11001030600020210014300 — Consejo de Estado

Bogotá, D. C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Número de radicación: 11001-03-06-000-2021-00143-00 Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Guainía y la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES). Asunto: Autoridad competente para conocer la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la señora Luzmila Domínguez Jordán. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confieren los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por la Ley 2080 de 2021, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia. I.

Esta entidad, mediante Resolución SUB 58813 del 5 de marzo de 2021, señaló que no era la competente para resolver tal solicitud y procedió a remitirla al Departamento del Guainía. Las razones para tal remisión fueron las siguientes: Por Otro (sic) lado, en el evento en que sea procedente la aplicación del Decreto 2709 de 1994, Colpensiones será competente a las(sic) Solicitudes de los afiliados a las Cajas o Fondos territoriales declaradas solventes que se trasladaron voluntariamente a aquella, exceptuando a quienes no cumplen con mínimo 6 años de cotización a Colpensiones para que esta administradora asuma la competencia sobre la solicitud pensional.

De no ser así, la competencia habrá de asumirla la caja o fondo en la que el afiliado presente el mayor volumen de cotizaciones, siempre y cuando la misma aún exista. En virtud de lo anterior, se observa que la señora DOMINGUEZ JORDAN LUZMILA (sic) realizó el mayor número de aportes en (sic) DEPARTAMENTO DE GUAINIA (sic), razón por la cual, no es ésta (sic), la entidad competente para resolver la solicitud de pensión de vejez, encontrándose dicha competencia del DEPARTAMENTO DE GUAINIA (sic). […] Que, en consideración a lo anterior, la entidad competente para el estudio de la pensión de vejez es el DEPARTAMENTO DE GUAINIA (sic).

(Expediente digital 2021-00143,archivo9_REPARTOYRADICACION_082021001 43ANEXOS (.pdf) NroActua 1, folio 1 a 6) Remitida la petición, la Secretaría de Hacienda Departamental de la Gobernación del Guainía, negó la solicitud pensional de la señora Domínguez Jordán, mediante la Resolución 0828 del 28 de junio de 2021, al considerar que: De acuerdo con el reporte anterior, para los periodos de cotización desde 01/04/2001 hasta 31/05/2001, el sistema no contabiliza ninguna semana para este periodo de cotización, adicionalmente, tampoco se contabiliza (sic) los meses de enero, (sic) y marzo de los años 2001 y 2002, y para finalizar tampoco se toman en cuenta los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2001, esto en relación a lo certificado en el CETIL, situación en donde Colpensiones no se pronunció, y solo concluyo que no cumplía con mínimo seis (6) años de cotización ante Colpensiones. […] En consecuencia, y una vez verificado (sic) los días pagados por concepto de cotización de seguridad social en pension (sic) por la Gobernación del Guainía desde 13/03/1996 hasta 30/11/2002, soportes de pago que reposan en esta entidad, se tiene que la señora Luzmila Dominguez Jordan Cotizo (sic) 2368 días al ISS/ Colpensiones correspondientes a 338.2 semanas y 6.4 años.

Entre tanto, la Gobernación del Guainía no es Competente (sic) para reconocer la prestación económica de la pensión de vejez a la señora Luzmila Dominguez Jordan (sic), puesto que el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, contempla que “La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ella haya sido mínimo de seis años”.

(…).(Expediente digital 2021-00143,archivo9_REPARTOYRADICACION_082021001 43ANEXOS (.pdf) NroActua 1, folio 8 a 20) Mediante correo electrónico enviado a la Secretaría de la Sala de Consulta y Servicio Civil el 9 de septiembre de 2021, el profesional universitario con funciones de jefe de rentas de la Gobernación del Guainía solicitó resolver el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa entidad y Colpensiones con el fin de que se determine cuál es la autoridad competente para pronunciarse de fondo sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez presentada por la Luzmila Domínguez Jordán. (Expediente digital 2021-00143, archivo4_REPARTOYRADICACION_032021001 43CONFLI(.pdf) II.

ACTUACIÓN PROCESAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco (5) días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Obra en el expediente, informe de la Secretaría de la Sala del 29 de septiembre de 2021 en el que consta que se comunicó a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado[2], en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados, sobre el inicio del presente conflicto a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Guainía, a Colpensiones, y a la señora Luzmila Domínguez Jordán. Dentro del trámite del conflicto, presentó escrito el secretario jurídico departamental de la Gobernación del Guainía, en tres (3) archivos pdf, con diecisiete (17), cincuenta y dos (52) y ciento un (101) folios, respectivamente.

Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio, tal como lo hizo constar la secretaria de la Sala en el informe del 29 de septiembre de 2021. Una vez examinada la documentación allegada para que la Sala de Consulta y Servicio Civil dirima el conflicto negativo de competencias administrativas, y con el fin de determinar la situación pensional de la señora Luzmila Domínguez Jordán, la consejera ponente por medio de Auto del 19 de octubre de 2021 solicitó a la Gobernación del Guainía, para que, allegaran al expediente copia de los actos administrativos con los que se dispuso la supresión y liquidación de la Caja de Previsión Social del Guainía, así como la certificación en la que se evidencie la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el Departamento del Guainía. En cumplimiento de dicho auto, el profesional universitario 219-05 con funciones de jefe de rentas de la Gobernación del Guainía remitió los documentos solicitados, mediante oficio del 25 de octubre de 2021 en un (1) archivo con siete (7) folios.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 1. De la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Si bien no se pronunció dentro del trámite adelantado en esta Sala, se resumen los argumentos que se encontraron en la resolución en la que rechazó la competencia. Dentro de las razones esgrimidas para sustentar tal posición señaló que la señora Domínguez Jordán, cotizó una totalidad de 5987 días con el Departamento del Guainía y 1957 días en Colpensiones, para una totalidad de 7944 días laborados.

Al respecto, expuso que, en el evento en que sea procedente la aplicación del Decreto 2709 de 1994, Colpensiones será competente para conocer de las solicitudes de los afiliados a las Cajas o Fondos territoriales declaradas solventes que se trasladaron voluntariamente a aquellas, exceptuando a quienes no cumplen con mínimo 6 años de cotización a Colpensiones para que esta administradora asuma la competencia sobre la solicitud pensional.

Que, en virtud de lo anterior, es claro que la señora Domínguez Jordán realizó el mayor número de aportes al Departamento del Guainía, razón por la que, no es Colpensiones la entidad competente para resolver la solicitud de pensión de vejez. 2. De la Gobernación del Guainía Mediante correo electrónico del 29 de septiembre de 2021, el secretario jurídico departamental de la Gobernación del Guainía expuso que de acuerdo con la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL No. 202102892099149000820004, se evidencia que la señora Domínguez Jordán había realizado cotizaciones al ISS/Colpensiones desde el 13/03/1996, hasta el 30/11/2002, y que no se tomaron en cuenta para el computo de los tiempos de cotización por parte de Colpensiones, los meses de enero, febrero, marzo de 2001, ni los de enero y marzo de 2002.

Igualmente señaló, que de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas, actualizado al 02 de marzo de 2021, se evidenció que el sistema no contabilizó ninguna semana de cotización en Colpensiones entre los periodos de 01/04/2001 hasta el 21/05/2001, y que tampoco se contabilizaron los meses de enero y marzo de los años 20021 y 2002, ni tomaron en cuenta los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001, esto en relación con lo certificado en el CETIL, sobre lo que señaló, que Colpensiones no se pronunció y solo concluyó que no cumplía con lo mínimo de 6 años de cotización en esa entidad.

Expuso que la Gobernación del Guainía mediante la comunicación SHD T 412 del 24 de julio de 2021 suscrita por la tesorera departamental, adjuntó los soportes de cotización en pensión de la señora Domínguez Jordán, en donde se evidencia el tiempo de cotización correspondiente a 2368 días en Colpensiones, lo que señalan, equivale a 338.28 semanas o 6.48 años.

Que, en virtud de lo anterior, y al haber cotizado mas de 6 años en Colpensiones, es esta la autoridad competente para reconocer y pagar la pensión de vejez de la señora Domínguez Jordán. IV. CONSIDERACIONES 1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas a. Competencia La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo».

Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General» cuyas «reglas generales»[3] se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Artículo 39: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada.

La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal.

En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

(Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente: 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta). Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

(ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; y, (iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencias administrativas sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente caso, la Sala es competente para resolver el presente conflicto de competencias, pues se trata de una controversia entre una autoridad del orden nacional: la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), y otra del orden territorial: el Departamento del Guainía. Asimismo, recae sobre una actuación administrativa, de carácter particular y concreto, consistente en determinar cuál en la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento pensional elevada por la señora Luzmila Domínguez Jordán. Por lo anterior, se concluye que la Sala es competente para dirimir el presente conflicto. b. Términos legales El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, ordena que: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»[4].

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, se prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 del CPACA, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones. Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión. 2.

Aclaración previa El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia. Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. 3. Problema jurídico El problema jurídico consiste en determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento pensional elevada por la señora Luzmila Domínguez Jordán. Para responder el problema jurídico planteado, la Sala analizará: (i) El Instituto de Seguros Sociales (ISS) y las cajas, fondos o entidades de previsión social como administradores del régimen de prima media con prestación definida;

(ii) Los fondos territoriales de pensiones y la asignación de competencias en materia de reconocimiento pensional; (iii) El régimen de transición de la Ley 100 de 1993: a) los requisitos para adquirir el derecho pensional, b) los criterios para la asignación de competencias a cajas, fondos o entidades de previsión del nivel territorial en materia de reconocimiento pensional establecidos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993;

(iv) La liquidación del Instituto de Seguros Sociales (ISS), la entrada en funcionamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y su cláusula general de competencia, y (v) las trasformaciones institucionales en materia pensional en el Departamento del Guainía. 4. Análisis de las normas aplicables al caso concreto 4.1.

El Instituto de Seguros Sociales (ISS) y las cajas, fondos o entidades de previsión social como administradores del régimen de prima media con prestación definida[5] Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el sistema prestacional del sector oficial estaba conformado por una caja básica para el nivel nacional (la Caja Nacional de Previsión), diversas cajas de previsión para el nivel territorial y algunas cajas exclusivas de sectores o entidades.

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, el legislador tuvo el propósito de centralizar el régimen de prima media en el Instituto de Seguros Sociales[6] y desmontar hacia el futuro las cajas de previsión[7]. En ese sentido, el artículo 52 de la mencionada ley estableció que la administración general del régimen de prima media recaería en el ISS y dispuso que las cajas, fondos, o entidades de previsión cumplirían dicha función únicamente respecto de sus afiliados mientras dichas entidades subsistieran: Artículo 52.

Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros sociales. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta Ley.

Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria. (Se resalta) De manera concomitante con lo anterior, el artículo 129 de la Ley 100 de 1993, en aras de extinguir en el tiempo las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público, nacional y territorial, prohibió la creación de nuevas de estas entidades, desde su entrada en vigencia: Artículo 129.

Prohibición general. A partir de la vigencia de la presente Ley, se prohíbe la creación de nuevas cajas, fondos o entidades de previsión o de seguridad social del sector público, de cualquier orden nacional o territorial, diferentes a aquellas que de conformidad con lo previsto en la presente Ley, se constituyan como entidades promotoras o prestadoras de servicios de salud.

Lo anterior se reflejó en el Decreto 692 de 1994, mediante el cual se reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993. El artículo 34 de dicho decreto reiteró que el régimen solidario de prima media con prestación definida sería administrado por el Instituto de Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994, mientras estas subsistieran.

No obstante, agregó que las últimas entidades mencionadas solo podrían ejercer tal función en relación con las personas que al 31 de marzo de 1994 fueran sus afiliados, sin poder, en consecuencia, recibir nuevos cotizantes a partir de dicha fecha: Artículo 34. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistan.

En todo caso, las entidades diferentes del ISS, sólo podrán administrar el régimen respecto de las personas que a 31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos afiliados a partir de dicha fecha. Las cajas o entidades que administren pensiones del nivel departamental, municipal o distrital, podrán continuar afiliando trabajadores de estos niveles territoriales del sector público, hasta el momento que señale el respectivo alcalde o gobernador, sin que exceda del 30 de junio de 1995, fecha a partir de la cual, se regirán por lo dispuesto en el inciso 1° de este artículo.

Como lo establece el segundo inciso de la norma citada, respecto de las cajas o entidades administradoras de pensiones del nivel departamental, municipal o distrital, la prohibición de recibir nuevos afiliados empezó a regir desde el momento que señalara el respectivo alcalde o gobernador, sin exceder del 30 de junio de 1995. Ahora bien, aquellas personas que se encontraban afiliadas a una caja, fondo o entidad de previsión contaban con la posibilidad de seguir vinculadas a las entidades a las que venían realizando los aportes, siempre que se acogieran al régimen de prima media con prestación definida, según se establece en el artículo 128 de la Ley 100 de 1993: Artículo 128.

Selección del régimen. Los servidores públicos afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen al que deseen afiliarse, lo cual deberá informarse al empleador por escrito. Los servidores públicos que se acojan al régimen de prestación definida, podrán continuar afiliados a la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se hallen vinculados.

Estas entidades administrarán los recursos y pagarán las pensiones conforme a las disposiciones de dicho régimen previstas en la presente Ley. Los servidores públicos que no estén afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión o seguridad social, aquellos que se hallen afiliados a alguna de estas entidades cuya liquidación se ordene, y los que ingresen por primera vez a la fuerza laboral, en caso de que seleccionen el régimen de prestación definida, se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales.

(se resalta) No obstante, en el nivel territorial, la posibilidad de permanecer afiliado a la caja o fondo de previsión respectiva fue condicionada a la solvencia de tales entidades previsoras. Al respecto, el Decreto 1068 de 1995[8] dispuso que los funcionarios públicos que, a la entrada en rigor del régimen general de pensiones en el ámbito territorial, esto es a más tardar el 30 de junio de 1995[9], se encontraran afiliados a alguna caja de previsión territorial que se hubiere declarado insolvente, solo podrían seguir vinculados a tal entidad hasta la fecha límite para realizar el corte de cuentas necesario en la determinación de la cuantía de la liquidación de la entidad, fecha que, en todo caso, no habría de superar el 31 de diciembre de 1995: Artículo 3º.- Situaciones especiales de afiliación. Los servidores públicos que al momento de entrar a regir el sistema general de pensiones se encuentren afiliados al Instituto de Seguros Sociales, ISS, pueden continuar en dicho instituto, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.

Los servidores públicos que elijan el régimen solidario de prima media con prestación definida que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial declarada solvente, podrán continuar vinculados a dicha institución mientras no se ordene su liquidación, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.

Los servidores públicos que elijan el régimen solidario de prima media con prestación definida que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial declarada insolvente, podrán continuar vinculados a dicha institución hasta la fecha de corte de cuentas de que trata el artículo 24 de este decreto, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.

En los casos previstos en este artículo no es aplicable la prohibición de traslado de régimen antes de tres (3) años y, en consecuencia, los afiliados podrán ejercer en cualquier momento la opción de traslado. […] Artículo 24º.- Corte de cuentas. Para efectos de determinar la cuantía para la liquidación de las entidades de que trata este capítulo la fecha de corte de cuentas será, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995.

(Se resalta) Por último, el citado decreto estableció que la declaratoria de insolvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión debía realizarse mediante acto administrativo, en el que además debía señalarse la fecha para efectuar la liquidación, así como la fecha para que la entidad de previsión habría de ser sustituida en el pago de las pensiones por parte del fondo territorial de pensiones: Artículo 12º.- Declaratoria de solvencia o insolvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión. La declaratoria de solvencia o insolvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión del sector público del nivel territorial, se efectuará mediante acto administrativo expedido por el respectivo gobernador o alcalde con sujeción a lo previsto en el ordinal primero del artículo 6 del Decreto 1296 de 1994, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes, a más tardar el 30 de junio de 1995 Este acto administrado deberá ser informado a la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del presente Decreto.

En el mismo acto administrativo se señalará la fecha para efectuar la liquidación, así como la fecha para la sustitución del pago de pensiones por parte del fondo de pensiones territorial. (Se resalta) Respecto a las personas que se acogieron al régimen de prima media con prestación definida, pero que solo podían seguir afiliados a las cajas o fondos territoriales de previsión por un tiempo determinado, debido a que dichas entidades fueron declaradas insolventes y serían sustituidas por fondos territoriales de pensiones, el Decreto Ley 1296 de 1994[10] previó que fueran trasladadas al Instituto de Seguros Sociales: Artículo 11.

Transición de las pensiones. Los afiliados a cajas, fondos o entidades de previsión sustituidas por los Fondos de Pensiones Territoriales serán trasladados al Instituto de Seguros sociales, en caso de que seleccionen el Régimen de Prima Media con Prestación Definida […]. (Se resalta) 4.2. Los fondos territoriales de pensiones y la asignación de competencias en materia de reconocimiento pensional[11] En lo referente a la constitución de los fondos territoriales de pensiones, resulta necesario precisar que, para la organización del sistema general de prima media en el nivel territorial y el desmonte gradual de las cajas de previsión, el artículo 139, numeral 3º, de la Ley 100 de 1993 confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República, en los siguientes términos: Artículo 139.

Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente Ley para: […] 3. Establecer un régimen de fondos departamentales y municipales de pensiones públicas, que sustituya el pago de las pensiones a cargo de las cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos insolventes, en los respectivos niveles territoriales.

Se podrá retener de las transferencias, de la respectiva entidad territorial, para garantizar el pago de tales pensiones, solo mediante acuerdo con su representante legal. En ejercicio de las facultades arriba señaladas fue expedido el ya mencionado Decreto Ley 1296 de 1994, cuyo artículo 6 estableció que las autoridades territoriales tenían a su cargo evaluar la solvencia de cajas o fondos de previsión y, una vez se hubiere determinado que no eran solventes, debían proceder con la sustitución de tales entidades por fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas denominados «fondos de pensiones territoriales»: Artículo 6°.

Procedimiento para la sustitución pensional por parte de los fondos de pensiones territoriales. Los Fondos de Pensiones Territoriales asumirán el pago de pensiones de las cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos insolventes, en los respectivos niveles territoriales, mediante el siguiente procedimiento: 1.- Las autoridades territoriales evaluarán la solvencia de las cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos.

Establecido que la respectiva entidad no es solvente, determinarán la sustitución del pago de las pensiones por parte de los Fondos y la fecha en que ésta se producirá. 2.- Los entes territoriales definirán el término en que las entidades sustituidas que actualmente tienen a su cargo pensiones, podrán continuar pagándolas. A partir de la fecha fijada en cada caso, que no podrá ser posterior al 30 de junio de 1995, los Fondos asumirán el pago de las pensiones reconocida a cargo de la entidad.

En ese sentido, el artículo 2º del referido decreto autorizó – y ordenó – que, a más tardar el 30 de junio de 1995, se crearan los fondos territoriales de pensiones. Adicionalmente, determinó que los fondos serían cuentas especiales, sin personería jurídica, «adscritas a la respectiva entidad territorial o a una distinta según la conveniencia» y que los recursos se administrarían por encargo fiduciario y de no ser posible, por «cualquier entidad perteneciente al respectivo ente territorial» (artículo 1º).

En cuanto a sus funciones, el artículo 4 del mencionado decreto señaló lo siguiente: Artículo 4º.- Funciones. Los fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas tendrán las siguientes funciones en la respectiva entidad territorial: 1. Sustituir el pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, a cargo de las cajas o fondos pensionales públicos, y empresas productoras de metales preciosos insolventes, en los respectivos niveles territoriales. 2.

Sustituir a las cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos insolventes pertenecientes a la entidad territorial, en lo relacionado con el pago de pensiones de aquellas personas que han cumplido el tiempo de servicio pero no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, una vez se reconozcan, siempre y cuando no se encuentren afiliados a ninguna otra administración del régimen de pensiones de cualquier orden. 3.

Sustituir a las entidades territoriales, establecimientos públicos, y empresas industriales y comerciales pertenecientes a la entidad territorial, que tengan a su cargo el pago directo de pensiones, cuando ello se decida. 4. Tomar las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a la mesada Pensional adicional de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de 1993. 5.

Llevar los registros contables y estadísticos necesarios, garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia pensional deba atender el respectivo fondo. 6. Velar para que todas las entidades sustituidas en el pago de pensiones cumplan oportunamente con las transferencias de las sumas correspondientes a cada entidad por concepto de los pasivos pensionales. 7.

Liquidar y sustituir en los pagos de los bonos pensionales de que trata el artículo 123 de la Ley 100 de 1993, los cuales estarán a cargo de la respectiva entidad y de las cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos a quienes sustituya, cuando el fondo se constituya en los términos del inciso 1 del artículo 3 del presente Decreto.

Parágrafo.- En el acto en que se ordene la organización o constitución de cada Fondo de Pensiones Territoriales, se podrá establecer su capacidad para asumir el reconocimiento de pensiones que venían efectuando las entidades a quienes sustituya. (Se resalta). De acuerdo con la norma transcrita, los fondos de pensiones territoriales fueron encargados principalmente de sustituir a los fondos y cajas de previsión insolventes en el pago de las pensiones que estaban a su cargo y la de aquellas personas que cumplieron el tiempo de servicio en la respectiva caja, pero no habían llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, una vez se reconozcan (numerales 1, 2 y 3).

Solo excepcionalmente tienen competencia para reconocer nuevas prestaciones, si así lo determinaba su acto de creación. Adicionalmente, cabe resaltar que el Decreto Ley 1296 de 1994 incluyó una norma sobre la asignación de competencias para el reconocimiento pensional de afiliados a entidades de previsión del nivel territorial que debían ser suprimidas para dar paso a los fondos territoriales de pensiones: Artículo 11.

(se resalta) Según el citado artículo, correspondería al ISS el reconocimiento y el pago de la pensión de aquellos afiliados trasladados desde cajas de previsión insolventes del orden territorial, sustituidas, además, por fondos de pensiones territoriales. 4.3. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993 4.3.1. Régimen de transición respecto a los requisitos para adquirir el derecho pensional[12] Frente a los cambios introducidos por la Ley 100 de 1993 y con el fin de amparar las expectativas legítimas de quienes a la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Pensiones no habían asegurado su derecho a una pensión, pero que se encontraban próximos a cumplir con las condiciones para acceder a la misma, el legislador determinó un régimen de transición para la protección de dichas personas frente a una afectación desmesurada de sus garantías prestacionales.

Así las cosas, la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición para las personas que para ese momento tenían cierta edad o habían alcanzado un mínimo de tiempo de servicios cotizado, a quienes les garantizó la posibilidad de pensionarse con base en la normativa pensional anterior[13]. El artículo 36 de la mencionada ley dispuso los requisitos que debían cumplir las personas para ser beneficiarias del régimen de transición: Artículo 36.

Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. (Se resalta). De la norma antes transcrita se puede concluir que para ser sujeto del régimen de transición pensional se requería que al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, el interesado cumpliera uno de los dos requisitos allí enunciados: a) la edad, que para el caso de las mujeres debía ser de 35 años o más y para el de los hombres, 40 años o más; o, b) 15 años o más de tiempo de servicios cotizados.

El Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 entró en vigencia el 1 de abril de 1994 para el nivel nacional; a nivel territorial se permitió que fuese definido por la autoridad gubernamental competente y a más tardar el 30 de junio de 1995[14]. Ahora bien, el Acto Legislativo 1 de 2005, parágrafo transitorio 4º de su artículo 1º, dispuso la terminación del régimen de transición a partir del 31 de julio de 2010, «[…] excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014», esto es, hasta el 31 de diciembre de 2014[15].

En esa medida, las personas beneficiarias del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 tienen derecho a solicitar la aplicación del régimen anterior a la Ley 100 que les fuera aplicable, en el marco establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005. Por otra parte, por regla general para los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición, este puede corresponder a las Leyes 33 de 1985[16] o 71 de 1988[17], siempre que cumplan con los requisitos establecidos por tales normas.

La importancia de analizar el régimen de transición y determinar si resulta aplicable a cierta persona, radica en que quienes resulten beneficiados con el mismo adquieren su estatus pensional cuando cumplan con las exigencias establecidas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, principalmente, las Leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, según el caso. 4.3.2.

Criterios para la asignación de competencias a cajas, fondos o entidades de previsión del nivel territorial en materia de reconocimiento pensional establecidos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 Con el fin de reglamentar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se expidió, inicialmente, el Decreto 813 de 1994, el cual, en su artículo 6º, al referirse a la transición de las normas pensionales de los servidores públicos, estableció algunas reglas de competencia para la decisión de las solicitudes de reconocimiento de pensiones en estos casos: Artículo 6.

Transición de las pensiones de vejez o jubilación de servidores públicos. Tratándose de servidores públicos afiliados a cajas, fondos o entidades de previsión social, para efectos de la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo primero del presente Decreto, se seguirán las siguientes reglas. a) Cuando a 1 de abril de 1994 el servidor público hubiese prestado 15 o más años continuos o discontinuos de servicio al Estado, cualquiera sea su edad, o cuenta con 35 años o más de edad si es mujer o 40 años o más de edad si es hombre, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez a cargo de la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se encuentre afiliado, cuando cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones del régimen que se le venía aplicando.

Corresponderá al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos, conforme a las disposiciones del régimen que se venía aplicando, en los siguientes casos: i) Cuando el servidor público se traslade voluntariamente al Instituto de Seguros Sociales. ii) Cuando se ordene la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se encontraba afiliado el funcionario público. iii) Cuando los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición no se encontraban afiliados a ninguna caja, fondo o entidad de previsión del sector público, con anterioridad al 1 de abril de 1994, seleccionen el régimen de prima media con prestación definida. b) Los servidores públicos que se vinculen al Instituto de Seguros Sociales voluntariamente o por liquidación de la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se encontraba afiliado, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional, calculado en la forma como lo determine el gobierno nacional.

(Se resalta) Conforme con lo anterior, las cajas, fondos y entidades de previsión únicamente conservaron la competencia para pensionar a los afiliados que al 1 de abril de 1994 tuvieran más de 15 años de servicio al Estado, o más de 35 o 40 años de edad, según se tratara de mujeres o de hombres, respectivamente. Claro está, siempre que no fueran objeto de liquidación[18] y cuando el interesado cumpliere con las condiciones para adquirir el derecho a la pensión, estando afiliado a alguna de dichas cajas, fondos o entidades.

Por otra parte, como lo señala la segunda parte de la norma transcrita, sobre ISS recayó la competencia para pensionar a los afiliados de las cajas, fondos y entidades de previsión en tres casos: (i) cuando el afiliado se hubiere trasladado voluntariamente al ISS, (ii) cuando se hubiere liquidado la caja, fondo o entidad a la que estuviera afiliado el servidor público y (iii) cuando el servidor público no hubiera estado afiliado a caja, fondo o entidad de previsión antes del 1º de abril de 1994 y seleccionara el régimen de prima media con prestación definida.

Como lo ha anotado la Sala en otras oportunidades[19], cabe resaltar que esta responsabilidad que se le entregó al ISS (reconocer las pensiones de afiliados a cajas o fondos liquidados) no quedó atada a periodos previos de cotización o al traslado de aportes, sino que quedó establecida de manera directa como parte de la transformación legal del sistema que buscaba un solo administrador del régimen de prima media y la lenta extinción de otro tipo de fondos públicos que habían venido cumpliendo esa labor.

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad del ISS de exigir la expedición del correspondiente bono pensional[20] para financiar el pago de las pensiones que pasaran a estar a su cargo. En este sentido, el Decreto Reglamentario 1068 de 1995 obliga a las cajas o fondos de previsión liquidadas a entregar a los fondos de pensiones territoriales la historia laboral de los antiguos afiliados para garantizar la expedición de los respectivos bonos pensionales: Artículo 26°.

Historias laborales. Las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas insolventes, y las entidades territoriales que tengan a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, deberán disponer de la información correspondiente a la historia laboral actualizada de sus afiliados o vinculados a más tardar en la fecha de sustitución, para efectos de la emisión de los bonos pensiones.

Por otra parte, en el año 2000 fue expedido el Decreto 2527, que reglamentó los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, con el objeto de establecer las reglas bajo las cuales las cajas, fondos o entidades de previsión les reconocerían la pensión a los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, que eran sus afiliados al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones y mientras dichas cajas, fondos o entidades subsistieran: Artículo 1º- Reconocimiento a cargo de las cajas, fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones.

Las cajas, fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones, continuarán reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan dichas entidades respecto de quienes tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, exclusivamente en los siguientes casos: (subraya y negrilla son de la Sala): 1.

Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del orden nacional hubieren cumplido a 1o. de abril de 1994, los requisitos para obtener el derecho a la pensión y no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra Administradora del Régimen de Prima Media. 2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del orden territorial hubieren cumplido los requisitos para obtener el derecho a la pensión a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en la entidad territorial del domicilio de la Caja, Fondo o entidad pública y la pensión no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra Administradora del Régimen de Prima Media. 3.

Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que a la fecha de entrada en vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el caso, hubieren cumplido veinte años de servicio o contaren con las cotizaciones requeridas en la misma entidad, Caja o Fondo público, aunque a la fecha de solicitud de la pensión estén o no afiliados al Sistema General de Pensiones.

También podrán hacerlo respecto de sus afiliados y en los mismos casos, las entidades a las cuales corresponda el reconocimiento de pensiones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. En estos casos no se aplicará el literal c) del artículo 36 del Decreto 1748 de 1995 modificado por el artículo 15 del Decreto 1513 de 1998. […] (Se resalta).

Observa la Sala que, en desarrollo del artículo 52 de la Ley 100 y en armonía con el artículo 36, el reglamento identificó los casos en los que las pensiones de los servidores públicos con régimen de transición continuaban a cargo de las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que dichos servidores públicos se encontraran afiliados al entrar a regir el Sistema General de Pensiones.

De este modo, la competencia para reconocer pensiones por parte de las cajas y fondos distintos al ISS quedó sujeta a: (i) la subsistencia de dichas cajas; (ii) que el beneficiario de la pensión tuviera la calidad de afiliado de dichas cajas o fondos, a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones; y (iii) que se estuviera ante alguno de los supuestos señalados en el artículo 1º del Decreto 2527 de 2000.

Asimismo, la norma en cita advirtió, respecto de las dos primeras situaciones, que la pensión debía ser reconocida por la caja, entidad o fondo de previsión, aunque para la fecha de la solicitud el interesado estuviera afiliado a otra administradora del régimen de prima media. Adicionalmente, respecto de la tercera situación también indicó que el reconocimiento pensional procedía, estuviera o no afiliado el interesado al Sistema General de Pensiones.

Hace notar la Sala que, en los tres casos, el reglamento, en armonía con la ley, exigió que las cajas, fondos o entidades públicas que quedaron obligadas en las situaciones enunciadas, existieran cuando el derecho se causara[21]. 4.4. La liquidación del Instituto de Seguros Sociales (ISS), la entrada en funcionamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y su cláusula general de competencia[22] El artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, creó la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), como «Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de carácter público del orden nacional» y ordenó al Gobierno «[…] la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere […]».

El Gobierno mediante Decreto 2011 de 2012[23] reglamentó la entrada en vigencia de Colpensiones de la siguiente manera: Artículo 1°. Inicio de Operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Artículo 2°. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los Afiliados y Pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General de Pensiones. ´[…] Artículo 3°.

Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá: 1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5° del mismo. […] Así las cosas, las funciones que le correspondieron al Instituto de Seguros Sociales (ISS) incluidas las de reconocimiento de los derechos pensionales de sus afiliados, fueron reasignadas a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a partir del 28 de septiembre de 2012.

Ahora bien, el recuento normativo anterior permite concluir claramente que, si bien subsisten todavía varias entidades que administran pensiones en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, existe una sola entidad pública que ha sido encargada por el Legislador para administrar dicho régimen, con carácter indefinido y general, y vocación de permanencia. Tal autoridad es, en la actualidad, Colpensiones.

De esta conclusión resulta forzoso inferir, a su vez, la existencia de una competencia residual o cláusula general de competencia, en cabeza de Colpensiones, para resolver los asuntos que correspondan al Régimen de Prima Media, y que no hayan sido asignados por la Constitución Política, por la ley o por otra norma con fuerza legal a una autoridad o entidad pública o privada distinta.

Esto incluye, especialmente, el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones establecidas por la ley a cargo de dicho régimen, con el fin de no hacer nugatorio el derecho de todas las personas a la seguridad social, previsto en el artículo 48 de la Constitución. 4.5. Las trasformaciones institucionales en materia pensional en el Departamento del Guainía Para el caso que ahora ocupa a la Sala, es importante precisar que al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones en el Departamento del Guainía (30 de junio de 1995), este contaba con su propia entidad de previsión en materia pensional, la Caja de Previsión Social del Guainía. No obstante, producto de los cambios introducidos por la Ley 100 de 1993, el gobernador de Boyacá declaró insolvente a dicha entidad territorial de previsión, mediante el Decreto Departamental 159 de 1995, y creó a través del Decreto Departamental 00184 del 2 de agosto de 1995, el Fondo de Pensiones Territoriales del Departamento del Guainía. Finalmente, la mencionada caja de previsión fue liquidada por el gobernador del Guainía mediante el Decreto Departamental 00096 del 30 de abril de 1996. 5.

Caso concreto La Sala analizará el caso de la señora Luzmila Domínguez Jordán, con base en la información que aparece en el expediente del conflicto, sin perjuicio de la obligación que le asiste a la autoridad que aquí se declare competente para verificar todos los documentos y la información que haga parte del expediente pensional de la peticionaria. 5.1.

(ii) Para el 13 de marzo de 1996, la señora Domínguez Jordán se trasladó de la Caja de Previsión Social del Guainía al Instituto de Seguros Sociales con ocasión de la liquidación y supresión de la Caja de Previsión Social del Guainía. Con base en la información suministrada, se extrae que este traslado ocurrió de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 24 del Decreto 1068 de 1995 y el artículo 11 del Decreto Ley 1296 de 1994, en tanto que, si bien la señora Luzmila se acogió al régimen de prima media con prestación definida, no podía continuar afiliada a la Caja de Previsión Social del Guainía con posterioridad al 31 de diciembre de 1995, dado que esta fue declarada insolvente por el gobernador del Guainía mediante el Decreto Departamental 159 del 30 de junio de 1995. 5.2.

Aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 en el presente caso De conformidad con la documentación que reposa en el expediente, la Sala evidencia que la señora Luzmila Domínguez Jordán sería beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por las siguientes razones: • La peticionaria nació el 4 de mayo de 1959.

Por lo tanto, para el 30 de junio de 1995 (fecha de entrada en vigencia del Régimen General de Pensiones, en el nivel territorial), tenía más de 35 años de edad y más de 15 años de servicios cotizados. Debe recordarse, en todo caso, que bastaba con el cumplimiento de uno solo de estos requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición. • La señora Domínguez Jordán también parece reunir los requisitos exigidos en el Acto Legislativo 01 de 2005 para mantener el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para la fecha de expedición del referido acto legislativo, esto es, para el 25 de julio de 2005, tenía más de 750 semanas cotizadas. 5.3.

Régimen Pensional aplicable Teniendo en cuenta que la señora Luzmila Domínguez Jordán es presuntamente beneficiaria del régimen de transición y que, en su calidad de empleada pública, prestó sus servicios para el Estado y cotizó exclusivamente como trabajadora del sector público, le es aplicable el régimen de los empleados públicos contenido Ley 33 de 1985.

El régimen pensional de los empleados oficiales anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100, estaba regulado principalmente por la Ley 33 de 1985, cuyo artículo 1º prescribía: Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

En tal sentido, vale la pena recordar que los requisitos de edad y tiempo de servicios para alcanzar la prestación perseguida por señora Domínguez Jordán están determinados por la Ley 33 de 1985. Como lo exige el artículo 1º de la citada ley, la solicitante, en su calidad de empleada pública, prestó sus servicios para el Estado por más de 20 años, y cumplió la edad establecida de cincuenta y cinco (55) años, hecho este último con el cual se consolidó su derecho a la pensión el 4 de mayo de 2014, fecha en la que ya no se encontraba afiliada a la Caja de Previsión Social del Guainía. Esta situación impide que la referida caja de previsión, o eventualmente el Departamento del Guainía, asuman el reconocimiento y pago de la pensión solicitada por la ciudadana, de conformidad con el referido artículo 4 del Decreto Ley 1296 de 1994.

En el presente asunto, la Sala considera importante reiterar que, si bien la señora Luzmila Domínguez Jordán se acogió al régimen de prima media con prestación definida, fue trasladada desde la Caja de Previsión Social del Guainía al ISS el 13 de marzo de 1996, con ocasión de la declaratoria de insolvencia de la primera entidad. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 24 del Decreto 1068 de 1995, los cuales establecen para los funcionarios públicos la imposibilidad de continuar afiliados, con posterioridad al 31 de diciembre de 1995, a cajas de previsión declaradas insolventes.

De igual forma, el referido traslado atiende lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ley 1296 de 1994, de conformidad con el cual debían ser trasladados al ISS aquellos afiliados a cajas de previsión territorial sustituidas por fondos territoriales de pensiones que se hubieren acogido al régimen de prima media. En tales situaciones, dispone el mismo artículo 11 del Decreto Ley 1296 de 1994, será el ISS el encargado del reconocimiento y pago de la pensión. No obstante, esa entidad fue reemplazada en sus funciones por la Administradora Colombiana de Pensiones, y esta última es la actual administradora del régimen de prima media con prestación definida, según lo establece el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007.

Adicionalmente, el Decreto 2011 de 2012, al disponer el inicio de las operaciones de Colpensiones estableció, en el inciso primero del artículo segundo, que los afiliados del ISS conservarían las condiciones que a cada uno le correspondiesen, esto es, sus derechos u obligaciones bajo el régimen aplicable: Artículo 2°. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los Afiliados y Pensionados en Colpensiones.

Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General de Pensiones.

En ese orden de ideas, la autoridad competente en el presente caso para estudiar y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión presentada por la señora Luzmila Domínguez Jordán es la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Vale la pena aclarar que, si bien el Decreto 1068 de 1995 estableció el 31 de diciembre de 1995 como fecha de corte máximo para que los servidores públicos pudieran seguir vinculados a las entidades de previsión territorial declaradas insolventes, lo cierto es, que la fecha de traslado efectivo de la Caja de Previsión Social del Guainía al ISS por parte de la señora Luzmila, de conformidad con la historia laboral de esta, es posterior a dicha fecha de corte (13 de marzo de 1996).

Sin embargo, para el caso concreto ello no afecta la decisión, pues como se evidencia en su historia laboral, la señora Luzmila no alcanzó a reunir el tiempo de cotización requerido para acceder a la pensión de vejez mientras estuvo afiliada a la Caja de Previsión Social del Guainía y consolidó su derecho a la pensión el 4 de mayo de 2014, fecha en la que cumplió los 55 años de edad cuando ya no se encontraba afiliada a la citada Caja de Previsión Social.

Para finalizar, la Sala no comparte la afirmación realizada por Colpensiones, consistente en que esta entidad no es competente para asumir la competencia sobre la petición de la solicitud pensional de la señora Domínguez Jordán, ya que no cumple con lo dispuesto en el Decreto 2709 de 1994, que es el mínimo de 6 años de cotizaciones a Colpensiones.

Al respecto se aclara que, con la expedición de la Ley 71 de 1988, inicialmente reglamentada por el Decreto 1160 de 1989 y luego por el Decreto 2709 de 1994, se introdujo en el sistema normativo colombiano la denominada «pensión por aportes». Cuya finalidad principal fue la de permitir que las personas que hubieran tenido vínculos laborales con el sector privado y con el público y que, en consecuencia, hubiesen efectuado aportes a entidades de previsión social del sector público y al Instituto de Seguros Sociales, los acumularan para completar los veinte (20) años de aportes o tiempos laborados exigidos por los correspondientes regímenes pensionales.

Sin embargo, en el presente asunto no es aplicable, pues como está plenamente demostrado en la historia laboral de la señora Domínguez Jordán, jamás ha trabajado en el sector privado. De todo cuanto antecede se concluye que le corresponde a Colpensiones, como administradora principal del régimen de prima media en la actualidad, efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por la peticionaria, en el evento, claro está, de que cumpla con los requisitos de orden sustancial exigidos por la ley para adquirir ese derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR competente a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para conocer y decidir de fondo la solicitud pensional de la señora Luzmila Domínguez Jordán.

SEGUNDO: REMITIR la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) esta decisión y el expediente del cual forma parte, para lo de su competencia.

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Guainía, a Colpensiones, y a la señora Luzmila Domínguez Jordán.

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno, como lo dispone expresamente el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 del CPACA.

QUINTO: Los términos legales a que esté sujeta la actuación administrativa en referencia se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se comunique la presente decisión. La presente decisión se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA Presidente de la Sala Consejera de Estado ANA MARÍA CHARRY GAITÁN ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado REINA CAROLINA SOLÓRZANO HERNÁNDEZ Secretaria de la Sala ----------------------- [1] La elaboración de la tabla se realizó a partir de la información aportada por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Guainía, la contenida en el certificado CETIL No. 202102892099149000820004 y el reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado a 2 de marzo de 2021 remitido por Colpensiones. [2] A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC. [3] Ley 1437 de 2011.

Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». [4] La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015. [5] Cfr.: Consejo de Estado.

Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 27 de noviembre de 2017. Radicación número: 11001-03-06-000-2017-00110- (C). [6] Entidad creada por el artículo 8 de la Ley 90 de 1946: «ARTÍCULO 8. Para la dirección y vigilancia de los seguros sociales, créase como entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, un organismo que se denominará Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuya sede será Bogotá». [7] Arenas Monsalve, Gerardo.

El derecho colombiano de la seguridad social (3° ed.). Bogotá: Editorial Legis, 2011. p. 382. [8] Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial. [9] Ley 100 de 1993.Artículo 151. «Vigencia del sistema general de pensiones.

El sistema general de pensiones previsto en la presente ley regirá a partir del 1º de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la vigencia de la misma. // PARAGRAFO.

El sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.». [10] Decreto Ley 1296 de 1994 (junio 22), «por el cual se establece el régimen de los fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas» Artículo 1º.

Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen general de los fondos departamentales, distritales o municipales de pensiones públicas, que sustituyan el pago de pensiones de las entidades territoriales, cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos insolventes, en los respectivos niveles territoriales. /Artículo 2º.- Creación. Autorizase la creación de fondos departamentales, distritales y municipales de pensiones públicas, que se denominarán «Fondos de Pensiones Territoriales», a más tardar el 30 de junio de 1995, en concordancia con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993». [11] Cfr.: Consejo de Estado.

Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión de 14 de diciembre de 2020. Radicación número: 11001-03-06-000-2020-00184- 00(C), Decisión del 11 de julio de 2016. Radicación número: 11001-03-06-000- 2016-00079-00(C), entre otros. [12] Cfr.: Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 28 de abril de 2020. Radicación núm.: 11001-03-06-000-2020-00033-00(C). [13] Sobre el particular, esta Sala ha afirmado: «A partir de la Ley 100 de 1993 se definió que el Régimen de Prima Media con Prestación Definida sería prestado por una sola entidad estatal, en razón de lo cual las cajas, fondos y entidades públicas hasta entonces encargadas del reconocimiento de las pensiones de jubilación de las personas vinculadas laboralmente con el Estado, no admitirían más afiliados y continuarían reconociendo las pensiones de quienes eran sus afiliados a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, como regla general».

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 17 de septiembre de 2015. Radicación núm. 11001-03-06-000-2015-00039-00. [14] Ley 100 de 1993.Artículo 151. «Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones previsto en la presente ley regirá a partir del 1º de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la vigencia de la misma. //PARAGRAFO.

El sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental». [15] El parágrafo transitorio 4º., del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, dice textualmente que a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición que «además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, […] se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.» La Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto núm. 2194 de 2013 precisó que el término señalado debe entenderse hasta el 31 de diciembre de 2014. [16] Ley 33 de 1985 (enero 29) «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.». [17] Ley 71 de 1988 (diciembre 19) «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones». [18] Cfr.: Consejo de Estado, Sala De Consulta y Servicio Civil.

Decisión del 12 de diciembre de 2017. Radicación número: 11001-03-06-000-2017-00189-00(C). [19] Cfr.: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 1 de agosto de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 11001-03- 06-000-2017-00107-00(C). [20] Ley 100 de 1993, artículo 115: «Bonos pensionales. Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones. / Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan algunos de los siguientes requisitos: / a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector público; / b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos; / c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, y / d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieren a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.». [21] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 17 de septiembre de 2015.

Radicado 11001030600020150005100. [22] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. 11001030600020180022400, del 21 de mayo de 2019 [23] Decreto 2011 de 2012 (septiembre 28). «Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones». [24] La elaboración de la tabla se realizó a partir de la información aportada por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Guainía, la contenida en el certificado CETIL No. 202102892099149000820004 y el reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado a 2 de marzo de 2021 remitido por Colpensiones.