Radiación: 05001-33-33-033-2020-00338-01 (6351-2023) Demandante: Rocío del Carmen Rivillas Echeverri Demandado: Nación – Ministerio de Educación 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025) Radicado: Demandante: Demandado: Asunto: 05001-33-33-033-2020-00338-01 (6351-2023) Rocío del Carmen Rivillas Echeverri Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia AUTO QUE RECHAZA RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA El despacho decide sobre la admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por la señora Rocío del Carmen Rivillas Echeverri, a través de apoderada, contra la sentencia del 17 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I.

ANTECEDENTES 1.1. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 1. La señora Rocío del Carmen Rivillas Echeverri, por medio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), con el propósito de que se anulara el acto ficto generado por el silencio de la entidad frente a la solicitud de reconocimiento de «la prima de junio» establecida en el artículo 15, numeral 2, literal B, de la Ley 91 de 19891. 2.

Mediante sentencia del 17 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó íntegramente la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Esta sentencia fue notificada el 26 de abril de 2023, a través de mensaje de datos2. Con ocasión de lo anterior, el 10 de mayo de 20233, la parte demandante interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra el fallo de segunda instancia, al considerar que el tribunal no aplicó las reglas 1 Samai, índice 2.

ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_5102023(.zip). 01DemandaAnexos.pdf. 2 Ibidem. 20 CONSTANCIA NOTIFICACION.pdf. 3 Ibidem. 22 10-may-23 Recurso Extraordinario de Unificación.pdf. Radiación: 05001-33-33-033-2020-00338-01 (6351-2023) Demandante: Rocío del Carmen Rivillas Echeverri Demandado: Nación – Ministerio de Educación 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurisprudenciales contenidas en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019. 1.2.

Trámite procesal 3. El despacho, mediante auto del 30 de mayo de 20244, inadmitió el presente recurso y requirió a la parte recurrente a fin de que subsanara la siguiente falencia: «[…] (i) La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento, en donde se expongan de manera clara los motivos por los cuales la sentencia unificadora es aplicable al presente caso […].» 4.

Vencido el término para la subsanación del recurso, la señora Rocío del Carmen Rivillas Echeverri guardó silencio. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 5. El despacho es competente para decidir la admisibilidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la señora Rocío del Carmen Rivillas Echeverri contra la sentencia del 17 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 259 del CPACA5. 2.2.

Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 6. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en los artículos 256 y siguientes del CPACA tiene la finalidad de «asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros» perjudicados por la providencia recurrida, así como reparar los agravios causados a estos sujetos procesales, cuando corresponda. 7.

Este recurso procede contra las sentencias proferidas en única o en segunda instancia por los tribunales administrativos en los procesos tramitados conforme con el Decreto 01 de 1984 o la Ley 1437 de 2011, siempre que la cuantía de la condena o de las pretensiones de la demanda supere el monto fijado en el artículo 257 del CPACA, modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021, excepto los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral o pensional, en los que la procedencia opera sin consideración a la cuantía. El recurso no es procedente en 4 Samai, índice 4. 5 «ARTÍCULO 259.

COMPETENCIA. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma Corporación». Radiación: 05001-33-33-033-2020-00338-01 (6351-2023) Demandante: Rocío del Carmen Rivillas Echeverri Demandado: Nación – Ministerio de Educación 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relación con los asuntos regulados por los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política6. 8.

En lo concerniente a la oportunidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el artículo 261 del CPACA establece que deberá interponerse dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. 9. Frente a las razones de procedencia del recurso extraordinario de unificación, el artículo 258 del CPACA señala como única causal el evento en que la providencia cuestionada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, en el entendido de que el propósito de este mecanismo judicial es asegurar la unidad de la interpretación del derecho realizada mediante la unificación de la jurisprudencia, para «garantizar una interpretación uniforme de la ley ante situaciones de hecho similares (…) De ahí que no se trata de una tercera instancia y tampoco puede equipararse a los recursos ordinarios»7.

Así entonces, en el trámite del recurso extraordinario de unificación «no es viable que “la Sala entre a determinar si la valoración de las instancias, en sus aspectos fácticos, probatorios y/o jurídicos, fueron válidos”»8. 10. Asimismo, esta Sección ha considerado que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es un mecanismo procesal de «naturaleza correctiva, es decir, el Consejo de Estado cumple su misión de órgano vértice o de cierre para efectos 6 «ARTÍCULO 256.

Fines. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales.

ARTÍCULO 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011. // Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso: 1.

Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad. 2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales. 3.

Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes. 4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.

PARÁGRAFO. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía. //Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos86, 87 y 88 de la Constitución Política». 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2022, expediente 11001-03-25-000-2017-00151-00. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Sección Tercera, auto del 13 de mayo de 2021, exp. 08001-23-33-001-2014-00427-01 (62059).

Radiación: 05001-33-33-033-2020-00338-01 (6351-2023) Demandante: Rocío del Carmen Rivillas Echeverri Demandado: Nación – Ministerio de Educación 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de unificar la jurisprudencia, luego de proferida la sentencia o providencia por el funcionario u órgano judicial competente»9. 11.

En lo atinente a los requisitos, el artículo 262 del CPACA dispone que el escrito mediante el cual se interpone el recurso debe contener lo siguiente: (i) la designación de las partes; (ii) la indicación de la providencia impugnada; (iii) la relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio; y (iv) la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento. 12.

En cuanto al trámite del recurso extraordinario, el artículo 265 del CPACA dispone que una vez concedido por el tribunal y remitido el expediente a esta corporación, este se someterá a reparto en la sección que corresponda. Si el recurso reúne los requisitos legales el magistrado ponente lo admitirá, o si carece de los requisitos señalados en el artículo 262 ibidem, indicará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco días, so pena de que el recurso sea rechazado y el expediente sea devuelto al despacho de origen. 2.3.

Caso concreto 13. El 10 de mayo de 202310, la señora Rocío del Carmen Rivillas Echeverri interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia proferida el 17 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. A juicio del recurrente, el tribunal no aplicó las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019. 14.

El despacho mediante auto del 30 de mayo de 202411, inadmitió el aludido recurso con el propósito de que la recurrente señalara de forma precisa «la sentencia de unificación jurisprudencial que estimaba contrariada» e indicara los motivos por los cuáles le era aplicable a su caso. 15. Esta decisión se notificó por medios electrónicos, mediante el envío de mensaje de datos a las partes, el 19 de junio de 202412.

Así el término de 5 días concedido a la señora Rivillas Echeverri para subsanar la falencia advertida venció el 28 de junio de 2024, sin que esta realizara manifestación alguna. 16. En este punto, es importante recordar que la inadmisión de la demanda constituye una manifestación concreta del deber de saneamiento que le asiste al juez de lo contencioso-administrativo desde la etapa más temprana del proceso, incluso 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Sección Segunda, auto del 7 de abril de 2016, expediente 85001-33-33-001-2015-00187-01(3172-15). 10 Ibidem. 22 10-may-23 Recurso Extraordinario de Unificación.pdf. 11 Samai, índice 4. 12 Samai, índice 7.

Radiación: 05001-33-33-033-2020-00338-01 (6351-2023) Demandante: Rocío del Carmen Rivillas Echeverri Demandado: Nación – Ministerio de Educación 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co antes de que se trabe la litis, con el propósito de garantizar la validez y eficacia del trámite procesal que se seguirá en adelante. 17.

Este ejercicio de control permite al juez verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la admisión de la demanda, teniendo en cuenta que la finalidad del proceso contencioso administrativo es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del CPACA.

En este escenario, el saneamiento temprano del proceso se materializa con la participación activa de la parte demandante, a quien le corresponde, una vez identificada la falencia señalada por el juez, proceder a su oportuna subsanación. Tal actuación constituye una auténtica carga procesal, cuyo incumplimiento puede conducir al rechazo de la demanda, todo ello en aras de asegurar que el proceso avance bajo parámetros de legalidad y eficacia. 18.

Sobre este último tópico, resulta pertinente acudir a la distinción jurisprudencial entre deberes, obligaciones y cargas procesales, al ser imperativos jurídicos con diferentes propósitos y consecuencias. Así, los deberes procesales son mandatos legales de obligatorio cumplimiento para jueces13, partes y terceros14, orientados a la correcta realización del proceso.

Su incumplimiento conlleva sanciones según el sujeto y la omisión. Las obligaciones procesales, en cambio, son cargas patrimoniales derivadas del proceso, como la condena en costas por abuso del derecho. Finalmente, las cargas procesales son conductas facultativas que el sujeto realiza en su propio interés; su incumplimiento no puede ser coercitivo, pero sí genera consecuencias desfavorables, como la preclusión de oportunidades o la pérdida de derechos15. 19.

En este caso, la subsanación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia era una carga procesal para la parte recurrente, que debía realizar en su propio beneficio para que su recurso pudiera ser estudiado y, si cumplía con los demás requisitos, admitido. Sin embargo, al no cumplir con la carga procesal impuesta, deberá asumir las consecuencias desfavorables que implica el haber guardado silencio. 20.

Así las cosas, dado que el inciso 2 del artículo 265 del CPACA dispone que, si el recurso no es subsanado, se deberá proceder a su rechazo y se ordenará la devolución del expediente al despacho de origen. Al haberse verificado que la señora Rocío del Carmen Rivillas Echeverri incumplió dicha carga procesal, se procederá al rechazo del recurso. 13 Artículo 42 del Código general del Proceso «Deberes del juez». 14 Artículo 78 del Código General del Proceso «Deberes de las partes y sus apoderados». 15 Sala de Casación Civil, M.P. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, Gaceta Judicial Tomo CLXXX – No. 2419, 1985, pág. 427.

Sobre este mismo particular, también puede verse la sentencia C-203 de 2011. Radiación: 05001-33-33-033-2020-00338-01 (6351-2023) Demandante: Rocío del Carmen Rivillas Echeverri Demandado: Nación – Ministerio de Educación 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21. Finalmente, en este asunto no hay lugar a imponer condena en costas como quiera que no se configura el supuesto previsto en el parágrafo del artículo 265 del CPACA, esto es, el rechazo de plano del recurso de la referencia. 22.

En mérito de lo expuesto, el despacho RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la señora Rocío del Carmen Rivillas Echeverri contra la sentencia del 17 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: EFECTUAR las anotaciones respectivas en el expediente electrónico incorporado en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al despacho de origen, una vez en firme esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. (Firmado electrónicamente) ELIZABETH BECERRA CORNEJO Magistrada CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx CFGR/HDGM