11001-03-15-000-2020-04286-00 — Consejo de Estado

11001-03-15-000-2020-04286-00Consejo de Estado · SECCIÓN QUINTASentencia2020-10-29

Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: María Cristina Granados De Córdoba·Demandado: Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala observa que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado lejos de “desconocer el fundamento normativo de las Leyes 33 y 62 de 1985”, resolvió el caso sometido a su consideración teniendo en cuenta que el régimen pensional aplicable al docente Córdoba Aguilar era el contenido en las referidas normas. (…) Ello, debido a que el educador nació el 9 de noviembre de 1933, cumplió los 55 años de edad el 9 de noviembre de 1988 y entró a laborar el 4 de febrero de 1974, por lo que los 20 años de servicios los cumplió el 3 de enero de 1994, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1º de abril de 1994-. (…) Distinto es que la autoridad enjuiciada advirtiera que la forma en que la UGPP ajustó por última vez la pensión de jubilación del señor Córdoba resultaba ser la más beneficiosa, pues el monto mensual que se aplicaría conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 sería del 85% del ingreso base de liquidación, esto es, el máximo establecido en este régimen, siendo superior al 75% de lo devengado en el último año de servicio, según lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. (…) Nótese que lo pretendido por la demandante dentro del medio de control era que se reliquidara su pensión de sobrevivientes bajo cualquiera de los regímenes pensionales existentes -las Leyes 33 y 62 de 1985, la Ley 100 de 1993 o el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 728 del mismo año-, tal como se puede constatar del escrito de la demanda (…) De ahí que resulte acertado el razonamiento de la autoridad censurada, pues precisamente optó por la norma que representaba mayor provecho al beneficiario en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, que se insiste es el precepto que la actora perseguía que se aplicara para efectos de reliquidar su beneficio pensional.ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DEFECTO FÁCTICO - Carga argumentativa insuficiente[N]o es viable entrar a realizar algún pronunciamiento en torno al reparo expuesto por la parte actora concerniente a que se omitió valorar las pruebas idóneas que demostraban que el señor [F.C.A.] prestó sus servicios por más de 34 años como docente al servicio del Estado. (…) Esto, debido a que no cumplió con la carga argumentativa mínima que le asistía, en tanto que no precisó cuáles eran los elementos probatorios que acreditaban tal hecho, sino que se limitó a afirmar que ello se evidenciaba “en sendas constancias que reponsan en el expediente”. (…) Entonces, la tutelante no ofreció los argumentos necesarios que permitan identificar la manera en que se pudo ver afectada con la decisión objeto de controversia. (…) De modo que la Sala negará el amparo solicitado por cuanto no se configuraron los defectos planteados en la solicitud de tutela que amerite la protección de los derechos fundamentales citados por la parte actora, especialmente porque este no es un mecanismo de protección que se pueda idear para reabrir debates propios del juez natural de la especialidad, debido a que en aplicación del principio constitucional de la autonomía e independencia judicial, se impide al juez de tutela cuestionar la elección razonada de una interpretación de las normas aplicables a la solución del conflicto.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO – Por tener interés en las resultas de proceso / DECLARA FUNDADO IMPEDIMENTO – Al haber hecho parte de la Sala que dictó sentencia en primera instancia Revisada la situación fáctica que sustenta el impedimento del doctor [L.A.A.P.], se observa que se configura la causal en mención, toda vez que como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, hizo parte de la Sala que dictó la sentencia de 29 de septiembre de 2017, la cual fue revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la providencia a la cual la actora le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados, de manera que a éste le asiste un interés directo en las resultas de este proceso, por lo que así se declarará y, en consecuencia, se le apartará del conocimiento del presente asunto.

(…) Así mismo, se advierte que con esta decisión no se afecta el quorum decisorio de la Sala de Decisión de la Sección Quinta, por lo que no resulta necesario ordenar el sorteo de un conjuez. FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 – ARTÍCULO 56 - NUMERAL 6°. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04286-00 A (AC) Actor: MARÍA CRISTINA GRANADOS DE CÓRDOBA Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Procede la Sala a decidir el impedimento manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra para participar en la decisión de primera instancia, dentro de la acción de tutela de la referencia. I.

ANTECEDENTES 1. Petición de amparo La señora María Cristina Granados de Córdoba, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la defensa, a la seguridad social, junto con los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 16 de julio de 2020 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual revocó la providencia de 29 de septiembre de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que había accedido parcialmente a sus pretensiones, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42-000- 2016-05320-01. 2.

Manifestación de impedimento Con escrito radicado el 28 de octubre de 2020, el doctor Luis Alberto Álvarez Parra puso en conocimiento del magistrado ponente su impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

Lo anterior, por cuanto como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, hizo parte de la Sala que profirió la sentencia de 29 de septiembre de 2017, dictada dentro del proceso contra el cual se dirige la acción de tutela de la referencia. II. CONSIDERACIONES 2.1. De los impedimentos en acciones de tutela Los impedimentos en materia de acción de tutela, conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, se rigen por las causales establecidas en el Código de Procedimiento Penal: “Artículo 39.

Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.” (Destacado de la Sala) 2.2.

Del caso concreto De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra manifestó estar impedido para participar en la decisión de primera instancia de la presente acción de tutela, por concurrir en él la causal de impedimento contemplada en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 56.

Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…) 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.” (Negrilla fuera del texto original) Revisada la situación fáctica que sustenta el impedimento del doctor Luis Alberto Álvarez Parra, se observa que se configura la causal en mención, toda vez que como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, hizo parte de la Sala que dictó la sentencia de 29 de septiembre de 2017, la cual fue revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la providencia a la cual la actora le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados, de manera que a éste le asiste un interés directo en las resultas de este proceso, por lo que así se declarará y, en consecuencia, se le apartará del conocimiento del presente asunto.

Así mismo, se advierte que con esta decisión no se afecta el quorum decisorio de la Sala de Decisión de la Sección Quinta, por lo que no resulta necesario ordenar el sorteo de un conjuez. En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta, III.

RESUELVE

Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ Magistrada CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado “Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”