ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - No es una instancia adicional al proceso ordinario La parte actora pretende que se revoque la sentencia del 7 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-011-2013-00352-01, toda vez que, a su juicio, le fueron vulnerados sus derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. revisados los argumentos utilizados por la parte actora para sustentar los defectos que se alegan, es decir, (i) defecto material y (ii) defecto procedimental, se observa que aquéllos no resultan suficientes para que se pueda entender que la acción de tutela supera los requisitos generales de procedencia, concretamente el que se refiere a la relevancia constitucional.

Lo anterior en virtud de que aceptar los argumentos expuestos por la accionante implicaría para la Sala hacer una revisión del caso, como si la tutela fuera una nueva instancia procesal. En efecto, no obstante que la parte actora únicamente demandó la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que esta última confirmó la decisión dictada por el Juzgado Once Oral del Circuito de Medellín. Al estudiar el expediente ordinario en conjunto, la Sala observa que los argumentos de la demanda ordinaria son prácticamente los mismos que los del recurso de apelación y que los que sirven ahora de base para la demanda de tutela, lo que indica que las cuestiones que ahora se ventilan a la luz de la solicitud de amparo ya fueron resueltas con antelación. Por contraposición, al revisar la sentencia acusada se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo un análisis detenido del material probatorio y, con base en ello, confirmó la decisión del a quo, en el sentido de declarar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, conclusión a la que arribó desarrollando de manera clara las razones por las cuales tomó esa decisión. Así pues, queda claro que, al ventilarse en este proceso asuntos que ya fueron decididos con anterioridad, lo que persigue la parte actora es reabrir el debate propio del proceso ordinario; de hecho nótese que en la demanda de tutela se pide dejar sin efecto la sentencia cuestionada del tribunal y dictada una de reemplazo que acceda a las pretensiones formuladas en el proceso contencioso administrativo, lo cual implica convertir la presente acción en una instancia adicional, propósito que de ninguna manera corresponde a lo que es la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección de los derechos fundamentales, razón por la cual la acción de la referencia será declarada improcedente.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02695-00(AC) Actor: RIVAS DE JESÚS RIVERA CARDONA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Referencia: Acción de tutela Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 7 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-011-2013-00352-01.

I.

ANTECEDENTES 1. Por intermedio de apoderado judicial, el señor Rivas de Jesús Rivera Cardona interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial, con el fin de que fuera declarada culpable y condenada a pagar por los perjuicios que le fueron ocasionados al actor, toda vez que, a su juicio, “las actuaciones irregulares en que incurrieron el Juzgado [Trece] Civil del Circuito de Medellín y el Juzgado Civil del Circuito de Marinilla, consistentes en impedir el usufructo” de un bien inmueble que fue rematado y adquirido por él, le causaron un detrimento económico. 2.

El 17 de septiembre de 2015, el Juzgado Once Oral Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda, por cuanto declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, decisión que fue objeto de recurso de apelación por la parte demandante y confirmada bajo la misma tesis en sentencia del 7 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En ambas instancias, los falladores hicieron hincapié en que el ahora demandante sabía, previo incluso a ofertar por el inmueble, que éste estaba siendo objeto de un litigio, pues sobre él recaía una demanda de pertenencia, la cual estaba debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria. 3. El 6 de junio de 2019, el señor Rivas de Jesús Rivera Cardona interpuso, por intermedio de apoderado judicial, demanda de tutela en la que sostuvo que la sentencia dictada en sede de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues, a su juicio, la decisión judicial atacada incurrió en defectos material y procedimental; en consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos y que se deje sin efectos la sentencia ya mencionada y se dicte providencia de reemplazo en la que se acceda a las pretensiones y se indemnice al actor. 4.

La acción constitucional fue admitida mediante auto del 17 de junio de 2019, notificada en debida forma a las demandadas y a los terceros intervinientes (fls. 107 a 111 del c. ppal). 5. Tanto la parte demandada como el tercero interviniente se abstuvieron de rendir informe respecto de la presente demanda. IV. CONSIDERACIONES Competencia La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86[1] de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, así como también las reglas de competencia establecidas en los artículos 1° y 2° del Acuerdo 377 del 12 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, por medio del cual se modificó y adicionó su reglamento interno, en lo que respecta a la competencia de la Sección Tercera para conocer de acciones de tutela y la forma como se efectúa el reparto de las mismas entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales La Corte Constitucional[2] estimó que la acción de tutela procede contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales, siempre que se encuentren reunidos los requisitos de procedibilidad, unos, de carácter general o exigencias generales que habilitan la interposición de la acción constitucional y, otros, de carácter específico o defectos, que tienen relación con la procedencia misma del amparo.

El Consejo de Estado comparte los mismos criterios del máximo Tribunal de lo constitucional, siempre que se respete el principio de autonomía del juez natural[3]. Ahora, la Corte Constitucional ha señalado que los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción;

(ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

Acreditados los anteriores requisitos, el juez constitucional debe establecer si en la decisión cuestionada existe alguno de los siguientes defectos o errores[4]: a) Defecto orgánico: Cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b) Defecto procedimental absoluto: Cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Casos en los que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[5], o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Cuando el juez o el tribunal es víctima de un engaño por parte de terceros, el cual lo conduce a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales, f) Decisión sin motivación: Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional, g) Desconocimiento del precedente: Cuando la autoridad judicial se aparta sin argumentación alguna del precedente jurisprudencial y la decisión varía en relación con los casos en los que se atiende la jurisprudencia. h) Violación directa de la Constitución: Cuando una providencia judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguno de los sujetos del proceso, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, aunque haya solicitud expresa al respecto[6].

Caso concreto La parte actora pretende que se revoque la sentencia del 7 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-011-2013-00352-01, toda vez que, a su juicio, le fueron vulnerados sus derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Para resolver, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales, particularmente el de la relevancia constitucional.

Al respecto, en sentencia del 5 de agosto de 2014[7], la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

El primero de tales fines consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique con suficiencia las razones por las cuales considera que con las providencias acusadas se le está vulnerando algún derecho fundamental. El segundo fin hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada, pues la tutela no puede convertirse en una instancia adicional de los procesos judiciales, ya que los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente e indefinida de las decisiones de los jueces.

Señalado lo anterior y revisados los argumentos utilizados por la parte actora para sustentar los defectos que se alegan, es decir, (i) defecto material y (ii) defecto procedimental, se observa que aquéllos no resultan suficientes para que se pueda entender que la acción de tutela supera los requisitos generales de procedencia (atrás señalados), concretamente el que se refiere a la relevancia constitucional.

Lo anterior en virtud de que aceptar los argumentos expuestos por la accionante implicaría para la Sala hacer una revisión del caso, como si la tutela fuera una nueva instancia procesal. En efecto, no obstante que la parte actora únicamente demandó la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que esta última confirmó la decisión dictada por el Juzgado Once Oral del Circuito de Medellín. Al estudiar el expediente ordinario en conjunto, la Sala observa que los argumentos de la demanda ordinaria son prácticamente los mismos que los del recurso de apelación y que los que sirven ahora de base para la demanda de tutela, lo que indica que las cuestiones que ahora se ventilan a la luz de la solicitud de amparo ya fueron resueltas con antelación. Por contraposición, al revisar la sentencia acusada se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo un análisis detenido del material probatorio y, con base en ello, confirmó la decisión del a quo, en el sentido de declarar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, conclusión a la que arribó desarrollando de manera clara las razones por las cuales tomó esa decisión. Así pues, queda claro que, al ventilarse en este proceso asuntos que ya fueron decididos con anterioridad, lo que persigue la parte actora es reabrir el debate propio del proceso ordinario; de hecho nótese que en la demanda de tutela se pide dejar sin efecto la sentencia cuestionada del tribunal y dictada una de reemplazo que acceda a las pretensiones formuladas en el proceso contencioso administrativo, lo cual implica convertir la presente acción en una instancia adicional, propósito que de ninguna manera corresponde a lo que es la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección de los derechos fundamentales, razón por la cual la acción de la referencia será declarada improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO.- DECLÁRASE improcedente la tutela interpuesta por el señor Rivas de Jesús Rivera Cardona en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Si esta providencia no es impugnada, REMÍTASE el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO

NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: HÁGANSE las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ----------------------- [1] “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

“La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. [2] Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, de la Corte Constitucional. [3] Sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado 11001-03-15-000-2012-02201- 01, Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. [4] Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. [5] Sentencia T-522/01. [6] Corte Constitucional: sentencias T-522 de 2001 y T-462 de 2003. [7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01.