05001-23-33-000-2017-02393-01 — Consejo de Estado

05001-23-33-000-2017-02393-01Consejo de Estado · SECCION PRIMERASentencia2019-10-03

Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

Actor: Albert Fidel Chávez Herazo·Demandado: María Edilma Tobón Velásquez

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala estima procedente poner de relieve que de la lectura del contenido del acta contentiva del primer debate del acuerdo No. 060, se advierte que, aunque la concejal demandada no pertenecía a la comisión primera, a la cual le correspondió el primer debate del proyecto, sí asistió a la sesión extraordinaria del día 15 de diciembre de 2014, aunque en ella no realizó intervención alguna. Por su parte, la Sala encuentra que en el acta 036, esto es, la correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2014, en la que se dio continuidad al primer debate del proyecto de Acuerdo 060, la señora María Edilma Tobón Velásquez asistió a la misma, pero tampoco realizó intervención alguna en cuanto a la exención del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros. En este sentido y en lo que se refiere al Acuerdo Municipal 057 de 2014, tal y como lo precisó la Agente del Ministerio Público, no se advierte que la concejal demandada o el proyecto del mismo, incluyera alguna disposición tributaria, específicamente una exención tributaria de la cual se pudiese beneficiar la cooperativa Colanta. Tampoco se demostró que, en el debate de los proyectos de acuerdo, la concejal acusada hubiera efectuado alguna participación dirigida a favorecer a la mencionada empresa, por lo que se puede concluir la inexistencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de la ella. Por otra parte, y en lo atinente al Acuerdo Municipal 063 de 2015, la Sala encuentra que a través del mismo se realizaron modificaciones al Acuerdo Municipal 057 de 2014, sin que se pueda observar que dicho acto administrativo se refirió al impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, como se concluyó líneas atrás. Por lo anterior, si bien es cierto que la señora María Edilma Tobón Velásquez tenía a uno de sus hijos, concretamente al señor Ricardo Arturo Sierra Tobón, laborando en la empresa Colanta, también lo es que dicha circunstancia resulta inane e irrelevante para analizar el presunto conflicto de intereses de la concejal demandada. Como se precisó, para que se pueda afirmar que existe un conflicto debidamente acreditado, debe concurrir un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza del concejal o de su círculo cercano, supuestos que, como se observó, no se encuentra acreditado en el sub lite. El hecho de que la cooperativa Colanta se haya beneficiado por más tiempo de la exención en comento, no implica que de allí se desprenda el presunto conflicto de intereses del demandado; en tanto que, se repite, para el periodo analizado el Concejo Municipal no creo una exención tributaria a las empresas que venían desarrollando su objeto social en el ente territorial. El anterior hecho lo que revela es que Colanta, en periodos pasados, había cumplido con los presupuestos establecidos para ser acreedora de tal beneficio, al generar 40% de empleos directos en los cuales el 70% eran de esa municipalidad o residentes por 3 años, y el 20% de los cargos de profesionales eran del ente territorial, circunstancia que en nada cambia los supuestos fácticos y jurídicos en el sub lite, en el entendido que los acuerdos municipales analizados no consagran un beneficio para la empresa en comento.COMPETENCIA JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Límites / CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO - Los argumentos expuestos al emitirlo en segunda instancia no pueden ser analizados por la Sala en garantía de los principios de lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensaL[]a Sala encuentra que la solicitud de desinvestidura se sustenta en el hecho de que la señora María Edilma Tobón Velásquez, en su condición de concejal del municipio de San Pedro de Los Milagros (Antioquia) para el período 2012 - 2015, participó en la votación y trámite de los Acuerdos Municipales 057 del 22 de diciembre de 2014 y 063 de septiembre 10 de 2015, a través de los cuales se exoneró del pago del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros a la empresa Colanta, al tiempo que su hijo, Ricardo Arturo Sierra Tobón se desempeñaba como empleado de aquella empresa, sin presentar declaración de impedimento. Por su parte, el Ministerio Público señaló que, si bien es cierto que no se configuran los requisitos para recibir el beneficio tributario establecido en los Acuerdos Municipales 057 del 22 de diciembre de 2014 y 063 de septiembre 10 de 2015, también lo es que debía pronunciarse sobre la posible configuración de la causal de conflicto de intereses respecto de la aprobación de otras cargas tributarias. Nótese, entonces, que la Procuradora 7ª Delgada ante el Consejo de Estado, en el concepto rendido, amplió la solicitud de desinvestidura en la medida en que señaló que la concejal demandada aprobó otras cargas tributarias que beneficiaban a la empresa Colanta. De acuerdo a lo evidenciado anteriormente y para efectos de dar aplicación al artículo 281 del CGP y proteger adecuadamente del derecho de defensa - garantía del debido proceso prevista en el artículo 29 de la C.P. -, la Sala no estudiará lo expuesto por dicha funcionaria en el concepto rendido y se enfocará en determinar si se configura la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136 ibidem, de acuerdo a los lineamientos de la solicitud de desinvestidura.

RECURSO DE REPOSICIÓN - Improcedencia contra auto que deniega el decreto o práctica de pruebas en proceso de única instancia / RECURSO DE APELACIÓN – Improcedencia respecto de auto que deniega el decreto o práctica de una prueba en proceso de única instancia / AUTO QUE DENIEGA EL DECRETO O PRÁCTICA DE UNA PRUEBA – Es susceptible del recurso de súplica en procesos de única instancia o segunda instancia / RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Es el que procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia / RECURSO DE REPOSICIÓN – Debe interpretarse como de súplica / RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA- Es el que procede frente al auto que denegó el decreto de pruebas en proceso de única instancia [M]ediante auto de 7 de diciembre de 2018, dispuso: “[…] DENEGAR el decreto de pruebas en segunda instancia solicitado por la parte demandante [ ]", decisión que fue debidamente notificada a las partes y, frente a la cual, el apoderado judicial de la parte actora interpuso “[…] RECURSO DE REPOSICIÓN y en subsidio APELACIÓN […]”. [E]n los procesos de única instancia, el recurso procedente para controvertir el auto que deniega el decreto o práctica de pruebas, es el de súplica.

Por lo anterior, el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora en contra del auto de 7 de diciembre de 2018, será entendido como de súplica y, en consecuencia, se ordenará la remisión del expediente al despacho del Magistrado que sigue en turno, para que lo resuelva. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 242 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 NUMERAL 9 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 05001-23-33-000-2017-02393-01(PI) Actor: ALBERT FIDEL CHÁVEZ HERAZO Demandado: MARÍA EDILMA TOBÓN VELÁSQUEZ (CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – ANTIOQUIA) Referencia: EN CONTRA DEL AUTO QUE DENIEGA EL DECRETO DE PRUEBAS PROCEDE EL RECURSO DE SÚPLICA EN PROCESOS DE ÚNICA INSTANCIA Este Despacho, mediante auto de 7 de diciembre de 2018, dispuso: “[…] DENEGAR el decreto de pruebas en segunda instancia solicitado por la parte demandante [ ]", decisión que fue debidamente notificada a las partes y, frente a la cual, el apoderado judicial de la parte actora interpuso “[…] RECURSO DE REPOSICIÓN y en subsidio APELACIÓN […]”.

Para resolver, cabe poner de relieve que el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, dispone: “[…]

ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o súplica […] Ahora bien, en relación con los autos susceptibles del recurso de apelación, el artículo 243 ibídem, señala: “[…]

ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: […] 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. […]

PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil. […]”. (negrilla del Despacho) A su vez, el artículo 246 ejúsdem, dispone cuáles son los autos susceptibles del recurso de súplica, en los siguientes términos: “[…]

ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.

Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda. El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno. […]”.

(negrilla del Despacho) Así las cosas, conforme a las normas anteriormente transcritas, en los procesos de única instancia, el recurso procedente para controvertir el auto que deniega el decreto o práctica de pruebas, es el de súplica. Por lo anterior, el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora en contra del auto de 7 de diciembre de 2018, será entendido como de súplica y, en consecuencia, se ordenará la remisión del expediente al despacho del Magistrado que sigue en turno, para que lo resuelva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E:

PRIMERO: ENTENDER como recurso de SÚPLICA, el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra del auto de 7 de diciembre de 2018, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al despacho del Magistrado que sigue en turno, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado