CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero sustanciador: Carmelo Perdomo Cuéter Bogotá, D. C., primero (1°) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Medio de control: Nulidad Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa Interviniente1: Nación - Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público Tema:: Nulidad del Decreto 387 de 2018, «Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un Nuevo País’ y se dictan otras disposiciones» Actuación: Procedencia para dictar sentencia anticipada; pronunciamiento sobre las pruebas; fijación del litigio y traslado para alegaciones finales Vencido el término de traslado de la demanda, sería del caso fijar fecha para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), si no fuera porque, de acuerdo con la Ley 2080 de 20212, debe determinarse si 1 El medio de control de nulidad (contencioso objetivo, popular o acción de simple nulidad) es de carácter declarativo y la anulación del acto se reclama del juez, por lo que la sentencia que decida la demanda no contendrá condenas contra persona jurídica alguna de derecho público; y, en este orden de ideas, no puede hablarse de parte demandada, porque del ente estatal emisor del acto no se reclama la satisfacción de alguna pretensión (como sí sucede en una controversia o litigio, entendido como un pleito judicial, según la definición del Diccionario de la lengua española), puesto que al juez administrativo le bastará examinar la legalidad del acto y determinar si hay lugar o no a decretar su nulidad y, por tanto, de sustraerlo del ordenamiento jurídico.

Por consiguiente, el ente estatal que haya participado en la expedición del acto, al no ser demandado, porque no está llamado a satisfacer pretensión alguna, comporta un interviniente de naturaleza especial, que podrá defender la legalidad del acto administrativo que se acuse en la demanda de nulidad y tendrá los mismos derechos procesales que le asiste todo extremo pasivo dentro de una contienda judicial.

Recuérdese que los intervinientes son «Personas que voluntariamente o por solicitud de las partes tienen intervención en procesos judiciales» (Madrid-Malo Garizábal, Mario. Diccionario de la Constitución Política de Colombia. 2ª edición. Bogotá, Legis Editores SA, 1998. p. 188). 2 «Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción», cuyo artículo 86, respecto de su entrada en vigor, preceptúa: «Régimen de vigencia y transición normativa.

La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. 2 Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Medio de control de nulidad Actor: Angélica Lisbeth Lozano Correa en el presente caso resulta procedente dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, contemplada en el artículo 182A del CPACA.

I.

ANTECEDENTES 1.1 La demanda. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA, la parte actora demanda la anulación del Decreto 387 de 2018, «Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País" y se dictan otras disposiciones». 1.2 Trámite de admisión. Por medio de auto de 1º de septiembre de 2020 (f. 45 del cuaderno principal), se admitió la demanda, notificado personalmente a los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público el 15 de diciembre siguiente, conforme al artículo 171 (numeral 1) del CPACA.

Según constancia de la secretaría de la sección segunda de esta Corporación (f. 51 del cuaderno principal), el término de veinticinco (25) días previsto en el artículo 199 del CPACA inició el 16 de diciembre de 2020, mientras que el de treinta (30) días contemplado en el artículo 172 ibidem comenzó el 12 de febrero de 2021 y venció el 26 de marzo siguiente. 1.3 Contestación de la demanda3.

El 6 de abril de 2021 el Ministerio del Trabajo presentó escrito con tal propósito fuera del plazo antes indicado, mientras que el de Hacienda y Crédito Público guardó silencio. II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 182A del CPACA, este despacho es competente para determinar si se debe acudir a la sentencia anticipada, en armonía con el artículo 125 (numeral 3) ibidem. 2.2 Cuestión previa.

Comoquiera que el Ministerio del Trabajo contestó la demanda de manera extemporánea y el de Hacienda y Crédito Público guardó De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones». 3 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. 3 Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Medio de control de nulidad Actor: Angélica Lisbeth Lozano Correa silencio en la oportunidad prevista para ese efecto, se tendrá por no contestada la demanda. 2.3 La sentencia anticipada en materia contencioso-administrativa.

Desde la expedición del CPACA no ha sido ajena para esta jurisdicción la posibilidad de que, en ciertas circunstancias, se precipite una decisión de fondo sin que sea indispensable agotar todas las etapas procesales, como es el caso del artículo 1764, que obliga al juez a dictar sentencia cuando la parte pasiva se allane a la demanda o transija los derechos en litigio, o el 1795, para los asuntos de puro derecho o que no sea necesaria la práctica de pruebas.

No obstante, con el Decreto 806 de 20206, de manera formal, se incorporó la figura de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo, así: Artículo 13. Sentencia anticipada en lo contencioso administrativo. El juzgador deberá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito. 2.

En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia 4 «Allanamiento a la demanda y transacción. Cuando la pretensión comprenda aspectos que por su naturaleza son conciliables, para allanarse a la demanda la Nación requerirá autorización del Gobierno Nacional y las demás entidades públicas requerirán previa autorización expresa y escrita del Ministro, Jefe de Departamento Administrativo, Gobernador o Alcalde o de la autoridad que las represente o a cuyo Despacho estén vinculadas o adscritas.

En los casos de órganos u organismos autónomos e independientes, tal autorización deberá expedirla el servidor de mayor jerarquía en la entidad. En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente sentencia. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o lo pida un tercero que intervenga en el proceso.

Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción». 5 «Etapas. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas: 1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. 2.

La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y 3. La tercera, desde la terminación de la anterior, hasta la notificación de la sentencia. Esta etapa comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la audiencia de pruebas y podrá dictar la sentencia oral dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión. También podrá dictar sentencia oral, en los casos señalados, en las demás audiencias, previa alegación de las partes.

Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 182A sobre sentencia anticipada. Cuando se profiera sentencia oral, en la respectiva acta se consignará su parte resolutiva». 6 «Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», declarada por medio de Decreto 637 de 6 de mayo de 2020. 4 Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Medio de control de nulidad Actor: Angélica Lisbeth Lozano Correa del juez.

Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición· deberá realizarse conjuntamente con estos.

Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver. 3. En la segunda etapa del proceso prevista en el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando encuentre probada la cosa juzgada, la transacción; [sic] la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa.

La sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. En este caso no se correrá traslado para alegar. 4. En caso de allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011 (sic para toda la cita). Luego, con la expedición de la Ley 2080 de 20217, el mecanismo de la sentencia anticipada se estableció en forma permanente en los procesos que adelanta esta jurisdicción: Artículo 182a.

Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo 7 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 5 Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Medio de control de nulidad Actor: Angélica Lisbeth Lozano Correa cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código. 2.

En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al ministerio público y demás intervinientes.

El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver. 3.

En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. 4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código. Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada.

Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.

A guisa de corolario, para dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada debe revisarse, cada caso, en punto a precisar si se aviene a alguna de las cuatro hipótesis descritas en la anterior disposición, previa explicación del juez sobre su procedencia. Asimismo, el legislador dispuso que, a pesar de que la adopción de este instrumento procesal procura una pronta y efectiva administración de justicia, debe garantizarse, en todos los eventos, el derecho al debido proceso del que son titulares los sujetos procesales y, en consecuencia, el juez o magistrado debe pronunciarse previamente sobre las pruebas, cuando a ello haya lugar, fijar el litigio y correr traslado a las partes para alegar. 2.4 Determinación de la procedencia de la sentencia anticipada en este caso.

En virtud de lo expuesto, el despacho examinará si se configuran los presupuestos para la procedencia de la sentencia anticipada frente a las causales contempladas en las letras a y c del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, 6 Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Medio de control de nulidad Actor: Angélica Lisbeth Lozano Correa por lo que se emitirá pronunciamiento respecto de las pruebas, se fijará el litigio y concederá a las partes la oportunidad para alegar de conclusión. 2.4.1 Pruebas. 2.4.1.1 Accionante.

Junto con la demanda, allegó pruebas documentales, que se encuentran en los folios 19 a 42 del cuaderno principal, a las que se les dará el valor que en derecho corresponda. 2.4.1.2 Ministerio del Trabajo Como contestó el libelo introductorio en forma extemporánea, no es dable decretar pruebas en su favor. 2.4.2 Fijación del litigio.

Se precisa que la controversia atañe a un asunto de puro derecho, concerniente a la legalidad del Decreto 387 de 2018, «Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País" y se dictan otras disposiciones», expedido por el Gobierno nacional, al estimar la demandante que quebranta los artículos 13, 29, 46 a 49, 53, 58 y 189 (numeral 11) de la Constitución Política; 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; 26 y 37 de la Ley 100 de 1993, 212 de la Ley 1753 de 2015, 198 y 336 de la Ley 1955 de 2019; y el «Convenio sobre las Enfermedades Profesionales, 1925 (núm. 18)» (sic), porque, en su criterio, el precepto demandado «[…] desconoce el principio de irrenunciabilidad en materia de seguridad social, amenaza la garantía de no regresividad, afecta los derechos adquiridos de los beneficiarios del subsidio e incluso genera incertidumbre en la propiedad privada representada en sus aportes que concurrieron con el subsidio al aporte a la seguridad social» (sic).

Por tanto, el despacho considera que el litigio comporta carácter jurídico relacionado con la violación de normas superiores por parte del acto administrativo acusado. 2.4.3 Procedencia de la sentencia anticipada y traslado a los sujetos procesales. De conformidad con lo que se deja expuesto, el despacho considera que es procedente dictar sentencia anticipada en el presente caso, con fundamento en las causales previstas en las letras a y c del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, en la medida en que, por un lado, se trata de un asunto de puro derecho y, por otro, únicamente se solicitó tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda, respecto de las que no se formuló 7 Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Medio de control de nulidad Actor: Angélica Lisbeth Lozano Correa tacha o desconocimiento.

En consecuencia, en cumplimiento de la mencionada norma, una vez quede ejecutoriado este auto, (i) se correrá traslado a las partes de las pruebas allegadas al expediente, por el término de tres (3) días, de conformidad con el artículo 110 del Código General del Proceso (CGP)8, con el propósito de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción;

(ii) vencido el anterior período, se correrá traslado a las partes por diez (10) días para alegar de conclusión por escrito, en la misma oportunidad podrá el correspondiente agente del Ministerio Público emitir concepto; y (iii) culminado este último plazo, la Sala dictará sentencia. Por último, en razón a que quien se halla habilitada legalmente para ello confirió poder en nombre de la Nación – Ministerio de Trabajo9, se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de aquel.

En mérito de lo expuesto, se DISPONE: 1º. Dese aplicación en el presente caso a la figura de la sentencia anticipada, por configurarse las causales contempladas en las letras a y c del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, por las razones expuestas. 2º. Téngase por no contestada la demanda por parte de la Nación – Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, por lo consignado en la motiva; y como medios de prueba los documentos allegados en su oportunidad por la actora, relacionados en las consideraciones de esta providencia. 3º.

Fíjase el litigio en los términos señalados en el acápite 2.4.2 de esta providencia, concerniente a la legalidad o no del Decreto 387 de 2018, «Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País" y se dictan otras disposiciones», expedido por el Gobierno nacional, al estimar la demandante que quebranta los artículos 13, 29, 46 a 49, 53, 58 y 189 (numeral 11) de la Constitución Política; 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 45 de la Carta de la Organización de los 8 «Traslados.

Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra. Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia, se surtirá en secretaría por el término de tres (3) días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un (1) día y correrán desde el siguiente». 9 Samai, índice 11. 8 Expediente: 11001-03-25-000-2019-00669-00 (5126-2019) Medio de control de nulidad Actor: Angélica Lisbeth Lozano Correa Estados Americanos; 26 y 37 de la Ley 100 de 1993, 212 de la Ley 1753 de 2015, 198 y 336 de la Ley 1955 de 2019; y el «Convenio sobre las Enfermedades Profesionales, 1925 (núm. 18)» (sic), porque, en su criterio, el precepto demandado «[…] desconoce el principio de irrenunciabilidad en materia de seguridad social, amenaza la garantía de no regresividad, afecta los derechos adquiridos de los beneficiarios del subsidio e incluso genera incertidumbre en la propiedad privada representada en sus aportes que concurrieron con el subsidio al aporte a la seguridad social» (sic). 4º.

Ejecutoriada esta providencia, córrase traslado de las pruebas oportunamente aportadas al proceso por el término de tres (3) días. 5º. Vencido el lapso precedente, por secretaría, sin necesidad de una nueva providencia, córrase traslado por el período de diez (10) días para que las partes presenten sus alegatos de conclusión, por escrito.

En la misma oportunidad, podrá el correspondiente agente del Ministerio Público emitir concepto. 6º. Reconócese personería al abogado José Ernesto Alturo Rojas, con cédula de ciudadanía 1.018.466.213 y tarjeta profesional 329.901 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Nación – Ministerio del Trabajo, en los términos del poder conferido, obrante en el sistema de gestión judicial Samai. 7º.

Cumplido lo anterior, regrese el expediente al despacho para lo pertinente. Notifíquese y cúmplase, Firmado electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER