54001-23-33-000-2015-00409-01 — Consejo de Estado

54001-23-33-000-2015-00409-01Consejo de Estado · SECCION CUARTASentencia2020-05-07

Ponente: Milton Chaves García

Actor: Arrocera Agua Blanca S.A.·Demandado: Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales – Dian

De qué trata

Síntesis: El artículo 771-2 del E.T. establece que la prueba documental idónea para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto de renta, son las facturas que cumplen con los requisitos de los artículos 617 y 618 del E.T. Sin embargo, esto no impide que la Administración despliegue su facultad fiscalizadora, para corroborar la veracidad de las transacciones económicas que dieron lugar a dichos costos. (…) Por otra parte, el artículo 746 del Estatuto Tributario contempla la presunción de veracidad de la cual gozan las declaraciones tributarias, no obstante, ha dicho la Sala, que esta presunción admite prueba en contrario y que la carga probatoria para desvirtuarla recae en principio en la Autoridad Tributaria, y se traslada al contribuyente cuando esta solicite una comprobación especial o la ley así lo exija. El artículo 742 del mismo ordenamiento, dispone que la determinación de los impuestos por parte de la Administración, debe fundarse en los hechos que se encuentren probados dentro del expediente, mediante pruebas que respondan a lo regulado por las leyes tributarias o el Código General del Proceso, en cuanto exista compatibilidad entre ambas normas. Esto quiere decir, que la DIAN puede desvirtuar la existencia de las transacciones a través de medios probatorios directos o indirectos, que no estén prohibidos por la ley, para así, proceder al rechazo de costos, a pesar de que el contribuyente pretenda hacerlos valer mediante facturas o documentos equivalentes. La Sala ha señalado que en materia tributaria es aceptado el indicio como medio de prueba para que la Administración compruebe la veracidad de las transacciones económicas del contribuyente. Pero para que un hecho pueda considerarse como indicio, el artículo 240 del Código General del Proceso indica que debe estar debidamente probado en el proceso. Además, el artículo 242 del mismo Código, prevé que los indicios deben ser valorados por el juez en conjunto, de acuerdo con su gravedad, concordancia y convergencia, y la relación que posean con las demás pruebas obrantes en el expediente. (…) La Sala observa que el acervo probatorio previamente descrito constituye material suficiente y claro, obtenido mediante pruebas aceptadas por la ley, que le restan credibilidad a las facturas y a la contabilidad de la actora en tanto conducen a desvirtuar la realidad de las operaciones de compra-venta que en ellas se registran. La Sala destaca, que dichas pruebas tienen plena validez, pues las partes en el momento procesal oportuno pudieron aportar pruebas, solicitar su práctica o tachar de falsas las obtenidas por la Administración y no lo hizo a pesar de que en ella recaía la carga probatoria. Contrario sensu la Arrocera Agua Blanca S.A., centró la discusión en la validez que debía darse a su contabilidad y los documentos de soporte, en la presunción de costos que debía aplicar la demandada. (…) Así, en materia tributaria, los indicios constituyen una prueba subsidiaria pues suplen la falta de pruebas directas. Solo ante la falta de estas puede acudirse a los indicios, que deben ser valorados en conjunto. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto. Por esa razón, sostuvo que ante la contundencia de los indicios “se invierte la carga de la prueba y por tanto correspondía al contribuyente demostrar en aplicación del artículo 177 del C.P.C. que las operaciones con esos proveedores eran reales, lo que no sucedió”, pues la demandante se limitó a “esgrimir las presunciones a su favor y omitió demostrar la existencia real de las operaciones mercantiles cuestionadas, como era su deber”. Así pues, con base en un sólido conjunto de indicios, la DIAN determinó que eran inexistentes las operaciones comerciales, por lo que se desvirtuó la realidad de los costos declarados en el año 2010 por la suma de $6.225.435.000. En consecuencia, la demandada desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración y se invirtió la carga de la prueba en cabeza de la actora, quien debió demostrar la realidad de las operaciones. (…) La Sala destaca que el dictamen describe el uso de un método agrícola que permite el aumento del rendimiento del cultivo de arroz por unidad de superficie, dicho método corresponde al sistema de soca o retoño, que consiste en obtener de la planta original, nuevas plantas provenientes de semillas que quedaron después de la recolección, implementándose practicas adecuadas de riego, control de maleza, plagas y fertilización. Es decir que, como se refiere a las generalidades del cultivo de arroz, no es plena prueba para establecer lo cosechado por cada proveedor, pues no especifica la variabilidad de producción en cada caso. Es claro entonces, que contrario a lo expuesto por la demandante, en el expediente obran pruebas suficientes que apreciadas bajo las reglas de la sana crítica, demuestran claramente que los motivos que llevaron a la DIAN a rechazar las operaciones de costo declaradas, se ajustan a derecho. La sanción por inexactitud impuesta a la actora, como lo precisó el a quo, debe liquidarse de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, equivalente al 160%, procede la reliquidación de la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100%.CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia por falta de prueba de su causaciónNo se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.

PROCEDENCIA DE DEDUCCIÓN DE COSTOS EN EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS – Prueba idónea / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Admite prueba en contrario / ADMISIBILIDAD DE PRUEBAS PARA DESVIRTUAR LA EXISTENCIA DE LAS TRANSACCIONES – Directas o indirectas / INDICIO COMO MEDIO DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA – Requisitos para su aceptación / ACERVO PROBATORIO QUE DESVIRTÚA LAREALIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA REGISTRADAS – Configuración / COMPRAS SIMULADAS – Configuración / COSTOS DE VENTAS INEXISTENTES – Configuración / RECHAZO DE DEDUCCIÓN DE COSTOS EN EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS – Configuración / SANCIÓN POR INEXACTITUD – Procedencia / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA - Aplicación El artículo 771-2 del E.T. establece que la prueba documental idónea para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto de renta, son las facturas que cumplen con los requisitos de los artículos 617 y 618 del E.T. Sin embargo, esto no impide que la Administración despliegue su facultad fiscalizadora, para corroborar la veracidad de las transacciones económicas que dieron lugar a dichos costos.

(…) Por otra parte, el artículo 746 del Estatuto Tributario contempla la presunción de veracidad de la cual gozan las declaraciones tributarias, no obstante, ha dicho la Sala, que esta presunción admite prueba en contrario y que la carga probatoria para desvirtuarla recae en principio en la Autoridad Tributaria, y se traslada al contribuyente cuando esta solicite una comprobación especial o la ley así lo exija.

El artículo 742 del mismo ordenamiento, dispone que la determinación de los impuestos por parte de la Administración, debe fundarse en los hechos que se encuentren probados dentro del expediente, mediante pruebas que respondan a lo regulado por las leyes tributarias o el Código General del Proceso, en cuanto exista compatibilidad entre ambas normas.

Esto quiere decir, que la DIAN puede desvirtuar la existencia de las transacciones a través de medios probatorios directos o indirectos, que no estén prohibidos por la ley, para así, proceder al rechazo de costos, a pesar de que el contribuyente pretenda hacerlos valer mediante facturas o documentos equivalentes. La Sala ha señalado que en materia tributaria es aceptado el indicio como medio de prueba para que la Administración compruebe la veracidad de las transacciones económicas del contribuyente.

Pero para que un hecho pueda considerarse como indicio, el artículo 240 del Código General del Proceso indica que debe estar debidamente probado en el proceso. Además, el artículo 242 del mismo Código, prevé que los indicios deben ser valorados por el juez en conjunto, de acuerdo con su gravedad, concordancia y convergencia, y la relación que posean con las demás pruebas obrantes en el expediente.

(…) La Sala observa que el acervo probatorio previamente descrito constituye material suficiente y claro, obtenido mediante pruebas aceptadas por la ley, que le restan credibilidad a las facturas y a la contabilidad de la actora en tanto conducen a desvirtuar la realidad de las operaciones de compra-venta que en ellas se registran. La Sala destaca, que dichas pruebas tienen plena validez, pues las partes en el momento procesal oportuno pudieron aportar pruebas, solicitar su práctica o tachar de falsas las obtenidas por la Administración y no lo hizo a pesar de que en ella recaía la carga probatoria.

Contrario sensu la Arrocera Agua Blanca S.A., centró la discusión en la validez que debía darse a su contabilidad y los documentos de soporte, en la presunción de costos que debía aplicar la demandada. (…) Así, en materia tributaria, los indicios constituyen una prueba subsidiaria pues suplen la falta de pruebas directas. Solo ante la falta de estas puede acudirse a los indicios, que deben ser valorados en conjunto.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto. Por esa razón, sostuvo que ante la contundencia de los indicios “se invierte la carga de la prueba y por tanto correspondía al contribuyente demostrar en aplicación del artículo 177 del C.P.C. que las operaciones con esos proveedores eran reales, lo que no sucedió”, pues la demandante se limitó a “esgrimir las presunciones a su favor y omitió demostrar la existencia real de las operaciones mercantiles cuestionadas, como era su deber”.

Así pues, con base en un sólido conjunto de indicios, la DIAN determinó que eran inexistentes las operaciones comerciales, por lo que se desvirtuó la realidad de los costos declarados en el año 2010 por la suma de $6.225.435.000. En consecuencia, la demandada desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración y se invirtió la carga de la prueba en cabeza de la actora, quien debió demostrar la realidad de las operaciones.

(…) La Sala destaca que el dictamen describe el uso de un método agrícola que permite el aumento del rendimiento del cultivo de arroz por unidad de superficie, dicho método corresponde al sistema de soca o retoño, que consiste en obtener de la planta original, nuevas plantas provenientes de semillas que quedaron después de la recolección, implementándose practicas adecuadas de riego, control de maleza, plagas y fertilización. Es decir que, como se refiere a las generalidades del cultivo de arroz, no es plena prueba para establecer lo cosechado por cada proveedor, pues no especifica la variabilidad de producción en cada caso.

Es claro entonces, que contrario a lo expuesto por la demandante, en el expediente obran pruebas suficientes que apreciadas bajo las reglas de la sana crítica, demuestran claramente que los motivos que llevaron a la DIAN a rechazar las operaciones de costo declaradas, se ajustan a derecho. La sanción por inexactitud impuesta a la actora, como lo precisó el a quo, debe liquidarse de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, equivalente al 160%, procede la reliquidación de la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100%.

FUENTE FORMAL: / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 617 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 618 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 771-2 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 742 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 746 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 240 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 242 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 287 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 288 CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia por falta de prueba de su causación No se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (C.G.P.) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 54001-23-33-000-2015-00409-01(24783) Actor: ARROCERA AGUA BLANCA S.A. Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN FALLO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia del 13 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda[1].

La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente[2]: “PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión No. 072412014000036 del 8 de abril de 2014, correspondiente al impuesto de renta año gravable 2010 del contribuyente sociedad Arrocera Agua Blanca S.A., y de la Resolución 900.357 del 24 de abril de 2015, a través de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior, solo en relación con la sanción por inexactitud impuesta, (…).

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho TÉNGASE como valor a pagar a cargo del contribuyente sociedad Arrocera Agua Blanca S.A., por concepto de la sanción por inexactitud la suma de 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el determinado privadamente, para el caso la suma de $2.054.393.000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de las demandas.

CUARTO: ABSTENERSE de condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”.

ANTECEDENTES El 14 de abril de 2011 ARROCERA AGUABLANCA S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2010, en la que registró costos por $38.933.347.000, una renta líquida gravable de $1.038.829.000, un total impuesto a cargo de $342.814.000, anticipo por el año gravable siguiente de $215.772.000 y un total saldo a pagar de $215.772.000.

Previo Requerimiento Especial No. 072382013000040 del 9 de julio de 2013, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 072412014000036 del 8 de abril de 2014[3], en la que se rechazó costos por $6.225.435.478. Por tanto determinó una renta líquida de $7.264.264.000, un impuesto a cargo de $ 2.397.207.000, una sanción por inexactitud de $3.287.029.000 y un saldo a pagar de $5.557.194.000.

El 9 de junio de 2016, la sociedad actora interpuso el recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo, resuelto por medio de la Resolución No. 900357 de 24 de abril de 2015, la DIAN que confirmó el acto recurrido[4]. DEMANDA La sociedad ARROCERA AGUA BLANCA S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones[5]: “III.

PRETENCIONES PRINCIPALES 1. Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 072412014000036 del 2014/04/08, mediante la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta modificó la liquidación privada del impuesto de renta, año gravable 2010, presentada por la sociedad ARROCERA AGUA BLANCA S.A. 2.

Se declare la nulidad de la Resolución 900.357 del 24 de abril de 2015, mediante la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos decidió el recurso de reconsideración, confirmando la Liquidación Oficial de Revisión. 3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare en firme la declaración privada del impuesto de Renta y Complementarios del año gravable 2010, presentada por la ARROCERA AGUA BLANCA S.A., el 14 de abril de 2011con el formulario No. 1101600015321 y stiker No. 91000109292562.” Invocó como normas violadas, las siguientes: • Artículos 6, 29 y 83 de la Constitución Política. • Artículos 58, 59, 381, 742, 743, 745, 746, 750, 754, 771-2, 772 y 787 del Estatuto Tributario. • Artículos 175, 177, 185 y 187 del Código de Procedimiento Civil. • Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El concepto de violación se sintetiza así: Manifestó que la DIAN rechazó l costos de venta por $ 6.225.435.000 del año gravable 2010, a cargo de la sociedad actora, por hechos atribuibles a los proveedores, que consideró indicios de la inexistencia de las operaciones de compra. Señaló que la administración no practicó inspección contable, ni formuló cuestionamiento alguno a la contabilidad de la sociedad investigada, razón por la que esta constituye prueba idónea y a favor del contribuyente en los términos del artículo 772 del Estatuto Tributario al no haber sido desvirtuado su valor probatorio.

Sostuvo que los actos administrativos demandados incurrieron en falsa motivación, ya que la ley no exige al contribuyente una comprobación distinta a la enunciada para la procedencia de los costos declarados junto con el certificado de fomento arrocero contemplado en el artículo 78 del Estatuto Tributario, por lo que la administración no puede desconocer la realidad de las operaciones que dieron origen a los costos declarados, y que le corresponde a la DIAN demostrar la inexistencia de las operaciones.

Alegó que pese a que la administración no recaudó pruebas para demostrar la inexistencia de las operaciones, concluyó que no se pudo comprobar la existencia real de las operaciones respecto de algunos proveedores, a quienes se les envió requerimientos ordinarios, que fueron devueltos por la causal “no reclamado”, “se trasladó”, “dirección incompleta”, “no contactado”, “permanece cerrado”, entre otras, sin tener en cuenta que los proveedores son agricultores que viven en áreas rurales.

Adujó que la administración violó el principio de necesidad de la prueba consagrado en el artículo 742 del Estatuto Tributario, al rechazar los costos de venta de algunos proveedores por la causal “no haberse podido comprobar la existencia real de la transacción”, pues careció de respaldo probatorio, por no basarse en los hechos que aparecían probados en el proceso de manera regular.

Indicó que los proveedores son agricultores cuya actividad no estaba considerada como comercial, por tanto, no tenían la obligación de llevar contabilidad, siendo poco probable que entregaran soportes de costos de la mano de obra y siembra, sin que ello se considere como un indicador de inexistencia de las operaciones de venta. Dijo que los actos demandados incurren en causal de nulidad por cuanto la motivación del rechazo de los costos de venta se basa únicamente en hechos de terceros, lo que constituye un indebido traslado de la responsabilidad personal a un sujeto ajeno a los hechos y omisiones, vulnerando la presunción de inocencia y el principio de seguridad jurídica.

Consideró que la demandada violó los principios de justicia y equidad de los tributos, pues las dudas provenientes de vacíos probatorios, deben resolverse a favor del contribuyente según el artículo 745 del E.T. Expuso que no se valoró la prueba idónea que exige la legislación como requisito de procedibilidad, tales como el paz y salvo, planillas y pagos de FEDEARROZ y cuota de fomento arrocero.

Señaló que no es procedente la sanción por inexactitud, toda vez que los costos de ventas e impuestos descontables declarados son reales. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos[6]: Aseveró que los actos acusados se encuentran debidamente motivados, pues se sustentan en las pruebas que se practicaron, recaudaron, aportaron y valoraron en legal forma, de modo que no existían vacíos probatorios que deban resolverse a favor de la contribuyente.

Sostuvo que no existe nulidad por violación al debido proceso por falta de motivación, porque en los actos acusados se expresaron de forma clara los motivos por los cuales se modificó la declaración privada del año gravable 2010 y se impuso sanción por inexactitud. Expresó que la demandante no desvirtuó en sede administrativa el desconocimiento de los costos, aunque sobre ella recaía la carga probatoria y pese a que en la respuesta al requerimiento especial, aportó declaraciones extraprocesales de los presuntos proveedores, tales pruebas no demuestran la realidad de las operaciones.

Resaltó que en ejercicio de las facultades de fiscalización la DIAN determinó que procede el rechazo de $6.225.435.000 de los costos declarados, porque no se estableció la realidad de las transacciones entre la demandante y algunos de sus proveedores. Respecto del material probatorio que obra en el expediente, destacó que en unos casos los proveedores manifestaron no haberle vendido a la actora, otros aceptaban haberle vendido a una arrocera, sin especificar a cual, otros aceptaban haberle vendido a la actora sin aportar pruebas que permitieran establecer la capacidad de producción. Destacó que procede la sanción por inexactitud en la medida en que se encuentra probado el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del Estatuto Tributario, pues en la declaración privada, el contribuyente incluyó costos inexistentes, lo cual derivó en menor impuesto a cargo.

SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, por las siguientes razones[7]: Expresó que los costos rechazados se basaron en pruebas documentales recaudadas y cruces de información, efectuados por la DIAN en virtud de las facultades de fiscalización, en los que se demostró simulación de operaciones, inexistencia de proveedores, entre otras circunstancias, que al ser apreciadas bajo las reglas de la sana critica, demostraron inexistencia de las operaciones declaradas.

Advirtió que la valoración de pruebas indiciarias es válida en materia tributaria y no constituye una apreciación subjetiva del ente fiscalizador. Destacó que la parte demandante pretendió demostrar que los proveedores tenían capacidad de producción para venderle los kilogramos de arroz paddy declarados, a través de dictámenes periciales, que si bien expusieron aspectos generales de la producción de arroz en Norte de Santander, los ciclos de producción y la técnica de cultivo denominada soca, adolecen de análisis y no constituyen plena prueba para establecer lo efectivamente cosechado por cada proveedor durante el año gravable investigado.

Desconociendo de esta forma el artículo 167 del Código General del Proceso. Indicó que pese a que algunos proveedores manifestaron la celebración de contratos de arrendamiento verbales para la cosecha de arroz, no es la costumbre mercantil, pues, otros acreditaron la existencia de contratos de arrendamiento por escrito, lo que desvirtuó el argumento de la demandante para aplicar la costumbre mercantil en arriendos de predios rurales.

Estimó que procede reliquidar al 100% la sanción por inexactitud impuesta, en aplicación del principio de favorabilidad, en consecuencia se fija en $2.054.393.000. RECURSO DE APELACIÓN La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión con fundamento en los siguientes argumentos [8]: Indicó que toda vez que los agricultores no están obligados a llevar libros de contabilidad, la DIAN no podía exigir documentos que no están obligados a conservar, tales como soportes de insumos, costos directos e indirectos y demás documentos sobre los actos no mercantiles, desconociendo de esta forma el artículo 684 del Estatuto Tributario.

Señaló que la administración desconoció algunas pruebas suministradas por los proveedores y la base de datos suministrada por FEDEARROZ, que acreditó el pago de la cuota de fomento arrocero sobre la totalidad de las compras realizadas en el año 2010, para tomar como indicio la información suministrada por el ICA, en oficio en el que manifestó que se producen en promedio dos cosechas de arroz paddy al año. La sociedad actora reitera que la prueba carece de credibilidad, porque no hace referencia al año investigado, ni a la zona geográfica de cultivo, es decir, es información que carece de conexidad entre los agricultores investigados y la generalidad.

Manifestó que la DIAN y el Tribunal omitieron valorar el dictamen pericial contable que constituía prueba idónea para demostrar la realidad de las operaciones de compra, cuyo objeto era la verificación con base en la contabilidad, de la realidad de dichas operaciones. Sin embargo, la administración solo valoró los documentos de los proveedores y no los del propio contribuyente.

Agregó que la totalidad de las compras de arroz realizadas en el año 2010 se encontraban soportadas en los recibos de báscula y los certificados de compra de arroz, que sobre el 100% de las operaciones de compra de arroz realizadas en el año 2010, se retuvo y pagó la cuota de fomento arrocero, en cumplimiento del artículo 78 del Estatuto Tributario.

Hecho que se ratificó con la entrega del paz y salvo expedido por FEDEARROZ. En cuanto al dictamen del ingeniero agrónomo, indicó que no tenía como finalidad la demostración de la capacidad productiva de cada proveedor, ni la verificación de las hectáreas cultivadas por ellos o el número de cosechas y ventas realizadas, sino indicar que el índice promedio de producción por hectárea puede ser superior a 6.86 informado por el ICA, que puede haber más de dos cosechas al año y que es viable la producción de arroz y soca o recobre en las zonas del departamento que fueron individualizadas por la administración y el ICA.

Finalmente manifestó que en el evento de negarse la pretensión de nulidad de los actos demandados, la sanción por inexactitud es improcedente, pues la información declarada para el año gravable 2010, estaba respaldada por los documentos que la normatividad comercial y tributaria exigía. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación[9].

La parte demandada reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda[10]. El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.[11]. CONSIDERACIONES DE LA SALA En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad ARROCERA AGUA BLANCA S.A. por el año gravable 2010.

En concreto se determinará lo siguiente: (i) si es procedente el rechazo de costo de ventas por $6.225.435.000; (ii) si procede la sanción por inexactitud y iii) si procede la condena en costas en segunda instancia. Procedencia de los costos El artículo 771-2 del E.T. establece que la prueba documental idónea para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto de renta, son las facturas que cumplen con los requisitos de los artículos 617[12] y 618[13] del E.T. Sin embargo, esto no impide que la Administración despliegue su facultad fiscalizadora, para corroborar la veracidad de las transacciones económicas que dieron lugar a dichos costos.

La Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 1 y 2 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, en los que el legislador estableció que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta se requerirá de facturas o documentos equivalentes que le permitan adquirir la certeza sobre datos necesarios para la determinación del impuesto [14].

Lo anterior “no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la Administración. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta pueden ser rechazados”[15].

Por otra parte, el artículo 746 del Estatuto Tributario contempla la presunción de veracidad de la cual gozan las declaraciones tributarias, no obstante, ha dicho la Sala[16], que esta presunción admite prueba en contrario y que la carga probatoria para desvirtuarla recae en principio en la Autoridad Tributaria, y se traslada al contribuyente cuando esta solicite una comprobación especial o la ley así lo exija.

Esto quiere decir, que la DIAN puede desvirtuar la existencia de las transacciones a través de medios probatorios directos o indirectos[17], que no estén prohibidos por la ley, para así, proceder al rechazo de costos, a pesar de que el contribuyente pretenda hacerlos valer mediante facturas o documentos equivalentes. La Sala ha señalado que en materia tributaria es aceptado el indicio como medio de prueba para que la Administración compruebe la veracidad de las transacciones económicas del contribuyente[18].

Desconocimiento del costo de venta por $6.225.435.000. La Sala precisa que la DIAN inició la investigación a la sociedad Arrocera Agua Blanca S.A., dentro del programa BF – Beneficios Fiscales, derivado del impacto que representa para la economía el contrabando de arroz que se realiza desde Ecuador y Perú, en donde los costos de producción son inferiores, o desde Venezuela a una tasa de cambio distorsionada que no refleja la realidad del mercado.

A partir de la información obtenida de la contribuyente, el ente demandado realizó cruces de información, visitas de verificación y consulta en la base de datos de la información exógena reportada por la investigada y por terceros relacionados, que le permitieron establecer tanto la realidad de algunas de sus compras ($29.752.003.000), como la inexistencia de otras que supuestamente realizó durante el periodo gravable 2010 ($6.225.435.000), así: “De la relación de las compras a proveedores año gravable 2010, aportadas por el contribuyente se determinó que este realizó comprara de arroz paddy por valor de $35.849.443.000 equivalente a 46.143.968 kilos de los cuales se procedió a consultar el RUT de cada uno de ellos en donde se puede observar que de los 963 proveedores relacionados, 245 de ellos no se encuentran inscritos, 12 están pendientes de actualizar y se encuentran inscritos a los cuales les realizó compras por valor $30. 836.58 156 que equivale al 86.02% de las compras totales.

(…) Valor que representa el 35.68% del total de compras de arroz paddy realizadas, obteniéndose como resultado un rechazo en compras por $6.225.435.000 que representa el 17.36% del valor de las compras realizadas en el año 2010 detallándose a continuación el motivo de los rechazos: 1. Devueltos por el correo con la causal dirección incompleta o incorrecta: |Proveedor |Costo |Costo | | |Rechazado |Declarado | |Ríos Coronel José |47.686.000 |47.686.000| |Romero José Antonio |47.671.120 |47.671.120| |Gómez Ramos Luis Ángel |43.634.392 |ND | |Duran Sánchez José Alfredo |48.000.000 |48.000.000| |García Rodríguez Miguel |50.406.000 |50.406.000| |Ángel | | | |González Hernández Jorge |40.038.024 |ND | |Eliecer | | | |Toloza Ortega Darío |38.307.408 |ND | |Aceros Chía Isaías |42.768.468 |ND | |Rivera Mora Albeiro |46.099.088 |ND | |Galvis Hernández Fernando |36.463.608 |ND | |Cifuentes Córdoba José |36.818.392 |53.200.000| |William | | | |Gelvez Laguado Yohana |53.430.000 |53.430.000| |Rubio Rubio Luz Marina |45.980.640 |55.361.000| |Sánchez Casadiego Aleida |51.025.616 |ND | |Alba Rodríguez Nancy Milena |45.354.000 |45.354.000| |Cuellar Victoria |35.494.160 |70.321.000| |Rodríguez Patiño Ana Libia |41.708.568 |51.710.000| |Guilln Martínez Zoraida |50.859.000 |50.859.000| |Guerrero Rojas Gloria Janeth|44.481.920 |44.482.000| |Santana Soto Gloria |53.426.520 |53.464.000| |Flórez Neida Felisa |43.783.344 |75.297.000| |Serrano Torres Elda Marina |38.967.200 |ND | |Suárez Ortiz Martha Cecilia |64.052.784 |ND | |Flórez Gelves Sumaida |47.337.920 |47.337.920| |Marín Zapata Abelardo |35.853.312 |62.179.000| |Antonio | | | |Rodríguez Castro Felipe |36.783.504 |ND | |Andrés | | | |Flórez Collante Marco |89.413.240 |ND | |Antonio | | | |Varela Bautista Pablo Emilio|93.944.000 |93.944.000| |Omaña Cobos Félix |38.177.808 |ND | |Aranzales Díaz Jesús María |39.345.000 |39.345.000| |Barrera González Juan Carlos|42.936.096 |45.508.000| |Guevara Jhon Jairo |44.054.880 |44.055.000| |Serrano Remolina Yirle |52.376.720 |52.377.000| |Martínez García Francisco |83.091.840 |83.098.000| |Javier | | | |Montañez Hernández Oscar |41.377.672 |ND | |Eduardo | | | |Salazar Gilberto |40.169.600 |54.780.000| |Ortega Aguirre Doris Teresa |40.463.328 |ND | |Carrillo Gutiérrez Zaida |48.661.528 |ND | |Patricia | | | |Aguilar Rodríguez Jairo |149.151.776 |154.600.00| | | |0 | 2.

Devueltos por el correo con la causal de “Desconocidos” |Proveedor |Costo |Costo | | |Rechazado |Declarado | |Jurado Espinosa Lineth |20.481.024 |45.250.000| |Vargas Velandia Edgar |21.897.464 |ND | |Alfonso | | | |Villamizar Rozo José Omar |6.925.760 |ND | |Jaimes Mendoza Duris |18.495.120 |ND | |Resurrección | | | |González Santander David |19.298.432 |ND | |Hali | | | |Ardila Daza Pablo Alfonso |23.567.040 |ND | |Parada Alvarado Pedro |9.426.384 |55.340.000| |Antonio | | | |Celis Gelvez Aura Hilda |15.788.000 |ND | |Ortega Trejo Camilo Alberto |17.579.680 |ND | |Guevara Chaves Genaro |23.718.080 |ND | |Rincón Pacheco Orfelina |24.280.000 |ND | 3.

Devueltos por correo con diferentes causales que impiden comprobar las transacciones económicas: |Proveedor |Costo |Costo |Resultado del Cruce | | |Rechazad|Declarado| | | |o | | | |Urbina García Carmen |52.071.8|52.072.00|Devuelto - se | |Rosa |40 |0 |traslado | |Parada Medina Jorge |37.135.9|ND |Devuelto- no lo | |Eliecer |68 | |conocen | |Contreras Bursa Yeini |47.644.8|47.644.00|Devuelto- no lo | |Torcoroma |40 |0 |conocen | |Rodríguez Cárdenas |47.024.6|47.025.00|Devuelto- no hay | |Nilvia |40 |0 |quien reciba | |Benítez Guerrero Luis |16.510.8|ND |Devuelto- cambio de| |Francisco |48 | |domicilio | |Duque Álvarez Carlos |9.477.07|ND |Devuelto- cambio de | |Alberto |2 | |domicilio | |Fernández Ruíz Wilmer |7.450.08|ND |Devuelto- No reside | |Francisco |0 | | | |Vergel Duran Yexi |22.617.6|ND |Devuelto- No reside | |Estella |00 | | | |Medellín Bermudez |13.978.0|ND |Devuelto- No reside | |Henry |64 | | | |Vargas Nieto Luis |23.912.0|ND |Devuelto- No reside | |Emilio |00 | | | |Jaimes Niño Eduardo |24.948.0|ND |Devuelto- No reside | |Otoniel |00 | | | |Rubio Fonseca Daniel |5.153.68|ND |Devuelto- dirección | | |8 | |deficiente | |Tavera Pinzón José |4.716.80|ND |Devuelto- dirección | |Ignacio |0 | |deficiente | |Olarte Rodríguez |187.044.|106.160.0|Devuelto- No existe | |Gerardo |776 |00 |dirección | |Morales Ruiz Darby |29.607.0|ND |Devuelto- No existe | | |00 | |dirección | |Galvis Buitrago Omar |3.537.36|ND |Devuelto- Cerrado | |Alberto |0 | | | |Guillin Martínez Ana |23.944.0|ND |Devuelto- Cerrado | |del Carmen |00 | | | |Guerrero Carreño Jose |10.308.0|71.000.00|Devuelto por el | |Eliecer |00 |0 |correo | |Villamizar Villamir |2.593.64|ND |Devuelto por el | |Luis Eduardo |8 | |correo | 4.

Oficios que fueron devueltos por el correo con la causal “dirección errada”: |Proveedor |Costo Rechazado| |Rubio Rojas Hernán |32.133.800 | |Romero Pestana Norman José |31.762.400 | |Londoño Gutiérrez Albeiro |29.324.000 | |Parada Romero Egna Esperanza |24.766.984 | |Marulanda Santana Oscar Olincer |24.264.000 | |Donato Gutiérrez Adriana María |24.013.920 | |Gutiérrez Giraldo Teresita de Jesús |23.334.320 | 5.

Oficios y citaciones devueltos por el correo con la causal “NO EXISTE”: |Proveedor |Costo Rechazado| |Roa Cáceres Diana Luz |1.721.520 | |Rodríguez Gladys María |3.115.184 | |Mantilla Sandoval Gloria Elena |6.384.400 | |Parada Alvarado Agapito |6.707.064 | |Páez Arias José Nain |11.009.968 | |Beltrán Santander Luis Eduardo |11.182.080 | |Mayorga Suescún Héctor |17.256.000 | |Albarracín Meneses María Anacelia |21.956.144 | |Flórez Gelvez Ana Aidee |22.208.000 | |Vargas Ramos Licex Astrid |22.845.600 | |Santiago Bayona Astrid |23.035.600 | |Rolón Seña Yissi Katherine |23.147.520 | |Sanmiguel Carmona Erika Lucia |23.457.280 | |Guevara Elton Stiven |23.527.840 | |Flórez Gelvez Luis Eduardo |24.038.400 | |Gelvez Herrera Verenice |24.161.280 | |Alcina Gelvez Gustavo Adolfo |24.499.200 | |Alba Rodríguez Dreyci Katheryne |24.537.120 | |Gelvez Contreras Luis Jacobo |24.537.600 | |Santiago Villamizar Noel Emiro |24.640.000 | |Rodríguez Sanguino María de Jesús |24.800.000 | |Carvajalino Guerrero Yaneth |24.998.400 | |Bustos Martínez Ana de Jesús |25.472.000 | |Lemus Santiago Carmen Emiro |30.400.544 | 6.

Cruces enviados a diferentes Agricultores, no pudiéndose comprobar la capacidad de producción de arroz dado a que no manifestaron ni enviaron soporte del lugar donde cultivan el arroz, otros en su respuesta manifestaron haberle vendido a otra arrocera y no mencionan a Agua Blanca, de igual forma consultada la obligación financiera se observa que algunos de ellos por el monto de la supuesta venta están obligados a declarar y no lo hicieron: |Productor |VR COMPRA-VR |DECLARO | | |RECHAZADO | | |Hernández Ruda Carlos|60.159.584 |84.000.0| | | |00 | |Arenas Duran Nilson |48.127.520 |ND | |Antonio | | | |Torres Angulo Domingo|11.288.064 |30.000.0| | | |00 | |Pérez Machado Gustavo|36.633.744 |62.450.0| | | |00 | |Camacho Flórez |54.242.768 |80.026.0| |Gustavo | |00 | |Díaz Gelves Evaristo |46.750.272 |ND | |Carrillo Duarte Lucy |22.874.880 |ND | |Amparo | | | |Cárdenas Ramírez |12.769.712 |ND | |Carlos Andrés | | | |Gutiérrez Galvis |28.542.120 |ND | |Carlos Gustavo | | | |Riveros Gómez |2.147.000 |ND | |Francisco | | | |Gamboa Hernán |21.603.000 |ND | |Díaz Flórez Esther |16.212.784 |ND | |Yáñez Ordoñez Victor |87.627.184 |276.485.| |Eduardo | |000 | |Corredor Blanco Fredy|1.407.664 |359.000.| |Alonso | |000 | |Uribe Rocha Edwin |55.225.352 |186.234.| | | |000 | |Muñoz Muñoz Pablo |102.876.216 |103.000.| | | |000 | |Mancilla Sierra Jhon |29.819.056 |ND | |Alexander | | | |Betancur Arias Olga |25.010.880 |ND | |Lucia | | | |Quintero Espinel |24.584.160 |ND | |Carlos Jesús | | | |Yáñez Botello Yoany |23.719.344 |ND | |Díaz Nancy Yazmin |23.630.800 |ND | |Machado Chacón Juan |23.590.480 |ND | |Carlos | | | |Zuñiga Munares José |132.581.280 |317.000.| |Angelino | |000 | 9.

Agricultores a quienes se les realizó cruce de información y analizada su respuesta no demostraron tener la totalidad de capacidad de producción de arroz supuestamente vendida al contribuyente Agua Blanca: |Productor |VR COMPRA|VR RECHAZO|DECLARO | |Gómez Diaz José Lino |39.841.44|5.770.832 |43.000.0| | |8 | |00 | |Suárez Peñaloza José |69.882.59|22.102.032|72.000.0| |Ramón |2 | |00 | |Parada Ortega Gabriel|72.853.60|9.639.080 |ND | |Eliecer |0 | | | |Blanco Luna William |67.080.58|21.463.248|67.080.5| | |4 | |84 | |Blanco Luna Jhony |61.585.68|10.903.088|61.585.6| | |8 | |88 | |Blanco Luna Jakeline |56.361.03|13.115.592|56.361.0| | |2 | |32 | |Ángel Hoyos Dorancy |55.080.48|21.463.248|55.080.0| | |0 | |00 | |Urueña Ortega Abilio |39.432.11|5.450.653 |93.660.0| | |2 | |00 | |Bustos de Mejía Nina |97.704.11|907.357 |ND | |Amalia |2 | | | |Villareal González |95.999.99|57.162.232|253.804.| |Jorge |2 | |000 | |Orjuela Orjuela Ana |40.370.44|11.077.680|79.000.0| | |8 | |00 | |Camacho Flórez Carlos|50.528.22|27.074.816|116.236.| |Arturo |4 | |000 | |Camacho Flórez |222.506.1|64.858.624|236.472.| |Alberto |76 | |000 | |Carvajal Calderón |27.504.40|20.004.000| | |Bonifacia Elvira |0 | | | |Gómez Suárez Pedro |279.180.4|82.454.792|287.880.| | |08 | |000 | |Urueña Sánchez Mary |61.081.32|6.500.288 |114.316.| | |8 | |000 | |Durán Guzmán Josefina|49.657.24|6.642.754 |182.542.| | |0 | |000 | |Villareal Villareal |169.530.5|119.979.86|628.000.| |Javier Antonio |60 |2 |000 | |Cruz Egidio |24.123.84|1.596.824 |ND | | |0 | | | |Zapata Sánchez María |23.198.94|1.953.472 |ND | |Luisa |4 | | | |Figueroa Guerrero |30.490.66|1.178.880 |ND | |Pablo Emilio |4 | | | 10.

Conforme la respuesta dada por ASOZULIA en donde relaciona el nombre de los propietarios de los cultivos afectados por la ola invernal en el año 2010 y la cantidad de hectáreas afectadas, la DIAN determinó la capacidad máxima de producción de las hectáreas no afectadas y cruzar dicho listado con la relación de todos los proveedores relacionados por la arrocera Agua Blanca, en el año 2010, encontrando que los siguientes agricultores vienen allí relacionados: |Productor |Total |Hectárea|Hectáreas |Capacidad | | |Hectárea|s |no |producción | | |s |afectada|afectadas |Kilos | | | |s | | | |Ruiz Colmenares Luis|10 |7 |3 |20.580 | |Alfonso | | | | | |Sánchez Rodríguez |7 |4.9 |2.1 |14.406 | |Miguel Ángel | | | | | |Solis Castro Teodoro|7,5 |7,5 |0 |0 | |Valderrama Cárdenas |7,5 |1,5 |6 |41.160 | |Rogelio | | | | | Comparada la capacidad máxima de producción en kilos determinada, con los kilos de arroz supuestamente vendido a la arrocera Agua Blanca durante el año 2010, se rechaza los que excedieron lo producido pues tuvieron pérdidas en sus cosechas capacidad de producción, así: |Productor |Capacidad de|Kilos |Valor de |Rechazo| | |producción |Vendidos |venta | | | |kilos | | | | |Ruiz Colmenares Luis |20.580 |1.434 |1.032.480 |0 | |Alfonso | | | | | |Sánchez Rodríguez |14.406 |40.007 |32.645.712|20.890.| |Miguel Ángel | | | |416 | |Solis Castro Teodoro |0 |1.471 |1.123.064 |1.123.0| | | | | |64 | |Valderrama Cárdenas |41.160 |6.180 |4.647.360 |0 | |Rogelio | | | | | En Resolución 900.357 del 24 de abril de 2015, la DIAN manifestó que “el apoderado del contribuyente no desvirtúa el acervo probatorio recogido por esta entidad en desarrollo de sus facultades de fiscalización, para que le sean aceptados los costos realidad de las transacciones con los proveedores”[19], lo que confirmó en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 072412014000036 del 8 de abril de 2014.

Respecto de los proveedores cuyas compras se rechazaron, se encuentran probados los siguientes hechos, que sirvieron de fundamento para proferir los actos administrativos objeto de control: La Sala observa, que en los requerimientos hechos por la DIAN a los proveedores de la sociedad Arrocera Agua Blanca, les solicitó allegar información referente a: i) lugar de ubicación de la finca, parcela o extensión de terreno que se tiene para cosechar el arroz en hectáreas; ii) copia del certificado de libertad y tradición de la propiedad del terreno y/o contrato de arrendamiento; iii) relacionar la cantidad de arroz paddy cosechado en el 2010, indicando las fechas en las cuales se recogió la cosecha; iv) relacionar nombre o razón social y NIT de las personas a quienes les vendió arroz paddy durante el año 2010, indicando cantidad vendida, valor y forma de pago; v) adjuntar relación de los costos directos e indirectos incurridos en la siembra, recolección y venta de arroz, especificando los datos del beneficiario del pago, descripción del pago que originó el costo y/o deducción, número de factura y/o cuenta de cobro, valor y dirección del beneficiario, y vi) indicar la forma de trasporte utilizado para el traslado del arroz de la finca hasta el domicilio del comprador, si lo hace en vehículo de su propiedad anexar el título de propiedad del mismo, sino indicar como se realizó dicho desplazamiento y a través de quien.

De lo anterior, surgieron diversas situaciones las cuales se analizaran por separado: Respecto a los proveedores que se relacionan a continuación, se observa que presentaron escritos dirigidos al jefe de la División de Gestión de Liquidación de la DIAN, mediante los cuales indicaron bajo la gravedad del juramento que en sus calidades de arrendatarios, propietarios, cuidanderos y/o socios de determinados predios, les vendieron a la Arrocera Agua Blanca en el año 2010 unas cantidades de arroz paddy, aportando facturas de compra, recibos de bascula y comprobantes de egreso.

Pese a que aportó facturas y comprobantes de egreso[21], no obra certificado de libertad que acredite la propiedad del predio donde se produjo el arroz panddy. El señor Francisco Javier Martínez García, en respuesta al requerimiento de la DIAN indicó que era propietario de la parcela No. 6 ubicada en la Vereda La Susanita, vendió en abril, mayo, junio, octubre y diciembre de 2010, a la Arrocera Agua Blanca, 110.653 toneladas (Sic) de arroz paddy, por suma de $83.091.840[22].

Aportó copia de las facturas de compra, comprobantes de egreso, recibo de báscula y un folio de un certificado de libertad y tradición, que no corresponde al predio referido[23]. Por otro lado, los señores José Coronel Ríos, José Antonio Romero, Miguel Ángel García Rodríguez, Nancy Milena Alba Rodríguez, Ana Libia Rodríguez Patiño, Zoraida Guillin Martínez, Gloria Santana Soto, Sumaida Flórez Gelvez, Jesús María Aranzales Díaz, Dauris Resurrección Jaimes Mendoza, Pablo Alfonso Ardila Daza, Orfelina Rincón Pacheco, Carmen Rosa Urbina García, Yeini Torcoroma Contreras Bursa, Yexi Estella Vergel Durán, Henry Medellín Bermúdez, Luis Emilio Vargas Nieto, Eduardo Otoniel Jaimes Niño, Ana Del Carmen Guillin Martínez, Oscar Olincer Marulanda Santana, Adriana María Donato Gutiérrez, Teresa De Jesús Gutierréz Giraldo, Suescun Héctor Mayorga, Ana Aidee Flórez Gelvez, Licex María Vargas Ramos, Astrid Santiago Bayona, Yissi Katherine Rolon Seña, Lucía Sanmiguel Carmona, Elton Stiven Guevara, Luis Eduardo Flórez Gelvez, Verenice Gelvez Herrera, Gustavo Adolfo Alcina Gelvez, Dreyci Katherine Alba Rodríguez, Noel Emiro Santiago Villamizar, María de Jesús Rodríguez Sanguino, Yaneth Carvajalino Guerrero, Ana De Jesús Bustos Martínez; presentaron escritos ante la DIAN, en los que indicaron que en el año 2010, vendieron arroz paddy a la Arrocera Agua Blanca; aportaron copia de las facturas de compra, comprobantes de egreso, recibo de báscula y contratos de arrendamiento y resolución del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – IGAC, mediante la cual se adjudicó un predio.

Sin embargo, no adjuntaron la relación de costos directos e indirectos incluidos en la siembra, recolección y venta de arroz (gastos de insumos y pagos de mano de obra). En cuanto a los proveedores Luis Ángel Gómez Ramos, Darío Toloza Ortega, Albeiro Rivera Mora, Gloria Janeth Guerrero, Pedro Antonio Parada Alvarado, Genaro Guevara Chaves, Nilvia Rodríguez Cárdenas, Carlos Alberto Chivata Chivata, no se encuentran en el expediente pruebas de la venta realizada a la Arrocera Agua Blanca S.A. Del cruce de la investigación adelantada por la DIAN y las pruebas del proceso, la Sala observa que algunos no tuvieron relación con la Arrocera Agua Blanca, otros no habían ejercido actividades agrícolas, ni comercialización de arroz, tal como se relaciona a continuación: |Proveedor |Resultado del Cruce |Pruebas aportadas al | | | |plenario | |Carlos | | | |Hernández |El agricultor envió |- Facturas de compra que | |Rueda |fotocopia de las facturas de|ascienden a: $59.618.150 | | |venta de arroz a la arrocera| | | |Agua Blanca durante el año |- Recibos de báscula y | | |2010, los pago y tiquete de | | | |báscula.

Con base en este, la DIAN rechazó los kilos que excedieron lo producido, teniendo en cuenta la capacidad de producción[96]. Conforme a lo anteriormente expuesto, la Sala observa que el acervo probatorio previamente descrito constituye material suficiente y claro, obtenido mediante pruebas aceptadas por la ley, que le restan credibilidad a las facturas y a la contabilidad de la actora en tanto conducen a desvirtuar la realidad de las operaciones de compra-venta que en ellas se registran.

La Sala destaca, que dichas pruebas tiene plena validez, pues las partes en el momento procesal oportuno pudieron aportar pruebas, solicitar su práctica o tachar de falsas las obtenidas por la Administración y no lo hizo a pesar de que en ella recaía la carga probatoria. Contrario sensu la Arrocera Agua Blanca S.A., centró la discusión en la validez que debía darse a su contabilidad y los documentos de soporte, en la presunción de costos que debía aplicar la demandada.

Sobre el particular la Sala ha señalado[97]: “En esas condiciones, los indicios señalados partieron de hechos debidamente probados en el expediente y su valoración en conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, que permiten establecer que el contribuyente simuló las operaciones constitutivas de los costos rechazados, con lo cual se desvirtuó la presunción de veracidad de los datos registrados en su declaración privada y se trasladó la carga de demostrar que las transacciones con los proveedores eran reales.

Al respecto, la Sala echa de menos la actividad probatoria del actor tendiente a desvirtuar el resultado de las verificaciones adelantadas y a demostrar que los costos en que supuestamente incurrió eran reales, pues se limitó a argumentar que los declarados estaban soportados en facturas con el lleno de los requisitos exigidos […]” (Destaca la Sala) De acuerdo con el artículo 240 del Código General del Proceso, para que un hecho pueda considerarse como indicio, debe estar debidamente probado en el proceso[98].

Por su parte, el artículo 242 del mismo ordenamiento dispone que el juez debe apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que existan en el proceso[99]. Así, en materia tributaria, los indicios constituyen una prueba subsidiaria pues suplen la falta de pruebas directas.

Solo ante la falta de estas puede acudirse a los indicios[100], que deben ser valorados en conjunto. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto[101].

Por esa razón, sostuvo que ante la contundencia de los indicios “se invierte la carga de la prueba y por tanto correspondía al contribuyente demostrar en aplicación del artículo 177 del C.P.C. que las operaciones con esos proveedores eran reales, lo que no sucedió”, pues la demandante se limitó a “esgrimir las presunciones a su favor y omitió demostrar la existencia real de las operaciones mercantiles cuestionadas, como era su deber” [102].

La actora en sede judicial aportó dictamen pericial rendido por un ingeniero agrónomo, cuyos objetivos eran i) analizar la producción de arroz comparada con la fecha de siembra y su comportamiento histórico desde el año 2008 hasta el 2012, específicamente para lo referente al año 2010, en las zonas de: El Zulia, Londres, Buena Esperanza, Floresta, Restauración, Risaralda.

Todas del Distrito de Riesgo del rio Zulia; ii) Analizar las consecuencias de los cambios climáticos en la producción del arroz, Soca o rebrote por hectáreas en las zonas individualizadas. Específicamente para el año 2010; iii) concluir sobre la producción de arroz y soca o rebote, técnicamente válidamente en las zonas individualizadas para el año gravable 2010; y, iv) Concluir si era determinante o no los rendimientos reportados por FEDEARROZ[103].

La Sala destaca que el dictamen describe el uso de un método agrícola que permite el aumento del rendimiento del cultivo de arroz por unidad de superficie, dicho método corresponde al sistema de soca o retoño, que consiste en obtener de la planta original, nuevas plantas provenientes de semillas que quedaron después de la recolección, implementándose practicas adecuadas de riego, control de maleza, plagas y fertilización. Es decir que, como se refiere a las generalidades del cultivo de arroz, no es plena prueba para establecer lo cosechado por cada proveedor, pues no especifica la variabilidad de producción en cada caso.

Sanción por inexactitud La sanción por inexactitud impuesta a la actora, como lo precisó el a quo, debe liquidarse de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, equivalente al 160%, procede la reliquidación de la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100%[104].

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada. Condena en costas No se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA[105], en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: RECONOCER personería a MAURICIO ANDRES DEL VALLE CHACÓN como apoderado de la DIAN, en los términos del poder que está en el folio 1261 del cuaderno principal. Sin embargo, presentó renuncia al poder que le fue otorgado. En consecuencia, se ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el doctor Del Valle Chacón. Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha. |STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO | |Presidenta de la Sección | |MILTON CHAVES GARCÍA |JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ | ----------------------- [1] Fls.1162 – 1189 Cdno Ppal. 6. [2] Fl. 1189 Cdno Ppal. 6. [3] Fls. 755 – 781 Cdno Ppal. 4 [4] Fls. 708 – 754 Cdno Ppal. 4 [5] Fls. 1 y 2 Cdno Ppal.1. [6] Fls.1018 – 1048 Cdno Ppal. 6 [7] Fls.1162 – 1189 Cdno Ppal. 6 [8] Fls.1191 – 1218 Cdno Ppal. [9] Fls.1240 – 1251 Cdno. Ppal. 7 [10] Fls.1252 – 1260 Cdno. Ppal. 7 [11] Fls.1272 – 1275 Cdno. Ppal. 7 [12] b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operación. [13] Los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes establecidos en las normas legales y de exhibirlas cuando la Administración Tributara así lo exija. [14] Sentencia C-733 de 2003, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. [15] Sentencia de 11 de mayo de 2017, Exp. 21373, C.P. Milton Chaves García. [16] CONSEJO DE ESTADO.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 14 de agosto de 2019, exp. 23003, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 22902, M.P. Milton Chaves García. [17] Estatuto Tributario, artículo 774, Numeral 4. [18] CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.

Sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 22899, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 22902, M.P. Milton Chaves García. [19] Fl. 752 del Cdno de Antecedentes 4. [20]Fl. 1.744 y 1.745 del Cdno de Antecedentes 9 [21] Fl. 11.565 del Cdno de Antecedentes 44 [22] Fl. 9.155 del Cdno de Antecedentes 32 [23] Fl. 9.201 del Cdno de Antecedentes 33 [24] Fl. 11.873 del Cdno de Antecedentes 46 [25] Fls. 1.169 - 1.170 del Cdno de Antecedentes 6 [26] Fl. 12.098 del Cdno de Antecedentes 47 [27] Fl. 2.690 del Cdno de Antecedentes 14 [28] Fl. 12.080 del Cdno de Antecedentes 47 [29] Fl. 2.748 del Cdno de Antecedentes 14 [30] Fl. 2.622 - 2.623 del Cdno de Antecedentes 14 [31] Fl.12.036 del Cdno de Antecedentes 47 [32] Fl. 11.449 del Cdno de Antecedentes 44 (Clementina Ochoa dio respuesta al requerimiento de la DIAN, no adjuntó copia del citado certificado). [33] Fl. 2.184 del Cdno de Antecedentes 12 [34] Fl. 11.995 del Cdno de Antecedentes 46 [35] Fl. 6.713 del Cdno de Antecedentes 19 [36] Fl. 786 del Cdno de Antecedentes 5 [37] Fl.1.733 del Cdno de Antecedentes 9 [38] Fl.12.213 del Cdno de Antecedentes 48 [39] Fl. 783 del Cdno de Antecedentes 5 [40] Fl. 7.576 del Cdno de Antecedentes 24 [41] Fl. 6.580 del Cdno de Antecedentes 19 [42] Fl. 11.980 del Cdno de Antecedentes 46 [43] Fl. 6.341 del Cdno de Antecedentes 18 [44] Fl. 12.122 del Cdno de Antecedentes 47 [45] Fl. 6.602 del Cdno de Antecedentes 19 [46] Fl. 11.945 del Cdno de Antecedentes 46 [47] Fl. 2.701 de Cdno de Antecedentes 14 [48] Fl. 12.262 del Cdno de Antecedentes No. 48 [49] Fls. 6356 - 6362 del Cdno de Antecedentes 18 [50] Fl. 12.322 del Cdno de Antecedentes 48 [51] Fl. 6.435 del Cdno de Antecedentes 18 [52] Fl.12.334 del Cdno de Antecedentes 48 [53] Fl. 2706 del Cdno de Antecedentes 14 [54] Fl. 12.449 del Cdno de Antecedentes 49 [55]Fl.7.273 del Cdno de Antecedentes 22 [56] Fl. 6335 del Cdno de Antecedentes 18 [57] Fl.12.246 del Cdno de Antecedentes 48 [58] Fl. 2.745 del Cdno de Antecedentes 14 [59] Fl. 2.060 del Cdno de Antecedentes 11 [60] Fl.12.178 del Cdno de Antecedentes 47 [61] Fl. 12.522 del Cdno de Antecedentes 49 [62] Fl. 12.381 del Cdno de Antecedentes 48 [63] Fl. 6.709 Cdno de Antecedentes 19 [64] Fl.12.550 del Cdno de Antecedentes 49 [65] Fl. 6.528 del Cdno de Antecedentes18 [66] Fl.1.211 del Cdno de Antecedentes 7 [67] Fl. 12.648 del Cdno de Antecedentes 50 [68] Fl. 12.738 del Cdno de Antecedentes 50 [69] Fls.1.188, 1.189 del Cdno de Antecedentes 7 [70] Fl. 12.802 del Cdno de Antecedentes 51 [71] Fl. 1.204 del Cdno de Antecedentes 7 [72] Fl.12.851 del Cdno de Antecedentes 51 [73] Fls.1.151, 1.152 del Cdno de Antecedentes 6 [74] Fl. 12.876 del Cdno de Antecedentes 51 [75] Fl.12.918 del Cdno de Antecedentes 51 [76] Fl. 2.638 del Cdno de Antecedentes 14 [77] Fl. 11.621 del Cdno de Antecedentes 45 [78] Fl. 2625 del Cdno de Antecedentes 14 [79] Fl. 7.708 el Cdno de Antecedentes 25 [80] Fl. 773 del Cdno de Antecedentes 4 [81] Fl. 11.701 del Cdno de Antecedentes 45 [82] Fl. 774 del Cdno de Antecedentes 4 [83] Fl.1.740 del Cdno de Antecedentes 45 [84] Fl. 6.725 del Cdno de Antecedentes19 [85] Fl. 13.054 del Cdno de Antecedentes 52 [86] Fl.780 del Cdno de Antecedentes 4 [87] FI. 6.475 del Cdno de Antecedentes 18 [88] Fl.13.639 del Cdno de Antecedentes 55 [89] Fl.13.689 del Cdno de Antecedentes 55 [90] Fl.13.686 del Cdno de antecedentes 55 [91] Fls.1226 y 1227del Cdno de Antecedentes 7 [92] Fl.13.740 del Cdno de Antecedentes 55 [93] FI. 6560 del Cdno de Antecedentes 18 [94] FI. 6498 del Cdno de Antecedentes 18 [95] FI. 7284 del Cdno de Antecedentes 22 [96] “se rechaza los que excedieron lo producido pues tuvieron pérdidas en sus cosechas capacidad de producción, así: |Productor |Capacida|Kilos |Valor |Rechazo| | |d de |Vendid|de | | | |producci|os |venta | | | |ón kilos| | | | |Ruiz Colmenares |20.580 |1.434 |1.032.4|0 | |Luis Alfonso | | |80 | | |Sánchez Rodríguez|14.406 |40.007|32.645.|20.890.| |Miguel Ángel | | |712 |416 | |Solis Castro |0 |1.471 |1.123.0|1.123.0| |Teodoro | | |64 |64 | |Valderrama |41.160 |6.180 |4.647.3|0 | |Cárdenas Rogelio | | |60 | | [97] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 3 de Mayo de 2018, exp. 20727, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Sentencia del 4 de diciembre de 2019, exp. 22902, M.P. Milton Chaves García. [98] “Artículo 240. REQUISITOS DE LOS INDICIOS. Para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso”. [99] Artículo 242.

APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. [100] Elizabeth Whittingham García. “Las pruebas en el proceso tributario”. Temis 2005, Página 68. [101] Sentencia de 13 de marzo de 2003, exp 12946 C.P María Inés Ortiz Barbosa.

En esa oportunidad, al analizar los asientos contables de las operaciones que realizó la demandante con otras sociedades, la Sala precisó que la Administración encontró un conjunto de indicios que llevaban a la conclusión de que las operaciones no fueron reales. Ello, porque el NIT de las sociedades estaba errado, estas no habían renovado la matrícula mercantil, no existían las direcciones suministradas de tales empresas y de los establecimientos comerciales o no estaban ubicadas en esas direcciones y tampoco fue posible localizarlas en otro lugar.

Además, porque no habían declarado renta por el año gravable que se discutía y eran omisas en las declaraciones de algunos periodos de IVA por el mismo año gravable. [102] Sentencia de 13 de marzo de 2003, exp 12946 C.P María Inés Ortiz Barbosa. Reiterada en sentencia de 13 de agosto de 2015, exp. 20822, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. [103] Fls. 976 -982 Cdno de Antecedentes 5. [104] En este sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 13 de diciembre de 2017, Exp. 21210, C.P. Milton Chaves García. [105] CPACA.

Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.