Providencia — Consejo de Estado

NR-2142283Consejo de Estado · SECCION PRIMERAAuto2019-11-08

Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

Actor: Arnulfo Cuervo Aguilera, Luis Alberto Cárdenas Higuera, Jorge Emilio Flórez Díaz Y Raúl Hermes Castro Salcedo·Demandado: Nación ? Departamento Administrativo De La Presidencia De La República Y Ministerio De Transporte

De qué trata

Síntesis: El Despacho estudia las solicitudes de suspensión provisional del Decreto 1514 del 20 de septiembre de 2016, […] acto expedido por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia, en su calidad de delegatario de funciones presidenciales, y del Decreto 153 del 03 de febrero de 2017, […], acto expedido por el Presidente de la República y por el Ministro de Transporte. […] Definida la controversia, el Despacho advierte que, mediante el Decreto 632 del 12 de abril de 2019, expedido por el Presidente de la República y por la Ministra de Transporte, se modificaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Subseccio´n 1 de la Sección 7 del Capi´tulo 7 del Ti´tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, Subsección adicionada a esa normativa mediante el Decreto 1514 de 2016 y modificada y adicionada por el Decreto 153 de 2017, actos administrativos objeto de solicitud de suspensión provisional; […] Ahora bien, tal y como se señaló líneas atrás, la medida de suspensión provisional del acto administrativo tiene como finalidad enervar su eficacia mientras se expide la providencia que pone fin al proceso, de tal forma que un presupuesto para la procedencia de la cautela es que el acto administrativo cuestionado se encuentre vigente y produciendo efectos. En tal sentido, y de conformidad con el artículo 91 numeral 5 del CPACA, los actos administrativos perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados cuando pierdan vigencia. […] De conformidad con lo anterior, la medida cautelar que se analiza carece de objeto, toda vez que el Decreto 1514 de 2016, por medio del cual se adicionó al Decreto 1079 de 2015 la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2, y el Decreto 153 de 2017, que modificó y adicionó dicha Subsección, dejaron de producir efectos, en razón de que fueron objeto de modificación, adición y derogatoria por el Decreto 632 expedido el 12 de abril de 2019, sobre el cual no recae demanda de nulidad ni solicitud de suspensión provisional en el sub lite. Todo lo anterior se precisa sin perjuicio del control de legalidad que debe realizar esta jurisdicción en consideración de los efectos jurídicos que los actos acusados produjeron mientras estuvieron vigentes.SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto del acto por medio del cual se adoptan medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se modifica y adiciona una reglamentación en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Requisito de sustentación de la solicitud / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada al no advertirse sustentación que permita la comparación normativa para deducir la presunta violaciónPor otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, el Despacho advierte que la solicitud de suspensión provisional de los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017 que se tramita con el radicado 11001-03-24-000-2018-00071-00, carece de sustento ya que el actor se limitó a transcribir las normas constitucionales que considera transgredidas, sin ocuparse de argumentar de forma alguna la vulneración, ni remitirse a los planteamientos consignados en el escrito de demanda, lo que resulta suficiente para considerar que la petición no cumple con el requisito de que trata el artículo 229 del C.P.A.C.A., norma que dispone que la medida cautelar procede «a petición de parte debidamente sustentada», exigencia que resulta indispensable para efectos de realizar una comparación normativa y para deducir la infracción del ordenamiento jurídico superior. Por lo anteriormente expuesto, se negará la solicitud de suspensión provisional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Secciones Primera, Tercera y Cuarta, de 19 de diciembre de 2018, Radicación 11001 - 03-24-000-2012-00254-00; 15 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2015-00163-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 4 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2016-00270-00; 27 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2015-00194-00, C.P. María Elizabeth García González; 25 de junio de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2015-00163-00; 7 de abril de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2012-00373-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 13 de mayo de 2015, Radicación 11001-03-26-000-2015-00022-00; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 29 de enero de 2014, Radicación 11001-03-27-000-2013-00014-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramíez; Corte Constitucional, sentencia C-834 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; sentencia C-839 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Respecto del acto por medio del cual se adoptan medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se modifica y adiciona una reglamentación en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Improcedencia respecto de acto derogado / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Improcedencia respecto de acto que ya no produce efectos / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada al no estar produciendo efectos jurídicos la norma acusada El Despacho estudia las solicitudes de suspensión provisional del Decreto 1514 del 20 de septiembre de 2016, […] acto expedido por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia, en su calidad de delegatario de funciones presidenciales, y del Decreto 153 del 03 de febrero de 2017, […], acto expedido por el Presidente de la República y por el Ministro de Transporte. […] Definida la controversia, el Despacho advierte que, mediante el Decreto 632 del 12 de abril de 2019, expedido por el Presidente de la República y por la Ministra de Transporte, se modificaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, Subsección adicionada a esa normativa mediante el Decreto 1514 de 2016 y modificada y adicionada por el Decreto 153 de 2017, actos administrativos objeto de solicitud de suspensión provisional; […] Ahora bien, tal y como se señaló líneas atrás, la medida de suspensión provisional del acto administrativo tiene como finalidad enervar su eficacia mientras se expide la providencia que pone fin al proceso, de tal forma que un presupuesto para la procedencia de la cautela es que el acto administrativo cuestionado se encuentre vigente y produciendo efectos.

En tal sentido, y de conformidad con el artículo 91 numeral 5 del CPACA, los actos administrativos perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados cuando pierdan vigencia. […] De conformidad con lo anterior, la medida cautelar que se analiza carece de objeto, toda vez que el Decreto 1514 de 2016, por medio del cual se adicionó al Decreto 1079 de 2015 la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2, y el Decreto 153 de 2017, que modificó y adicionó dicha Subsección, dejaron de producir efectos, en razón de que fueron objeto de modificación, adición y derogatoria por el Decreto 632 expedido el 12 de abril de 2019, sobre el cual no recae demanda de nulidad ni solicitud de suspensión provisional en el sub lite.

Todo lo anterior se precisa sin perjuicio del control de legalidad que debe realizar esta jurisdicción en consideración de los efectos jurídicos que los actos acusados produjeron mientras estuvieron vigentes. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Respecto del acto por medio del cual se adoptan medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se modifica y adiciona una reglamentación en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Requisito de sustentación de la solicitud / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada al no advertirse sustentación que permita la comparación normativa para deducir la presunta violación Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, el Despacho advierte que la solicitud de suspensión provisional de los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017 que se tramita con el radicado 11001-03-24-000-2018-00071-00, carece de sustento ya que el actor se limitó a transcribir las normas constitucionales que considera transgredidas, sin ocuparse de argumentar de forma alguna la vulneración, ni remitirse a los planteamientos consignados en el escrito de demanda, lo que resulta suficiente para considerar que la petición no cumple con el requisito de que trata el artículo 229 del C.P.A.C.A., norma que dispone que la medida cautelar procede «a petición de parte debidamente sustentada», exigencia que resulta indispensable para efectos de realizar una comparación normativa y para deducir la infracción del ordenamiento jurídico superior.

Por lo anteriormente expuesto, se negará la solicitud de suspensión provisional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Secciones Primera, Tercera y Cuarta, de 19 de diciembre de 2018, Radicación 11001-03-24-000- 2012-00254-00; 15 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2015- 00163-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 4 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2016-00270-00; 27 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2015-00194-00, C.P. María Elizabeth García González; 25 de junio de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2015-00163-00; 7 de abril de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2012-00373-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 13 de mayo de 2015, Radicación 11001-03-26-000-2015-00022-00;

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 29 de enero de 2014, Radicación 11001-03- 27-000-2013-00014-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramíez; Corte Constitucional, sentencia C-834 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; sentencia C-839 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 238 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 91 NUMERAL 5 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231 NORMA DEMANDADA: DECRETO 1514 DE 2016 (20 de septiembre) MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (No suspendido) / DECRETO 153 DE 2017 (3 de febrero) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y POR EL MINISTRO DE TRANSPORTE (No suspendido) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00128-00 ACUMULADOS 2017-00177-00 2018-00033-00 Y 2018-00071-00 Actor: ARNULFO CUERVO AGUILERA, LUIS ALBERTO CÁRDENAS HIGUERA, JORGE EMILIO FLÓREZ DÍAZ Y RAÚL HERMES CASTRO SALCEDO Demandado: NACIÓN ̶ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD – MEDIDA CAUTELAR Tema: IMPROCEDENCIA DE MEDIDA CAUTELAR POR PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO El Despacho procede a resolver las solicitudes de medida cautelar consistentes en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 1514 del 20 de septiembre de 2016, «[p]or el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se adiciona la subsección 1 a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 el Libro 2 del Decreto 1079 de 2015», acto administrativo expedido por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia, en calidad de delegatario de funciones presidenciales[1], así como del Decreto 153 del 03 de febrero de 2017, «[p]or el cual se modifica y adiciona la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga», acto administrativo expedido por el Presidente de la República y por el Ministro de Transporte.

I-.

ANTECEDENTES I.1.- Mediante auto del 13 de noviembre de 2018, y por solicitud de uno de los actores, este Despacho dispuso acumular al proceso con radicación 11001- 03-24-000-2017-00128-00 (actor: Arnulfo Cuervo Aguilera), los expedientes 11001-03-24-000-2017-00177-00 (actor: Luis Alberto Cárdenas Higuera), 11001- 03-24-000-2018-00033-00 (actor: Jorge Emilio Flórez Días) y 11001-03-24-000- 2018-00071-00 (actor: Raúl Hermes Castro Salcedo), por considerar que se configuran los supuestos de que trata el artículo 148 del Código General del Proceso[2], y ordenó que se tramiten en una misma actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

I.2. Solicitudes de suspensión provisional I.2.1. Expedientes 11001-03-24-000-2017-00128-00 (actor: Arnulfo Cuervo Aguilera) y 11001-03-24-000-2017-00177-00 (actor: Luis Alberto Cárdenas Higuera) En cuadernos separados, los actores solicitaron la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las normas acusadas, y en sustento de ello citaron las disposiciones constitucionales que, en su criterio, fueron vulneradas, exponiendo de forma idéntica el concepto de violación frente a cada una, como se transcribe a continuación: |NORMAS CONSTITUCIONALES |DECRETOS 1514 DE 2016 Y 153 DE 2017 | |INFRINGIDAS | | |ARTICULO 1.

Expediente 11001-03-24-000-2018-00033-00 – Jorge Emilio Flórez Díaz En un acápite de la demanda, el actor solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 153 de 3 de febrero de 2017, por violación del ordenamiento jurídico superior en que debería fundarse, y remitiéndose al texto de la demanda, en la cual, en síntesis, expuso lo siguiente: Aseguró que los artículos adicionados a la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, violan el principio constitucional al debido proceso, en la medida en que establecen una sanción a los vehículos que presentan inconsistencias en su matrícula, lo que conlleva a un trato desigual y a una estigmatización frente a la expedición de manifiestos de carga y enturnamientos, todo ello sin que se haya establecido en un procedimiento administrativo que regule las características de las inconsistencias, el grado de culpabilidad del propietario, tenedor o poseedor, la verdadera existencia de inconsistencias y demás situaciones asociadas a dicho trámite.

Aseveró que la prohibición de expedir manifiestos de carga y de enturnamiento en puertos vulnera el derecho al trabajo de los conductores y propietarios de los vehículos de carga que presentan inconsistencias en la matrícula ya que limita la actividad laboral única, para la cual se matricula un vehículo de esas características. Consideró, además, que las medidas referidas desconocen el principio constitucional de legalidad, así como los artículos 88 y 89 del C.P.A.C.A., toda vez que atentan contra la presunción de legalidad y desconocen el carácter ejecutorio del acto de matrícula o registro inicial de los vehículos de carga, pese a que se trata de un defecto imputable a la autoridad pública que lo emitió, al tiempo que desconocen el principio de confianza legítima y los derechos adquiridos del ciudadano, ya que cada propietario registró o matriculó su vehículo con la plena certeza de adelantar un trámite con el cumplimiento de los pedimentos pertinentes y esperando que sus efectos se perpetúen en el tiempo.

I.2.3. Expediente 11001-03-24-000-2018-00071-00 – Raúl Hermes Castro Salcedo En cuaderno separado, el actor solicitó la suspensión provisional de los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017, petición que no sustentó, toda vez que se limitó a invocar como violados los artículos 2º, 6º, 25, 29 y 209 de la Constitución Política, sin exponer el concepto de violación ni remitirse a los argumentos expuestos en la demanda.

II.- TRASLADO DE LAS SOLICITUDES DE MEDIDA CAUTELAR De las solicitudes de suspensión provisional de los actos administrativos acusados se corrió traslado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio de Transporte[3]. II.1. Expediente 11001-03-24-000-2017-00128-00 – Arnulfo Cuervo Aguilera II.1.1. El Ministerio de Transporte, por medio de apoderado judicial, se opuso al decreto de la medida cautelar[4], argumentando que no se configuran los requisitos legalmente establecidos para ello.

En sustento de su posición, señaló que en cumplimiento del deber de establecer un nuevo procedimiento para la actualización y corrección de la información introducida en el RUNT sobre las condiciones de los vehículos sujetos al reconocimiento económico y reposición, ese Ministerio ha adoptado las medidas necesarias para subsanar actos de corrupción que se presentan en el trámite de matrículas de vehículos de carga, las cuales se han concedido sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el efecto.

Aseguró, además, que los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017 se expidieron en cumplimiento de una orden dirigida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte proferida en providencia que decidió sobre una acción popular[5], y en la que se señaló que se deberían adoptar las medidas necesarias para el saneamiento de irregularidades en la matrícula de algunos automotores; disponer la modernización del parque automotor de carga y la depuración de la información a nivel nacional sobre los registros iniciales de los vehículos, así como para efectuar el control sobre el pago de cauciones, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1347 de 2005, 3525 de 2005 y 2868 de 2006 y las Resoluciones 1150 y 1800 de 2005 y 003000 de 2006 del Ministerio de Transporte.

Por otro lado, se refirió al «Acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera», suscito el 21 de julio de 2016 entre el Gobierno Nacional y el sector transportador, mediante el cual el primero se comprometió a ejecutar medidas relacionadas con la operación del sector. Aludió que en el marco de dicho acuerdo y en cumplimiento de la citada sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se expidió el Decreto 1514 de 2016, con el objeto de adoptar medidas especiales y transitorias para resolver la situación administrativa de los vehículos de transporte de carga matriculados entre los años 2005 y 2015 que presentan omisiones en su registro inicial, e hizo énfasis en el procedimiento dispuesto en esa normativa para la identificación de los automotores incursos en esa situación. Mencionó que mediante el Decreto 1517 de 2016 se creó, de manera transitoria, el «Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte Terrestre de Carga – RUNIS TAC con PBV[6] mayor a 10.5 toneladas», mientras permanecía vigente la restricción de ingreso de vehículos por incremento, con el objeto de facilitar así la obtención de información sobre el tamaño de la flota de automotores destinada al transporte de carga.

Igualmente anotó que, en relación con esta materia, se expidió el Decreto 153 de 2017, que también es objeto de cuestionamiento. Precisó que, en ese contexto, se establecieron las medidas dirigidas a impedir que las empresas generadoras de carga contraten el servicio de un vehículo de carga que presenta omisiones en su matrícula inicial, para lo cual el Decreto 153 adicionó algunos artículos a la Subsección 1 de la Sección 7 del capítulo 7 del Título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y modificó el procedimiento establecido en el Decreto 1514 de 2016, con miras a la identificación y saneamiento de las omisiones.

Adicionalmente, expresó que la solicitud del actor carece de los fundamentos normativos regulatorios de la medida cautelar, así como de la carga probatoria que otorgue fuerza demostrativa sobre las presuntas irregularidades del acto administrativo cuestionado, ya que los decretos acusados no prohíben el enturnamiento en puertos y la expedición de manifiestos de carga, ni contemplan sanciones, como erróneamente lo señala el actor.

Advirtió que el actor no sustentó la existencia del perjuicio irremediable, ni del supuesto lucro cesante causado a los propietarios de automotores objeto de las medidas, ni suministró parámetros tangibles de cuantificación metodológica de un promedio de mínimo vital de los aspirantes a la protección de los derechos invocados, y agregó que tampoco hizo una cuantificación del daño emergente, ni precisa tal perjuicio.

Aseveró que no existe prueba de afectación a los derechos sustanciales o subjetivos invocados en la solicitud y que no existe violación al debido proceso, en sustento de lo cual transcribió el parágrafo 3º del artículo 2.2.1.7.7.1.5. adicionado al Decreto 1079, el cual contiene un procedimiento para garantizar la aplicación del proceso de saneamiento que está inmerso en las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte, y afirmó que las medidas administrativas cuestionadas garantizan la aplicación del principio general del derecho consistente en la prevalencia del interés general sobre el particular.

Añadió que la reglamentación del ingreso de vehículos, tanto de servicio público como particular de carga, obedece al cumplimiento de mandatos legales que han facultado al Gobierno Nacional para ello, y que el ejercicio del derecho de propiedad de los vehículos trae inmersas una serie de responsabilidades, entre las cuales se encuentra la de cumplir con los preceptos legales que, en el caso particular de vehículos de carga, se encontraban previamente establecidas.

Precisó que la inclusión de información del automotor en el RUNT[7] no obedece a una sanción, y que la facultad otorgada a la Superintendencia de Transporte para adelantar las actuaciones administrativas en contra de quien incumpla el deber impuesto permite el cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, las cuales disponen que son sujetos de sanción las personas que vulneren o permitan la violación o el desconocimiento de las normas existentes en materia de trasporte; de tal forma que en los decretos cuestionados no están creando una sanción, sino determinando una obligación para los actores de la cadena de transporte, ratificando así la facultad que tiene el ente de vigilancia, inspección y control en materia de transporte.

Finalmente, se refirió a la política pública adelantada por el Ministerio de Transporte para la modernización y racionalización del parque automotor del servicio de trasporte de carga, y aseguró que, en su desarrollo, se han expedido diferentes normas que regulan el registro inicial para el ingreso de esta clase de vehículos al registro nacional automotor.

II.1.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de la medida cautelar[8], argumentando que la expedición de los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017, obedeció a la necesidad de adoptar medidas especiales y transitorias para resolver la situación administrativa de los vehículos de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial entre los años 2005 y 2015, por el incumplimiento de condiciones y procedimientos establecidos en la normativa vigente al momento de la matrícula.

Señaló que la operación del transporte en Colombia es un servicio sujeto a la regulación del Estado, y que éste, por mandato de la Ley 105 de 1993[9], debe ejercer el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación del servicio en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, por conducto de las autoridades competentes, las cuales deben diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, esto es, regulando el ingreso de vehículos por incremento del servicio.

Enfatizó en que los mecanismos de inspección, vigilancia y control establecidos en los decretos cuestionados responden a la necesidad de identificar y sanear el expediente administrativo de los rodantes cuyo proceso de matrícula inicial no cumple con los requisitos de ley, así como con los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en el acuerdo para la reforma estructural de transporte de carga por carretera suscrito el 21 de julio de 2016.

Precisó que con los decretos acusados, que no son únicos ni aislados, se buscó, además, que los propietarios de vehículos de carga que tienen omisiones en su registro inicial presenten la certificación de cumplimiento de requisitos o la aprobación de la caución que fue omitida al momento de realizar el registro inicial, con el fin de depurar el inventario y darle seguridad jurídica y física a los usuarios del transporte público en sus diversas operaciones.

Aseguró que con las medidas adoptadas mediante los decretos cuestionados no se vulneran los derechos al debido proceso, a la propiedad privada y al trabajo y que, por el contrario, el procedimiento de depuración y normalización de matrícula de camiones de carga se desarrolla con normalidad y, en todo caso, la decisión que adopte la administración debe estar contenida en un acto administrativo sujeto a controles gubernativos y judiciales.

Señaló, además, que frente a una matrícula expedida sin el lleno de requisitos legales no puede hablarse de derechos adquiridos, pues se trata de una actuación viciada, que mal puede conferir un derecho subjetivo inalienable, porque para ello existen los procedimientos de inspección, vigilancia y control. Finalmente, se refirió a los requisitos de la medida cautelar y aseveró que en el caso objeto de examen no se configuran los presupuestos para la prosperidad de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos enjuiciados, toda vez que su argumentación resulta confusa y carece del respaldo probatorio requerido para suspender un acto del Gobierno Nacional que se presume legal, a lo que añadió que no existe evidencia del peligro resultante de no decretar la cautela.

II.2. Expediente 11001-03-24-000-2017-00177-00 – Luis Alberto Cárdenas Higuera Las entidades demandadas no se pronunciaron sobre la solicitud de medida cautelar dentro del término concedido por el Despacho para ello. II.3. Expediente 11001-03-24-000-2018-00033-00 – Jorge Emilio Flórez Díaz II.3.1. El Ministerio de Transporte, a través de apoderada judicial, solicitó que se deniegue la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 153 de 2017, por cuanto, en su criterio, la confrontación con las normas de carácter superior realizada por el demandante carece de un análisis profundo y razonado, en la medida en que, simplemente, llegó a conclusiones subjetivas y, por lo demás, no prueba la existencia de perjuicios, ni violación alguna de los derechos invocados.

Aseguró que, por medio de los documentos CONPES 3489 del 1º de octubre de 2017 y 3759 del 20 de agosto de 2013, el Gobierno Nacional fijó la política para la modernización y racionalización del parque automotor del servicio nacional de transporte público de carga, y que, en su desarrollo, se ha establecido la necesidad de expedir diferentes normas para regular el registro inicial de los vehículos de transporte de carga.

Al respecto, especificó que el Ministerio de Transporte expidió los Decretos 1514 y 1517 de 2016, 153 de 2017 y la Resolución 00332 de 2017, con el fin de reglamentar lo atinente a la reposición de los vehículos automotores de carga y sanear su registro inicial. Precisó que el Ministerio de Transporte evidenció que algunas circunstancias no fueron contempladas en el Decreto 1514 de 2016, razón por la cual, con el fin de permitir que más propietarios se acogieran a las medidas de normalización, y asegurar así la implementación de la política pública integral del sector, se expidió el Decreto 153 de 2017, en el cual se adoptaron medidas previas encaminadas a evitar que se sigan realizando conductas contrarias a las normas que regulan la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga.

Se refirió, concretamente, al contenido del artículo 3º del Decreto 153 de 2017, reglamentación que modificó el artículo 2.2.1.7.7.1.3 del Decreto 1079 de 2015, el cual se relaciona con las acciones a implementar por el propietario, poseedor o tenedor de buena fe exenta de culpa, para subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de un vehículo de transporte de carga.

Añadió que, posteriormente, mediante la Resolución 332 de 2017, se determinaron los procedimientos para la operación y funcionamiento del programa de promoción para la reposición y renovación del parque automotor de carga a nivel nacional. Finalmente, destacó que las actuaciones referidas han sido desarrolladas, además, en cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 29 de septiembre de 2011, que resolvió acción popular con Radicación 1101-33-31-019-2007-00735-00[10], mediante el cual ordenó al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte realizar las gestiones tendientes a depurar la información sobre los registros de vehículos automotores de carga.

II.3.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no descorrió el traslado de la solicitud de medida cautelar. II.4. Expediente 11001-03-24-000-2018-00071-00 – Raúl Hermes Castro Salcedo II.4.1. El Ministerio de Transporte, mediante apoderada judicial, solicitó que no se decrete la medida cautelar[11], afirmando que la petición carece de argumento fáctico y jurídico, no reúne los requisitos definidos en el artículo 231 del C.P.A.C.A. y no está soportada con prueba alguna.

De otra parte, se refirió a la política pública para la modernización del transporte automotor de carga, así como a las normas que regulan el registro inicial de ese tipo de vehículos, todo ello en los mismos términos en que se pronunció al descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar tramitada con el radicado 11001-03-24-000-2018-00033-00, ya referida en esta providencia. Por otro lado, mencionó que el Ministerio de Transporte es la autoridad encargada de vigilar y controlar que los vehículos de carga que circulan cumplan con los requisitos y normas que rigen su matrícula inicial.

II.4.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar dentro del término concedido para ello. III.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO III.1. Actos administrativos objeto de solicitud de medida cautelar En las solicitudes de medida cautelar que se tramitan dentro de los procesos con los radicados 11001-03-24-000-2017-00128-00, 11001-03-24-000- 2017-00177-00 y 11001-03-24-000-2018-00071-00, los actores solicitaron la suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 1514 de 2016, acto administrativo expedido por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia en su calidad de delegatario de funciones presidenciales, y del Decreto 153 de 2017, expedido por el Presidente de la República y por el Ministro de Transporte, mientras que en la solicitud que se tramita con el radicado 11001-03-24-000-2018-00033-00 el actor solicitó únicamente la suspensión de los efectos jurídicos del último de los citados decretos.

III.2. Normas violadas III.2.1. En criterio de los peticionarios de las medidas cautelares que se tramitan dentro de los procesos con los radicados 11001-03-24-000-2017- 00128-00 y 11001-03-24-000-2017-0017-00, los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017, violan los artículos 1º, 2º, 25, 29, 58, 90 y 189 de la Constitución Política. III.2.2.

El solicitante de la medida cautelar tramitada con el radicado 11001-03-24-000-2018-00033-00, se remitió a la demanda de nulidad, en la cual adujo que el Decreto 153 de 2017 vulnera el principio del debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho al trabajo, el principio de legalidad, el principio de confianza legítima, los artículos 88 y 89 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 37 de la Ley 769 de 2002.

III.2.3. En el cuaderno que contiene la solicitud de medida cautelar con el radicado 11001-03-24-000-2018-00071-00, el solicitante invocó como violados los artículos 2º, 6º, 25, 29 y 209 de la Constitución Política. III.3. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo[12], se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231[13] y siguientes del C.P.A.C.A. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida.

Es por ello que su finalidad está dirigida a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».[14] De otra parte, es preciso resaltar que en el anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la «manifiesta infracción de la norma invocada» y que en acciones distintas a la objetiva de legalidad se requería demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecución del acto.

Por ello, la innovación más relevante de la Ley 1437 de 2011 consiste en la exigencia expresa de la confrontación de legalidad que debe efectuar el juez de la medida, es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas[15]. Dicho lo anterior, es menester indicar que esta Corporación, en el auto de 13 de mayo de 2015[16] citado anteriormente, señaló que «la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio».

Tal visión ha sido compartida por la Sección Primera, como quedó plasmado en el auto de 27 de agosto de 2015 en el cual subrayó lo siguiente: […] «En esta providencia no se está adoptando decisión de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensión provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar)»[17].

Los principios y requisitos enunciados se concretan, a juicio de este Despacho, en las previsiones especiales del inciso primero del artículo 231 del C.P.A.C.A. para esta modalidad de cautela, sin perjuicio del análisis que para el caso en concreto deba realizar el juez en relación con la necesidad de la urgencia de la medida cautelar. Acerca de la forma en la que el juez debe abordar este análisis inicial, la ya citada providencia de 17 de marzo de 2015 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sostuvo: […] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud.

Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final […][18] (resaltado fuera del texto).

Como lo refiere la providencia en mención, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación, se trata de «mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto»[19].

III.4. El caso concreto El Despacho estudia las solicitudes de suspensión provisional del Decreto 1514 del 20 de septiembre de 2016, «[p]or el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se adiciona la subsección 1 a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 el Libro 2 del Decreto 1079 de 2015», acto expedido por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia, en su calidad de delegatario de funciones presidenciales, y del Decreto 153 del 03 de febrero de 2017, «[p]or el cual se modifica y adiciona la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga», acto expedido por el Presidente de la República y por el Ministro de Transporte.

Las peticiones con los radicados 11001032400020170012800 y 11001032400020170017700 se sustentaron en que las medidas contempladas en los decretos acusados violan flagrante y directamente los principios del debido proceso, la buena fe, la presunción de inocencia, la equidad y el orden justo, así como el derecho fundamental al trabajo de los propietarios de los automotores objeto de las medidas, así como los derechos de sus dependientes y de todos aquellos que de manera indirecta derivan su sustento económico de la explotación de un vehículo de carga.

Por lo demás, los actores aducen que los decretos vulneran el artículo 90 de la Constitución Política, en la medida en que generan una responsabilidad del Estado colombiano, ya que este queda expuesto a demandas indemnizatorias por parte de miles de propietarios de camiones que verán vulnerados sus derechos constitucionales. Igualmente, sostuvieron que la facultad para tipificar conductas y establecer sanciones en materia de transporte fue atribuida por el Constituyente única y exclusivamente al legislador, por lo que su ejercicio por parte del Presidente de la República y de sus ministros, desconoce el artículo 189, numeral 11, de la Carta Fundamental y vulnera el principio de separación de las ramas del poder público de que trata el artículo 113 ibídem.

Por otro lado, la solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 153 de 3 de febrero de 2017, radicada con el número 110010324000201800033000, se sustenta en que los artículos adicionados a la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, violan el principio constitucional al debido proceso, el derecho al trabajo de conductores y propietarios de los vehículos que presentan inconsistencias en la matrícula, desconocen el principio de confianza legítima y los derechos adquiridos del ciudadano, así como los artículos 88 y 89 del C.P.A.C.A., toda vez que atentan contra los atributos de presunción de legalidad y el carácter ejecutorio de que goza el acto de matrícula o registro inicial de los vehículos de carga.

Por su parte, en el escrito que contiene la petición de la medida cautelar con radicación 11001032400020180007100, el actor se limitó a invocar los artículos 2º, 6º, 25, 29 y 209 de la Constitución Política, sin sustentar su violación. Definida la controversia, el Despacho advierte que, mediante el Decreto 632 del 12 de abril de 2019, expedido por el Presidente de la República y por la Ministra de Transporte, se modificaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, Subsección adicionada a esa normativa mediante el Decreto 1514 de 2016 y modificada y adicionada por el Decreto 153 de 2017, actos administrativos objeto de solicitud de suspensión provisional; por lo que se considera pertinente analizar si las normas acusadas actualmente se encuentran o no produciendo efectos jurídicos.

Igualmente, el plazo de un (1) año definido en el Decreto 1514 de 2016 para que los propietarios de los vehículos de transporte de carga subsanen las omisiones en el trámite de registro inicial, fue modificado por el Decreto 153 de 2017, que además incluyó como destinatarios de las medidas a los poseedores o tenedores de buena fe exenta de culpa y remplazó el término «subsanación» por el de «normalización»; norma que, a su vez, fue objeto de modificación por el Decreto 632 de 2019, que amplió tanto el término de ocurrencia de la omisión en el registro inicial a normalizar, como el plazo para ello, el cual fue extendido a dos (2) años, y que además, al hacer referencia del tenedor de buena fe, prescindió de la condición de que esta sea «exenta de culpa».

Cabe resaltar, asimismo, que la definición de las omisiones en las que pudo incurrir el propietario al momento de realizar el registro inicial de un vehículo de carga, contenida en el Decreto 1514 de 2016, fue modificada por el Decreto 153 de 2017, que adicionó algunas causales, y que también fue modificado por el Decreto 632 de 2019, normatividad que al respecto incluyó la posibilidad de que, frente algunas situaciones específicas, el Ministerio de Transporte normalice automáticamente el registro inicial y elimine la anotación que haya efectuado a través del sistema RUNT.

El procedimiento previsto por los acusados, esto es, por los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017 para efectuar la identificación de vehículos que presuntamente presentan omisiones en su registro inicial, fue igualmente modificado por el Decreto 632 de 2019. Por otro lado, el artículo 2.2.1.7.7.1.6. de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, adicionado por el Decreto 1514 de 2016, y que dispuso el trámite para el saneamiento del registro inicial de vehículos que obtuvieron certificado de cumplimiento de requisitos o certificado de aprobación de la caución expedida por el Ministerio de Transporte con posterioridad, fue derogado por el artículo 13 del Decreto 632 de 2019.

De otra parte, el procedimiento definido en el Decreto 1514 de 2016 para que los propietarios sanearan las omisiones presentadas en el registro inicial de vehículos de transporte de carga incursos en determinadas situaciones anómalas, fue modificado por el Decreto 153 de 2017, y que, a su vez, fue modificado por el Decreto 632 de 2019 en lo atinente a las causales o situaciones a subsanar, entre otros aspectos, y resaltando, además, que esta última regulación dispuso que el Ministerio de Transporte reglamentará el trámite general para la normalización de los vehículos en un plazo no mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de su entrada en vigencia. Por lo demás, el Decreto 632 de 2019 reprodujo lo dispuesto por el Decreto 1514 de 2016 en relación con el registro del saneamiento y el trámite a seguir en los casos en que no sea posible efectuar la normalización del registro de los vehículos de carga, pero modificó lo prescrito por el Decreto 153 de 2017 sobre la contratación y expedición del manifiesto de carga y las condiciones para el enturnamiento en puertos, y adicionó el artículo 2.2.1.7.7.1.17. a la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, atiente a la transición de las medidas de normalización. Ahora bien, tal y como se señaló líneas atrás, la medida de suspensión provisional del acto administrativo tiene como finalidad enervar su eficacia mientras se expide la providencia que pone fin al proceso, de tal forma que un presupuesto para la procedencia de la cautela es que el acto administrativo cuestionado se encuentre vigente y produciendo efectos.

En tal sentido, y de conformidad con el artículo 91 numeral 5 del CPACA[20], los actos administrativos perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados cuando pierdan vigencia. En relación con el instituto jurídico de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo y, específicamente, sobre la regulación contenida en el citado artículo 91-5 de la Ley 1437 de 2001, se pronunció esta Corporación mediante auto del 29 de enero de 2014, de la siguiente forma: […] Esa misma disposición, se expresa, igualmente, que hay pérdida de la fuerza ejecutoria cuando el acto administrativo “pierde vigencia” – artículo 91.5-, lo que ocurre cuando se presenta el fenómeno de derogación de la norma, entendido como “el acto de proceder, mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto jurídico precedente. 2.

Es decir, que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo no es procedente cuando la norma acusada ha sido modificada o derogada, por cuanto dicha suspensión parte del supuesto de vigencia[21] (negrilla fuera del texto). De conformidad con lo anterior, la medida cautelar que se analiza carece de objeto, toda vez que el Decreto 1514 de 2016, por medio del cual se adicionó al Decreto 1079 de 2015 la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2, y el Decreto 153 de 2017, que modificó y adicionó dicha Subsección, dejaron de producir efectos, en razón de que fueron objeto de modificación, adición y derogatoria por el Decreto 632 expedido el 12 de abril de 2019, sobre el cual no recae demanda de nulidad ni solicitud de suspensión provisional en el sub lite.

Todo lo anterior se precisa sin perjuicio del control de legalidad que debe realizar esta jurisdicción en consideración de los efectos jurídicos que los actos acusados produjeron mientras estuvieron vigentes. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, el Despacho advierte que la solicitud de suspensión provisional de los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017 que se tramita con el radicado 11001-03-24-000-2018-00071-00, carece de sustento ya que el actor se limitó a transcribir las normas constitucionales que considera transgredidas, sin ocuparse de argumentar de forma alguna la vulneración, ni remitirse a los planteamientos consignados en el escrito de demanda, lo que resulta suficiente para considerar que la petición no cumple con el requisito de que trata el artículo 229 del C.P.A.C.A., norma que dispone que la medida cautelar procede «a petición de parte debidamente sustentada», exigencia que resulta indispensable para efectos de realizar una comparación normativa y para deducir la infracción del ordenamiento jurídico superior.

Por lo anteriormente expuesto, se negará la solicitud de suspensión provisional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E: NEGAR la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 1514 del 20 de septiembre de 2016, «[p]or el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se adiciona la subsección 1 a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 el Libro 2 del Decreto 1079 de 2015», acto administrativo expedido por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia, en calidad de delegatario de funciones presidenciales, y del Decreto 153 del 03 de febrero de 2017, «[p]or el cual se modifica y adiciona la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga», acto administrativo expedido por el Presidente de la República y por el Ministro de Transporte.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado P: 9 ----------------------- [1] En virtud del Decreto 1481 de 2016. [2] Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos, norma aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas: 1.

Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda. b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos. c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos hechos […]”. [3] Folio 9 del cuaderno de medida cautelar del expediente 2017-00128, folio 37 del cuaderno de medida cautelar del expediente 2017-0177, folio 9 del cuaderno de medida cautelar del expediente 2018-0033 y folio 10 del cuaderno de medida cautelar del expediente 2017-0071. [4] Folios 15 a 29 del cuaderno de medida cautelar. [5] Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sección Primera, Subsección C. providencia dl 29 de septiembre de 2011. Radicación: 11001-33-31-019-2007- 00738-00. [6] Producto Bruto Vehicular. [7] Registro Único Nacional de Tránsito. [8] Folios 37 a 42 del cuaderno de medida cautelar. [9] «Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones». [10] Providencia referida por el Ministerio de Transporte al pronunciarse respecto de la solicitud de medida cautelar con Radicado 11001-33-31-019- 2007-00735-00. [11] Folios 16 a 22 del cuaderno de medida cautelar. [12] El artículo 230 del C.P.A.C.A. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos;

(numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. [13] “[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. 3.

Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]” (Negrillas fuera del texto). [14] Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. [15] Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo C.P.A.C.A., asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015, expediente núm. 2014-03799, en la cual se puntualizó: «Ahora bien, centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposición, sin desconocer los rasgos característicos del acto administrativo, amplió, en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intención del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional.

Una interpretación del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variación literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicación la idea de que la existencia de una manifiesta infracción, a la que hacía referencia el artículo 152 del anterior Código, fue reemplazada por el surgimiento en el análisis judicial de una oposición entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones.

Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposición debe arribarse a una conclusión diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta Jurisdicción obedece y reclama la tutela judicial efectiva». (resaltado es del texto). [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2015.Radicación número: 11001-03-26-000-2015- 00022-00(53057). Actor: CARACOL Televisión S.A. y RCN Televisión S.A. Demandado: Autoridad Nacional de Televisión – ANTV. Referencia: Medio de control de nulidad simple (Auto medida cautelar de suspensión provisional) [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González.

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2015. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00194-00. Actor: Marco Fidel Ramírez Antonio. Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social. [18] Ut supra Expediente núm. 2014-03799. [19] Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: «Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’.

De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. // La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa [ ].

La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia» (negrillas fuera del texto). [20]

ARTÍCULO

91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso AdmiabÒ | ¶·¸% ( í ð B F G ‘•ûüðáÏðÏð½®ŸŽ€Ž€ŽrdSE4E hôJ©hôJ©CJOJ[21]QJ[22]^J[23]aJhôJ©CJOJ[24]QJ[25]^J[26]aJ hài‘hài‘CJOJ[27]QJ[28]^J[29]aJhài‘CJOJ[30]QJ[31]^J[32]aJhúb)CJOJ[33]QJ[34]^J [35]aJh[pic]-~CJOJ[36]QJ[37]^J[38]aJ hO{šhO{šCJOJ[39]QJ[40]^J[41]aJhðgu5?CJOJ[42]QJ[43]^J[44]aJhï ~5?CJOJ[45]QJ[46]^J[47]aJ#hq|}hï@:5?CJOJ[48]QJ[49]^J[50]aJnistrativo.

Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4.

Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan vigencia (resaltado fuera del texto). [51] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 29 de enero de 2014. Radicación: 110010327000-2013-00014- 00 (20066). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Actor: Mario Felipe Tovar Aragón.