w w w. c o n s e j o d e e s t a d o. g o v. c o Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 ACLARACIÓN DE VOTO Consejero: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-01077-01 Accionante: LINO GERARDO CAMPO Y OTROS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA ACCIÓN DE TUTELA De manera respetuosa consigno en el siguiente texto las razones que motivan mi aclaración de voto en la providencia que, al fallar el proceso de la referencia, confirmó el fallo del 28 de marzo de 2022 mediante el cual la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el presunto desconocimiento del precedente judicial y despachó negativamente las pretensiones de la demanda formulada en contra del Tribunal Administrativo del Cauca.

En el presente asunto, la decisión mayoritaria consideró que los accionantes pudieron acudir al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, que procede contra las providencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, precisamente cuando aquellas contrarían o se oponen a una sentencia de unificación del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Lo anterior, por cuanto la inconformidad planteada en la acción de tutela recae en que la autoridad judicial accionada, presuntamente, desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (expediente 1999-00326), relativa a la flexibilización en materia probatoria en los casos en que se discuten graves ACC IÓN D E T UTEL A Radicado: 11001-0315-000-2022-01077-01 Accionante: Lino Gerardo Campo y otros w w w. c o n s e j o d e e s t a d o. g o v. c o Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; y las reglas definidas en la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018 (expediente 2005-00320), respecto (i) al valor probatorio de las notas de prensa y (ii) a la responsabilidad del Estado derivada de la afectación de la población civil por minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

En este contexto, considero necesario aclarar que no en todos los casos en los cuales se controvierta una decisión judicial de la que se alegue el desconocimiento de un precedente contenido en una sentencia de unificación, la acción de tutela se torna improcedente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, sino que debe verificarse si existe alguna situación que demuestre la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable que flexibilice este requisito general o la acreditación de una circunstancia que le impidiera a los accionantes acudir al medio de control con el que contaban.

En el asunto en cuestión, los accionantes no demostraron la existencia de un perjuicio irremediable, pues si bien expusieron que se presentaba una afectación que permitía la procedencia del mecanismo constitucional, lo cierto es que no explicaron en qué consistía esta. Igualmente, con base en las pruebas obrantes dentro del expediente, no fue posible determinar una circunstancia de vulnerabilidad que hiciera necesaria la intervención del juez de tutela, por lo cual no era viable efectuar un análisis de fondo, menos aun cuando tampoco se explicaron las razones por las cuales no agotaron el mecanismo judicial con el que contaban para resolver lo alegado en esta sede ni acreditaron que se hallaban en una situación particular que ameritara la intervención de juez constitucional.

ACC IÓN D E T UTEL A Radicado: 11001-0315-000-2022-01077-01 Accionante: Lino Gerardo Campo y otros w w w. c o n s e j o d e e s t a d o. g o v. c o Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 En este orden de ideas, no es una regla de aplicación para el juez constitucional la improcedencia de la acción de tutela cuando se tiene el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, sino que debe analizarse la idoneidad del mecanismo, las herramientas de acceso a la administración de justicia con las que cuenta la parte accionante y la inminencia de un perjuicio irremediable, pues ello garantiza sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Con toda consideración, GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Consejero de Estado Fecha ut supra.