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05001233300020210128301Consejo de Estado · Sección Segunda (Subsección A)Auto interlocutorio2022-10-25

Radicación interna: 5642-2022 · LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

Actor: Universidad De Antioquia·Demandado: Maria Cecilia Correa De Cuartas

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 23 33 000 2021 01283 01 (5642-2022) Demandante: Universidad de Antioquia Demandado: María Cecilia Correa de Cuartas Temas: Resuelve manifestación de impedimento AUTO INTERLOCUTORIO __________________________________________________________________ Decide la Sala el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia. 1.

Antecedentes 1.1. Pretensiones de la demanda y solicitud de medida cautelar En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,1 la Universidad de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 378 del 10 de agosto de 2005, expedida por dicha institución educativa, a través de la cual se ordenó pagarle a la señora María Cecilia Correa de Cuartas el valor equivalente al ingreso base de liquidación que consagra el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a restituirle las sumas pagadas, derivadas del acto enjuiciado, hasta el 31 de mayo de 2021, correspondientes a $ 266.019.562 COP, 1 En adelante CPACA. 2 Radicado: 05001 23 33 000 2021 01283 01 (5642-2022) Demandante: Universidad de Antioquia más los valores que se ocasionen con posterioridad, hasta que la sentencia se encuentre en firme.

Por otra parte, la entidad accionante, en acápite especial de la demanda, pidió la suspensión provisional de la Resolución Administrativa 378 del 10 de agosto de 2005, por considerar que viola los artículos 48 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1, inciso 6, del Acto Legislativo 01 de 2005; 10 de la Ley 4.ª de 1992; «18 inciso 3°, y 228 (sic)» de la Ley 30 de 1992; 131 (en concordancia con el Decreto 2337 de 1996) y 151 (en concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995) de la Ley 100 de 1993; y 1 del Decreto 1158 de 1994. 1.2.

La manifestación de impedimento El 4 de mayo de 2023,2 el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con base en las causales señaladas en los numerales 1 del artículo 141 del Código General del Proceso3 y 4 del artículo 130 del CPACA, puesto que i) ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia, para dictar algunas cátedras en la especialización de derecho administrativo; y ii) su hermano Édgar Alberto Duque Gutiérrez es profesor de derecho laboral y secretario técnico del Comité de Conciliación de la citada institución universitaria. 2.

Consideraciones 2.1. La competencia de la Sala Teniendo en cuenta que la manifestación de impedimento que ocupa la atención de la Sala fue formulada mediante escrito presentado el 4 de mayo de 2023, para su decisión deben observarse las reglas procesales previstas en el artículo 131 del CPACA, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021,4 el cual dispone lo siguiente: 2 Índice 4 de la plataforma Samai del Consejo de Estado. 3 En adelante CGP. 4 La Ley 2080 de 2021, «[p]or medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción», fue publicada en el Diario Oficial 51.568 del 25 de enero de 2021. 3 Radicado: 05001 23 33 000 2021 01283 01 (5642-2022) Demandante: Universidad de Antioquia ARTÍCULO 131.

TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: […] 3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento.

Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno. Solo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente. […]. 2.2. Problema jurídico Consiste en determinar si el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez está incurso en los supuestos de hecho de los numerales 1 del artículo 141 del CGP y 4 del artículo 130 del CPACA, a fin de establecer si se encuentra impedido o no para conocer del asunto de la referencia. Para efectos metodológicos, el estudio del asunto se desarrollará en el siguiente orden: i) noción general de los impedimentos y las recusaciones y ii) solución del caso concreto. 2.3.

Noción general de los impedimentos y las recusaciones El principio de imparcialidad comporta un mandato de optimización que irradia toda la actividad judicial, en la medida en que solo una autoridad imparcial puede despojarse de prejuicios y propósitos externos para dar paso al imperio del principio de legalidad. Es por ello que la imparcialidad representa un criterio esencial de la justicia y de quien la administra, puesto que, de no ser así, difícilmente se lograría el cumplimiento de los fines esenciales del Estado,5 comoquiera que se perdería la legitimidad de los operadores judiciales y, consecuentemente, la eficacia de sus decisiones. 5 Constitución Política, artículo 2.°. 4 Radicado: 05001 23 33 000 2021 01283 01 (5642-2022) Demandante: Universidad de Antioquia A propósito de esta preocupación por garantizar la imparcialidad en la administración de justicia, el legislador reguló las figuras de los impedimentos y las recusaciones, las cuales, en criterio de la Corte Constitucional,6 «[…] son instituciones de naturaleza procesal, concebidas con el propósito de asegurar principios sustantivos de cara al recto cumplimiento de la función pública (art. 209 CP).

Con ellas se pretende garantizar condiciones de imparcialidad y transparencia de quien tiene a su cargo el trámite y decisión de un asunto (art. 29 CP), bajo la convicción de que sólo de esta forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 13 CP)». En línea con lo anterior, los impedimentos y las recusaciones proceden por las causales previstas de manera taxativa en la ley, razón por la cual las autoridades judiciales no pueden sustraerse del cumplimiento de su deber constitucional y legal de administrar justicia con base en razones que no hayan sido previstas expresamente por el legislador.

Asimismo, los usuarios que acuden a la jurisdicción con el fin de obtener una decisión sobre una controversia, solo pueden proponer que un juez o magistrado se aparte del conocimiento de un asunto cuando se configure alguno de los supuestos de impedimentos y recusaciones consagrados en la ley. 2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala Luego de estudiar los supuestos fácticos y jurídicos del asunto sub examine, la Sala encuentra mérito suficiente para declarar fundado el impedimento que manifestó el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, por las siguientes razones: La primera causal invocada es la prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto es, «[t]ener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso».

En relación con la norma citada, esta corporación ha señalado que debe existir un «interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, 6 Corte Constitucional, sentencia SU-712 del 17 de octubre de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 5 Radicado: 05001 23 33 000 2021 01283 01 (5642-2022) Demandante: Universidad de Antioquia con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial».7 Es decir, se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que comprometan su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso.8 Sobre esa base, la Sala estima que el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez posee un interés indirecto en el resultado del proceso, pues él y su hermano Édgar Alberto Duque Gutiérrez tienen una vinculación de índole laboral con la Universidad de Antioquia (parte demandante), circunstancia suficiente para entender que en este caso se compromete la serenidad de ánimo del magistrado integrante de esta Subsección, aspecto que incide en la transparencia que deben proyectar las autoridades judiciales al momento de decidir las controversias sometidas a su conocimiento.

Por otro lado, la segunda causal de impedimento invocada es la del numeral 4 del artículo 130 del CPACA, a saber: «[c]uando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados».

Según la jurisprudencia de esta corporación, para que la citada causal se configure es necesario que concurran dos elementos objetivos, a saber: i) el parentesco y ii) que los respectivos parientes del juez o magistrado sean asesores, contratistas, representantes legales o socios mayoritarios de una entidad pública que tenga la condición de parte o tercera interesada en el proceso.9 Así las cosas, una vez analizada la manifestación de impedimento, la Sala observa que el hermano del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez tiene una relación 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de diciembre de 2003, expediente S- 166, M.P., Tarcisio Cáceres Toro. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 21 de abril de 2009, expediente 11001 03 25 000 2005 00012 01, M.P., Víctor Hernando Alvarado Ardila. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 28 de octubre de 2021, expediente 73001 23 33 000 2017 00482 01(AP), M.P., Nubia Margoth Peña Garzón. 6 Radicado: 05001 23 33 000 2021 01283 01 (5642-2022) Demandante: Universidad de Antioquia contractual con la Universidad de Antioquia, por lo cual están acreditados los requisitos que estructuran la segunda causal invocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Resuelve Declarar fundado el impedimento que manifestó el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez, por las causales previstas en los numerales 1 del artículo 141 del CGP y 4 del artículo 130 del CPACA, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. Por lo tanto, se le separa del conocimiento del presente asunto.

Notifíquese y cúmplase La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JMMC CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.