11001-03-15-000-2020-01496-00 — Consejo de Estado

11001-03-15-000-2020-01496-00Consejo de Estado · SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚMERO 17Auto2020-06-30

Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Fondo Rotatorio De La Policía·Demandado: Resolución 00127 Del 24 De Marzo De 2020

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala considera satisfecho el requisito de conexidad, pues es evidente que el propósito de la Resolución es dar celeridad a la contratación de todos aquellos bienes y servicios que resulten necesarios para la fabricación de dispositivos médicos que permitan mitigar el contagio y la propagación de la enfermedad. Por supuesto, advirtiendo al Fondo Rotatorio para la Policía Nacional, que bajo esta modalidad de contratación sólo podrán celebrarse los contratos necesarios para la adquisición de bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia; y que en todo caso la entidad debe justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia. […] [L]a Sala concluye que: 1. La Resolución 00127 del 24 de marzo de 2020, expedida por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, no es contraria a la Constitución Política, ni desconoce el marco de referencia de la actuación del Ejecutivo en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 2. El acto administrativo objeto de control adoptó medidas en sus procesos contractuales con fundamento en la declaración de urgencia manifiesta ocasionada por la pandemia del COVID-19, lo cual es concordante con el Decreto Legislativo 440 del 18 de marzo de 2020. 3. En ese sentido, la Resolución 00127 del 24 de marzo de 2020 cumple con los requisitos de fondo de conexidad y proporcionalidad, por las razones ya expuestas. En ese orden de ideas, la Sala considera que la Resolución 00127 del 24 de marzo de 2020, expedida por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, es idónea, necesaria y proporcional con la gravedad de los circunstancias que justificaron la declaratoria de estado de excepción, pues se observa una relación estrecha entre los fines perseguidos y los medios empleados para alcanzarlo.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL[L]a jurisdicción contencioso-administrativa es competente para ejercer control de legalidad sobre los actos generales expedidos en ejercicio de la función administrativa. Tal competencia, si de controlar se trata, la legalidad de medidas administrativas ordinarias y extraordinarias adoptadas con subordinación a la ley y a los actos con fuerza de ley expedidos al margen de los estados de excepción, sólo se puede activar cuando alguna persona incoa el medio de control pertinente. A diferencia de ello, el control inmediato de legalidad sobre las medidas de carácter general dictadas dentro del estado de excepción y en ejercicio de la función administrativa, pero como desarrollo de los decretos legislativos, se activa oficiosamente.ACTO ADMINISTRATIVO / FORMALIDADES DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FLEXIBLE / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVOLa alusión a las formalidades del acto administrativo se encuentra referida al modo o manera en que la voluntad se produce y manifiesta para que este tenga vida jurídica. La jurisprudencia contencioso-administrativa, al igual que la doctrina nacional especializada han advertido, de manera general, que “el procedimiento administrativo es flexible; indica al funcionario que lo impulsa que simplemente garantice los extremos del debido proceso, sin exigir etapas o períodos predeterminados en materia probatoria ni formalidades excesivas”. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, salvo la exigencia de motivación expresa que introduce en el artículo 42 para las decisiones que ponen fin al procedimiento administrativo, no contempla requisito alguno de forma cuya pretermisión comprometa la validez del acto producido dentro del procedimiento administrativo común y principal. Al margen de la motivación, solo la pretermisión de aquellas formalidades que afecten el debido proceso, y de los principios propios de la función administrativa (artículos 29 y 209 de la Constitución Política) que han incidido en el sentido de la decisión, comprometen la validez del acto administrativo. Las restantes se reputan formalidades accidentales. La motivación del acto administrativo cumple varias finalidades, unas de orden técnico, relacionadas con la preparación de los fundamentos de la decisión, y otras, con los requerimientos del control político y jurídico de sus antecedentes. Unas y otras permiten entender que la exigencia de motivación del acto administrativo particular, cuyos efectos vinculan en forma directa e inmediata a persona(s) determinada(s) o determinable(s) sea más estricta y rigurosa que la que demanda el acto administrativo general, cuyos efectos jurídicos son abstractos e impersonales. Por esa razón, tratándose de actos administrativos de carácter general, salvo normativa específica y concreta, “es suficiente tener como motivación en ellos la indicación de sus fundamentos legales y de su objeto”, como lo precisado la jurisprudencia de esta Corporación.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / ACTOA ADMINISTRATIVO / CONTROL MATERIAL O DE FONDO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / CONEXIDAD CON EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICAControl material o de fondo. El alcance de este control guarda relación con la verificación de la observancia del principio de legalidad, en lo atinente al acatamiento de las normas en que debería fundarse el acto; a la realidad y validez de los motivos que prestaron causa a las medidas que con él se adoptaron; y a la satisfacción de los fines que se propuso el ordenamiento con su expedición. Tratándose del tipo de actos objeto del control inmediato de legalidad, las normas en las que estos deben fundarse son las contenidas en los decretos legislativos que con ellos la autoridad se propuso desarrollar, pero también las normas legales vigentes que no sean contrarias a aquellos y, por supuesto, la normativa constitucional. Su dinámica se desarrolla no sólo por confrontación directa con las normas superiores, sino mediante la verificación de la conexidad existente entre la materia del acto objeto de control y el estado de emergencia económica, social y ecológica que se proponen conjurar los decretos legislativos que aquel dice desarrollar; y de la correlación que exista entre los fines que procuran satisfacer esos decretos y las medidas empleados por la administración, con el acto objeto de control, para conseguirlo.

EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 540 DEL 24 DE MARZO DE 2020 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS / CORPOCALDAS / AUTO QUE NO AVOCA CONOCIMIENTO / IMPROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD / CARENCIA DE OBJETO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL Revisadas las actuaciones realizadas en ese expediente se encontró que (1) el 14 de abril de 2020 se profirió Auto por medio del cual avocó conocimiento para ejercer el control inmediato de legalidad sobre la Resolución No. 540 de 24 de marzo de 2020 de CORPOCALDAS, y (2) mediante providencia de 11 de junio de 2020 se declaró la improcedencia de este medio de control.

De lo expuesto queda claro que: a) Por un error, Secretaría General de la Corporación repartió 2 veces el mismo acto administrativo y, en consecuencia, se crearon 2 expedientes para la misma resolución (2020-01029-00 – Despacho Ibarra Vélez y 2020-01401-00 Despacho Montaña Plata. b) En el expediente 2020-01029-00, el 11 de junio de 2020 se adoptó una decisión frente a la Resolución 540 de 2020, consistente en declarar la improcedencia de este medio de control, c) Aunque sería del caso entrar a resolver el asunto, dado que ya existe una decisión adoptada sobre la misma resolución, este despacho estima que existe carencia de objeto para pronunciarse.

En consecuencia, dará por terminado este proceso, no sin antes ordenar que se realicen las anotaciones y se expidan las constancias del caso. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.14 Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01401-00A(CA) Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) Demandado: RESOLUCIÓN 540 DEL 24 DE MARZO DE 2020 Referencia: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD Sería del caso entrar a proferir el fallo, sino fuera porque el Despacho advierte que existe carencia de objeto para resolver, como pasa a explicarse. 1.

El 24 de abril de 2020[1], por reparto correspondió a este Despacho impartir el trámite de control inmediato de legalidad a la Resolución No. 540 de 24 de marzo de 2020, “por medio de la cual se suspenden términos procesales del proceso administrativo de cobro por jurisdicción coactiva”, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS). 2.

Mediante Auto de 19 de abril de 2020, se (1) admitió el control inmediato de legalidad; (2) ordenó la fijación de un aviso, por el término de 10 días, para que los ciudadanos impugnaran o coadyuvaran la legalidad del acto administrativo objeto de revisión; (3) informó de tal decisión a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS); y (4) corrió traslado al Ministerio Público, para que rindiera concepto. 3.

En la oportunidad correspondiente, el Director General de CORPOCALDAS presentó informe en el que defendió la legalidad del acto e informó que, bajo el expediente No. 11001-03-15-000-2020-01029-00, que tramitaba la Consejera de Estado Sandra Lisset Ibarra Vélez, también cursaba un control inmediato de legalidad a la Resolución No. 540 de 2020. 4.

Con fundamento en el informe, este Despacho procedió a revisar la consulta de procesos en línea de la Rama Judicial y la sede electrónica de gestión judicial – SAMAI, y advirtió que, en efecto, en el Despacho de la Consejera Ibarra se tramitaba el Control de Legalidad de la Resolución No. 540 de 2020, bajo la radicación No. 11001-03-15-000-2020-01029-00[2]. 5.

Revisadas las actuaciones realizadas en ese expediente se encontró que (1) el 14 de abril de 2020 se profirió Auto por medio del cual avocó conocimiento para ejercer el control inmediato de legalidad sobre la Resolución No. 540 de 24 de marzo de 2020 de CORPOCALDAS[3], y (2) mediante providencia de 11 de junio de 2020 se declaró la improcedencia de este medio de control[4]. 6.

De lo expuesto queda claro que: a) Por un error, Secretaría General de la Corporación repartió 2 veces el mismo acto administrativo y, en consecuencia, se crearon 2 expedientes para la misma resolución (2020- 01029-00 – Despacho Ibarra Vélez y 2020-01401-00 Despacho Montaña Plata. b) En el expediente 2020-01029-00, el 11 de junio de 2020 se adoptó una decisión frente a la Resolución 540 de 2020, consistente en declarar la improcedencia de este medio de control, c) Aunque sería del caso entrar a resolver el asunto, dado que ya existe una decisión adoptada sobre la misma resolución, este despacho estima que existe carencia de objeto para pronunciarse.

En consecuencia, dará por terminado este proceso, no sin antes ordenar que se realicen las anotaciones y se expidan las constancias del caso. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA DE OBJETO en el proceso con radicación No. 11001-03-15-000-2020-01401-00, por las razones antes expuestas y, en consecuencia, DAR POR TERMINADO el proceso.

SEGUNDO: Por Secretaría, efectuar las anotaciones y expedir las constancias necesarias en los sistemas de gestión judicial correspondientes. CÓPIESE, PUBLÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. ALBERTO MONTAÑA PLATA ----------------------- [1] https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?Ent ryId=el1Enp5PPz16U%2fXNoYyhpzZ lfdM%3d (Criterios de búsqueda: Bogotá. Consejo de Estado – Secretaría General. Número de Redición. 11001031500020200140100). [2] Repartido por la Secretaría General de la Corporación al despacho de la Consejera de Estado Sandra Lisset Ibarra Vélez el 9 de abril de 2020. [3] Esta providencia, notificada el 15 de abril de 2020, expresamente dispuso (se trascribe) “PRIMERO.- AVOCAR CONOCIMIENTO, en única instancia, de la Resolución 540 de 24 de marzo de 2020, expedida por la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas-, «por medio de la cual se suspenden los términos procesales del proceso administrativo de cobro por jurisdicción coactiva», a efectos de adelantar el control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 del CPACA.” [4] Esta providencia, notificada el 16 de junio de 2020, señaló en su parte resolutiva (se trascribe) “PRIMERO.- DECLARAR la improcedencia del medio de control inmediato de legalidad para revisar, enjuiciar o controlar la Resolución 0540 de 24 de marzo de 2020 expedida por la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas-.// SEGUNDO.- Lo dispuesto en el numeral anterior no significa que la referida Resolución no pueda ser demandada por cualquier ciudadano e incluso en lesividad por parte de la misma Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas-, a través del medio de control de «Nulidad Simple» previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.”