ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se interpuso en término razonable [P]ara dilucidar si en el sub lite se colma la exigencia de inmediatez, debe advertirse que la determinación judicial atacada quedó ejecutoriada el 26 de noviembre de 2018 y la solicitud de amparo se presentó el 4 de junio de 2019, esto es, seis (6) meses y ocho (8) días después, término que no evidencia la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario deprecar su protección oportunamente.
Al respecto, la Corte Constitucional (…) Asimismo, el alto tribunal constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico no establece expresamente un plazo dentro del cual se deba incoar la solicitud de amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar, en atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción fue interpuesta en un lapso razonable (…) En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15- 000-2012-02201-01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.
(…) Así las cosas, el interregno de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa comporta una regla jurisprudencial, y en el sub lite el tutelante no justificó su omisión de instaurarla en ese lapso, motivo por el que la Sala encuentra que el requisito de inmediatez no se cumple.
(…) Ahora bien, el actor sostiene que la tutela del epígrafe la formuló oportunamente, comoquiera que la providencia cuestionada solo le fue comunicada con oficio que recibió el 5 de diciembre de 2018, no obstante, esa aserción no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta de que la notificación de la sentencia quedó satisfecha con la desfijación del edicto, que aconteció el 21 de noviembre de ese año, conforme lo prevé el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil (CPC), [vigente a la instauración de la demanda de reparación directa 73001-23-31-000-2012-00232-00], de manera que la inmediatez inició su cómputo tres (3) días después (26 de los mismos mes y año), fecha en que quedó ejecutoriada.
(…) Por último, tampoco es de recibo el argumento del demandante, consistente en que se le impuso una barrera para acceder a la protección de su garantía superior al debido proceso, dado que si bien es cierto que la tutela no está sometida a un término de caducidad, también lo es que la urgencia de proteger derechos constitucionales fundamentales impone el deber de pedir su amparo dentro de un lapso prudencial, que fue fijado jurisprudencialmente, se repite, en seis (6) meses, los cuales fueron superados para promover este trámite.
(…) A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado (sección quinta) rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, debido a que no colma la exigencia de inmediatez.
(…) NOTA DE RELATORIA: referente a los requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia T-949 del 16 de octubre de 2003, exp: T-755869, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En cuanto a los casos en los que la tutela resulta improcedente, remitirse a: Corte Constitucional, Sentencia T-142 del 1 de marzo de 2012, exp: T-3242799 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
En cuanto al término razonable para la interposición de la acción de tutela, remitirse a: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 05 de agosto de 2014, Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, M P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO
6. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02664-01(AC) Actor: MUNICIPIO DE ALVARADO Demandado: MAGISTRADOS DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra la sentencia de 18 de julio de 2019, proferida por el Consejo de Estado (sección quinta), que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1. La solicitud de amparo (ff. 1 a 10 c. 1). El municipio de Alvarado (Tolima), por conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho constitucional fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el fallo de 31 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo de Estado (sección cuarta) modificó el de 28 de enero de 2014, con el que el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-31-000-2012-00232-00 instaurada por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para declarar probada la excepción de «pago de lo reclamado»; y en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas proferir uno nuevo en el que indiquen que dicha cartera le adeuda las sumas de dinero contenidas en los actos administrativos acusados en ese trámite contencioso-administrativo. 2.
Hechos. Relata el accionante que, a través de Resoluciones 136 y 137 de 25 de abril de 2009, el secretario de hacienda municipal determinó que el Ministerio de Hacienda y Crédito le adeudaba al ente territorial, por concepto de «aforos de participación» destinados a los municipios, $83’831.796 y $168’329.788, correspondientes a los años 2000 y 2001, respectivamente, decisiones administrativas contra los cuales esa cartera interpuso recursos de apelación, desatados por el alcalde local, con Resoluciones 1 y 2 de 24 de julio de 2010, en el sentido de confirmarlas, motivo por el que el 14 de febrero de 2011 libró mandamiento de pago.
Que mediante Resoluciones 151 y 152 de 2 de mayo de 2011, su secretario de hacienda rechazó la excepción de «pago de lo reclamado», opuesta por el mencionado organismo, actos administrativos contra los cuales este presentó recursos de reposición, confirmados con «Resolución 499 de 22 de octubre» siguiente. Dice que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público instauró en su contra demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 73001-23-31-000-2012-00232-00), encaminada a que se anularan las Resoluciones enunciadas en los párrafos precedentes, en razón a que las sumas reclamadas en sede administrativa fueron giradas al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
Que el 28 de enero de 2014 el Tribunal Administrativo del Tolima declaró inepta demanda respecto de las Resoluciones 1 y 2 de 24 de julio de 2010 y el mandamiento de pago, pero anuló las 151 y 152 de 2 de mayo de 2011, sentencia apelada por la allí demandante y modificada por el Consejo de Estado (sección cuarta), con fallo de 31 de octubre de 2018, en el sentido de declarar probada la excepción de «pago de lo reclamado».
Aduce que la providencia objeto de censura incurre en defecto procedimental absoluto, comoquiera que en ella las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que los argumentos expuestos por la pluricitada cartera estaban relacionados con la existencia de la obligación y no con la legalidad de los actos administrativos reprochados, que era lo que debía establecerse en sede contencioso-administrativa.
Que la sentencia atacada también adolece de defecto fáctico, porque en ella no se valoraron integralmente las pruebas adosadas al proceso ordinario, las cuales daban cuenta de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le adeudaba por «aforos de participación» destinados a los municipios, $83’831.796 y $168’329.788, correspondientes a los años 2000 y 2001, en su orden, y, por ende, las Resoluciones acusadas se ajustaban al marco normativo. 1.3 Contestaciones de la acción. 1.3.1 El señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de apoderada (ff. 32 a 34 c. 1), solicita ser desvinculado del trámite constitucional del epígrafe, habida cuenta de que la vulneración del derecho fundamental aludido en el escrito inicial se le atribuye a un fallo que no profirió, lo cual, en todo caso, tampoco podía hacer, puesto que las funciones que le otorga el ordenamiento jurídico están relacionadas con el manejo de las finanzas del país, y no con la expedición de providencias judiciales.
Que el demandante emplea la presente acción de tutela como un instrumento para refutar una decisión emitida de acuerdo con el sistema normativo, es decir, como una tercera instancia, situación que impide acceder a lo suplicado por aquel. 1.3.2 Los señores magistrados de la sección cuarta del Consejo de Estado (ff. 43 y 44 c. 1), por conducto del ponente del fallo atacado, piden negar el amparo deprecado, debido a que esa determinación no transgrede precepto superior alguno, dado que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le giró al Fonpet las sumas por las cuales el municipio de Alvarado inició en su contra el cobro coactivo, de ahí que se haya configurado la excepción de «pago de lo reclamado». 4.
Providencia impugnada (ff. 52 a 58 c. 1). El 18 de julio de 2019 el Consejo de Estado (sección quinta) rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, bajo el argumento de que no colma la exigencia de procedibilidad de inmediatez, en atención a que entre la ejecutoria de la decisión cuestionada y la instauración de la solicitud de amparo, transcurrió más de los seis (6) meses previstos por la jurisprudencia de esta Corporación como término razonable para pedir la protección de derechos constitucionales fundamentales presuntamente vulnerados por providencias judiciales. 1.5 Impugnación (f. 67 c. 1).
El tutelante, inconforme con el anterior pronunciamiento, lo impugnó, el estimar que el fallo reprochado solo se le notificó el 5 de diciembre de 2018, día en que recibió «un oficio», por lo tanto, es a partir de esa fecha en que resulta procedente contabilizar los seis (6) meses dentro de los cuales debía formular la tutela. Además, no es dable exigir el cumplimiento del presupuesto de inmediatez para salvaguardar derechos fundamentales, máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé un lapso de caducidad para emplear este instrumento constitucional.
II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32[1] del Decreto ley 2591 de 1991[2] y 2[3] del Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018[4], expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer de la presente impugnación. 2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 2.3 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 31 de octubre de 2018, por medio de la cual el Consejo de Estado (sección cuarta) modificó la de 28 de enero de 2014, con la que el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-31-000-2012-00232-00 instaurada por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra el tutelante, para declarar probada la excepción de pago de lo reclamado; y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo. 2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable;
(ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales.
La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó: […] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible.
Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido;
(iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión;
(v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación: La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico. En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales[5], rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012[6], y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos[7]. 2.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se constata que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor; (ii) se identificaron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior; y (iii) la decisión acusada no se dictó en una acción de tutela.
Ahora bien, para dilucidar si en el sub lite se colma la exigencia de inmediatez, debe advertirse que la determinación judicial atacada[8] quedó ejecutoriada el 26 de noviembre de 2018 y la solicitud de amparo se presentó el 4 de junio de 2019, esto es, seis (6) meses y ocho (8) días después, término que no evidencia la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario deprecar su protección oportunamente.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 2010[9], sostuvo: […] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable”[10].
Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. […].
Incluso, la real configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó”[11]. Asimismo, el alto tribunal constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico no establece expresamente un plazo dentro del cual se deba incoar la solicitud de amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar, en atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción fue interpuesta en un lapso razonable.
Sobre este punto, afirmó lo siguiente: La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración, cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los derechos.
La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se torna improcedente[12].
En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso- administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.
En ese fallo esta Corporación discurrió así: […] Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto[13]. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. Así las cosas, el interregno de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso- administrativa comporta una regla jurisprudencial, y en el sub lite el tutelante no justificó su omisión de instaurarla en ese lapso, motivo por el que la Sala encuentra que el requisito de inmediatez no se cumple.
Ahora bien, el actor sostiene que la tutela del epígrafe la formuló oportunamente, comoquiera que la providencia cuestionada solo le fue comunicada con oficio que recibió el 5 de diciembre de 2018, no obstante, esa aserción no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta de que la notificación de la sentencia quedó satisfecha con la desfijación del edicto, que aconteció el 21 de noviembre de ese año, conforme lo prevé el artículo 323[14] del Código de Procedimiento Civil (CPC), [vigente a la instauración de la demanda de reparación directa 73001-23-31-000-2012-00232- 00], de manera que la inmediatez inició su cómputo tres (3) días después (26 de los mismos mes y año), fecha en que quedó ejecutoriada.
Por último, tampoco es de recibo el argumento del demandante, consistente en que se le impuso una barrera para acceder a la protección de su garantía superior al debido proceso, dado que si bien es cierto que la tutela no está sometida a un término de caducidad, también lo es que la urgencia de proteger derechos constitucionales fundamentales impone el deber de pedir su amparo dentro de un lapso prudencial, que fue fijado jurisprudencialmente, se repite, en seis (6) meses, los cuales fueron superados para promover este trámite.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado (sección quinta) rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, debido a que no colma la exigencia de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política, FALLA: 1.º Confírmase la sentencia de 18 de julio de 2019, a través de la cual el Consejo de Estado (sección quinta) rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a la parte motiva. 2.º Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 3.º Comuníquese la presente decisión al Consejo de Estado (sección quinta) y remítasele copia. 4.º Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase, Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS ----------------------- [1] «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». [2] «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». [3] «[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». [4] «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». [5] Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203- 01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004- 0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. [6] Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01.
C. P. María Elizabeth García González. [7] Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009- 01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. [8] Notificada por edicto desfijado el 21 de noviembre de 2018 [9] M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. [10] Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. [11] Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. [12] Corte Constitucional, sentencia T-518 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [13] La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses.
La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses. [14] «[…] La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto».