IMPEDIMENTO POR INTERÉS DIRECTO DE MAGISTRADOS DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / RELIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES – Inclusión de la bonificación judicial La Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que, una vez confrontada la causal invocada con las razones que expusieron los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander, se estima que estos les asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, porque la discusión planteada concierne a la reliquidación y pago de salarios y prestaciones sociales, con inclusión del valor correspondiente a la bonificación judicial como factor salarial, pretensión que, de resultar favorable, también podrá incidir en la liquidación de sus demás acreencias, en tanto ostenten la calidad de servidores de la Rama Judicial y ese carácter salarial también lo pueden predicar respecto de emolumentos similares que estos devengan.

Así las cosas, se les separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia que se establecen en el artículo 5º de la Ley 270 de 1996, y se ordenará el sorteo de los conjueces que deberán resolver la controversia. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 141 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veinte (2020).

Radicación número: 68001-33-33-010-2018-00344-01(0751-20) Actor: JULIO CÉSAR AMAD AMAYA Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: IMPEDIMENTO LEY 1437 DE 2011 Temas: Bonificación judicial RESUELVE IMPEDIMENTO __________________________________________________________________ Decide la Subsección[1] el impedimento manifestado por los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander para conocer del asunto de la referencia. 1.

Antecedentes 1.1. La demanda Actuando por intermedio de apoderado judicial, el señor Julio César Amad Amaya presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se inapliquen por ser inconstitucionales e ilegales los artículos 1 de los Decretos 0382 de 2013, 022 del de enero de 2014 y los que en dicha materia se hayan expedido por el Gobierno Nacional.

Igualmente, solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio número 31200-0712 del 21 de marzo de 2018, proferido por la subdirección regional de apoyo nororiental de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial, y ii) Resolución número 21672 de 5 de junio de 2018, expedida por la subdirección de talento humano de la mencionada entidad, a través del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el referido oficio.

A título de restablecimiento del derecho suplicó que se reconozca y pague con carácter salarial y prestacional la bonificación judicial, en su calidad de conductor II de la Fiscalía General de la Nación, servidor judicial beneficiario del Decreto 0382 de 2013. 1.2. La manifestación de impedimento Los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander declararon que se hallan incursos en la causal de impedimento que establece el numeral 1.º del artículo 141 del Código General del Proceso, pues tienen interés indirecto en el asunto, debido a que en virtud del Decreto 610 de 1998 son beneficiarios de la bonificación por compensación, que aunque se fundamente en una norma diferente con la bonificación judicial objeto del presente proceso, guarda similitud en el beneficio reclamado por la parte demandante. 2.

Consideraciones 1. Competencia Conforme con lo previsto en el numeral 5.º del artículo 131 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[2], esta Sección es competente para resolver el impedimento que manifiestan los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander. 2. Análisis de la Subsección El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituyen una garantía de imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley, poseen el carácter de taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse discrecionalmente al criterio del juez o de las partes. El artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece como causales de impedimento y recusación, para los magistrados y jueces administrativos, entre otras, la señalada en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 141.

Son causales de recusación las siguientes: […] 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. […]. En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que, una vez confrontada la causal invocada con las razones que expusieron los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander, se estima que estos les asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, porque la discusión planteada concierne a la reliquidación y pago de salarios y prestaciones sociales, con inclusión del valor correspondiente a la bonificación judicial como factor salarial, pretensión que, de resultar favorable, también podrá incidir en la liquidación de sus demás acreencias, en tanto ostenten la calidad de servidores de la Rama Judicial y ese carácter salarial también lo pueden predicar respecto de emolumentos similares que estos devengan.

Así las cosas, se les separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia que se establecen en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996, y se ordenará el sorteo de los conjueces que deberán resolver la controversia. En razón de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Resuelve: Primero: Declarar fundado el impedimento que manifestaron los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander.

En consecuencia, se les separa del conocimiento del presente asunto. Segundo: Devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, para que proceda a sortear los conjueces que habrán de reemplazarlos. Notifíquese y cúmplase La presente providencia se discutió y aprobó por la Sala en sesión de la fecha. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada samai.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del cpaca. APC/DDG ----------------------- [1] En sesión virtual de Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado, celebrada el 11 de junio de 2020, se definió que la resolución de impedimentos manifestados por los Tribunales Administrativos del país, sería resuelta por la subsección a la que pertenezca el magistrado al que le correspondió por reparto el proceso. [2] «Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará a la sección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del asunto.

En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite».