CUANTÍA INFERIOR A CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES – Competencia de los jueces administrativos del circuito / FACTOR TERRITORIAL – Último lugar de prestación del servicio Se controvierten actos administrativos que imponen una sanción de suspensión, expedidos por una autoridad distinta de la Procuraduría General de la Nación, por lo que la competencia para su conocimiento en primera instancia, se determinará en razón de la cuantía. Ahora bien, revisada la demanda, se encuentra que la demandante estimó la cuantía en $46`144.159, por concepto de los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante los nueve meses de suspensión, lo cual no excede de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2018, año en que se presentó la demanda.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 155 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la competencia para decidir el presente asunto corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Administrativos. En consecuencia, se ordenará que, por la Secretaría de esta Sección, se remita el presente expediente a la Oficina Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá con el fin de que este sea repartido entre los respectivos juzgados de la Sección Segunda, por ser los juzgados con jurisdicción del lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la sanción (conforme al artículo 156, numeral 8 del CPACA).

En conclusión, el Consejo de Estado no es competente desde el punto de vista del factor funcional para conocer y decidir el presente asunto, puesto que los actos administrativos demandados fueron dictados por autoridades distintas de la Procuraduría General de la Nación, con cuantía. Por tanto, la competencia para resolver el litigio corresponde a los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá, según el artículo 155, numeral 3.° del CPACA, en concordancia con el artículo 156 numeral 8, ibídem.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 152 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 155 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 11001-03-25-000-2018-01157-00(4033-18) Actor: CECILIA DIMATÉ RODRÍGUEZ Demandado: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Declara la falta de competencia y ordena remitir a los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá. AUTO DE ÚNICA INSTANCIA Auto interlocutorio O-679-2020 ASUNTO Se encuentra el presente proceso al despacho con el fin de resolver lo pertinente sobre la admisión de la demanda instaurada por Cecilia Dimaté Rodríguez en contra de la Universidad Pedagógica Nacional.

ANTECEDENTES Lo pretendido con la demanda[1] La parte demandante busca, a través del presente medio de control, obtener la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos: i) acto sancionatorio disciplinario de primera instancia proferido el 20 de septiembre de 2017 por la Oficina de Control Disciplinario; ii) acto sancionatorio de segunda instancia dictado el 11 de enero de 2018 por el rector de la Universidad Pedagógica Nacional; y iii) Resolución n.° 0119 del 17 de enero de 2018 por la cual se hizo efectiva la sanción impuesta.

Estas decisiones fueron adoptadas en el marco del proceso disciplinario con radicado 73-14, adelantado contra Cecilia Dimaté Rodríguez, en su condición de docente de medio tiempo, categoría asistente de la Universidad Pedagógica Nacional, por medio de las cuales fue sancionada disciplinariamente con suspensión por el término de nueve (9) meses.

A título de restablecimiento del derecho y reparación del daño, solicitó que se le paguen los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los nueve (9) meses en que estuvo suspendida y como indemnización pidió que se reconocieran los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación, los cuales estimó de la siguiente manera: - Por concepto de perjuicios materiales la suma de cuarenta y seis millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve pesos ($46.144.159), correspondiente a los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los nueve meses de suspensión. - Por concepto de perjuicios morales, no menos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, por el grado de aflicción que tuvo para la demandante la imposición de una sanción disciplinaria. - Una suma equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, por los perjuicios a la vida de relación, dadas las alteraciones profundas en la vida social de la demandada, quien vio afectada su calidad de vida por la privación injusta de su fuente de ingresos.

CONSIDERACIONES Conforme al análisis preliminar del escrito de demanda y las previsiones normativas sobre distribución de competencias dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el problema jurídico a resolver se contrae al siguiente interrogante: ¿En el caso sub iudice, es competente en única instancia el Consejo de Estado para tramitar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos sancionatorios disciplinarios del 20 de septiembre de 2017, dictado por la Oficina de Control Disciplinario, y el 11 de enero de 2018, proferido por el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, por medio de los cuales se sancionó con suspensión por el término de nueve (9) meses a la demandante? Con el fin de absolver el cuestionamiento que precede, este despacho sostendrá la tesis de que, en el proceso en cuestión, el Consejo de Estado no es competente para tramitar el presente asunto al ser un caso de conocimiento de los juzgados administrativos en primera instancia, tal como se explica a continuación: Sobre la determinación de competencias en materia de demandas por casos disciplinarios La concepción teleológica del CPACA, en cuanto a la distribución de competencias funcionales, previó unas condiciones o supuestos de hecho para cada uno de los jueces integrantes de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que los principios de la doble instancia, el juez natural, la seguridad jurídica y la efectiva y adecuada administración de justicia se materialicen, en procura de las garantías procesales de los administrados y, por supuesto, con el ánimo de concentrar adecuadamente los esfuerzos de los despachos judiciales en razón de sus jerarquías y capacidades.

Puntualmente, en lo atinente a los asuntos disciplinarios que conoce y tramita la Procuraduría General de la Nación como ente rector del Ministerio Público (encargado de manera preferente de dicha función), la Ley 1437 de 2011 repartió los eventos que conocería cada juez cuando se busque la anulación de los actos derivados de aquella potestad estatal, así: ➢ El Consejo de Estado en única instancia (artículo 149, numeral 2.° del CPACA): «[…] También conocerá de las demandas que, en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo Director del Ministerio Público.» (Líneas fuera de texto). ➢ Los Tribunales Administrativos en primera instancia (artículo 152, numeral 3.° del CPACA): «[…] sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación.» (Subrayado intencional).

Ahora bien, en cuanto a la competencia para conocer de las demandas en contra de actos administrativos derivados de procesos disciplinarios, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó, mediante auto del 30 de marzo de 2017[2], la jurisprudencia y el criterio interpretativo aplicable para estos casos, providencia en la que se precisó lo siguiente: […] Segundo. Adoptar como criterio de interpretación sobre la competencia para conocer de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos en ejercicio del poder disciplinario del Estado, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia y con la garantía de la inmodificabilidad de la competencia para los procesos en curso, el siguiente: |ÓRGANO JUDICIAL |ÚNICA INSTANCIA |PRIMERA INSTANCIA| | |1.

Con base en lo expuesto, es claro que deberá verificarse el caso sub examine con el fin de acompasar sus condiciones a los supuestos descritos en la mentada providencia, en orden a determinar la competencia efectiva del juez que conocerá del asunto bajo este margen interpretativo unificado. Pues bien, en relación con la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos por medio de los cuales las autoridades públicas diferentes de la Procuraduría General de la Nación imponen sanciones disciplinarias, la decisión en comento impuso una nueva tesis, a partir del factor objetivo (cuantía de las pretensiones).

Para ello, se indicó, deberá atenderse a la clasificación entre demandas contra actos administrativos disciplinarios con cuantía (destitución e inhabilidad, suspensión y multa) y demandas contra actos administrativos disciplinarios sin cuantía (amonestaciones escritas). Lo anterior teniendo en cuenta que «las normas de competencia se refieren de manera especial a la cuantía, por ende, es un factor que no se puede desconocer para efectos de distribuir la competencia entre los juzgados y los tribunales administrativos»[3].

De esa manera, la Sección Segunda consideró que, las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que imponen las sanciones de i) Destitución e inhabilidad general; (ii) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad; (iii) Suspensión, o (iv) Multa, expedidos por las autoridades administrativas de los diferentes órdenes, distintas de la Procuraduría General de la Nación, con una cuantía superior a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, son de competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (conforme con el numeral 3 del artículo 152 del CPACA[4]).

A su turno, cuando se trate de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias, con cuantía inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedidos por autoridades de cualquier orden, sea nacional, departamental, distrital o municipal, conocerán los jueces administrativos en primera instancia. (conforme con el numeral 3 del artículo 155 ibidem[5]).

Para el caso particular, se observa que las decisiones objeto de litigio fueron proferidas por autoridades diferentes de la Procuraduría General de la Nación, así: ➢ Acto sancionatorio disciplinario de primera instancia del 20 de septiembre de 2017, proferido por la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad Pedagógica Nacional (folios 3 a 16 del expediente). ➢ Acto sancionatorio de segunda instancia del 11 de enero de 2018, dictado por el rector de la Universidad Pedagógica Nacional (Folios 26 a 29 del expediente).

Es decir, se controvierten actos administrativos que imponen una sanción de suspensión, expedidos por una autoridad distinta de la Procuraduría General de la Nación, por lo que la competencia para su conocimiento en primera instancia, se determinará en razón de la cuantía. Ahora bien, revisada la demanda, se encuentra que la demandante estimó la cuantía en $46`144.159[6], por concepto de los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante los nueve meses de suspensión, lo cual no excede de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2018[7], año en que se presentó la demanda.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 155 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la competencia para decidir el presente asunto corresponde, en primera instancia, a los Juzgados Administrativos. En consecuencia, se ordenará que, por la Secretaría de esta Sección, se remita el presente expediente a la Oficina Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá con el fin de que este sea repartido entre los respectivos juzgados de la Sección Segunda, por ser los juzgados con jurisdicción del lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la sanción (conforme al artículo 156, numeral 8 del CPACA)..

En conclusión: El Consejo de Estado no es competente desde el punto de vista del factor funcional para conocer y decidir el presente asunto, puesto que los actos administrativos demandados fueron dictados por autoridades distintas de la Procuraduría General de la Nación, con cuantía. Por tanto, la competencia para resolver el litigio corresponde a los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá, según el artículo 155, numeral 3.° del CPACA, en concordancia con el artículo 156 numeral 8, ibidem.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la falta de competencia del Consejo de Estado para avocar el conocimiento de la presente demanda. En consecuencia, remitir el expediente a la Oficina Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, con el fin de que este sea repartido entre los mencionados despachos, específicamente los de la Sección Segunda, para que a quien corresponda, avoque conocimiento y tramite lo pertinente.

SEGUNDO: Realizar las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Consejero Ponente Firma electrónica CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. ----------------------- [1] La demanda se presentó el 11 de julio de 2018.

(ff. 62 a 87 del expediente). El 14 de febrero de 2020 se allegó escrito de adición (ff. 90- 113 ibidem). [2] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Auto del 30 de marzo de 2017. Radicado 111001032500020160067400 (2836-2016). Demandante: José Edwin Gómez Martínez. Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. [3] Ibidem. [4]

ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: [ ] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación. [5]

ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. [6] Folios 84 y 110 del expediente. [7] Según el Decreto 2269 del 30 de diciembre de 2017, expedido por el Gobierno Nacional, el salario mínimo para el 2018 era de $781.242, es decir que 300 SMLMV son $234.372.600.