ACCIÓN DE TUTELA / RECHAZO DE LA ACCIÓN DE TUTELA [L]a Sala encuentra que en el presente asunto no existe claridad en los elementos mínimos sobre los supuestos fácticos y la solicitud de amparo que permitan adoptar una decisión de fondo. Ello, no obstante que el magistrado ponente requirió en el auto del 7 de junio de 2019 a la parte actora para que aportara esta información. De manera que, ante esta situación y que a la fecha el actor no allegó ampliación de su escrito de tutela, la Sala encuentra que corresponde dar aplicación al artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 y rechazar la solicitud de amparo.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 14 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 17 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 37 NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sánchez Luque sin medio magnético a la fecha 02/08/2019. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02668-00(AC)A Actor: MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTROS.
Referencia: RECHAZA ACCIÓN DE TUTELA La Sala procede a resolver lo pertinente dentro de la solicitud de tutela que radicó Melkis Guillermo Kammerer Kammerer el 24 de mayo de 2019.
ANTECEDENTES Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, en su escrito de solicitud de amparo, manifestó[1]: “CORDIAL SALUDO Ref.: Acción de tutela como mecanismo excepcional y definitivo (…) para obligar a los jueces y magistrados anular estos decretos ilegales (…) contra LOS JUZGADO (sic) CUARTO Y OCTAVO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR (…) contra la sentencia del 10 de mayo de 2019 (…) Y DEMÁS DEMANDA QUE SE ENCUENTRA GABETADAS (sic) y otras que fueron negadas en contra de motociclistas (…) debe el juez constitucional obligar al alcalde de Valledupar realizar indemnizaciones por más de 15 mil vehículos motos que se encuentran actualmente en el parqueadero municipal (…) para que el juez constitucional (…) anule este DECRETO 000305 DEL 8 DE MAYO DEL 2017, por ser permanente en el tiempo, debido que, vienen siendo expedido cada seis meses, o un años (sic), desde EL DECRETO 000364 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2006, 000182 1 DE ABRIL DEL 2011, 000374 3 sept del 2012, 000341 DEL 04 OCTUBRE 2013, 000091 12 DE MARZO DEL 2013, 000308, DEL 15 OCTUBRE DEL 2014, 000153 DEL 15 DE MAYO DEL 2015, Y 000519 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, DECRETO 0000345 DEL 28 DE JUNIO DEL 2016, DECRETO 0223 (sic) (…)” El Despacho del magistrado ponente, en auto del 7 de junio de 2019[2], requirió a Melkis Guillermo Kammerer Kammerer para que, en el término de tres (3) días contados a partir de su notificación, procediera a corregir la solicitud de amparo, explicar los hechos que motivan su solicitud, identificar las autoridades accionadas y precisar las acciones u omisiones que motivan su petición de tutela.
I. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo que establece el artículo 86 de la C.P., el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991; el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado núm. 080 del 12 de marzo de 2019[3]. 2.
De la acción de tutela En el presente asunto, la Sala observa que, a pesar del requerimiento que se hizo en el auto del 7 de junio de 2019 con el fin de tener claridad sobre los hechos que generaron la supuesta vulneración iusfundamental y la solicitud de amparo reclamada por el accionante, este no ha dado contestación que permita proferir un fallo de fondo.
Sobre este punto, es pertinente recordar que el artículo 86 de la Constitución, al consagrar este mecanismo, lo describe como un procedimiento para reclamar ante los jueces “la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
De ello se deriva un mínimo de certeza sobre la situación fáctica que genera la posible afectación en términos de la acción u omisión de la respectiva autoridad, y el amparo que se solicita. En desarrollo de esto, el Decreto 2591 de 1991 estableció en el artículo 14 que en “la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud”.
Y en el artículo 17 ibídem se facultó al juez para que, en el evento de no poder determinar con claridad el hecho o la razón que motivó la solicitud, ordene al accionante su corrección so pena de rechazo de plano. Sobre esta medida excepcional de rechazo, la Corte Constitucional se refirió al realizar el control de constitucionalidad del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “En lo que tiene que ver con la idoneidad del mecanismo excepcional y restrictivo del rechazo de la petición de tutela cuando concurren las condiciones previstas en el primer inciso del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, ante la imposibilidad de establecer la situación de hecho que motivó la presentación de la acción de tutela, la administración de justicia se vería en la obligación de tramitar solicitudes de amparo de derechos fundamentales que terminarían con decisiones sin la virtualidad de brindar protección real y efectiva a los derechos fundamentales violados.
Por lo anterior, resulta apenas lógico que ante la absoluta oscuridad en los hechos que causaron la presentación de la acción de tutela, porque el accionante no los aclaró y porque el juez consideró que con el ejercicio de sus poderes y facultades no podía establecerlos, sea posible, aunque no de manera obligatoria, que proceda su rechazo.
Ante esta particular situación de ausencia de claridad con respecto a la situación de hecho que originó la presentación de la solicitud, resulta difícil imaginar una solución adicional o alternativa a la diseñada en el aparte de la norma acusada, que le permita al juez llegar a la comprensión necesaria para proteger los derechos objeto de agravio.
La exigencia de claridad de la solicitud de tutela resulta entonces idónea para garantizar el efectivo ejercicio del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, en tanto permite al juez contar con un cabal entendimiento de la situación que originó la presentación de la acción y así poder emitir ordenes que garanticen la real y efectiva protección de los derechos fundamentales afectados en cada caso concreto.”[4] En estos términos la Sala encuentra que en el presente asunto no existe claridad en los elementos mínimos sobre los supuestos fácticos y la solicitud de amparo que permitan adoptar una decisión de fondo.
Ello, no obstante que el magistrado ponente requirió en el auto del 7 de junio de 2019 a la parte actora para que aportara esta información. De manera que, ante esta situación y que a la fecha el actor no allegó ampliación de su escrito de tutela, la Sala encuentra que corresponde dar aplicación al artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 y rechazar la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, RESUELVE Primero. RECHAZAR la solicitud de amparo constitucional suscrito por Melkis Guillermo Kammerer Kammerer. Segundo. NOTIFICAR esta decisión a la parte accionante, por el medio más expedito posible. Tercero. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez cobre ejecutoria esta providencia.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Presidente de Sala GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Magistrado Aclaración de voto Cfr. # 1 Rad. 11001-03-15-000-2019-01865-00/19 NICOLÁS YEPES CORRALES Magistrado ----------------------- [1] Fls. 1 a 44 del cuaderno de tutela. [2] Fl. 73 ibídem. [3] Publicado en el diario oficial 50.913 del 1º de abril de 2019. [4] C-483-08.