11001-03-15-000-2019-03744-00 — Consejo de Estado

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA [E]xiste unidad de objeto, en la medida que las dos acciones constitucionales buscan cuestionar lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Magdalena, dentro del medio de control de reparación directa con radicado ( ), incoada por los señores [M.I.M.M., M.B.M.G.] y otros, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en la que se buscaba obtener la reparación de los presuntos daños causados con ocasión del fallecimiento de la señora [C.R.M.G.].

Finalmente, sobre la unidad de causa se tiene que ambas acciones constitucionales encuentran como asidero las inconformidades planteadas por el demandante, con las cuales pretende acreditar la existencia de los defectos fáctico y sustantivo en los que en su sentir incurrió la autoridad judicial accionada. Dicho esto, la sala advierte que existe cosa juzgada, en atención a que se presentan sus elementos constitutivos, acorde con lo dicho precedentemente.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / DECRETO 1983 DE 2017 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03744-00(AC) Actor: JOSÉ GREGORIO CORRE MARTÍNEZ Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA Acción de tutela – Fallo de primera instancia La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el señor José Gregorio Correa Martínez, quien actúa como sucesor de los intereses de la señora Marta Beatriz Martínez González, contra el Tribunal Administrativo de Magdalena.

ANTECEDENTES 1. La solicitud y las pretensiones El señor José Gregorio Correa Martínez, sucesor de la señora Marta Beatriz Martínez González, en nombre propio y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que estima lesionados por el Tribunal Administrativo de Magdalena, como consecuencia de los presuntos defectos sustantivo y fáctico en que incurrió al momento de dictar la sentencia de segunda instancia, dentro del proceso de reparación directa que fundamentó esta acción de amparo.

En amparo de los derechos invocados, solicita: “Primero. Solicito muy comedidamente, a esta autoridad judicial, tutelar los derechos fundamentales de la señora Marta Beatriz González, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.654.986, expedida en Santa Marta, domiciliada y residente en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), quien actúa por intermedio del agente oficioso, su hijo José Gregorio Correa Martínez, mayor de edad, identificado civilmente como la cédula de ciudadanía No. 85.476.706, expedida en Santa Marta, domiciliado y residente en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), al derecho fundamental al debido proceso, según lo preceptuado por la Constitución Política en su artículo 29, y su derecho fundamental a la igualdad, según lo preceptuado en el artículo 13 de la Constitución Política.

(Sic a todo el párrafo). Segundo. Solicito muy comedidamente, a esta autoridad judicial, que como consecuencia de lo anterior, ordene a la entidad accionada el pago de la sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil ocho 2008, radicado: 47-001-3331-001-2006-00076-00, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta” (Sic a todo el párrafo). 2.

Hechos La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación[1]: La señora Carmen Rosa Martínez González, en su condición de esposa del señor Joaquín Martínez Esquea, pensionado de la Policía Nacional, era beneficiaria del subsistema de salud de la policía, por lo que recibía atención médica desde el año 1999 en la clínica “Nuestra Señora del Rosario” de Santa Marta por presentar graves quebrantos de salud.

Los médicos ordenaron la práctica de los exámenes pertinentes a la señora Carmen Rosa Martínez, en los que no detectaron ningún signo de cáncer de mama, sin embargo debido a los fuertes dolores y molestias, la familia de la paciente insistió en la práctica de unos exámenes especializados, los cuales no fueron ordenados ni practicados por la clínica.

En julio de 2002, un médico oncólogo de la clínica diagnosticó a la paciente con cáncer de mama y ordenó que se le practicara una “mastectomía derecha radial” la cual se realizó solo hasta octubre del mismo año. La dilación en el tratamiento pos quirúrgico y la falta de atención pertinente por parte del centro médico, agravaron la salud de la señora Carmen Rosa Martínez lo que conllevó a su deceso.

La señora Marta Beatriz Martínez Gonzalez y otros, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con ocasión de la muerte de la señora Carmen Rosa Martínez González. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta conoció del proceso incoado por la actora en tutela y otros (Radicado No 47001333100120060007600), y mediante sentencia de 28 de noviembre de 2008 accedió a las pretensiones, de manera que ordenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el pago por perjuicios morales a los demandantes al encontrar a dicha autoridad administrativamente responsable del avance de la enfermedad y posteriormente del deceso de la señora Carmen Rosa Martínez González.

La señora Vilma Viana de Portillo, apoderada de la accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia[2], ante el Tribunal Administrativo del Magdalena que, mediante fallo de 12 de mayo de 2010 revocó la providencia de 28 de noviembre de 2008. Por su parte, en el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta se tramitó un proceso de reparación directa (radicado No. 47001333100120070022100) incoado por el señor Wilmer Antonio Martínez y otros (hijo y nietos de la señora Carmen Rosa Martínez González), quienes solicitaban también que se declarase a la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional administrativamente responsable de la muerte de la paciente, y se les reconocieran los perjuicios morales ocasionados.

En dicho asunto, el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta mediante fallo de 25 de marzo de 2010 declaró administrativamente responsable a la entidad accionada, y ordenó el pago de los perjuicios morales causados, pero no se interpuso recurso de apelación y la entidad demandada acató a cabalidad lo ordenado por el a quo, efectuando el pago de la condena.

La actora manifestó que el Tribunal accionado vulneró sus derechos fundamentales, porque en el proceso de reparación directa con Radicado No 47001333100120060007600, procedió a revocar la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, sin tener en cuenta que se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad administrativa de la entidad, como ocurrió en el proceso con Radicado No. 47001333100120070022100, (interpuesto por el señor William Antonio Martínez y otros), el cual no fue modificado o revocado en segunda instancia. La señora Marta Beatriz Martínez González había fallecido al momento de la radiacación del amparo de la referencia, razón por la que concurrió su hijo, el señor José Gregorio Correa Martínez como “agente oficioso”. 3.

Trámite La acción constitucional fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Magdalena, quien mediante auto de 2 de agosto de 2019[3] ordenó su remisión a esta Corporación. La acción de amparo fue asignada al Despacho del Consejero Gabriel Valbuena Hernández, que mediante auto de 9 de septiembre de 2019[4] admitió la tutela y ordenó notificar a la autoridad accionada, para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por tener interés directo en las resultas del proceso. Posteriormente, con proveído de 7 de octubre de 2019[5] remitió el expediente al Despacho, con el fin de estudiar la posible acumulación con la tutela 11001-03-15-000-2019-03152-00. El Despacho con auto de 21 de octubre de 2019[6] resolvió no acumular las referidas tutelas, en atención a que la tutela 2019-03152-00 había sido fallada; sin embargo, avocó conocimiento respecto de la acción constitucional de la referencia, por encontrar que versaba sobre supuestos fácticos y jurídicos similares. 4.

Intervenciones El Tribunal Administrativo de Magdalena[7] solicitó que la tutela se rechazara debido a que se interpuso sin observar el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia censurada fue proferida en 2010 y el amparo se radicó en 2019. Por lo demás, expuso que la providencia cuestionada fue proferida con arreglo a la normativa y jurisprudencia vigente para la época y la decisión se sustentó en el acervo probatorio obrante en el proceso.

Refirió que los argumentos esgrimidos por el actor buscan obtener una revisión de instancia respecto de la sentencia cuestionada, toda vez que reflejan meras inconformidades con las consideraciones del caso. Para finalizar, informó sobre la existencia de otras tutelas con supuestos fácticos y jurídicos similares, que estaban siendo conocidas por esta Corporación. La Policía Nacional[8] pidió que la tutela se rechazara por improcedente.

Sostuvo que la acción constitucional desconoce el término de inmediatez fijado por la jurisprudencia, en tratándose de tutelas contra providencia judicial; de igual modo, advirtió que la parte actora no acredita un perjuicio irremediable que atenuara la aplicación de ese requisito. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017[9]. 2.

Problema jurídico La Sala debe resolver si el Tribunal Administrativo de Magdalena incurrió en defectos sustantivo y fáctico al momento de proferir la sentencia de segunda instancia que dirimió el conflicto suscitado entre la señora Marta Beatriz Martínez González y otros, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, y en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por el actor.

Sin embargo, en forma previa debe verificarse la existencia de cosa juzgada dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor José Gregorio Correa Martínez, heredero de la señora Marta Beatriz Martínez González, identificada con el radicado de la referencia y la tutela incoada por la señora Morelia Isabel Martínez Martínez, con radicado 11001-03-15-000-2019- 03152-00. 3.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional[10] y el Consejo de Estado[11] ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional partió de la existencia de una vía de hecho a través de las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, posición que fue redefinida en la sentencia T-949 de 2003, y luego en la sentencia C- 590 de 2005, en la que se fijaron las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela.

Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y;

(vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela. Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes[12]: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional. 4. Los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por el juez se presenta la omisión de la “[…] valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez […]”[13].

En esta situación se incurre “[…] cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[…]”[14]. En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo, “[…] aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas […]”[15], de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política.

En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba: “[…] [D]ebe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. […]” [16].

En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos: “[…] (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido;

(ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso;

(v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. […] [17]. Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.

Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio.

Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto[18].

Respecto al defecto sustantivo, se ha considerado que se incurre en él cuando: (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance;

(iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática[19].

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, precisó, a propósito del defecto sustantivo, la limitación que es inherente al principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, así: “[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”[20].

Y también, en las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 el Tribunal Constitucional, consideró: “[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”.

(Destacado de la Sala). Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, procede cuando la decisión cuestionada supera el concepto de vía de hecho, es decir, en aquellos eventos en que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Sobre esta causal la Corte Constitucional en la sentencia T-689 de 2013, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, indicó lo siguiente: “[…] Es importante referir que todas las causas específicas que originan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales entrañan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta Fundamental. No obstante, se estableció específicamente una causal denominada: violación directa de la Constitución que puede originarse por una interpretación legal inconstitucional o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad.

Esto porque: “La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales…´.” El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico colombiano. Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. En estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso particular. […]”. 5.

De la cosa juzgada La cosa juzgada “es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”[21].

Esta definición señala consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico.

Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. En este orden la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.

La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto Inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en materia penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política).

Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y definición de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio. En principio, cuando un funcionario judicial se percata de la cosa juzgada debe rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de fondo que se proponga, y en último caso, procede una sentencia inhibitoria.

Sobre la figura de la cosa juzgada en materia de tutelas, la Corte Constitucional en sentencia T-185 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa) dispuso: “La interposición injustificada de una misma acción de amparo ante distintas autoridades judiciales, ya sea de forma sucesiva o simultánea, puede dar lugar a la declaración de: cosa juzgada constitucional, cuando el mecanismo estudiado comparte identidad de hechos, objeto y pretensiones, pero además ha sido resuelto a través de un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria, ya sea en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional, o en sede de instancia cuando el Alto Tribunal ha decidido su no selección para emitir un pronunciamiento; o temeridad, cuando además de compartir la triple identidad de la que se ha venido hablando, se encuentra plenamente acreditado que el accionante ha actuado de forma dolosa o de mala fe, vulnerando valores superiores como la lealtad, economía y eficacia procesales”.

Sobre el tema, a continuación se trae a colación lo expuesto por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, en la providencia del 13 de julio de 2016[22]: “Así pues, en reiteradas ocasiones a la cosa juzgada o “res judicata” se le ha asimilado al principio del “non bis in ídem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de las pretensiones aceptadas por la ley[23], no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior.

Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, de ahí que la cosa juzgada comprenda todo sobre lo que se ha disputado[24]. Además, la cosa juzgada constituye un mecanismo que brinda seguridad jurídica al otorgarle “intangibilidad” e “inimpugnabilidad” a las decisiones judiciales, La res judicata es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza.

Como consecuencia de ello, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. En cuanto el objeto del proceso judicial lo constituye la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y su prevalencia aún frente al mismo, es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y en sentido formal para precisar sus efectos respecto de un proceso judicial.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 303 del Código General del Proceso[25] y 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[26], en los cuales se contienen los elementos formales y materiales para su configuración. El concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.

Por el contrario, la formal[27] considera la posibilidad de volver sobre una decisión adoptada en una providencia que hubiere quedado ejecutoriada, en los eventos en que la Ley lo haya autorizado expresamente[28]”. Para la Sala, la importancia de la cosa juzgada en las sentencias judiciales, proviene de su propia finalidad, entre las cuales está la de conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones judiciales, evitando que el mismo asunto pueda ser debatido indefinidamente ante la jurisdicción. 5.

Caso concreto Con el fin de verificar dentro del asunto de marras si existe cosa juzgada entre la tutela de la referencia y la interpuesta por la señora Morelia Isabel Martínez Martínez, decidida por esta Subsección mediante sentencia de 15 de agosto de 2019, se constatará si se configura la identidad de partes, causa y pretensiones. Sobre el particular, la Sala observa que los señores José Gregorio Correa Martínez, sucesor de la señora Marta Beatriz Correa Martínez y Morelia Isabel Martínez Martínez acudieron ante esta Corporación, en procura de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que estimaron vulnerado por el Tribunal Administrativo de Magdalena, con ocasión de los presuntos errores sustantivo y fáctico en que incurrieron al momento de proferir el fallo de segunda instancia, dentro del medio de control por ellos interpuesto, contra la Policía Nacional, con ocasión del deceso de la señora Carmen Rosa Martínez González.

Las referidas tutelas fueron identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2019-04186-00 y 11001-03-15-000-2019-03152-00, respectivamente. Ahora bien, se observa que la señora Martínez Martínez solicitó: “(…)

PRIMERO: Solicito muy comedidamente, a esta Autoridad Judicial, tutelar los derechos fundamentales de la Señora MORELIA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No …… (sic), expedida en la ciudad de Santa Marta (Magdalena) al Derecho Fundamental al Debido Proceso Judicial, según lo preceptuado por la Constitución Política en su (Artículo 29), y su Derecho Fundamental a la Igualdad, según lo preceptuado en el (Artículo 13) de Constitución Política.

(Sic)

SEGUNDO: Solicito muy comedidamente, a esta Autoridad Judicial, Que como consecuencia de lo anterior, ORDENE a la entidad accionada el pago de la Sentencia de fecha de veintiocho (28) de noviembre de dos mil ocho 2008, Radicado: 47-001-3331-001-2006-00076-00. Proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta. (…)” En ese orden, se tiene que ambas acciones buscan cuestionar la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Magdalena, dentro del proceso de reparación directa en el que ambos se constituyeron como parte demandante.

En ese contexto, se avizora que la tutela incoada por la señora Martínez Martínez fue la primera en ser radicada ante esta Corporación y este Despacho la admitió mediante auto de 9 de julio de 2019, en el que además, se ordenó la vinculación de la señora Marta Beatriz Martínez González, como tercero interviniente. En efecto, se dispuso: “Vincúlese, por tener interés en las resultas del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, y a los señores Joaquin Martínez Esquea, Colombia Mercedes, Tomas Emilio, Yasmín del Carmen, Yaramilda de los Santos, Modesto de Jesús Wilmer Antonio Martínez Martínez, Marta Beatriz, Juan Alberto, David Snneider, Snnider David, Wilmer y Keiron Martínez Gonzalez, haciéndoles llegar copia del escrito de tutela, para que hagan las manifestaciones que consideren pertinentes, para lo cual se les otorga un término de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación. (Resalta la Sala).

(…)”. Así las cosas, resulta evidente que el señor José Gregorio Correa Martínez tuvo la oportunidad de concurrir a ese proceso, en procura de los intereses que le asisten como sucesor de la señora Marta Beatriz Martínez González. Asimismo, las pretensiones en las tutelas buscan dejar sin efectos las decisiones tomadas por el Tribunal Administrativo de Magdalena, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 47001333100120060007600, en la que entre otros, las señoras Marta Beatriz Martínez González (madre del actor) y Morelia Isabel Martínez Martínez fungieron como demandantes.

En este punto, la Sala advierte que el actor no efectúa relato alguno de otros hechos que motiven la interposición de la acción constitucional, tampoco esgrime nuevas razones jurídicas que ameriten un mayor análisis dentro de esta providencia. Bajo el contexto anterior, se resalta que esta Sala, mediante sentencia de 15 de agosto de 2019 resolvió la tutela interpuesta por la señora Morelia Isabel Martínez Martínez, en la cual fue igualmente vinculada la señora Martínez González, madre del actor, de quien se desconocía su deceso, en los siguientes términos: “La señora Morelia Isabel Martínez Martínez y otros, presentaron demanda de reparación directa, (Radicado No 47001333100120060007600) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, que mediante sentencia de 28 de noviembre de 2008 accedió a las pretensiones, ordenando el reconocimiento y pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales a favor de los demandantes, ocasionados por el fallecimiento de la señora Carmen Rosa Martínez (madre de la accionante), al demostrarse la supuesta falla médica en la que incurrió la clínica Nuestra Señora del Rosario en el tratamiento de cáncer suministrado a la paciente.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, resolvió el recurso de apelación solicitado por la apoderada de la accionante, y profirió providencia de 12 de mayo de 2010 mediante la cual revocó la decisión adoptada por el juez de primera instancia, la cual fue notificada a las partes por edicto fijado desde el 21 de mayo hasta 25 de mayo del mismo año.[29] Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado[30], explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Por lo anterior, esta Corporación en dicha providencia acogió, como regla general, un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia. En ese orden de ideas, el término para presentar la acción constitucional en el presente asunto venció el 25 de noviembre de 2010, sin embargo, el escrito de tutela fue presentado por la accionante hasta el 19 de junio de 2019, es decir, nueve (9) años después, lo que significa que no se cumplió con el requisito de la inmediatez.

En este orden, se tiene que revisado el contenido del expediente de tutela, no se advierte argumento o documento alguno que permita concluir la existencia de algún hecho concreto que le haya impedido a la accionante ejercer oportunamente este medio de defensa judicial; y que se convierta en desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito.

En tal sentido, no se encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo constitucional, razón por la cual la Sala no continuará con el estudio de fondo de la presente tutela”. Dicho lo anterior, se encuentra que existe unidad de objeto, en la medida que las dos acciones constitucionales buscan cuestionar lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Magdalena, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 47001333100120060007600, incoada por los señores Morelia Isabel Martínez Martínez, Marta Beatriz Martínez González y otros, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en la que se buscaba obtener la reparación de los presuntos daños causados con ocasión del fallecimiento de la señora Carmen Rosa Martínez González.

III. DECISIÓN En conclusión, la Sala se estará a lo resuelto dentro de la sentencia de 15 de agosto de 2019, que rechazó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Morelia Isabel Martínez Martínez, en atención a que existe cosa juzgada dentro del asunto de la referencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA ESTARSE a lo resuelto en la sentencia de 15 de agosto de 2019, proferida por esta Sala dentro de la acción de tutela promovida por la señora Morelia Isabel Martínez Martínez, contra el Tribunal Administrativo de Magdalena, identificada con el radicado 11001-03-15-000-2019-03152-00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE,

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. CÉSAR PALOMINO CORTÉS SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER ----------------------- [1] Folios 1 a 5. [2] Folio 420 cuaderno 2 expediente en préstamo. [3] Folios 43 y 44. [4] Folio 60. [5] Folios 80 y 81. [6] Folios 89 y 90. [7] Folios 68 a 70. [8] Folios 75 y 76. [9] Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 5.

Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. […]”. [10] Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013,, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. [11] Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014.

M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. [12] Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. [13] Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell). [14] Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa.

SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra). [15] Sentencia T-538 de 1994. [16] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra). [17] Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada. [18] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [19] Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández [20] Sentencia T-284 de 2006.

M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [21] Corte Constitucional, Sentencia C – 774 de 25 de julio de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil [22] Radicado número. 68001-23-33-000-2015-00416-01 (55235), M.P. Hernán Andrade Rincón. [23] Por ejemplo, la reparación directa, controversia contractual, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho. [24] Sentencia del 8 de junio de 2011, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.:18676. [25] Artículo 303.

Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. [26] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios. La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes.

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.

De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10) días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de reposición. [27] Código General del Proceso, Artículo 304.

“No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias: 1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas. 2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley. 3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento”. [28] Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente nro. 34.239 y sentencia del 27 de mayo de 2015, expediente nro. 30.872 [29] Folio 449 cuaderno 2 del expediente en préstamo. [30] C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.