EMERGENCIA SANITARIA – Medidas / MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del coronavirus COVID 19 / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – Declarado mediante Decreto 417 de 2020 / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO – Para conocer demanda de nulidad por inconstitucionalidad frente a decretos legislativos dictados por el Gobierno Nacional / COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL – Para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad respecto de un decreto legislativo expedido en virtud de facultades constitucionales y legales otorgadas al Presidente de la República / REMISIÓN POR COMPETENCIA DEL EXPEDIENTE – Por tratarse de un asunto cuyo conocimiento corresponde a la Corte Constitucional [D]e conformidad con el artículo 241, numeral 7, de la Constitución Política, el control respecto de esta clase de norma es de conocimiento de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que la solicitud recae sobre un decreto legislativo, expedido para conjurar la emergencia económica, social y ecológica, declarada mediante el Decreto núm. 417 de 17 de marzo de 2020, en los términos del artículo 215 de la Constitución Política.
En consecuencia, habrá de remitirse el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 135 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 215 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 241 NUMERAL 7 NORMA DEMANDADA: DECRETO LEGISLATIVO 546 DE 2020 (14 de abril) GOBIERNO NACIONAL (Remite por competencia) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2020-00131-00 Actor: BRAYAN ORTEGA Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Asunto: Declara incompetencia y ordena remitir al competente AUTO INTERLOCUTORIO El señor BRAYAN ORTEGA[1], actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad[2] por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del CPACA, presentó demanda ante la Sección Primera del Consejo de Estado tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Decreto Legislativo núm. 546 de 14 de abril de 2020, "Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", expedido por el GOBIERNO NACIONAL.
Para resolver, se CONSIDERA: El numeral 7 del artículo 241 de la Constitución Política, sobre la competencia de la Corte Constitucional frente al control de los decretos legislativos, establece: “[…]
ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. […]”.
En el caso sub lite, de la revisión del Decreto Legislativo núm. 546 de 14 de abril de 2020, se lee lo siguiente: “[…] EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional", y
CONSIDERANDO
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 ibídem, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. […] Que el artículo 47 de la Ley estatutaria 137 de 1994 faculta al Gobierno nacional para que, en virtud la declaración del de Emergencia, pueda dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir extensión sus efectos, siempre que (i) dichos decretos se refieran a materias que tengan relación directa y especifica con dicho Estado, O i) su finalidad esté encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos, (iii) las medidas adoptadas sean para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente, y (iv) cuando se trate de decretos legislativos que suspendan leyes se expresen las razones por cuales son incompatibles con el correspondiente de Excepción. […] Que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios las básicas para la prevención como lo son: lavarse las manos frecuentemente, limpiar regularmente determinadas superficies y al menos un metro de distancia entre las demás personas, son difíciles implementar, más aún cuando virus tiene una alta probabilidad de permanecer en las superficies, lo cual facilita su expansión. Que debido a la concentración de personal en establecimientos penitenciarios y carcelarios, se hace necesario implementar normas inmediatas, de carácter apremiante, para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad coronavirus COVID-19 dentro los establecimientos penitenciarios y carcelarios por lo cual resulta pertinente conceder detención domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias a personas que pertenezcan a los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, como los adultos mayores, las mujeres en estado de embarazo y personas con enfermedades crónicas, entre otras. […]” (Resaltas y negrillas fuera del texto).
En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 241, numeral 7, de la Constitución Política, el control respecto de esta clase de norma es de conocimiento de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que la solicitud recae sobre un decreto legislativo, expedido para conjurar la emergencia económica, social y ecológica, declarada mediante el Decreto núm. 417 de 17 de marzo de 2020[3], en los términos del artículo 215[4] de la Constitución Política.
En consecuencia, habrá de remitirse el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia. Finalmente, y en razón a que el señor BRAYAN ORTEGA informó que se encuentra recluido en el Pabellón 8 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad EPAMS Girón, se ordenará que la presente providencia se le notifique al correo electrónico por medio del cual se remitió esta demanda[5] y también se le haga saber por intermedio de la Oficina Jurídica del Establecimiento Penitenciario mencionado[6] a quien se le dirigirá la comunicación correspondiente, con el fin de que se entere de este proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR LA INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, promovida por el señor BRAYAN ORTEGA[7], por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Por Secretaría REMITIR el expediente digital a la Corte Constitucional, para lo de su competencia.
TERCERO: NOTIFICAR al actor de la presente providencia a través del correo electrónico por medio del cual se remitió la demanda[8] y al de la Oficina Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad EPAMS Girón.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera ----------------------- [1] En su escrito manifiesta que recibirá notificaciones en el Pabellón 8 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad EPAMS, además de identificarse con su documento de identidad, alude a su TD 7856. [2] En el escrito el actor formula su oposición al Decreto Legislativo núm. 546 de 14 de abril de 2020 y alude de manera indistinta a los medios de control de nulidad y nulidad por inconstitucionalidad en los términos de los artículos 135 y 137 del CPACA.
Al respecto debe señalarse que el memorial radicado se le impartió el reparto del medio de control: Ley 1437 NULIDAD INCONSTITUCIONALIDAD SUSP PROV, según el registro de la demanda y el informe secretarial que antecede. [3] “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. [4] “ARTICULO 215.
Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. […]
PARÁGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.” [5] fcsppsantander@gmail.com [6] juridica.epamsgiron@inpec.gov.co [7] juridica.epamsgiron@inpec.gov.co [8] fcsppsantander@gmail.com