CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE RESOLUCIÓN DGL 000159 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - No avoca conocimiento. Tema: Adopta como jornada especial de trabajo para los funcionarios de dicha entidad un horario específico para el cumplimiento de sus funciones, con ocasión de la Semana Santa. Así como, el otorgamiento de algunos días compensatorios y la prestación de atención a los usuarios que acudan a dicha entidad / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD ANTE EL CONSEJO DE ESTADO - Actos objeto de control / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Finalidad y alcance / EXAMEN DE NORMA OBJETO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Alcance / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Compatibilidad con el medio de control de nulidad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD CONTRA NORMA OBJETO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Procedencia. Procede siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el control inmediato de legalidad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Procedencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE RESOLUCIÓN DGL 000159 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - Improcedencia. No guarda identidad material, ni desarrolla los diferentes objetivos y finalidades desarrolladas en los Decretos nros. 417 del 17 de marzo y 637 del del 6 de mayo de 2020, mediante los cuales se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y se crearon las pautas para el mantenimiento del orden público.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994; 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA], no se asumirá el análisis del control inmediato de legalidad de la Circular nro. 01-3-2020-03351-00 del 15 de julio de 2020, proferida por la Secretaría General del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: “lineamientos para encargos en empleos de libre nombramiento y remoción, designación de coordinadores, vacaciones y trámites pensionales”.
(…) El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos administrativos de carácter general que se expiden al amparo de los estados de excepción, esto es, actos administrativos que desarrollan o reglamentan un decreto legislativo. El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción, la ley estatutaria de los estados de excepción y aquellos decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción. Así mismo, una de las finalidades del control inmediato de legalidad, es la de propender el mantenimiento de la legalidad, la preservación y restablecimiento del derecho subjetivo que haya sido vulnerado o esté amenazado.
Ahora bien, la Sala Plena ha venido precisando que el control inmediato de legalidad es compatible con la acción pública de nulidad la cual puede ser iniciada por cualquier ciudadano para cuestionar los actos administrativos de carácter general. Por tanto, el acto administrativo puede demandarse en acción de nulidad, posteriormente, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad.
El control inmediato de legalidad cobija los actos administrativos de contenido general, dictados en ejercicio de la función administrativa, relacionados directa o indirectamente con el estado de anormalidad, y que se dicten durante los estados de excepción o con fundamento en los decretos legislativos. (…) En este caso, la Circular nro. 01-3-2020-03351-00 del 15 de julio de 2020, no guarda identidad material, ni desarrolla los diferentes objetivos y finalidades desarrolladas en los Decretos nros. 417 del 17 de marzo y 637 del del 6 de mayo de 2020, mediante los cuales se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y se crearon las pautas para el mantenimiento del orden público.
La Secretaría General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, mediante la Circular materia de estudio, está fijando unas pautas y lineamientos para el cabal cumplimiento de los empleos de libre nombramiento y remoción que existen en sus diferentes seccionales, así como, lo referente a los trámites en materia pensional respecto a sustitución pensional, doble mesada, retroactivo pensional, entre otros.
Por lo tanto, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 esta Corporación no asumirá el conocimiento del control inmediato de legalidad, respecto de la Circular expedida por la Secretaría General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dado que no es un acto relacionado directa o indirectamente con el estado de anormalidad.
FUENTE FORMAL: LEY 137 DE 1994 - ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 185 / DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 / DECRETO 637 DEL 6 DE MAYO DE 2020 NOTA DE RELATORÍA: Sobre la compatibilidad del medio de control de nulidad con el control inmediato de legalidad se cita la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 20 de octubre de 2009, radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN DGL 000159 DE 2020 (01 de abril) Corporación Autónoma Regional de Santander (No avoca conocimiento control inmediato de legalidad) CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03620-00(CA) Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER Demandado: RESOLUCIÓN DGL 000159 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 AUTO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994[1]; 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA], no se asumirá el análisis del control inmediato de legalidad de la Resolución nro.
DGL 000159 del 01 de abril de 2020, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Santander: “Por medio de la cual se establece una jornada especial de trabajo para los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, con ocasión de la Semana Santa y se dictan otras disposiciones”.
ANTECEDENTES Mediante Resolución nro. DGL 000159 del 01 de abril de 2020, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Santander, se adoptó como jornada especial de trabajo para los funcionarios de dicha entidad un horario específico para el cumplimiento de sus funciones, con ocasión de la Semana Santa. Así como, el otorgamiento de algunos días compensatorios y la prestación de atención a los usuarios que acudan a dicha entidad, entre otros.
CONSIDERACIONES El artículo 136 del CPACA, establece: ART. 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos administrativos de carácter general que se expiden al amparo de los estados de excepción, esto es, actos administrativos que desarrollan o reglamentan un decreto legislativo.
El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción[2], la ley estatutaria de los estados de excepción y aquellos decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción. Así mismo, una de las finalidades del control inmediato de legalidad, es la de propender el mantenimiento de la legalidad, la preservación y restablecimiento del derecho subjetivo que haya sido vulnerado o esté amenazado.
Ahora bien, la Sala Plena ha venido precisando que el control inmediato de legalidad es compatible con la acción pública de nulidad[3] la cual puede ser iniciada por cualquier ciudadano para cuestionar los actos administrativos de carácter general. Por tanto, el acto administrativo puede demandarse en acción de nulidad, posteriormente, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad.
El control inmediato de legalidad cobija los actos administrativos de contenido general, dictados en ejercicio de la función administrativa, relacionados directa o indirectamente con el estado de anormalidad, y que se dicten durante los estados de excepción o con fundamento en los decretos legislativos. En relación con la Resolución nro. DGL 000159 del 01 de abril de 2020, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Santander, no se avocará conocimiento del presente control inmediato de legalidad.
En este caso, la Resolución nro. DGL 000159 del 01 de abril de 2020, no guarda identidad material, ni desarrolla los diferentes objetivos y finalidades desarrolladas en los Decretos nros. 417 del 17 de marzo[4] y 637 del del 6 de mayo de 2020[5], mediante los cuales se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y se crearon las pautas para el mantenimiento del orden público.
La Corporación Autónoma Regional de Santander, mediante la Resolución materia de estudio, está fijando unas pautas y lineamientos para el cabal cumplimiento de los horarios de trabajo de sus funcionarios en época de Semana Santa, entre otros. Por lo tanto, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 esta Corporación no asumirá el conocimiento del control inmediato de legalidad, respecto de la Resolución expedida por la Corporación Autónoma Regional de Santander, dado que no es un acto relacionado directa o indirectamente con el estado de anormalidad.
En consecuencia, se dispone:
1. NO AVOCAR conocimiento, en única instancia, de la Resolución nro. DGL 000159 del 01 de abril de 2020, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Santander, para efectuar el control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 del CPACA. 2. NOTIFICAR este auto personalmente, a través de los diferentes canales virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, al Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander, o quien haga sus veces, de conformidad con lo estipulado en los artículos 185, 186 y 197 del CPACA. 3.
NOTIFICAR este auto personalmente, a través de los diferentes canales virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, al Ministerio de Ambiente de conformidad con lo estipulado en los artículos 185 y 186 del CPACA. Notifíquese y cúmplase. MILTON CHAVES GARCÍA firmado electrónicamente ----------------------- [1] “Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia” (…) ART.
20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
Las autoridades competentes que los expidan enviaran los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. [2] Artículos 212 a 215 de la Constitución Política. [3] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 20 de octubre de 2009.
M P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp. Nro. 2009-00549. [4] Desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril de 2020. [5] Desde el 6 de mayo hasta el 6 de junio de 2020.