Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Radicado: 11001-03-25-000-2018-00589-00 Nº Interno: 2354-2018 Demandante: Jorge Marlon Sierra Estupiñán y Andrés Leonardo Roa López Demandada: Nación – Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social Medio de control: Nulidad Decisión: Procedencia para dictar sentencia anticipada; pronunciamiento sobre las pruebas; fijación del litigio y traslado para alegaciones finales Vencido el término de traslado de la demanda, sería del caso fijar fecha para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), si no fuera porque, de acuerdo con la Ley 2080 de 2021, debe determinarse si en el presente caso resulta procedente dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, contemplada en el artículo 182A del CPACA.

I.

ANTECEDENTES 1.1 La demanda. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA, la parte actora demanda la anulación del parágrafo 4º del artículo 2.2.4.2.3.4 del Decreto 1072 de 2015, expedido por el presidente de la República, «[p]or el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo».

Cita como norma violada por la disposición acusada parcialmente el artículo 13 de la Constitución Política, al considerar que, por un lado, hace una diferenciación entre los estudiantes que realicen prácticas en una persona jurídica y los que no, con lo que se establece una disparidad legal entre dos grupos que son jurídicamente iguales y regidos por las mismas normas; y por otro, se está dando una indebida aplicación a la teoría del riesgo creado por el empleador. 1.2 Trámite de admisión. Por medio de auto de 8 de septiembre de 2020, se admitió la demanda, notificado personalmente a la parte accionada el 20 de enero de 2021, conforme al artículo 171 (numeral 1) del CPACA.

Según constancia de la secretaría de la sección segunda de esta Corporación, el término de veinticinco (25) días previsto en el artículo 199 del CPACA inició el 21 de enero de 2021, mientras que el de treinta (30) días contemplado en el artículo 172 ibidem comenzó el 25 de febrero siguiente y finalizó el 15 de abril de esa anualidad. 1.2 Contestaciones de la demanda. 1.2.1 Nación – Ministerio del Trabajo.

Por intermedio de apoderado, contestó el libelo introductorio con oposición a sus pretensiones y formuló la excepción de fondo denominada «no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados». En su defensa, arguye que la disposición censurada fue producto de la necesaria reglamentación de la materia para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 (literal a del numeral 4) del Decreto ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la ley 1562 de 2012, tal como se consigna en el Decreto 55 de 2015.

Así mismo, la pretensión de la parte demandante redundaría en que para el caso de los estudiantes cuya práctica se realice en escenarios que en sí mismos no constituyan una persona jurídica, la afiliación y el pago del aporte al sistema general de riesgos laborales del estudiante esté a su cargo, lo que iría en contra de la lógica del aseguramiento en riesgos profesionales y afectaría gravemente a los estudiantes que, sin tener fuente de ingreso alguna, terminarían asumiendo por sí mismos nuevos costos. 1.2.2 Nación – Ministerio de Salud y Protección Social.

Por conducto de apoderada, contestó la demanda con oposición a sus súplicas y propuso el medio exceptivo de fondo de «inexistencia de la violación del derecho a la igualdad». Como planteamiento de defensa, asevera que los demandantes pretenden, desde una interpretación errónea de la norma, asegurar que los estudiantes que ejecutan o prestan su práctica a una persona jurídica tiene un mejor derecho o cobertura en lo que respecta al sistema de general de riesgos laborales que aquellos estudiantes, que desarrollan su práctica con una persona natural, situación que no es cierta, pues la obligación de afiliación y pago recae ya sea en la institución educativa o en la persona jurídica con quien realiza dicha práctica, luego el estudiante, como sujeto a afiliar y proteger en cualquiera de los casos o ámbitos que pueden presentarse, se encuentra cubierto del riesgo laboral.

II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 182A del CPACA, este despacho es competente para determinar si se debe acudir a la sentencia anticipada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 125 (numeral 3) ibidem. 2.2 La sentencia anticipada en materia contencioso-administrativa. Desde la expedición del CPACA no ha sido ajena para esta jurisdicción la posibilidad de que, en ciertas circunstancias, se precipite una decisión de fondo sin que sea indispensable agotar todas las etapas procesales, como es el caso del artículo 176, que obliga al juez a dictar sentencia cuando la parte pasiva se allane a la demanda o transija los derechos en litigio, o el 179, para los asuntos de puro derecho o no sea necesaria la práctica de pruebas.

No obstante, con el Decreto 806 de 2020, de manera formal, se incorporó la figura de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo, así: Artículo 13. Sentencia anticipada en lo contencioso administrativo. El juzgador deberá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito. 2.

En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes.

El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición· deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver. 3.

En la segunda etapa del proceso prevista en el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando encuentre probada la cosa juzgada, la transacción; la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. En este caso no se correrá traslado para alegar. 4.

En caso de allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011. Luego, con la expedición de la Ley 2080 de 2021, el instrumento de la sentencia anticipada se estableció en forma permanente en los procesos que adelanta esta jurisdicción: Artículo 182a. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código. 2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al ministerio público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos.

Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver. 3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. 4.

En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código. Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso. En consecuencia, para dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada debe revisarse si cada caso encaja en alguna de las cuatro hipótesis descritas en la anterior disposición, previa explicación del juez sobre su procedencia. Asimismo, el legislador dispuso que, a pesar de que la adopción de este instrumento procesal procura una pronta y efectiva administración de justicia, debe garantizarse, en todos los eventos, el derecho al debido proceso de que son titulares los sujetos procesales y, en consecuencia, el juez o magistrado debe pronunciarse previamente sobre las pruebas, cuando a ello haya lugar, fijar el litigio y correr traslado para alegar a las partes. 2.3 Determinación de la procedencia de la sentencia anticipada en este caso.

En virtud de lo expuesto, el despacho examinará si se configuran los presupuestos para la procedencia de la sentencia anticipada frente a las causales contempladas en los literales a y c del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, por lo que se emitirá pronunciamiento respecto de las pruebas, se fijará el litigio y concederá a las partes la oportunidad para alegar de conclusión. 2.3.1 Pruebas. 2.3.1.1 Parte accionante.

Junto con la demanda no allegó pruebas 2.3.1.2 Entidades demandadas. Con la contestación del libelo introductorio, solo la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social aportó medios probatorios documentales, que obran en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, correspondiente a este proceso, índice 24, que serán valoradas del mismo modo. 2.3.2 Fijación del litigio.

Se precisa que la controversia atañe a un asunto de puro derecho, concerniente a la legalidad o no del parágrafo 4º del artículo 2.2.4.2.3.4 del Decreto 1072 de 2015, expedido por el presidente de la República, «[p]or el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo», al estimar la parte demandante que quebranta el artículo 13 de la Constitución Política, al considerar que, por un lado, hace una diferenciación entre los estudiantes que realicen prácticas en una persona jurídica y los que no, con lo que se establece una disparidad legal entre dos grupos que son jurídicamente iguales y regidos por las mismas normas; y por otro, se está dando una indebida aplicación a la teoría del riesgo creado por el empleador.

Por tanto, el despacho considera que el litigio comporta únicamente carácter jurídico relacionado con la violación de normas superiores por parte del acto administrativo acusado. 2.3.3 Procedencia de la sentencia anticipada y traslado a los sujetos procesales. De conformidad con lo expuesto en esta providencia, el despacho considera que es procedente dictar sentencia anticipada en el presente caso, con fundamento en las causales previstas en los literales a y c del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, en la medida en que, por un lado, se trata de un asunto de puro derecho y, por otro, no hay pruebas que practicar, con la advertencia realizada frente a la prueba que se negó, dado que ya obra en el expediente.

En consecuencia, en cumplimiento de la mencionada norma, una vez quede ejecutoriado este auto, (i) se correrá traslado a las partes de las pruebas allegadas al expediente, por el término de tres (3) días, de conformidad con el artículo 110 del Código General del Proceso (CGP), con el propósito de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción;

(ii) vencido el anterior período, se correrá traslado a las partes por diez (10) días para alegar de conclusión por escrito, en la misma oportunidad podrá el correspondiente agente del Ministerio Público emitir concepto; y (iii) culminado este último plazo, la Sala dictará sentencia. En mérito de lo expuesto, se DISPONE: 1º. Dese aplicación en el presente caso a la figura de la sentencia anticipada, por configurarse las causales contempladas en los literales a y c del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, por las razones expuestas. 2º.

Téngase por contestada en tiempo la demanda y como medios de prueba los documentos allegados por las partes, relacionados en las consideraciones de esta providencia. 3º. Fíjase el litigio en los términos señalados en el acápite 2.3.2 de esta providencia, concerniente a la legalidad o no del parágrafo 4º del artículo 2.2.4.2.3.4 del Decreto 1072 de 2015, expedido por el presidente de la República, «[p]or el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo», al estimar la parte demandante que quebranta el artículo 13 de la Constitución Política, al considerar que, por un lado, hace una diferenciación entre los estudiantes que realicen prácticas en una persona jurídica y los que no, con lo que se establece una disparidad legal entre dos grupos que son jurídicamente iguales y regidos por las mismas normas; y por otro, se está dando una indebida aplicación a la teoría del riesgo creado por el empleador. 4º.

Ejecutoriada esta providencia, córrase traslado de las pruebas aportadas al proceso por el término de tres (3) días. 5º. Vencido el lapso precedente, por secretaría, sin necesidad de una nueva providencia, córrase traslado por el período de diez (10) días para que las partes presenten sus alegatos de conclusión, por escrito. En la misma oportunidad, podrá el correspondiente agente del Ministerio Público emitir concepto. 6º.

Cumplido lo anterior, regrese el expediente al despacho para lo pertinente. 7º. Reconózcase personería para actuar al abogado Eléazar Falla López, con cédula de ciudadanía 6.024.015 y tarjeta profesional 99.271 del Consejo Superior de la Judicatura y a la abogada Yenci Lorena Chitiva León, con cédula de ciudadanía 1.014.201.521 y tarjeta profesional 223.476 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderados de la Nación – Ministerio del Trabajo y de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, respectivamente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (Firmado electrónicamente) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.