11001-03-15-000-2020-02565-00 — Consejo de Estado

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 5-1257 DE 2 DE ABRIL DE 2020 DE LA DELEGADA DEL DIRECTOR PARA EL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, REGIONAL ANTIOQUIA- Competencia del Tribunal Adminsitrativo de Antioquia / ESTABLECE EL GRADO DE REMUNERACIÓN DE UN INSTRUCTOR EN EL SISTEMA SALARIAL DE EVALUACIÓN POR MÉRITOS PARA INSTRUCTORES-SSEMI- REGIONAL ANTIOQUIA / FALTA DE COMPETENCIA La Resolución 5-1257 de 2 de abril de 2020, que nos ocupa, no comporta un acto pasible de control inmediato de legalidad por parte de esta Corporación a partir de las previsiones del artículo 136 del CPACA, sino del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las siguientes razones:1.Si bien fue expedida por una autoridad nacional, como lo es el SENA, la medida adoptada delimita su aplicación espacial a la regional Antioquia y solo respecto de una servidora pública en particular de la entidad, a quien la delegada del director para el complejo tecnológico para la gestión agroempresarial de esa regional le asigna un puntaje en el «Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores-SSEMI».

Es decir, que no estamos en presencia de una decisión de carácter general y nacional, en los términos de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA, que haga viable el control de legalidad por parte de esta Corporación, puesto que la aludida Resolución NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 5-1257 DE 2 DE ABRIL DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, REGIONAL ANTIOQUIA FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA- ARTÍCULO 215 / LEY 137 DE 1994- ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA)-ARTÍCULO 136 CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA VEINTICUATRO ESPECIAL DE DECISION Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020).

ANTECEDENTES 1.1 El medio de control (ff. 4 y 5). El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el propósito de que, conforme al artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se ejerza control inmediato de legalidad respecto de la Resolución 5-1257 de 2 de abril de 2020, «Por la cual se establece el grado de remuneración de un Instructor en el Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores-SSEMI», emitida por la delegada del director para el complejo tecnológico para la gestión agroempresarial del SENA, regional Antioquia.

A este despacho correspondió el trámite del presente asunto, por reparto efectuado el 11 de junio de 2020 por la secretaría general de la Corporación (ff. 6 y 7). II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. Sea lo primero precisar que, conforme a los artículos 215 constitucional, 20 de la Ley 137 de 1994, «Por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia», y 111.8 y 136 del CPACA, a esta Corporación le corresponde conocer del presente asunto[1]. 2.2 Marco normativo.

El asunto sub examine está regulado, en lo fundamental, por las disposiciones contenidas en los artículos 215 de la Constitución Política; 11, 13 y 20 de la Ley 137 de 1994; y 111.8, 136 y 185 del CPACA. En efecto, el artículo 215 de la Constitución Política, en lo pertinente, establece:

ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. […] Por su parte, la Ley 137 de 1994 prevé que «Los decretos legislativos deberán expresar claramente las razones por las cuales cada una de las medidas adoptadas es necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente» (artículo 11); y «Las medidas expedidas durante los estados de excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar» (artículo 13).

Acerca del control inmediato de legalidad que compete a esta Corporación, se tiene que el artículo 20 de la mencionada Ley 137 de 1994 dispone: Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición [se destaca]. De igual modo, el CPACA (Ley 1437 de 2011) al respecto preceptúa: Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. Del anterior marco normativo se concluye que las medidas objeto de control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado son aquellas: (i) de carácter general, (ii) que emanen de autoridades nacionales, (iii) dictadas en ejercicio de la función administrativa, (iv) en desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción y (v) que «deberá[n] estar directa y específicamente encaminada[s] a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos» y cuyo propósito sea «alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente», como lo determinan los artículos 10 y 11 de la mencionada Ley 137 de 1994.

En materia de competencia, dicho control inmediato de legalidad será ejercido por: (i) la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en el lugar donde se expidan las medidas, si se tratare de entidades territoriales, o (ii) el Consejo de Estado si emanan de autoridades nacionales, en todo caso, «de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código», al tenor del citado artículo 136 del CPACA. 2.3 Caso concreto.

La Resolución 5-1257 de 2 de abril de 2020, que nos ocupa, no comporta un acto pasible de control inmediato de legalidad por parte de esta Corporación a partir de las previsiones del artículo 136 del CPACA, sino del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las siguientes razones: 1.Si bien fue expedida por una autoridad nacional, como lo es el SENA, la medida adoptada delimita su aplicación espacial a la regional Antioquia y solo respecto de una servidora pública en particular de la entidad, a quien la delegada del director para el complejo tecnológico para la gestión agroempresarial de esa regional le asigna un puntaje en el «Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores-SSEMI».

Es decir, que no estamos en presencia de una decisión de carácter general y nacional, en los términos de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA, que haga viable el control de legalidad por parte de esta Corporación, puesto que la aludida Resolución, en lo pertinente, señala: RESOLUCIÓN No. 05-01257 DE 2020 «Por la cual se establece el grado de remuneración de un Instructor en el Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para Instructores-SSEMI» LA DELEGADA DEL DIRECTOR PARA EL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” REGIONAL ANTIOQUIA […], CONSIDERANDO: […] Que mediante Resolución 12785 del 24/12/2019, la señora Alejandra Valencia Monroy … fue nombrada en período de prueba en el empleo identificado con la OPEC No. 58709 en la especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la convocatoria 436 de 2017, denominado Instructor, ubicado en el Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial de la Regional Antioquia. […] En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1°: Asignar el siguiente puntaje a la señora Alejandra Valencia Monroy…como resultado de la evaluación de ingreso al Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para los Instructores del SENA “SSEMI”: […] Dada en Caucasia, a los 02 ABR 2020 (hay firma) ANGIE CAROLINA TUNJANO GUTIERREZ ORDENADORA DEL GASTO COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL [sic para toda la cita].

Obsérvese que a través de la mencionada Resolución se adopta una medida de alcance local, cuyo eventual control inmediato de legalidad corresponde al Tribunal Administrativo de Antioquia, no solo por el ámbito delimitado de aplicación material, orgánica y geográfica, sino porque, además, tal control debe ser ejercido «por la jurisdicción de lo contencioso- administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales», en los términos del artículo 136 del CPACA.

Si bien no estamos propiamente en presencia de un ente territorial, lo que persigue el legislador es que, en este preciso asunto, regulado de manera especial y específica por las Leyes 137 de 1994 (artículo 20) y 1437 de 2011 (artículo 136), el Consejo de Estado ejerza control inmediato de legalidad respecto de medidas de carácter general, que emanen de autoridades nacionales, en el entendido de que sus efectos trascienden a todo el país, puesto que si lo son del ámbito meramente local, la competencia es de esta misma jurisdicción, pero del «lugar donde se expidan». 2.

Lo anterior resulta congruente con el mandato del artículo 136 del CPACA, en el sentido de que, con todo, el control inmediato de legalidad se ejercerá «de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código», y al revisar la competencia asignada a los tribunales administrativos, se evidencia que la misma codificación dispuso en el artículo 151 (numeral 14) que estos conocerán privativamente y en única instancia, entre otros asuntos, «Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los estados de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan» (se destaca).

Por consiguiente, se declarará la falta de competencia de esta Corporación para conocer del presente asunto y se ordenará el envío inmediato del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151[2] y 168[3] del CPACA. En mérito de lo expuesto, el despacho DECIDE: 1.° Declarar la falta de competencia de esta Colegiatura para conocer del control inmediato de legalidad de la Resolución 5-1257 de 2 de abril de 2020, expedida por la delegada del director para el complejo tecnológico para la gestión agroempresarial del Servicio Nacional de Aprendizaje, regional Antioquia, conforme a la parte motiva. 2.º A través de secretaría general, enviar el expediente, en forma inmediata, al Tribunal Administrativo de Antioquia para lo de su competencia, según la motivación. 3.° Ejecutoriada esta providencia, realizar las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase, CARMELO PERDOMO CUÉTER ----------------------- [1]La sala plena de lo contencioso-administrativo, en sesión virtual 10 de 1° de abril de 2020, determinó asignar el control inmediato de legalidad a las salas especiales de decisión de esta Corporación, según consta en acta 9 de la misma fecha. [2]«ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 14.

Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan». [3] «ARTÍCULO 168.

FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión».