INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA –Determinación La liquidación de las pensiones de jubilación de quienes prestaron sus servicios a la Contraloría General de la República por espacio de 10 años o más, y son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rige por las pautas expuestas por la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según las cuales el ingreso base de liquidación de dichas prestaciones corresponde al indicado en esa norma, sin que sea dable acudir para esos efectos, en el caso de los mencionados servidores, al período de liquidación establecido en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 o a los factores señalados en el 45 del Decreto 1045 de 1978.Aclárase que el ingreso base de liquidación de las pensiones es un elemento técnico de cálculo que se expresa en un valor cierto, al cual le es computada una tasa porcentual de reemplazo para obtener la cuantía dineraria inicial a la que asciende determinada prestación pensional.
Tal ingreso de liquidación se estructura a partir de los siguientes elementos: (i) una unidad temporal, que atañe al período preciso con el cual debe ser consolidado el ingreso base de liquidación, verbigracia: 1 mes, 6 meses, 1 año, 10 años o toda la vida laboral; y (ii) unos factores materiales, que se concretan en emolumentos o haberes laborales que la autoridad competente ha señalado como integrante de la base de liquidación de aportes al sistema pensional.(…) la prestación se calculó con el 75% del promedio de lo devengado durante el último semestre de servicios, esto es, del 1°. de junio al 30 de noviembre de 2009, y se tuvieron en cuenta, como factores para liquidar el IBL, la asignación básica, la bonificación por servicios, las primas de navidad, servicios, vacaciones y técnica y el quinquenio (en una sexta parte).
(…) la Sala aclara que tampoco resulta procedente en esta oportunidad estudiar la posibilidad de ajuste de la prestación de la accionante con el promedio de lo cotizado durante sus últimos 10 años de servicio, comoquiera que este asunto nunca fue materia de reclamo ante la Administración, ni de pretensión en el libelo introductorio y la UGPP tampoco formuló demanda de reconvención sobre el particular.NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los servidores de la Contraloría General de la República, ver: C de E, Sala Plena Contenciosa de la Sección Segunda, Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020,rad 05001-23-33-00-2012-00572-011882- 14CE-SUJ-SII-020-20,C.P.Sanda Liseth Ibarra Vélez FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / DECRETO 929 DE 1976 / DECRETO 1158 DE 1994 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020).
Radicación número: 63001-23-33-000-2014-00107-01(4031-16) Actor: OLGA CORREA QUINTERO Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) |Medio de control |:|Nulidad y restablecimiento del derecho | |Expediente |:|63001-23-33-000-2014-00107-01 (4031-2016) | |Demandante |:|Olga Correa Quintero | |Demandado |:|Unidad Administrativa Especial de Gestión | | | |Pensional y Contribuciones Parafiscales de la | | | |Protección Social (UGPP) | |Llamada en garantía|:|Nación – Contraloría General de la República | |Tema |:|Reliquidación de pensión de jubilación de | | | |exservidor de la Contraloría General de la | | | |República; factores salariales que deben tenerse| | | |en cuenta en el ingreso base de liquidación | | | |pensional de persona beneficiaria del régimen de| | | |transición de la Ley 100 de 1993 | Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante (ff. 454 a 470) y demandada (ff. 471 a 474) contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Quindío (sala quinta de decisión), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 433 a 449).
I.
ANTECEDENTES 1.1 Medio de control (ff. 146 a 174). La señora Olga Correa Quintero, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso- administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.32 Pretensiones.
Se declare la nulidad parcial de las Resoluciones (i) PAP 2987 de 2987 de «21 de diciembre de 2009» (sic)[1], mediante la cual se reconoció una pensión de jubilación a la demandante; (ii) PAP 24417 de 29 de octubre de 2010, que reliquidó la mencionada prestación: (iii) UGM 20704 de 19 de diciembre de 2011, que resolvió un recurso de reposición contra el acto anterior y lo modificó;
(iv) RDP 16925 de 26 de noviembre de 2012, que reliquidó la pensión; (v) RDP 8618 de 25 de febrero de 2013, que resolvió un recurso de reposición contra la resolución precedente y la ajustó; y (vi) RDP 9596 de 28 de febrero de 2013, que confirmó el acto inmediatamente anterior. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada reliquidar la pensión con el «equivalente al 75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante los últimos 6 meses de servicio»; sufragar las diferencias entre la nueva liquidación y los valores que han sido reconocidos, debidamente indexados; conceder los intereses moratorios por el retardo en el pago del monto real de la pensión, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; por último, se condene en costas a la demandada. 1.3 Fundamentos fácticos.
Relata la actora que nació el 22 de enero de 1959, prestó servicios a la Contraloría General de la República del 31 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 2009, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y adquirió el estatus pensional el 22 de enero de 2009, día en que alcanzó los 50 años de edad.
Que, a través de los actos administrativos demandados, la accionada le reconoció y reajustó una pensión vitalicia de jubilación, la cual liquidó conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando la norma que debió aplicar era el Decreto 929 de 1976. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos demandados los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 25, 29, 53, 58, 83, 90, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Constitución Política; 36 de la Ley 100 de 1993; 1, 3, 10, 138, 146 y 171 del CPACA; las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988; y los Decretos 929 de 1976 y 1045 de 1978.
Arguye que, de acuerdo con el Decreto 929 de 1976, norma que no se aplicó al liquidar su prestación, los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República, con más de 20 años de servicios y 55 de edad en el caso de los hombres o 50 en el de las mujeres, tienen derecho a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre anterior al retiro, que para su situación lo constituye el lapso comprendido entre el 3 de junio y el 3 de diciembre de 2009. 1.5 Contestación de la demanda (ff. 226 a 239).
La entidad demandada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no y los demás parcialmente. Dijo que al caso de la demandante se dio aplicación a la normativa vigente y la bonificación especial o quinquenio no es un factor salarial. 1.6 La providencia apelada (ff. 433 a 449).
El Tribunal Administrativo del Quindío (sala quinta de decisión), en sentencia proferida en audiencia inicial el 3 de junio de 2016, accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que, según las pruebas obrantes en el expediente, la demandante, además de tener derecho al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, prestó sus servicios por más de 10 años a la Contraloría General de la República, por lo que estaba cobijada por las disposiciones contenidas en el Decreto ley 929 de 1976 y, en ese orden, su pensión de jubilación se debe reliquidar con el 75% del promedio de lo devengado durante el último semestre de servicios.
Respecto de la «bonificación especial quinquenio», sostuvo que no es procedente la inclusión de la totalidad de lo pagado como se pidió en la demanda, puesto que la suma solicitada corresponde a un único pago que se acumuló por 30 años de servicio, por lo que lo correcto es liquidar ese factor en una sexta parte del último quinquenio causado.
Asimismo, excluyó la compensación de vacaciones en dinero y ordenó descontar el valor correspondiente a aportes no efectuados para pensión sobre los nuevos emolumentos a incluir. Por último, condenó a la Contraloría General de la República (que fue vinculada como llamada en garantía a través de auto de 27 de enero de 2015[2]) a realizar las cotizaciones pensionales sobre los factores no cotizados en su momento. 1.7 Los recursos de apelación: 1.7.1 Parte demandante (ff. 454 a 470).
La accionante formula recurso de apelación (parcial), por cuanto el factor quinquenio no es susceptible de fraccionarse y la «indemnización por vacaciones» sí debe ser tenida en cuenta para reajustar su pensión. 1.7.2 Entidad accionada (ff. 471 a 474). Inconforme con la anterior decisión, la demandada pide se revoque la sentencia y, en su lugar, se niegue la totalidad de las pretensiones de la actora[3], y de no prosperar tal petición, se le autorice realizar los respectivos descuentos sobre aquellos factores que se incluyan hasta cuando se cubra la deuda que ella contraiga por ese concepto.
II. TRÁMITE PROCESAL. Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 23 de agosto de 2016 (ff. 487 y 488) y admitido por esta Corporación a través de auto de 7 de junio de 2017 (f. 501), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 15 de septiembre de 2017 (f. 516), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras y la entidad llamada en garantía. 2.1.1 Parte demandada (ff. 522 a 526).
La UGPP, por intermedio de apoderado, reiteró los argumentos del escrito de alzada y enfatizó en que al caso de la accionante se aplicó el régimen de transición al que tiene derecho, pero el ingreso base de liquidación (IBL) se calcula conforme a la Ley 100 de 1993 y al Decreto 1158 de 1994. 2.1.2 Entidad llamada en garantía (ff. 530 a 543).
La Contraloría General de la República, a través de apoderado, pidió que se revoque el fallo de primera instancia, en cuanto se pronunció sobre temas no pedidos en la demanda e impuso condena en su contra sin tener en cuenta que la entidad que liquidó la prestación objeto de demanda fue la UGPP. 2.1.3 Parte demandante (ff. 535 a 549). La demandante, mediante apoderado, solicitó acceder de manera integral a todas las pretensiones de la demanda con fundamento en lo preceptuado en los Decretos 929 de 1976 y 1045 de 1978 y liquidar el valor total certificado por concepto del factor bonificación especial (quinquenio) y demás emolumentos recibidos en el último semestre de servicios.
III. CONSIDERACIONES. 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta los factores salariales devengados (en su valor total) durante el semestre anterior a la fecha de retiro del servicio (incluida la indemnización por vacaciones), de conformidad con el Decreto 929 de 1976, o al contrario, carece de razón, pues para efectos de la liquidación pensional le es aplicable la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994, como lo asevera la demandada. 3.3 Marco jurídico.
En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto. Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.
No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993. En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.
En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya).
Respecto de esta norma, la Corte Constitucional[4] precisó: […] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993[5], tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas.
Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […] Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100.
En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
(ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica: “ARTÍCULO
21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.” El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés. De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, en criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años;
(ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem. Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la pensión de jubilación a la que alude la presente demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976, «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares», que dispone: Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre.
De lo anterior se colige que los empleados de la Contraloría General de la República gozan de un régimen especial para efecto de la pensión de jubilación, consistente en que dichos servidores públicos tendrán derecho a tal prestación al llegar a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si son hombres, y cincuenta (50), si son mujeres, y cumplir veinte (20) años continuos o discontinuos de servicios, de los cuales por lo menos diez (10) lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República, en una cuantía equivalente al 75% del salario base.
En relación con este último aspecto, esto es, el IBL de las personas beneficiarias del régimen pensional especial de la Contraloría General de la República, esta sección, en sentencia CE-SUJ-SII-020-2020 del 11 de junio de 2020[6], fijó la siguiente regla: 107.1 Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
Lo anterior, al considerar que «[…] luego de analizar el conjunto de normas salariales y prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la República, encuentra que en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones para pensión solo afectan a los factores que expresamente señaló el reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, pues antes de tal norma, la base de cotización la constituía la asignación básica.
En otros términos, ninguna norma que regula los salarios y prestaciones sociales para tal sector dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada». Por ende, como los servidores de la Contraloría General de la República no fueron abstraídos o excepcionados de las condiciones de transición impuestas por la Ley 100 de 1993, la sección juzgó procedente extender las reglas de interpretación normativa adoptadas por la sala de lo contencioso- administrativo en la aludida sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018[7], para el caso específico de estos.
Así las cosas, resulta evidente que la liquidación de las pensiones de jubilación de quienes prestaron sus servicios a la Contraloría General de la República por espacio de 10 años o más, y son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rige por las pautas expuestas por la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según las cuales el ingreso base de liquidación de dichas prestaciones corresponde al indicado en esa norma, sin que sea dable acudir para esos efectos, en el caso de los mencionados servidores, al período de liquidación establecido en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 o a los factores señalados en el 45 del Decreto 1045 de 1978.
Aclárase que el ingreso base de liquidación de las pensiones es un elemento técnico de cálculo que se expresa en un valor cierto, al cual le es computada una tasa porcentual de reemplazo para obtener la cuantía dineraria inicial a la que asciende determinada prestación pensional. Tal ingreso de liquidación se estructura a partir de los siguientes elementos: (i) una unidad temporal, que atañe al período preciso con el cual debe ser consolidado el ingreso base de liquidación, verbigracia: 1 mes, 6 meses, 1 año, 10 años o toda la vida laboral; y (ii) unos factores materiales, que se concretan en emolumentos o haberes laborales que la autoridad competente ha señalado como integrante de la base de liquidación de aportes al sistema pensional.
Por consiguiente, el ingreso base de liquidación de las pensiones bajo estudio debe ser igual, únicamente y de manera estricta, a la suma de (i) la unidad temporal que corresponda, esto es, alguna de aquellas de que tratan los artículos 21 y 36 (inciso 3.°) de la Ley 100 de 1993, según el caso; y (ii) los factores previstos legal o reglamentariamente como integrantes de la base de cotizaciones al sistema.
Luego entonces, la Sala concluye que la conjunción de los elementos constitucionales, legales y jurisprudenciales analizados impone la adopción de las reglas previstas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para efectos de integrar el IBL de las pensiones que deban ser reconocidas a los servidores de la Contraloría General de la República al amparo del régimen de transición, postulados que constituyen el parámetro de derecho aplicable por esta Corporación para todas aquellas controversias análogas pendientes de decisión. 3.3 Caso concreto.
El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca: a) Según cédula de ciudadanía de la accionante, nació el 22 de enero de 1959 (f. 4). b) De acuerdo con certificaciones expedidas por la Contraloría General de la República, la actora laboró en ese ente desde el 31 de mayo de 1979 hasta el 30 de noviembre de 2009, el último cargo que desempeñó fue el de «PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02» y durante el período comprendido entre el «01 de junio y [el] 30 de noviembre de 2009» devengó sueldo, bonificaciones por servicios y especial (quinquenio), primas técnica, vacacional, de servicios y de navidad y compensación de vacaciones en dinero (f. 5 a 8 y 66).
La renuncia se le aceptó a partir del «1°. de diciembre de 2009» (f. 9). c) Mediante Resolución PAP 2987 de 12 de febrero de 2010, la extinguida Cajanal reconoció a la demandante una pensión vitalicia de jubilación a partir del 1°. de julio de 2009, con fundamento en el Decreto 929 de 1976, por cuanto probó tener más de 50 años de edad y 20 de servicios prestados a la Contraloría General de la República.
Se menciona en dicho acto que la liquidación tuvo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio (ff. 10 a 15). d) Con Resolución PAP 24417 de 29 de octubre de 2010, se reliquidó la aludida prestación, por retiro efectivo del servicio («30 de noviembre de 2009»), por lo cual el lapso en que se debía liquidar la pensión corresponde al comprendido entre el «1°. de diciembre de 1999 y el 30 de noviembre de 2009» (ff. 22 a 27), con inclusión de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios. e) La anterior decisión fue objeto de recursos y, a través de la Resolución UGM 20704 de 19 de diciembre de 2011, la antigua Cajanal resolvió el de reposición y modificó el acto anterior, en aplicación del Decreto 929 de 1976, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado durante el último semestre de servicio, del 1°. de junio al 30 de noviembre de 2009 (ff. 46 a 51), con los factores de asignación básica, bonificación por servicios, primas de navidad, servicios, vacaciones y técnica y quinquenio. f) Por Resolución RDP 16925 de 26 de noviembre de 2012, la UGPP, en virtud de un recurso de apelación, reajustó la mentada pensión en cuanto a que el factor quinquenio no debía computarse en doceavas partes, sino fraccionarse en una sexta (ff. 68 a 72). g) Ante la inconformidad de la pensionada con el precitado acto, la entidad demandada expidió la Resolución RDP 8618 de 25 de febrero de 2013, que resolvió un recurso de reposición y ajustó la pensión por haber tenido en cuenta valores errados respecto de lo devengado por primas de servicios y vacaciones (ff. 90 a 92).
Esta decisión fue confirmada con Resolución RDP 9596 de 28 de febrero de 2013 (ff. 94 y 95). Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que la accionante se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad.
Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la actora nació el 22 de enero de 1959 y prestó sus servicios a la Contraloría General de la República por más de 20 años (desde el 31 de mayo de 1979 hasta el 30 de noviembre de 2009). La antigua Cajanal le reconoció una pensión de jubilación, mediante Resolución PAP 2987 de 12 de febrero de 2010, la cual fue ajustada a través de las siguientes Resoluciones: i) PAP 24417 de 29 de octubre de 2010, por retiro efectivo del servicio, a partir del «30 de noviembre de 2009». ii) UGM 20704 de 19 de diciembre de 2011, con fundamento en el Decreto 929 de 1976, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado del 1°. de junio al 30 de noviembre de 2009, con los factores asignación básica, bonificación por servicios, primas de navidad, servicios, vacaciones y técnica y quinquenio. iii) RDP 16925 de 26 de noviembre de 2012, en cuanto a que el factor quinquenio no debía computarse en doceavas partes, sino fraccionarse en sextas partes. iv) RDP 8618 de 25 de febrero de 2013, puesto que se tuvo en cuenta valores errados respecto de lo recibido por primas de servicios y vacaciones, decisión confirmada con Resolución RDP 9596 de 28 de febrero de 2013.
Conforme a las reliquidaciones antes mencionadas, finalmente la prestación se calculó con el 75% del promedio de lo devengado durante el último semestre de servicios, esto es, del 1°. de junio al 30 de noviembre de 2009, y se tuvieron en cuenta, como factores para liquidar el IBL, la asignación básica, la bonificación por servicios, las primas de navidad, servicios, vacaciones y técnica y el quinquenio (en una sexta parte).
Por tanto, la Sala itera las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de advertir que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ibidem, según corresponda; lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]», motivo por el cual el fallo de primera instancia no se ajusta al derrotero jurisprudencial hoy vigente.
Cabe anotar que si bien el mencionado fallo de unificación proferido por esta sección segunda[8], en el cual se precisó la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 respecto de los servidores de Contraloría General de la República en lo que dice relación con el ingreso base de liquidación pensional, fue dictado con posterioridad a la providencia de primera instancia, en dicha oportunidad la Corporación advirtió que esa sentencia tiene aplicación retrospectiva «[…] y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración;
(ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado». Por último, la Sala aclara que tampoco resulta procedente en esta oportunidad estudiar la posibilidad de ajuste de la prestación de la accionante con el promedio de lo cotizado durante sus últimos 10 años de servicio, comoquiera que este asunto nunca fue materia de reclamo ante la Administración, ni de pretensión en el libelo introductorio y la UGPP tampoco formuló demanda de reconvención sobre el particular.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se revocará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas.
En relación con la condena en costas y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 2016[9], se pronunció así: En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone: Artículo 188.
Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró. Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se impondrá condena en costas.
Por otro lado, comoquiera que quienes se hallan habilitados legalmente para ello confirieron poderes en nombre de la Nación – Contraloría General de la República (ff. 527 a 529) y la UGPP (ff. 554 a 615), se reconocerá personería a los profesionales del derecho destinatarios de aquellos. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: 1.º Revócase la sentencia proferida el 3 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Quindío (sala quinta de decisión), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Olga Correa Quintero contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); en su lugar, niéganse tales pretensiones, conforme a la parte motiva. 2.° Sin condena en costas. 3.° Reconócese personería al abogado Óscar Eduardo Arias Escamilla, con cédula de ciudadanía 79.954.700 y tarjeta profesional 161.113 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Contraloría General de la República, en los términos del poder conferido (f. 527). 4.° Reconócese personería a la abogada Karina Vence Peláez, con cédula de ciudadanía 42.403.532 y tarjeta profesional 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de acuerdo con el poder otorgado (f. 554). 5.° Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase, Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha. Firmado electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER |Firmado electrónicamente |Firmado electrónicamente | |SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ |CÉSAR PALOMINO CORTÉS | ----------------------- [1] Aunque en la Resolución se ponen dos fechas diferentes, según el acta de notificación (f. 16) la fecha de expedición del acto administrativo es 12 de febrero de 2010. [2] Folios 283 a 285. [3] Porque no se incurrió en desconocimiento legal, pues la liquidación se efectuó sobre lo cotizado, con independencia de que la demandante haya recibido por parte del empleador sumas mayores. [4] Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013. [5] El artículo 36 indica: “ARTÍCULO
36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto). [6] Consejo de Estado, sección segunda.
Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, expediente 05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014). [7] Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés. [8] Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, expediente 05001-23-33- 000-2012-00372-01 (1882-2014). [9] Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).