CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN Nº 012 DE 16 DE MARZO DE 2020 DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO – No desarrolló el decreto legislativo de estado de excepción, por ser anterior a su expedición / HORARIO LABORAL / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Procedencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Actos frente a los cuales es competente el Consejo de Estado / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – No avoca conocimiento La procedencia de ese control especialísimo [control inmediato de legalidad] está sujeto a que se trate de medidas que cumplan con las siguientes características: i) Que sean de carácter general, es decir, que excluye a las de carácter particular y concreto. ii) Que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa. iii) Que su expedición se dé en desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Cuando se cumplen las tres condiciones anteriores y la medida de carácter general adoptada proviene de una autoridad del orden nacional, la competencia radica en el Consejo de Estado.
(…) Lo anterior quiere decir que uno de los requisitos indispensables para que proceda el mecanismo bajo análisis consiste en que las medidas cuyo control se pretende hayan sido expedidas en el marco de los estados de excepción y que desarrollen o reglamenten el decreto legislativo correspondiente; sin embargo, al revisar el contenido de la resolución sub examine, se concluye que no cumple con tales características.(…) como es de público conocimiento, a causa de los acontecimientos relacionados con la pandemia denominada covid-19, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, profirió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis producida por esa pandemia.
Lo anterior quiere decir que si bien es cierto el presidente de la República, junto a todos sus ministros, expidió un decreto con la finalidad de declarar un estado de emergencia por razones que guardan identidad temática con el objeto de la resolución en cuestión -conjurar la crisis ocasionada por el covid-19-, también lo es que ese decreto fue posterior a la expedición de la resolución cuyo control inmediato de legalidad se pretende [012 de 16 de marzo de 2020], es decir, que esta última no fue expedida al amparo de un estado de excepción ni para reglamentar el decreto que lo declaró, sino que fue anterior a él. NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN Nº 012 DE 2020.
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011(CPACA) - ARTÍCULO 136 / DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA VEINTIUNO ESPECIAL DE DECISIÓN Consejero Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-02040-00(CA) Actor: PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Demandado: RESOLUCIÓN 012 DE 16 DE MARZO DE 2020 Referencia: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD Radicación: Temas: No avoca conocimiento de control inmediato de legalidad de la Resolución N.º 012 de 16 de marzo de 2020, emitida por la presidente del Fondo Nacional del Ahorro, mediante la cual se establece con carácter temporal y extraordinario el horario laboral del Fondo Nacional del Ahorro, y se dictan otras disposiciones como medidas de prevención y contención del Covid- 19 __________________________________________________________________ Decide el Despacho sobre la viabilidad o no de avocar conocimiento sobre el control inmediato de legalidad de la Resolución N.º 012 de 16 de marzo de 2020, emitida por la presidente del Fondo Nacional del Ahorro, mediante la cual se establece con carácter temporal y extraordinario el horario laboral del Fondo Nacional del Ahorro, y se dictan otras disposiciones como medidas de prevención y contención del Covid-19.[1] Con el propósito de analizar la procedencia del mecanismo de control bajo estudio, es necesario señalar que su marco normativo está contemplado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 136.
Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. (Se resalta) De la norma transcrita se puede concluir que la procedencia de ese control especialísimo está sujeto a que se trate de medidas que cumplan con las siguientes características: i) Que sean de carácter general, es decir, que excluye a las de carácter particular y concreto. ii) Que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa. iii) Que su expedición se dé en desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Cuando se cumplen las tres condiciones anteriores y la medida de carácter general adoptada proviene de una autoridad del orden nacional, la competencia radica en el Consejo de Estado.
Ahora bien, la Sala Plena de esta Corporación, en relación con el control inmediato de legalidad, ha considerado que: (…) es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos administrativos de carácter general que se expiden al amparo de los estados de excepción, esto es, actos administrativos que desarrollan o reglamentan un decreto legislativo.[2] (Negrilla fuera de texto) Lo anterior quiere decir que uno de los requisitos indispensables para que proceda el mecanismo bajo análisis consiste en que las medidas cuyo control se pretende hayan sido expedidas en el marco de los estados de excepción y que desarrollen o reglamenten el decreto legislativo correspondiente; sin embargo, al revisar el contenido de la resolución sub examine, se concluye que no cumple con tales características, por las razones que se expresan a continuación: En primer lugar, en las consideraciones de la Resolución N.º 012 de 16 de marzo de 2020, expedida por la presidente del Fondo Nacional del Ahorro se tomaron como referente, entre otras, las siguientes disposiciones: i) La Circular 017 del 24 de febrero de 2020, emanada del Ministerio de Trabajo, mediante la cual se establecieron los lineamientos mínimos para implementar la promoción, prevención, respuesta y atención de los casos de la enfermedad covid-19; en ella, se clasificaron en 3 grupos, los trabajadores expuestos. ii) La Circular Externa Conjunta 0018 del 10 de marzo de 2020, procedente del Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo objetivo consistía en establecer acciones para la contención del covid-19 y prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico, así como dar instrucciones relacionadas con los ambientes laborales. iii) La Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adoptaron medidas preventivas sanitarias en todo el país, por causa del covid-19; en particular, se impuso el aislamiento y cuarentena a las personas que arribaran al país, procedentes de China, Italia, Francia y España. iv) La Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se declaró la emergencia sanitaria a causa del covid-19 y se adoptaron medidas para hacer frente a ese virus. v) La Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, por la cual se establecieron medidas para atender la contingencia generada por el covid- 19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Con base en lo anterior se puede concluir que el contenido de la Resolución N.º 012 de 16 de marzo de 2020 no permite vislumbrar que se hubiera expedido al amparo de un estado de excepción, ni mucho menos que tenga como finalidad desarrollar o reglamentar un decreto legislativo durante ese estado excepcional. En segundo lugar, y como es de público conocimiento, a causa de los acontecimientos relacionados con la pandemia denominada covid-19, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, profirió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis producida por esa pandemia.
Lo anterior quiere decir que si bien es cierto el presidente de la República, junto a todos sus ministros, expidió un decreto con la finalidad de declarar un estado de emergencia por razones que guardan identidad temática con el objeto de la resolución en cuestión -conjurar la crisis ocasionada por el covid-19-, también lo es que ese decreto fue posterior a la expedición de la resolución cuyo control inmediato de legalidad se pretende, es decir, que esta última no fue expedida al amparo de un estado de excepción ni para reglamentar el decreto que lo declaró, sino que fue anterior a él. En consideración a lo expuesto, se puede concluir que las medidas de que trata la Resolución N.º 012 de 16 de marzo de 2020, proferida por la presidente del Fondo Nacional del Ahorro no fueron adoptadas en desarrollo del decreto legislativo dictado durante el estado de excepción y, por ende, no se cumple con un requisito de procedibilidad para ejercer, respecto de ella, el control inmediato de legalidad, razón que impide a esta Corporación avocar el conocimiento de ese mecanismo.
En mérito de lo expuesto, el Despacho,
RESUELVE
Primero. No avocar el conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución N.º 012 de 16 de marzo de 2020, emitida por la presidente del Fondo Nacional del Ahorro, mediante la cual se establece con carácter temporal y extraordinario el horario laboral del Fondo Nacional del Ahorro, y se dictan otras disposiciones como medidas de prevención y contención del Covid-19., en la medida en que no es susceptible de control inmediato de legalidad, en el marco del artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Segundo. Notificar personalmente o a través de correo electrónico, a la presidente del Fondo Nacional del Ahorro o a quien haga sus veces, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 185 y 186 del CPACA.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Consejero de Estado ----------------------- [1] El presente asunto le correspondió al Despacho por reparto realizado por la Secretaría General de esta Corporación, el 21 de mayo de 2020. [2] Consejo de Estado, Sala Plena, providencia del 5 de marzo de 2012, radicación: 11001-01-15-000-2010-00369-00 (CA), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.