11001-03-15-000-2020-02661-00 — Consejo de Estado

11001-03-15-000-2020-02661-00Consejo de Estado · SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No 9Sentencia2020-09-02

Ponente: Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Superintendencia De Industria Y Comercio·Demandado: Resolución 28182 Del 12 De Junio De 2020 - Superintendencia De Industria Y Comercio

De qué trata

Síntesis: [E]n virtud del Estado Constitucional de Derecho, la declaratoria del estado de excepción, así como los decretos legislativos y las medidas administrativas que lo desarrollan, deben ceñirse a la Constitución como norma jurídica fundamental del Estado, tal como lo prescribe el art. 4. […] Cualquier medida que se tome en desarrollo de la declaratoria de un estado de excepción, tiene como límite el respeto por los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política, y en los instrumentos internacionales que se integran al ordenamiento jurídico interno en virtud del bloque de constitucionalidad. […] [L]os parámetros fijados por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son de obligatoria observancia en el control de las medias que se toman, en virtud de un estado de excepción, como especial garantía para impedir limitaciones o restricciones innecesarias de los derechos humanos. […] [E]n materia de estados de excepción, se hace relación a los derechos humanos considerados como intangibles, esto es, aquellos que durante estados de anormalidad no pueden ser suspendidos, ni tampoco sus respectivas garantías judiciales. […] [L]a Ley Estatutaria de los Estados de Excepción Ley 137 de 1994, prescribe en el art. 5 que las limitaciones a los derechos no podrán ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad humana, de la intimidad, de la libertad de asociación, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, de la libertad de expresión y de los demás derechos humanos y libertades fundamentales que no pueden ser suspendidos en ningún estado de excepción. Dicho artículo señala además que tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, y que de todas formas se garantizarán los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política. […] [L]os demás derechos, que no son considerados como intangibles, pueden ser objeto de restricciones en los estados de excepción, pero estas no son ilimitadas y deben ajustarse a los principios de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad. […] [E]l artículo 6 de la citada ley permite limitar el ejercicio de algún derecho no intangible, a condición de que no se afecte su núcleo esencial y se establezcan garantías y controles para su ejercicio, y por su parte, el art. 8 ibidem, determina que los decretos de excepción deberán justificar de forma expresa los motivos por los que se imponen limitaciones a los derechos constitucionales a fin de demostrar la conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por los cuales se hacen necesarias.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Características / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Control formal / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Control materialEl art. 20 de la Ley 137 de 1994 dispone que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se trata de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanan de autoridades nacionales. […] De manera reiterada, la jurisprudencia de la Corporación ha definido como características del control inmediato de legalidad las siguientes: 1.- Es un proceso judicial porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgo´ competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para examinar la legalidad de los actos administrativos proferidos en ejercicio de la función administrativa que desarrolla los decretos. De ahí´ que la providencia que decida el control de legalidad tenga las características de una sentencia judicial. 2.- Es automático e inmediato porque tan pronto se expide el acto administrativo general, el Gobierno Nacional debe enviarlo para que se ejerza el control correspondiente. En caso de que el Gobierno no lo envíe dentro de las 48 horas siguientes a la expedición, la autoridad judicial competente debe asumir, de oficio, el control de tal acto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado. 3.- Es autónomo, toda vez que es posible que se controlen los actos administrativos antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan. 4.- Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del estado de excepción. 5.- La sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa. […] Control de los requisitos formales. El examen formal consiste en verificar que el acto general cumpla con los siguientes requisitos: 1. Que se trate de un acto de contenido general. 2.Que el mismo se haya dictado en ejercicio de la función administrativa, y 3. Que el acto tenga como fin el desarrollar uno o más de los decretos legislativos expedidos en los estados de excepción. […] [R]esulta claro para la Sala Especial de Decisión, que la Resolución objeto de análisis se expidió a partir de las circunstancias fácticas que determinaron la expedición del Decreto 637 de 2020, que declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los efectos económicos ocasionados por la emergencia sanitaria internacional, y la imposibilidad de conjurarlos con las medidas adoptadas en el Decreto 417 de 2020. A su vez, desarrolló el Decreto 491 de 2020, en cuyo artículo 3 se dispuso la posibilidad de prestar los servicios mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin perjuicio de advertir que «en los eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio (…), las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial». […]CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / RESOLUCIÓN 28182 DE 12 DE JUNIO DE 2020 - Se encuentra ajustada a la legalidad[S]e concluye que la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, cumple con todos los requisitos formales atinentes al contenido general, al expedirse en ejercicio de la función administrativa y su articulado desarrolla el contenido de los Decretos 637 de 2020 y 491 de 2020, lo cual permite abordar el control material del acto bajo estudio. CONTROL MATERIAL DE LA RESOLUCIÓN 28182 DE 12 DE JUNIO DE 2020. […] La Sala de acuerdo con todo lo expuesto, determina que las medidas adoptadas en la resolución objeto de control se ajustan al principio de proporcionalidad, en tanto son necesarias, adecuadas y están plenamente justificadas en la necesidad de mitigar los riesgos de salud que se pueden generar en la atención presencial en la entidad. […] [L]a Resolución 28182 de 12 de junio de 2020 está ajustada a la legalidad debido a que cumple con los requisitos formales y materiales, se circunscribe a los límites impuestos por las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad y acredita las condiciones de finalidad, necesidad y proporcionalidad, sin que haya razones para inferir la trasgresión de norma alguna o para predicar que al proferirse este acto administrativo se haya incurrido en las demás causales que pueden llegar a determinar su anulación.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO. 28182 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Expedida en desarrollo del Decreto que declaró el estado de emergencia económica y social / REANUDACIÓN DE TÉRMINOS EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS Y DISCIPLINARIAS / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – AVOCA CONOCIMIENTO El Consejo de Estado es competente para revisar, enjuiciar o controlar, entre otras, disposiciones reglamentarias y/o medidas de carácter general, como lo es, la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad que pertenece al orden nacional, en la que se desarrolló lo establecido en el numeral 12 del artículo 3 del Decreto Legislativo 749 de 2020 y, en la que, concretamente, se decidió reanudar los términos en las actuaciones de la entidad, así como se adoptaron otras medidas para garantizar la prestación eficiente del servicio tanto presencialmente como a través de medios virtuales.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que se cumplen las condiciones para iniciar el control inmediato de legalidad, por lo cual el Despacho avocará el conocimiento de la 28182 de 12 de junio de 2020 ya señalada, ordenará las notificaciones y publicaciones correspondientes, tanto por aviso fijado en Secretaría -en aplicación del artículo 185 del CPACA-, como a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, según lo autoriza el artículo 186 del CPACA.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN NO. 28182 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO FUENTE FORMAL: LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 185 / DECRETO LEGISLATIVO 417 DE 2020 / DECRETO LEGISLATIVO 457 DE 2020 / DECRETO 749 DE 2020 – ARTÍCULO 3 CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA NUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-02661-00(CA) Actor: SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Demandado: RESOLUCIÓN 28182 DE 12 DE JUNIO DE 2020 Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio Decisión: Se avoca conocimiento.

El Despacho para el efecto del control inmediato de legalidad consagrado en el art. 20 de la Ley estautaria 137 de 1994[1], 37-2 de la Ley 270 de 1996, 136 y 185 del CPACA, avoca el conocimiento[2] de la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, «Por medio de la cual se reanudan los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias y se dictan otras disposiciones», previas las siguientes: CONSIDERACIONES 1.

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS-, calificó el brote de COVID-19 (Coronavirus) como una pandemia; por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró «la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020», y en consecuencia, ordenó a los jefes y representantes legales de entidades públicas y privadas, adoptar las medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID- 19 (Coronavirus). 2.

El señor presidente de la República, por medio del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, declaró el «Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días»; con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir: (i) la propagación del COVID-19 (Coronavirus), y (ii) la extensión de sus efectos negativos en la economía y demás sectores de la vida nacional. 3.

Seguidamente, a través del Decreto Legislativo 457 de 22 de marzo de 2020, el señor presidente de la República impartió «instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público», entre ellas, la de «ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00.00 a.m) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19» decisión que fue prorrogada por medio de los Decretos 531 de 8 de abril de 2020, 593 de 24 de abril de 2020, 636 de 6 de mayo de 2020 y 749 de 28 de mayo de 2020. 4.

El superintendente de Industria y Comercio, con fundamento en lo establecido en el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, expidió la Resolución 12169 de 31 de marzo de 2020, «Por la cual se dictan medidas para garantizar el debido proceso administrativo y la efectiva prestación del servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional», la cual fue modificada a través de la Resolución 16978 de 2020, actos en los que se dispuso, entre otras cosas, la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias de esa entidad desde el 1º de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el presidente de la República. 5.

Posteriormente, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 749 de 28 de mayo de 2020 en virtud del cual se permite el derecho de circulación de los servidores públicos y contratistas para garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado, el superintendente de Industria y Comercio resolvió reanudar los términos suspendidos a partir del 16 de junio de 2020, así como adoptar medidas para la prestación del servicio tanto de manera virtual como presencial. 6.

De acuerdo con lo anterior, y según lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011[3], «Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, [como lo es el estado de emergencia], tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se trata de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanan de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectúa el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento». 7. De esta manera, el Consejo de Estado es competente para revisar, enjuiciar o controlar, entre otras, dispocisiones reglamentarias y/o medidas de carácter general, como lo es, la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad que pertenece al orden nacional, en la que se desarrolló lo establecido en el numeral 12 del artículo 3 del Decreto Legislativo 749 de 2020 y, en la que, concretamente, se decidió reanudar los términos en las actuaciones de la entidad, así como se adoptaron otras medidas para garantizar la prestación eficiente del servicio tanto presencialmente como a través de medios virtuales. 8.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que se cumplen las condiciones para iniciar el control inmediato de legalidad, por lo cual el Despacho avocará el conocimiento de la 28182 de 12 de junio de 2020 ya señalada, ordenará las notificaciones y publicaciones correspondientes, tanto por aviso fijado en Secretaría -en aplicación del artículo 185 del CPACA-, como a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, según lo autoriza el artículo 186 del CPACA.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

PRIMERO. AVOCAR CONOCIMIENTO en única instancia para ejercer el control inmediato de legalidad consagrado en el art. 136 del CPACA de la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO. NOTIFICAR este auto, personalmente o a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, al superintendente de Industria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 185 y 186 del CPACA.

TERCERO. NOTIFICAR este auto, personalmente o a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, al señor Representante Legal, o quien haga sus veces, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

CUARTO. NOTIFICAR este auto, personalmente o a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, al Ministerio Público, como lo disponen los artículos 171 y 185 del CPACA.

QUINTO. CORRER traslado por 10 días a la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del artículo 185 del CPACA, para que se pronuncie sobre la legalidad de la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, expedida por el superintendente de Industria y Comercio.

SEXTO. ADVERTIR a la Superintencia de Industria y Comercio que de conformidad con el artículo 175 del CPACA, debe aportar todas las pruebas que tenga en su poder y pretenda hacer valer en el proceso. Igualmente, que está en la obligación legal de suministrar los antecedentes administrativos de la mencionada Resolución, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la citada disposición.

SÉPTIMO. INFORMAR a la comunidad en general sobre la existencia de este proceso, por medio de aviso publicado en la Secretaría General del Consejo de Estado por 10 días, y a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría, conforme con lo establecido en los artículos 185 y 186 del CPACA; término durante el cual cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad de la Resolución 28182 de 12 de junio de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

OCTAVO. De conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia, ORDENAR al superintendente de Industria y Comercio o a quien él delegue para tales efectos, que a través de la página web oficial del ente estatal a su cargo, se publique este proveído a fin de que todos los interesados tengan conocimiento de la iniciación de la presente causa judicial.

La Secretaría General del Consejo de Estado requerirá a la referida entidad estatal para que presente un informe sobre el cumplimiento de esta orden.

NOVENO. Cumplida la fijación del aviso, por Secretaría General córrase el traslado al Ministerio Público, en los términos indicados por el numeral 5.º del artículo 185 del CPACA.

DÉCIMO. Las comunicaciones, oficios, memoriales, escritos, conceptos, intervenciones, pruebas documentales y demás, con ocasión del presente trámite judicial, se reciben únicamente en el siguiente correo electrónico «secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co»

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Consejero De Estado ----------------------- [1] Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia. [2]Por reparto de la Secretaría General de esta Corporación, el presente asunto ingresó al despacho el 17 de junio del presente año, para el trámite correspondiente. [3] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.