ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se interpuso en un término razonable La parte actora pretende que se dejen sin efectos las sentencias proferidas tanto por el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia como por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro de la demanda de reparación directa con radicado 63001-33-33-755-2014-00119-01, las cuales consideró que le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia; sin embargo, la Sala estima necesario referirse a la inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela.
En el caso concreto, como ya se dijo, se está solicitando que se dejen sin efectos los fallos dictados dentro del proceso ordinario tanto por el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia como por el Tribunal Administrativo del Quindío. Respecto de esta última providencia, es decir, la dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío el 14 de diciembre de 2017, revisado el sistema de consulta de procesos se observa que se notificó el 15 de diciembre siguiente, por lo cual los seis meses a que hace referencia la inmediatez en materia de acciones de tutela corrieron desde el 16 de diciembre de 2017 hasta el 16 de junio de 2018; sin embargo, la demanda de la referencia solo se presentó el 15 de mayo de 2019, de manera que fue interpuesta por fuera del plazo de 6 meses que la corporación ha señalado como razonable para buscar la protección de derechos constitucionales que se consideren vulnerados, de modo que resulta menester concluir que la tutela deviene en improcedente, toda vez que no cumplió el requisito de inmediatez de que se ha hablado en la presente providencia. Cabe resaltar que, para la Sala, no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante en el escrito de tutela como justificación a la interposición tardía de la solicitud de amparo, pues el bajo nivel de escolaridad del [actor] no es óbice para que éste no hubiera consultado antes con un abogado de confianza acerca de las opciones o instancias procesales a las cuales hubiera podido acudir frente a las sentencias que le negaron sus pretensiones.
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02177-00(AC) Actor: HERNÁN ARBOLEDA LÓPEZ Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y OTRO Referencia: Acción de tutela Decide la Sala la acción de tutela interpuesta, a través de apoderada judicial, por el señor Hernán Arboleda López contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera que le han sido vulnerados con las decisiones contenidas en las sentencias del 31 de marzo de 2017 y del 14 de diciembre siguiente, proferidas dentro del proceso de reparación directa con radicado 63001-33-33-755-2014-00119-01.
I.
ANTECEDENTES 1. El señor Hernán Arboleda López y su grupo familiar interpusieron, por intermedio de apoderado judicial, demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia (Quindío), con el fin de que fuera declarado culpable y condenado a pagar por los perjuicios morales y materiales que, a juicio de los demandantes, les fueron causados con ocasión de la falla en la prestación del servicio médico. 2.
Mediante sentencia del 31 de marzo de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia negó las súplicas de la demanda, decisión que fue objeto de apelación por la parte demandante. 3. A través de sentencia del 14 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la sentencia del a quo. 4. El 15 de mayo de 2019, el señor Hernán Arboleda López, actuando a través de apoderada, presentó demanda de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera que le han sido vulnerados con las sentencias del 31 de marzo de 2017 y del 14 de diciembre siguiente, ya que consideró que en éstas no se realizó una adecuada valoración probatoria. 5.
La acción constitucional fue admitida mediante auto del 20 de mayo de 2019 y las partes fueron debidamente notificadas (fls. 79 a 85 del cdno 1). 6. Al rendir informe, el Tribunal Administrativo del Quindío manifestó que la acción de la referencia debe declararse improcedente, toda vez que no cumple el requisito de la inmediatez. 7. A su turno, el Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia (Quindío) señaló que la demanda de tutela debe ser declarada improcedente, pues con ella se pretende reabrir el debate probatorio del proceso ordinario. 8.
Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia defendió la postura que adoptó en la sentencia de primera instancia. II. CONSIDERACIONES Competencia La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86[1] de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, así como también las reglas de competencia establecidas en los artículos 1° y 2° del Acuerdo 377 del 12 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, por medio del cual se modificó y adicionó su reglamento interno, en lo que respecta a la competencia de la Sección Tercera para conocer de acciones de tutela y la forma como se efectúa el reparto de las mismas entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales La Corte Constitucional[2] estima que la acción de tutela procede contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales, siempre que se encuentren reunidos los requisitos de procedibilidad, unos, de carácter general o exigencias generales que habilitan la interposición de la acción constitucional y, otros, de carácter específico o defectos, que tienen relación con la procedencia misma del amparo.
El Consejo de Estado comparte los mismos criterios del máximo Tribunal de lo constitucional, siempre que se respete el principio de autonomía del juez natural[3]. Ahora, la Corte Constitucional ha señalado que los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción;
(ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Acreditados los anteriores requisitos, el juez constitucional debe establecer si en la decisión cuestionada existe alguno de los siguientes defectos o errores[4]: a) Defecto orgánico: Cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b) Defecto procedimental absoluto: Cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Casos en los que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[5], o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Cuando el juez o el tribunal es víctima de un engaño por parte de terceros, el cual lo conduce a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales, f) Decisión sin motivación: Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional, g) Desconocimiento del precedente: Cuando la autoridad judicial se aparta sin argumentación alguna del precedente jurisprudencial y la decisión varía en relación con los casos en los que se atiende la jurisprudencia. h) Violación directa de la Constitución: Cuando una providencia judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguno de los sujetos del proceso, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, aunque haya solicitud expresa al respecto[6].
Caso concreto La parte actora pretende que se dejen sin efectos las sentencias proferidas tanto por el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia como por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro de la demanda de reparación directa con radicado 63001-33-33-755-2014-00119-01, las cuales consideró que le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia; sin embargo, la Sala estima necesario referirse a la inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela.
Según la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es la inmediatez, es decir, la demanda de tutela contra una providencia judicial debe interponerse en un plazo razonable. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados; por esta razón, debe existir un término razonable entre la notificación de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.
En ese sentido, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general “un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”[7]. En el caso concreto, como ya se dijo, se está solicitando que se dejen sin efectos los fallos dictados dentro del proceso ordinario tanto por el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia como por el Tribunal Administrativo del Quindío. Respecto de esta última providencia, es decir, la dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío el 14 de diciembre de 2017, revisado el sistema de consulta de procesos se observa que se notificó el 15 de diciembre siguiente, por lo cual los seis meses a que hace referencia la inmediatez en materia de acciones de tutela corrieron desde el 16 de diciembre de 2017 hasta el 16 de junio de 2018; sin embargo, la demanda de la referencia solo se presentó el 15 de mayo de 2019, de manera que fue interpuesta por fuera del plazo de 6 meses que la corporación ha señalado como razonable para buscar la protección de derechos constitucionales que se consideren vulnerados, de modo que resulta menester concluir que la tutela deviene en improcedente, toda vez que no cumplió el requisito de inmediatez de que se ha hablado en la presente providencia. Cabe resaltar que, para la Sala, no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante en el escrito de tutela como justificación a la interposición tardía de la solicitud de amparo, pues el bajo nivel de escolaridad del señor Arboleda López no es óbice para que éste no hubiera consultado antes con un abogado de confianza acerca de las opciones o instancias procesales a las cuales hubiera podido acudir frente a las sentencias que le negaron sus pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la tutela interpuesta por Hernán Arboleda López, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Si esta providencia no es impugnada en tiempo, REMÍTASE el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO
NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: HÁGANSE las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA ----------------------- [1] “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
“La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. [2] Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, de la Corte Constitucional. [3] Sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado 11001-03-15-000-2012-02201- 01, Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. [4] Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. [5] Sentencia T-522/01. [6] Corte Constitucional: sentencias T-522 de 2001 y T-462 de 2003. [7] Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01.