25000-23-42-000-2016-04980-01 — Consejo de Estado

RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Sentencia de 28 de agosto de 2018 [L]a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente igual, fijó una regla general y dos subreglas en relación con la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y precisó que éstas se aplicarían con efectos retrospectivos “[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». […] En cuanto a las subreglas se tiene: La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos: «-.

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.- Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.» […] [L]a Sala Plena unificó su criterio sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.

Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la Ley. FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 33 DE 1985 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN "A" Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04980-01(6273-18) Actor: LUIS MANUEL TORRES HERNÁNDEZ Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Referencia: RELIQUIDACIÓN PENSIONAL ASUNTO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 25 de julio de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C[1], negó las súplicas de la demanda instaurada por el señor Luis Manuel Torres Hernández en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante COLPENSIONES.

ANTECEDENTES 1. Pretensiones El señor Luis Manuel Torres Hernández, actuando por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011[2], solicitó que se declare la nulidad parcial de las resoluciones (i) GNR 29542 10 de febrero de 2015, por medio de la cual se reliquidó la pensión de jubilación del demandante; y (ii) VPB 48029 de 9 de junio del mismo año, que resolvió el recurso de apelación. A título de restablecimiento del derecho solicitó, en síntesis, que se ordene a la entidad demandada reliquidarle la pensión de jubilación aplicando de manera íntegra la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de todos los factores devengados en el último año de servicios, esto es, las primas de servicios, de vacaciones y de navidad y los incrementos por factor nacional y grupal.

Adicionalmente pidió que se le paguen las diferencias en las mesadas pensionales causadas, debidamente reajustadas y actualizadas con el índice de precios al consumidor. Finalmente solicitó que se le paguen los intereses moratorios y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 del CPACA y que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad. 2.

Hechos El demandante nació el 3 de agosto de1948, por lo que, al 1 de abril de 1994, contaba con 45 años de edad. Prestó sus servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, desde el 15 de marzo de 1972 hasta el 31 de agosto de 2013. Por lo anterior, solicitó el reconocimiento pensional al amparo de la Ley 33 de 1985, razón por la cual el ISS expidió la Resolución 64131 de 27 de febrero de 2012, mediante la cual reconoció la prestación en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Posteriormente, solicitó la reliquidación de la pensión con el 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, razón por la cual COLPENSIONES, a través de la Resolución GNR 29542 de 10 de febrero de 2015, reliquidó la pensión con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la bonificación por recreación. Contra la anterior resolución el señor Torres Hernández interpuso recurso de apelación, a fin de que se incluyeran en la reliquidación pensional el factor nacional y los incrementos por desempeño grupal, petición que fue desatada de manera negativa mediante Resolución VPB 48029 de 9 de junio de 2015. 3.

Normas violadas y concepto de la violación Como normas violadas invocó los artículos 2, 23, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 36 de la Ley 100 de 1993 y 102 del CPACA. En el concepto de violación explicó que, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a obtener el reconocimiento y liquidación pensional conforme a lo dispuesto íntegramente en la Ley 33 de 1985 y de acuerdo con los lineamientos contenidos en la sentencia del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, es decir, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, en este caso, las primas de servicios, de vacaciones y de navidad y los incrementos por factor nacional y grupal. 4.

Contestación de la demanda COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que dicha entidad liquidó la pensión de jubilación del demandante de acuerdo con lo previsto en las normas aplicables y los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la materia, según los cuales el beneficio de la transición implica que únicamente se aplican los requisitos de edad y tiempo de servicios y el monto previsto en la norma anterior, en este caso, la Ley 33 de 1985, y que el IBL se debe calcular conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por ello, propuso las excepciones de cobro de lo no debido; buena fe; prescripción; inexistencia del derecho reclamado y la innominada o genérica. 5. Trámite en primera instancia El 14 de marzo de 2018 se adelantó la audiencia inicial, diligencia en la cual (i) se saneó el proceso; (ii) se determinó que las excepciones propuestas debían ser resueltas en la sentencia y (iii) se fijó el litigio en los siguientes términos: «La presente controversia se contrae a determinar, si el demandante señor LUIS MANUEL TORRES HERNÁNDEZ, tiene derecho o no, a que se le reliquide su pensión de jubilación, con el 75% de su salario promedio incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, de conformidad con la Ley 33 de 1985 y en caso afirmativo, si hay lugar al pago indexado de las diferencias entre lo que ha percibido y lo que se le ha debido pagar» (f. 94). 6.

La sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia de 25 de julio de 2018, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto encontró acreditado que la entidad demandada reliquidó la pensión conforme a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU 295 de 2017, esto es, teniendo en cuenta los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto previstos en la Ley 33 de 1985, pero con el IBL señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

7. RECURSO DE APELACIÓN La parte demandante recurrió el fallo de primera instancia, argumentando que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional no son aplicables en el sub lite, en virtud de los principios de inescindibilidad de la norma y de favorabilidad y, porque además, la posición vigente del Consejo de Estado es la contenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010, razón por la cual la pensión debe ser reliquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicios. 8.

Alegatos de conclusión El apoderado de la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (f. 161). El apoderado de la demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación (f. 172). El Ministerio Público guardó silencio. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes: III.

CONSIDERACIONES 1. Competencia: esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150[3] de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328[4] del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el presente caso, la parte demandante es apelante único, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado en la apelación. 2.

Problema Jurídico Acorde con lo expresado en el recurso de apelación de la parte demandante, corresponde a la Sala de Subsección establecer ¿el señor Luis Manuel Torres Hernández tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios? 3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso 4.1.

Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 y el IBL de las pensiones de jubilación reconocidas en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 Esta Sección en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010[5] consideró que no era taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, al estimar que además se debían tener en cuenta aquellos factores que constituían salario, independientemente de la denominación que recibieran, es decir, todos los que se cancelaran de manera habitual como retribución directa por el servicio y no solamente los descritos en dicha normativa.

Luego, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, destacó la relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los principios de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Posteriormente, en la sentencia de 28 de agosto de 2018[6], la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en relación con el índice base de liquidación (ibl) de las pensiones reconocidas con fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, lo en ella decidido se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables»[7].

Pues bien, las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas en dicha providencia son las siguientes: «92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. 93.

Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas: 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […] 96.

La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. 97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. 98.

El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”. 99.

La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional. 100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. 101.

A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social.

La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base. 102.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia. 103.

Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema.

(Negrilla de la Sala). De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Sala Plena de esta Corporación unificó su criterio en torno al ibl de las pensiones de jubilación reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para lo cual específicamente fijó dos subreglas referentes a: i) el periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el ibl de las mismas, y ii) los factores salariales que se deben incluir para dicho efecto.

En cuanto al periodo dispuso que, tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el ibl será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si les faltare menos de 10 años, el ibl será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

Referente a los factores salariales la sentencia de unificación determinó que únicamente se deben incluir (i) aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones y (ii) que se encuentren consagrados expresamente en la ley. Con fundamento en las reglas que preceden, se procede a decidir el presente caso. 2.

Caso concreto En el proceso se encuentra debidamente probado lo siguiente: a) El señor Luis Manuel Torres Hernández nació el 3 de agosto de 1948, por lo que, al 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad (f. 2). b) Prestó sus servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN por más de 20 años, desde el 15 de marzo de 1972 y el 31 de agosto de 2013 (f. 29). c) Adquirió el estatus pensional el 3 de agosto de 2003, cuando cumplió el requisito de 55 años de edad. d) Por lo expuesto, es incuestionable que el demandante, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en la norma citada, tiene derecho al reconocimiento pensional conforme a las reglas contempladas en la Ley 33 de 1985, específicamente en lo que se refiere a la edad para consolidar el derecho pensional, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas (20 años) y el monto (correspondiente al 75 %). e) Igualmente, como se sostuvo en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, para el cálculo del monto pensional, el IBL debía liquidarse así: f) De faltarle más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el ibl será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. g) De faltarle menos de 10 años, el ibl será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior. h) Referente a los factores salariales únicamente se debían incluir aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la ley.

En síntesis, según las normas aplicables al accionante, su pensión de jubilación debe liquidarse teniendo en cuenta la tasa de reemplazo equivalente al 75 % sobre el IBL señalado anteriormente, según lo establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales consagrados en el Decreto 1158 de 1994 que devengó y sobre los que cotizó durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el estatus pensional, o los últimos 10 años de servicios.

Ahora bien, del trámite administrativo, se resalta lo siguiente: ✓ A través de la Resolución 64131 de 27 de febrero de 2012, el ISS le reconoció la pensión de jubilación, con aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, prestación que fue reliquidada por COLPENSIONES, mediante Resolución GNR 323746 de 28 de noviembre de 2013, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2013, fecha efectiva de retiro del servicio (f. 78 cd. expediente administrativo). ✓ El 29 de agosto de 2014, el señor Torres Hernández solicitó la reliquidación de la pensión con el 75 % de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, es decir, la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios, la bonificación por recreación, el factor nacional y los incrementos por desempeño grupal. ✓ COLPENSIONES, por medio de la Resolución GNR 29542 de 10 de febrero de 2015, reliquidó la prestación, en los siguientes términos: «Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 15,356 días laborales, correspondientes a 2,193 semanas.

(…) Que en aplicación a la circular 01 de octubre de 2012, para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se tienen en cuenta los factores salariales establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia 04 de 2010 (sic), los cual son (sic): Asignación básica Gastos de representación Prima técnica Dominicales y festivos Horas extras Auxilio de transporte Auxilio de alimentación Bonificación por servicios prestados Prima de servicios Incrementos por antigüedad Quinquenios Prima de navidad Prima de vacaciones Que conforme al análisis jurídico, el (la) interesado (a) tiene derecho a la reliquidación de su pensión de VEJEZ, la cual se resume de la siguiente manera: IBL: 2,955,986.00 x 75.00= $2,216,990.00 (…) Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la) peticionario (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna “aceptada sistema”: |Nombr|Fecha status |Fecha |VALOR IBL 1|VALOR IBL 2 | |e | |efectividad | | | |2012 |ASIGNACIÓN BÁSICA|$29,151,143.00 |$10,263,568|$10,263,568.00 | | |MES | |.00 | | |2012 |PRIMA DE |$329,795.00 |$329,795.00|$329,795.00 | | |ANTIGÜEDAD | | | | |2012 |PRIMA DE NAVIDAD |$2,943,183.00 |$981,061.00|$981,061.00 | |2012 |PRIMA DE |$1,412,728.00 |$470,909.00|$470,909.00 | | |VACACIONES | | | | |2013 |ASIGNACIÓN BÁSICA|$19,166,613.00 |$19,166,613|$19,166,613.00 | | |MES | |.00 | | |2013 |BONIFICACIÓN |$1,069,653.00 |$1,069,653.|$1,069,653.00 | | |SERVICIOS | |00 | | | |PRESTADOS | | | | |2013 |PRIMA DE |$525,480.00 |$525,480.00|$525,480.00 | | |ANTIGÜEDAD | | | | |2013 |PRIMA DE |$1,572,645.00 |$1,572,645.|$1,572,645.00 | | |SERVICIOS | |00 | | |2013 |PRIMA DE |$1,092,112.00 |$1,092,112.|$1,092,112.00 | | |VACACIONES | |00 | | Que teniendo en cuenta, que fueron incluidos como factores salariales, prima de antigüedad, Prima de vacaciones, Prima de navidad, Prima de servicios, valores sobre los cuales no fueron efectuados cotizaciones en materia de seguridad social en pensiones; motivo por el cual, se ordenará remitir copia del presente acto administrativo a la oficina de aportes y recaudo para la liquidación y cobro de los aportes en materia de seguridad social en pensiones no efectuados sobre los factores salariales tenidos en cuenta en las cotizaciones efectuadas a favor del señor LUIS MANUEL TORRES HERNÁNDEZ (…)» (ff. 5 y ss.). ✓ Contra la anterior resolución, el señor Torres Hernández interpuso el recurso de apelación, en el que pidió que se incluyeran los factores de incremento grupal y factor nacional. ✓ En atención a lo anterior, COLPENSIONES expidió la Resolución VPB 48029 de 9 de junio de 2015, en la que negó el recurso, bajo los siguientes argumentos: «Que mediante Resolución GNR No. 29542 del 10 de febrero de 2015, se reliquidó la pensión de vejez EN APLICACIÓN DE LA LEY 33 DE 1985 al señor TORRES HERNÁNDEZ LUIS MANUEL (…), teniendo en cuenta 2193 semanas, un ingreso base de liquidación de $2.955.986, una tasa de remplazo del 75%, a partir del 01 de enero de 2008, en cuantía inicial de $ 461.500.

(…) Que para la liquidación de la prestación se ingresaron los siguientes factores: |AÑO |TIPO FACTOR |VALOR ACUMULADO |VALOR IBL |VALOR ACTUALIZADO| |2012 |ASIGNACIÓN BÁSICA|$29,151,143.00 |$10,263,568|$10,263,568.00 | | |MES | |.00 | | |2012 |PRIMA DE |$329,795.00 |$329,795.00|$329,795.00 | | |ANTIGÜEDAD | | | | |2012 |PRIMA DE NAVIDAD |$2,943,183.00 |$981,061.00|$981,061.00 | |2012 |PRIMA DE |$1,412,728.00 |$470,909.00|$470,909.00 | | |VACACIONES | | | | |2013 |ASIGNACIÓN BÁSICA|$19,166,613.00 |$19,166,613|$19,166,613.00 | | |MES | |.00 | | |2013 |BONIFICACIÓN |$1,069,653.00 |$1,069,653.|$1,069,653.00 | | |SERVICIOS | |00 | | | |PRESTADOS | | | | |2013 |PRIMA DE |$525,480.00 |$525,480.00|$525,480.00 | | |ANTIGÜEDAD | | | | |2013 |PRIMA DE |$1,572,645.00 |$1,572,645.|$1,572,645.00 | | |SERVICIOS | |00 | | |2013 |PRIMA DE |$1,092,112.00 |$1,092,112.|$1,092,112.00 | | |VACACIONES | |00 | | Que respecto a la solicitud de incluir dentro de la liquidación el Factor Nacional y el Índice por Desempeño Grupal, es preciso indicar lo señalado en los artículos 1 y 10 de la Resolución 5062 del 06 de mayo de 2011 de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

INCENTIVO POR DESEMPEÑO GRUPAL (…) Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal y se determinará con base en la evaluación de gestión que se realice cada seis (6) meses. INCENTIVO POR DESEMPEÑO NACIONAL (…) Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal. Que de conformidad con las normas antes transcritas se pudo establecer que la liquidación realizada en la Resolución 29542 del 10 de febrero de 2015, se encuentra ajustada a derecho» (ff. 9 y ss.).

Ahora bien, a fin de resolver la inconformidad del demandante, es necesario verificar las reglas y subreglas fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018: |REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN | |«ARTÍCULO

No obstante, la entidad reliquidó la pensión con los factores de asignación básica, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y prima de servicios, devengados entre 2012 y 2013, situación que, de acuerdo con lo señalado en precedencia, no se acompasa con las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación. Sin embargo, esta Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre ello, pues no es objeto del litigio y con el fin de no hacer más gravosa la situación del demandante.

Ahora bien, respecto de los factores de incentivo por desempeño grupal e incentivo por desempeño nacional, esta Sala coincide con el tribunal de primera instancia en cuanto no hay lugar a ordenar su inclusión en el IBL pensional, pues de acuerdo con las normas que los crearon, no constituyen factor salarial, y tampoco se encuentran previstos como tal en el Decreto 1158 de 1994.

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. 3.3. De la condena en costas en segunda instancia El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación. Atendiendo esa orientación, en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en segunda instancia, de conformidad con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, toda vez que esta decisión obedece a un cambio jurisprudencial producido en el curso del proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia de 25 de julio de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en este fallo.

TERCERO: se reconoce personería a la abogada Julieta Romero Flórez, portadora de la tarjeta profesional No. 305.115 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la entidad demandada, conforme a la sustitución de poder visible a folio 160 del expediente.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Nota: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso. ----------------------- [1] Magistrado ponente: Samuel José Ramírez Poveda. [2] «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA. [3] « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]». [4] «ARTÍCULO 328.

COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» [5] Sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 25000232500020060750901.

C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. [6] Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01. [7] La anterior decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad en abstracto y en revisión de las sentenciaµ¶·ºÙ p Ù FÙ D E ’ Á È Ò Ó Ù Ù 0 1 Ù èèÓÓ¸¸¸•••¸¸¸Óz¸z¸ÓzzzzziÓiiiÓ h¬Sšhs de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como criterio auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU- 230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018.

Igualmente se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la inescindibilidad del régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.

A partir de allí se concluyó que en ese caso que « […] el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993 protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio".»