CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SALA DE CONJUECES CONJUEZ PONENTE: NUBIA GONZÁLEZ CERÓN Bogotá D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: 52001-23-33-000-2016-00442-01 Número interno: 0280-2020 Demandante: Abraham Hermes Timaran Pereira y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Prima Especial Corresponde a la Sala de Conjueces decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 30 de agosto 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Conjueces, que decidió, (i) Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados;
(ii) Condenar a la Nación- RAMA JUIDICIAL a reconocer y pagar a los demandantes la prima especial de servicios con carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en un porcentaje mensual del 30% sobre el salario básico y de todas las primas y prestaciones sociales en proporción del 60%, a partir de enero de 1993 para 15 de los demandantes y desde la fecha de la vinculación para los 14 restantes, y mientras presten sus servicios a la entidad demandada;
(iii) Inaplicar por inconstitucionales los Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y los demás que atenten con el contenido del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; (iv) Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y (v) Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, invocada por los litisconsortes necesarios, a saber, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ANTECEDENTES La demanda Se trata del medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, presentado el 3 de agosto de 2016, tendiente a declarar la nulidad de las siguientes resoluciones, emitidas todas por el director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Pasto, y, de los actos fictos producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió la entidad demandada frente a los recursos de apelación interpuestos: A título de restablecimiento del derecho se solicitó: “(…)
SEGUNDO. Como consecuencia de la nulidad decretada y a título de Restablecimiento del Derecho, sírvase condenar a LA NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE ADMINSITRACION JUDICIAL-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINSITRACION JUDICIAL DE PASTO, NARIÑO, al reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicio, correspondiente al 30% del salario mensual y de las prestaciones sociales en proporción del 60%, de cada uno de los demandantes, conforme lo establece la Sentencia emitida el 29 de abril de 2014 por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, Sección Segunda en las cantidades y por los períodos de servicio que enseguida relaciono: CUARTA.
De igual manera, sírvase ordenarle a la entidad demandada que a mis representados (…) quienes se encuentran prestando sus servicios a la Rama Judicial en este Distrito, se les cancele en forma mensual el 30% del salario básico correspondiente a la Prima Especial de Servicios y el incremento del porcentaje pertinente de todas las prestaciones sociales percibidas, considerando que la Prima Especial de Servicio tiene carácter salarial (…)”.
Igualmente pidió inaplicar por inconstitucionales los artículos 8 de los Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, en tanto reducen la asignación básica al tener el 30% como prima especial. 2.- HECHOS 2.1. Los demandantes han laborado al servicio de la Rama Judicial en los siguientes cargos y períodos: 2.2.
Los demandantes no han recibido el pago mensual de la prima especial, prestación retributiva de carácter adicional que aumenta el ingreso de los servidores públicos, entre ellos los jueces de la República y los Magistrados de los Tribunales Superiores, ordenada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 correspondiente a no menos del 30% del salario básico y conforme lo decidió la sentencia de 29 de abril de 2014. 2.3.
Los demandantes tampoco han recibido los valores correspondientes a la reliquidación de los salarios, las primas de servicio, vacaciones y navidad, las vacaciones cesantías y la bonificación por servicios prestados y demás acreencias laborales a que haya lugar. 2.4. El artículo 14 de la Ley 4 de 1992, recobró vigencia jurídica, con la interpretación correcta dada por el Consejo de Estado en la sentencia de 29 de abril de 2014, fallo que por tratarse de una acción de nulidad tiene efectos ex tunc. 2.5.
Los demandantes radicaron petición de reconocimiento y pago de los valores reclamados en la demanda, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Pasto, en las siguientes fechas: 2.5. Las peticiones fueron negadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de los actos descritos en el numeral 1.1.
3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Como normas vulneradas citó los artículos 53 de la Constitución Política; 12 del Decreto 717 de 1978; 2 literal a) de la Ley 4 de 1992 y 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996. Para comenzar, los demandantes se refieren a la sentencia de 29 de abril de 2014 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, resaltando que se declaró la nulidad de la normatividad que a partir de 1993 y hasta el 2007 había establecido que la prima del 30% no tendría carácter salarial.
A continuación, señalan que, en su criterio, la entidad demandada ha desconocido los principios de progresividad y no regresividad, así como la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en la que se ha sostenido que las primas, tengan o no carácter salarial, constituyen un incremento al salario, jamás una disminución. Bajo esa misma línea argumentativa, recordaron que, en virtud de los principios referidos en precedencia, para efectos de realizar reformas laborales, el legislador debe tener en consideración i) que no se desconozcan los derechos adquiridos; ii) que se garanticen los principios constitucionales del estatuto del trabajo y iii) que las medidas se encuentren justificadas de conformidad con el principio de proporcionalidad.
Como sustento de sus razonamientos citó las sentencias C-168 de 1995 y SU-298 de 2015 de la Corte Constitucional y las sentencias del 2 de abril de 2009, 19 de marzo de 2010, 7 de mayo de 2012 y 29 de abril de 2014 emitidas por el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4. TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA 4.1. La demanda fue presentada por los demandantes por intermedio de apoderada, el 3 de agosto de 2016. 4.2. Mediante providencia de 24 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral manifestó el impedimento de los Magistrados del Tribunal y fue aceptado por los Magistrados del sistema escritural a través de proveído del 12 de septiembre de 2016. 4.3.
La presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño realizó el sorteo de Conjueces, como consta en acta de 22 de septiembre de 2016. 4.4. Mediante auto del 19 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Conjueces, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y reconoció personería adjetiva a la apoderada de la parte demandante. 5.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Para el efecto, en primer lugar, aseveró que la entidad ha actuado de conformidad con la normativa vigente. En segundo, que, por expresa disposición de la Ley 4ª de 1992, en armonía con lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-279 de 1996 y C-447 de 1997, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, lo que significa que no constituye un elemento para determinar el valor de las prestaciones sociales.
Propuso las excepciones: “FALTA DE OBJETO PARA DEMANDAR”, “AUSENCIA DE CAUSA PETENDI, INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO Y COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS RECLAMADOS” e “INNOMINADA O GENÉRICA”. 6.- Tramitadas cada una de las etapas procesales en la primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Conjueces, profirió sentencia de primera instancia. 7.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Conjueces, en la sentencia de 30 de agosto de 2019, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho dispuso: “(…) CUARTO.- CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINSITRACION JUDICIAL (…) o quien haga sus veces y DIRECCION SECCIONAL DE ADMINSITRACION JUDICIAL (…) al reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios prevista en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en un porcentaje mensual del 30% sobre el salario básico y de todas las primas y prestaciones sociales en proporción del 60%, a partir del mes de enero año 1993 en que fuera creada y durante el tiempo de servicio prestado a la Rama Judicial, a favor de los actores: ABRAHAM HERMES TIMARAN PEREIRA, ALFONSO HERNANDO ZARAMA SALAZAR, ALVARO VICENTE ANDRADE RESTREPO, AMILCAR HERNAN RODRIGUEZ REINA, EDAGAR JAVIER VARELA VILLOTA, ESPERANZA DEL ROSARIO CORDOBA, EVA SOFIA SALCEDO GALVIS, FABIO ARNOLDO MUÑOZ CERON, FANNY AMPARO ENRIQUEZ GARCIA, FELIPE FOLLEGO GOMEZ, MIRIAM CONSUELO LASSO MEDINA, NELLY CECILIA GARCIA GUERRERO, NIDIA MARLENY ROSERO MELO, RCIARDO GERMAN CHAVES BUSTOS y TERESITA DEL ROSARIO ORTEGA MENA, de las notas civiles que obran en el proceso y de acuerdo con la parte motiva de la esta sentencia. QUINTO.- CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINSTRACION JUDICIAL (…) o quien haga sus veces y DIRECCION SECCIONAL DE ADMINSITRACION JUDICIAL (…) al reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios prevista en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en un porcentaje mensual del 30% sobre el salario básico y de todas las primas y prestaciones sociales en proporción del 60%, a partir de la fecha de su vinculación y durante el tiempo de servicio prestado a la Rama Judicial, a favor de los actores: ANA PATRICIA QUIJANO VODNIZA, EDGAR ANTONIO VILLAMARIN SOLARTE, HILDA RESTREPO SANCHEZ, JAIRO EDMUNDO HIDALGO DAVILA, JOSE BOLIVAR BARRERA MATAGENSOY, JOSE ELIAS PIARQUIZAN TOBAR, LENNIN ADUAR HUERTAS SOLARTE, LUCIA MERCEDES ALAVA APRAEZ, LUIS ALFONSO BELTRAN PANTOJA, LUIS BAYARDO BATISDAS PEREZ, NUBIA ELIZABLETH REVELO PAZ, ONEYDA DE MARIA CORAL DE ERAZO, RICARDO IVAN PAEZ VITERI y SOLEDAD DEL SOCORRO SOLARTE SOLARTE, de las notas civiles que obran en el expediente y de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO. ORDENAR a LA NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINSITRACION JUDICIAL-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, para que a partir de la sentencia en firme, respecto de los demandantes que se encuentran prestando sus servicios a la Rama Judicial en este Distrito, se considere que la Prima Especial de Servicio tiene carácter salarial para todos los efectos legales y por tanto, les debe cancelar en forma mensual el 30% del salario básico correspondiente a la Prima Especial de Servicios y el incremento del 60% de todas las primas y prestaciones sociales percibidas, considerando que dicha prima tiene carácter salarial (…) Así mismo la sentencia de primera instancia ordenó dar cumplimiento a la misma en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA y se abstuvo de condenar en costas. 8.- EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La parte demandada formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, refiriéndose a la sentencia de Unificación del Consejo de Estado de 2 de septiembre de 2019 y a sus efectos vinculantes.
En ese mismo sentido, solicita se decrete la prescripción. 9. El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 8 de noviembre de 2019.
10. TRÁMITE PROCESAL EN LA SEGUNDA INSTANCIA 10.1. Mediante providencia de 20 de noviembre de 2020, los Magistrados de la Sección Segunda- Subsección B del Consejo de Estado, se declararon impedidos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Conjueces. 10.2.
La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante auto del 12 de agosto 2021, declaró fundado el impedimento manifestado por sus homólogos, y dispuso, en consecuencia, el sorteo de Conjueces, el cual se efectuó el 28 de septiembre de 2021. 10.3. El recurso de apelación fue admitido, mediante auto de 19 de enero de 2022, proferido por la Conjuez Ponente. 10.4.
Mediante auto del 23 de agosto de 2022, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
11. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA 11.1. Parte demandante: No presentó alegatos de conclusión. 11.2. Parte demandada: Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Añadió que de acceder a las pretensiones de la demanda se tenga en consideración que a partir de enero de 2021 la entidad ajustó el valor de la prima especial de servicios para los jueces sin asignarle carácter salarial, de ahí que, en su concepto, de ser el caso, la reliquidación solo procedería hasta el 31 de diciembre de 2020. 11.3.
Ministerio Público: No emitió concepto para el proceso de la referencia. II.- CONSIDERACIONES 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por la Ley 1564 de 2012, art. 615, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Conforme a lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Habiéndose aceptado el impedimento manifestado por los Señores Consejeros de la Sección Segunda, la competencia para conocer del asunto de la referencia corresponde a la Sala de Conjueces de la Sección Segunda.
Surtido el trámite procesal en segunda instancia, el proceso fue recibido en el despacho del Conjuez Ponente, para fallo, el 20 de febrero de 2023 El problema jurídico En esencia el debate jurídico en este caso gira en torno a la siguiente pregunta: ¿tienen derecho los demandantes al reajuste de sus salarios y de sus prestaciones sociales, consistente en la diferencia entre el valor reconocido por la demandada (el cual tuvo como base para su liquidación el 70% del salario básico mensual), y el valor que resultaría de reconocerle tanto el salario como las prestaciones sociales, tomando como base de liquidación el salario básico en el 100%? Y, en caso afirmativo, ¿desde cuándo? De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en el presente asunto se deben definir lo relacionado con la prescripción del derecho reclamado y la aplicación de la sentencia de unificación de Septiembre de 2019, tal como lo solicita la entidad apelante.
A fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordará el análisis de los siguientes temas, precisando que los mismos se desarrollaran en los términos de la sentencia de Unificación que esta Sala comparte y acata. La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye una adición al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma La prescripción trienal de las prestaciones sociales. 3.
Marco normativo y jurisprudencial El problema jurídico que debe resolverse en este proceso ha sido ampliamente discutido y definido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por la cual, en esta sentencia se hará una breve reseña de los pronunciamientos jurisprudenciales y de los parámetros trazados en la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 a fin de resolver los cuestionamientos endilgados en el recurso de apelación a la sentencia de primera instancia y sostener así la siguiente tesis: La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye una adición al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma.
En desarrollo de la atribución constitucional prevista en el artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, en el artículo 4 de esta Ley, se creó una prima especial de servicios. Dijo el artículo 14: “El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.” La expresión, según el cual, la mencionada prima no tiene carácter salarial, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 279 de 1996.
El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, ha expedido anualmente a partir de 1993, los decretos salariales de los servidores públicos. A través del Decreto 57 de 1993, se determinó, para el régimen de acogidos, que “el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial”.
En lo referente al régimen de los no acogidos, se dispuso que “los funcionarios a que se refieren los artículos 5 y 6 del presente decreto tendrán derecho a una prima especial mensual equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica y los gastos de representación sin carácter salarial y sustituye la prima de que trata el artículo 7 del Decreto 903 de 1992”.
La expedición de los decretos salariales de los servidores públicos, genero una interpretación de la autoridad administrativa, responsable de la aplicación de dicha normativa, en el sentido de interpretar que el 30% de la prima especial hace parte de la remuneración mensual. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, Exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, preciso que el concepto de prima, siempre significará una adición al ingreso del servidor público.
Dijo la sentencia mencionada: “(…) la noción de prima como concepto genérico emerge a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implica un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio”.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de abril de 2014, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz, Exp. No. 11001-03-25-000-2007-00087-00, declaró la nulidad parcial de los decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley.
La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, profirió el 2 de septiembre de 2019, sentencia de UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL y definió las siguientes reglas respecto de la “prima especial”: “La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial consagrada en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes términos: 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta.
En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación. 2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente. 3.
Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial. 4.
Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional. 5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. 6.
La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo. La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas.
Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado. 7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esa regla tiene una excepción, que consiste en que si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley.
En ese caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de aplicación restrictiva. 8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiaros de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992- jueces, magistrados y otros funcionarios-, en la medida en que en ningún caso se superan los porcentajes máximos o topes fijados por el Gobierno Nacional.” Queda así definido conforme a la sentencia de unificación ya mencionada, que la prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de ésta y que la prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación. 4.- EL CASO CONCRETO De conformidad con las consideraciones que anteceden, se desarrollará el caso concreto en los siguientes términos: Los demandantes se desempeñaron como Jueces de la República, en los periodos que se relacionan en el siguiente cuadro y conforme a las pruebas que obran en el expediente.
Desde el año 1993, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, liquidó y pagó a los actores el 70% de la remuneración fijada en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en forma anual, a título de asignación básica y el 30% restante, a título de prima especial, es decir, disminuyó la remuneración en un 30%. Como bien puede advertirse, el caso que se controvierte en el presente proceso, tiene los mismos supuestos jurídicos y fácticos que originaron la sentencia de unificación, proferida por la Sala de Conjueces el pasado 2 de septiembre de 2019.
La posición jurisprudencial que en precedencia se ha dejado reseñada, ha permitido que esta jurisdicción en sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, haya verificado que a los funcionarios de la rama judicial, desde el año 1993 se les ha disminuido la asignación básica en un 30% al darle a ese 30%, el carácter de prima especial, lo cual no se compadece con los principios constitucionales e internacionales del derecho al trabajo que demandan entre otros, la progresividad del ingreso y la nivelación del mismo.
Resulta pertinente reiterar en este punto, lo dicho por la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de unificación antes referida: “Para la Sala demostrado está que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993, 104, 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30% del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30% que, se reitera, es parte de su salario básico y/o asignación básica, sea tenido en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no más cabe que restablecer este derecho.” DE LA APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN TRIENAL En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, esta Sala comparte la posición asumida por la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de Unificación del pasado 2 de septiembre de 2019, sentencia de unificación que por supuesto rectificó la posición de la Sección Segunda expuesta en las sentencias de la Subsección A de 4 de marzo de 2010, radicación No. 25000-23-25-000-2005-06222 y Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010 Rad.
No. 25000-23-25000-2005-05159. Dijo la sentencia de unificación en relación con la prescripción de la prima especial lo siguiente: “Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento sine qua non, que el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se causa dicha exigibilidad, inicia el conteo de los 3 años con los que cuenta el empleado o trabajador para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, término que será interrumpido solo con la presentación de un reclamo escrito del derecho ante la autoridad encargada de reconocerlo.
En atención a lo anterior, en cada caso en concreto se debe establecer: (i) el momento en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió la prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito), contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción. Aun así, sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la prescripción, por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en principio, este se causó con la vigencia de la norma que lo creó y, en adelante, con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla.
No obstante, los correspondientes decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos -parcialmente-, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente ( ) la Ley» y consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los servidores públicos beneficiarios, de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación. Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992, es decir. a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 199343.
En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.” Conforme a la sentencia de Unificación Jurisprudencial de 2 de septiembre de 2019, se precisó en materia de la prima especial, que la exigibilidad del derecho se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.
La Sala llega a las siguientes conclusiones en lo que atañe a la prima especial: I.- A los demandantes se le desmejoró su salario en un 30%, dándole a este 30% el carácter de prima especial, decisión que repercutió en la liquidación de sus prestaciones sociales, la cuales se le liquidaron sobre el 70% de su remuneración y no sobre el 100%, razón por la cual, se restablecerá su derecho para que su salario y sus prestaciones sociales se liquiden sobre el 100% de su remuneración. El restablecimiento del derecho se traduce en el pago del 30% que los demandantes no recibieron a título de prima especial y en el pago de las diferencias que resulten de la reliquidación de las prestaciones sociales, reliquidación que debe efectuarse sobre el 100% de la remuneración y no sobre el 70% de la misma, tal como le fueron liquidadas y reconocidas.
Sin embargo, el derecho que le asiste a los demandantes se encuentra prescrito tal y como se indica a continuación para cada uno de los demandantes. Precisa la Sala que en el periodo en que ocurrió la prescripción del derecho reclamado, concretamente del pago de la prima especial como adición al salario,. la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial debe efectuar los aportes al sistema de seguridad social, pues estos como es sabido son imprescriptibles.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el treinta de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Conjueces, excepto los numerales cuarto, quinto y noveno que se modificarán.
SEGUNDO: Modifíquese el numeral noveno de la sentencia recurrida el cual quedará así: Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: Modifíquese los numerales cuarto y quinto de la sentencia recurrida, los cuales quedarán así: Condénese a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en un porcentaje mensual del salario básico que corresponda al 30% del salario básico mensual con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación de las primas y prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, a cada uno de los demandantes en su condición de Juez de la República, desde la fecha que se relaciona a continuación y hasta la fecha en que se desempeñaron en dicho cargo, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada, luego del pago de la prima consagrada en esa norma, teniendo en cuenta que las diferencias causadas tres años atrás de la fecha de la petición de reconocimiento se encuentran prescritas conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. El pago de los aportes al sistema de seguridad social deberá efectuarse sobre el 100% de la asignación básica percibida por la demandante durante todo su periodo de vinculación laboral, pues éstos son imprescriptibles, más la cotización sobre la prima especial.
Cópiese, notifíquese devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase. Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente NUBIA GONZÁLEZ CERÓN Conjuez Ponente Firmado electrónicamente MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO Conjuez Ausente con excusa ALFONSO PALACIOS TORRES Conjuez CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA