CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Acción: Tutela Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-001 Actora: Marisol Quintero Montoya Demandados: Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y directora ejecutiva seccional de administración judicial y juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín Tema: Derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso e igualdad Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Marisol Quintero Montoya contra los señores presidente del Consejo Superior de la Judicatura y directora ejecutiva seccional de administración judicial y juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso e igualdad.

I.

ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo. La señora Marisol Quintero Montoya, quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por los señores presidente del Consejo Superior de la Judicatura y directora ejecutiva seccional de administración judicial y juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín. Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene a la señora directora ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín asignar «[ ] las partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de [un] remplazo […]» que le permita disfrutar de sus vacaciones en el cargo de citadora, grado III, en 1 Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 2 propiedad, «[…] del centro de servicios administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia» (sic). 1.2 Hechos2. Relata la actora que se encuentra «[…] vinculad[a] a la Rama Judicial, como CITADORA» (sic), en el centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, por lo que pidió se le autorizara un período de vacaciones causadas entre el 2 de abril de 2021 y el 1º de abril de 2022, para disfrutarlo entre el 21 de julio y el 14 de agosto de la presente anualidad.

Que el 9 de mayo de 2022, junto con la señora juez coordinadora del aludido centro de servicios, solicitaron del área financiera de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín, «[…] la disponibilidad presupuestal para el disfrute de [sus] vacaciones y […] [para la designación de un] reemplazo […]» que ejecutara sus funciones durante su descanso, frente a lo cual el 20 siguiente3 esa dependencia les informó que existían recursos para cubrir sus «[…] vacaciones y primas [de] vacaciones a partir del 21 de julio […]» del año en curso, pero no emitió pronunciamiento en relación con el dinero deprecado para efectuar el nombramiento de una persona que desarrollara las tareas que tiene a su cargo.

Dice que, con fundamento en que (i) en anteriores oportunidades la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín había negado los recursos para la designación de los correspondientes reemplazos y (ii) su ausencia, bajo esas condiciones, afectaría la prestación del servicio, su pedimento de vacaciones fue despachado de manera desfavorable por la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, por conducto de Resolución 148 de 23 de mayo de 2022, decisión confirmada4 el 24 siguiente, a través de Resolución 150.

Que, con posterioridad, el 8 de junio de 20225 la señora directora ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín atendió su solicitud de 9 de mayo anterior, en el sentido de no autorizar el presupuesto solicitado, de 2 Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para contextualizar el asunto sub examine.

Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente. 3 Por conducto del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 31322. 4 Con ocasión del recurso de reposición que interpuso. 5 Con oficio DESAJMEO22-2092.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 3 conformidad con lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, la cual prevé que únicamente se «[…] situará[n] los recursos para los funcionarios (jueces) que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y excepcionalmente cuando se trate de empleados […] que laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos».

Aduce que no desconoce que la dependencia para la cual labora «[…] cuenta con una planta insuficiente para atender de manera oportuna el cúmulo de trabajo que existe en […]» los 12 juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, pero tal situación no puede ocasionar el desmedro de sus prerrogativas laborales, máxime cuando la negativa de autorizar las vacaciones a que tiene derecho corresponde a una mala interpretación de lo establecido en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, la cual impone a los empleados judiciales una barrera administrativa para el disfrute de un derecho fundamental como lo es el descanso, con el pretexto de que no es dable autorizar recursos para nombrar a la persona que se encargue de sus funciones durante su ausencia. II.

TRÁMITE PROCESAL Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 25 de agosto de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores presidente del Consejo Superior de la Judicatura y directora ejecutiva seccional de administración judicial y juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín. 2.1 Contestaciones de la acción. 2.1.1 El señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura pide se le desvincule del presente trámite constitucional, en atención a que «[…] las acciones u omisiones que atribuye el accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial del Medellín, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para designar los reemplazos de los empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones» (sic).

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 4 2.1.2 Las señoras directora ejecutiva seccional de administración judicial y juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín guardaron silencio en la oportunidad procesal prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES 3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por la demandante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso e igualdad. 3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la omisión de las autoridades accionadas de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de que se nombre el correspondiente reemplazo, para que la actora pueda disfrutar del período de vacaciones a que tiene derecho entre el 21 de julio y el 14 de agosto de 2022, sin que se afecte el normal funcionamiento del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esa ciudad; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso e igualdad invocadas en la solicitud de amparo. 3.4 Sobre la prerrogativa al descanso remunerado de los trabajadores.

Resulta necesario recordar que la Carta Política, en su artículo 25, incluyó el derecho al trabajo dentro del listado de los fundamentales, así: Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 5 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Con el propósito de materializar dicha garantía superior a los trabajadores, el artículo 53 de la Constitución Política autorizó al Congreso de la República para expedir el estatuto del trabajo, para lo cual debía tener en cuenta los siguientes principios mínimos: «Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad» (destaca la Sala).

Ahora bien, según el título VII del Código Sustantivo del Trabajo (CST), los descansos obligatorios a que tienen derecho los trabajadores son: «descanso dominical remunerado» (artículo 172 ibidem), «descanso remunerado en otros días de fiesta» (artículo 177 ibidem), «trabajo dominical y festivo» (artículo 179 idem) y «vacaciones anuales remuneradas» (artículo 186 ibidem).

Sobre estos últimos, el citado estatuto prevé: Duración. 1. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Conforme a lo anterior, se tiene que las vacaciones son un derecho laboral de carácter fundamental e irrenunciable al que tienen derecho los trabajadores, cuya finalidad es «permitir el descanso […], cuando éstos han laborado por un lapso considerable […], con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, además, asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las condiciones de productividad»6.

Sobre el particular, la Corte Constitucional7 sostuvo: 6 Fallo C-35 de 25 de enero de 2015, M. P. Rodrigo Escobar Gil. 7 Sentencia T-76 de 2001, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 6 3. Salvo excepciones legales favorables, todo empleado público o trabajador oficial tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones, por cada año de servicios prestados en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978).

En efecto, el derecho al descanso ha sido reconocido universalmente como una garantía laboral que “ofrece a los trabajadores una posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar sus facultades”8. Por lo anterior, es de la esencia del derecho al descanso su carácter remunerado, ya que el trabajador interrumpe la prestación de los servicios pero mantiene el derecho al pago de su salario, pues “sin el descanso remunerado el trabajador no podría recuperar las condiciones físicas y mentales indispensables para trabajar”9.

Así, el artículo 18 del Decreto 1045 de 1978 establece que “el valor correspondiente a las vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo menos cinco (5) días (sic) de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado”. Así pues, el descanso periódico retribuido es un derecho irrenunciable del trabajador, por lo que “se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas”10, de ahí que cuando se adquiere el derecho a las vacaciones, estas deberán ser concedidas por el jefe del organismo de oficio o a petición del interesado11.

No obstante, ello no significa que el empleado debe disfrutar de las vacaciones inmediatamente adquiera el derecho, pues el período de descanso podrá interrumpirse (art. 15 Decreto 1045 de 1978), aplazarse (art. 9 del Decreto 3135 de 1968) o, excepcionalmente cuando exista causa legalmente autorizada, compensarse en dinero. Con relación a esta última opción, la Corte dijo que “es igualmente razonable que, en casos especiales, como el perjuicio para la economía nacional o la industria, el patrono deba solicitar la autorización para compensar las vacaciones, pero sólo en una proporción que no exceda la mitad de éstas.

Es decir, el trabajador siempre debe gozar efectivamente de un período en el que pueda descansar”12 4. Como se observa en la breve descripción en precedencia, el derecho al goce de vacaciones está ampliamente regulado en la normatividad legal y no tiene una disposición constitucional que expresamente lo garantice, por lo que aquí surge un interrogante obvio: ¿el descanso es un derecho de rango legal o puede adquirir el carácter de fundamental?.

En efecto, si el descanso no es un derecho fundamental, como lo afirman los jueces de instancia, la acción de tutela no podría prosperar, 8 Considerandos de la Recomendación 47 “sobre las vacaciones anuales pagadas” de la OIT. 9 Sentencia T-09 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 10 Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963. 11 Artículos 12 del Decreto 1045 de 1978 y 45 del Decreto 1848 de 1969. 12 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 7 pero en caso contrario, podría estudiarse la posibilidad de que esta acción constitucional sea un mecanismo judicial idóneo para exigir su protección. El anterior interrogante ya fue resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional, quien afirmó que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”13.

En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática14 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo. De manera que, al ser el descanso un derecho constitucional fundamental del trabajador, es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela cuando se evidencie su quebranto.

Por otra parte, para los servidores judiciales, la legislación ha establecido dos regímenes de vacaciones: las colectivas y las individuales, que se encuentran reguladas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199615, que prevé: Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio.

Por tanto, según la especialidad en la que presten sus servicios los funcionarios y empleados judiciales, tienen derecho a gozar de vacaciones remuneradas colectivas o individuales, las cuales son concedidas, en el caso de las últimas, por el respectivo nominador. 13 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. 14 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C- 024 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara. 15 «Estatutaria de la administración de justicia».

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 8 3.5 Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia constitucional16 ha anotado que la acción de amparo resulta improcedente para controvertir actos administrativos, por cuanto el marco jurídico consagra otros mecanismos judiciales para debatir su presunción de legalidad, que son los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la Corte Constitucional17, como excepción a la anterior regla, ha indicado que la tutela es procedente cuando se controvierten decisiones administrativas frente a las cuales los medios judiciales ordinarios carezcan de eficacia para salvaguardar las garantías superiores que puedan resultar afectadas, dado que a través de aquella es dable adoptar soluciones prontas y oportunas que permitan proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas.

De conformidad con lo expuesto, aunque la decisión adoptada por la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín de negar las vacaciones solicitadas por la actora, con fundamento en que la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de esa ciudad no emitió el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para designar una persona que ejecute sus tareas mientras disfruta del descanso que reclama en estas diligencias, es susceptible de ser atacada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a 16 Sentencia SU-712 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 17Sentencia T-161 de 2017 «En materia de actos administrativos de contenido particular y concreto, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que por regla general la acción de tutela no es procedente para controvertir actos administrativos toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación de los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa.

No obstante, en criterio de la Corte, la aceptación de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos depende de si el contenido de los mismos implica una vulneración evidente de los derechos fundamentales o la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal magnitud que obligue la protección urgente de los mismos».

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 9 través de los medios de control dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), estos no gozan de la efectividad suficiente para salvaguardar con celeridad sus garantías constitucionales, máxime cuando las vacaciones son un derecho laboral que prescribe dentro de los 4 años siguientes a su causación18, lo que impone un estudio inmediato por parte de la autoridad judicial, en esa medida, para la Sala resulta procedente examinar el fondo de la solicitud de amparo. 3.6 Caso concreto.

En el sub lite se tiene que el 9 de mayo de 2022 la tutelante y la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín deprecaron de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de esa ciudad realizar las gestiones presupuestales correspondientes para que la primera de las mencionadas pudiera disfrutar de sus vacaciones entre el 21 de julio y el 14 de agosto del presente año, y en esa misma fecha, la aludida autoridad judicial pidió los recursos necesarios para que durante dicho lapso se nombrara un reemplazo que ejecutara sus tareas en esa dependencia, pedimentos frente a los cuales únicamente se emitió el CDP19 requerido para atender la primera de las solicitudes, dado que frente a la segunda se guardó silencio.

Con base en lo anterior, el 23 de mayo del año en curso la señora juez coordinadora de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, por conducto de Resolución 148, no concedió a la tutelante el disfrute del período de vacaciones reclamado, decisión confirmada el 24 siguiente, a través de Resolución 150, con fundamento en que en anteriores oportunidades la dirección ejecutiva de administración judicial de Medellín ha indicado que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura no contempla la asignación de recursos para los empleados, sino únicamente para los funcionarios judiciales que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales, por lo que, sumado a la alta carga laboral asignada a esa dependencia, consideró que no era viable permitir su ausencia sin que se cuente con una persona que ejecute las tareas que tiene asignadas, por cuanto ello afectaría la prestación del servicio. 18 Decreto 1045 de 1978: «ARTÍCULO 23.

De la prescripción. Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere uso de vacaciones en la fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva compensación en dinero prescribe en cuatro años, que se contarán a partir de la fecha en que se haya causado el derecho. El aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de prescripción, siempre que medie la correspondiente providencia. Solo se podrán aplazar hasta las vacaciones correspondientes a dos años de servicio y por las causales señaladas en este decreto». 19 Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 10 Para dilucidar este asunto, del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca: a) Oficios de 9 de mayo de 2022; el primero suscrito por la tutelante y la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, en el que deprecan de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de esa ciudad la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para que pueda disfrutar del período de vacaciones solicitado entre el 21 de julio y el 14 de agosto siguiente; y el segundo firmado únicamente por la aludida autoridad judicial, a través del cual pide los recursos necesarios para nombrar un reemplazo que ejerza las funciones de la actora en el cargo de citadora, grado III, durante dicho lapso. b) Certificado de disponibilidad presupuestal 31322, mediante el cual la señora coordinadora del área financiera de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín informa que «[…] existe disponibilidad presupuestal para cancelar vacaciones y primas vacacionales, a partir del 21 de julio del 2022» a la tutelante. c) Resolución 148 de 23 de mayo de 2022, con la que la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín negó a la tutelante el disfrute del período de vacaciones solicitado, con fundamento en que en anteriores oportunidades la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín no ha autorizado la asignación de recursos para la designación de un reemplazo, sumado a «[…] las altas cargas de trabajo que se manejan actualmente en el centro de servicios con ocasión de la pandemia del Covid-19, la implementación de la virtualidad y las restricciones de ingreso a la sede de trabajo». d) Resolución 150 de 24 de mayo de 2022, a través de la que la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, previa interposición del recurso de reposición, confirmó la determinación señalada en la letra precedente, por necesidades del servicio, y por cuanto es competencia de esa dependencia notificar «[…] las actuaciones que realizan los ocho (8) Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín y los cuatro (4) homólogos de Antioquia, situación que representa […] un cúmulo de trabajo Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 11 que resulta insostenible cuando no es posible contar con toda la planta de empleados». e) Oficio DESAJMEO22-2092 de 8 de junio de 2022, con el que la señora directora ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín señala que «[…] no es posible expedir certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de vacaciones del cargo […]» que ocupa la tutelante en el centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esa ciudad, habida cuenta de que, de conformidad con la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, tal situación solo está contemplada en casos de ausencia de funcionarios que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales, y excepcionalmente para empleados «[…] que laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos».

De acuerdo con la relación probatoria realizada, se evidencia que, con fundamento en la solicitud de vacaciones formulada por la actora, el 9 de mayo del presente año la señora coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín deprecó de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de esa ciudad la asignación de los recursos necesarios para que se nombrara un reemplazo que ejecutara las funciones de citadora, grado III, a cargo de aquella en esa dependencia, sin embargo, no se obtuvo dicho presupuesto, pues únicamente se certificó la disponibilidad presupuestal indispensable para sufragar sus vacaciones.

Por lo anterior, la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín negó la concesión de las vacaciones reclamadas por la tutelante, en consideración a la postura adoptada en anteriores oportunidades por la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de esa ciudad, consistente en que, en razón a la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, solo autoriza recursos para los funcionarios que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y no para empleados, por tanto, la falta de dinero que sufrague un reemplazo destinado a asumir sus tareas durante el lapso en el cual tiene programado disfrutar de su descanso, se vería seriamente afectada la prestación del servicio de administración de justicia. Así las cosas, en el asunto sub judice se observa que no se le permitió a la Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 12 accionante gozar de las vacaciones a las que tenía derecho a partir del 21 de julio del presente año, con el pretexto de que la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín no expidió el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal cuando le fue solicitado 20, sin advertir las especiales circunstancias de carga laboral, como las expuestas por la señora juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esa ciudad, lo que acredita que la Administración le impuso una barrera presupuestal para acceder al ejercicio del aludido derecho fundamental.

En un caso similar, la sección quinta de esta Corporación precisó21: […] esta Sala considera que, el argumento de la necesidad del servicio y la omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar provisionalmente a quien reemplazará en su ausencia a la actora, no pueden usarse para desconocer el derecho al disfrute de las vacaciones a las cuales tiene derecho, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha garantía ha sido reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas administrativas que afecten el núcleo fundamental de este derecho.

En efecto, esta Sección no desconoce la necesidad del servicio que apremia al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, ante la gran carga laboral que tienen bajo su responsabilidad, por lo que resulta necesario que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá provea las medidas necesarias para que dicho despacho pueda cumplir con sus funciones, sin que ello implique que sus servidores no puedan disfrutar del derecho a las vacaciones, una vez cumplan con los requisitos legales para acceder a las mismas.

En otras palabras, la autoridad no puede alegar impedimentos de tipo administrativo a la accionante que le impida ejercer sus derechos fundamentales, máxime cuando escapa del resorte de la señora Fajardo Prieto el encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal. Así las cosas, negarle el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de limitaciones de carácter administrativo, no es una carga que deba soportar un servidor judicial, si se tiene en cuenta que en la misma circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala 20 Se sostuvo que en anteriores oportunidades la dirección ejecutiva seccional de administración judicial no había autorizado los recursos pedidos, con fundamento en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura. 21 Sentencia de 11 de febrero de 2021, acción de tutela 11001-03-15-000-2020-05144-01, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 13 Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se exige solamente al interesado reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente programación de vacaciones, para que sea incluido en los turnos. En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación de las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o administrativo, para poder acceder al descanso remunerado.

Es decir, la administración no puede trasladar en ellos, su propia función. En ese orden de ideas, se advierte el quebranto de las garantías superiores objeto de la acción de tutela, en lo atañedero al período de vacaciones deprecado por la accionante (causado entre el 2 de abril de 2021 y el 1º de abril de 2022), toda vez que los vacíos en cuanto a la normativa interna y al presupuesto que supuestamente genera la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, así como cualquier otra restricción de índole administrativo, no pueden ni deben ser soportadas por el trabajador ni interpretadas en desmedro de sus prerrogativas, máxime cuando para el disfrute de las vacaciones el único requisito que debe colmarse es que hayan sido causadas, lo cual se encuentra acreditado por la tutelante en estas diligencias.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala amparará los derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso e igualdad de la actora y, en consecuencia, ordenará a las señoras juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y directora ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín que, una vez la tutelante formule de nuevo su solicitud de vacaciones correspondientes al período comprendido entre el 2 de abril de 2021 y el 1º de abril de 2022, realicen, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de dicha petición, los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar, encaminados a destinar recursos para que se nombre un reemplazo que asuma el empleo de citadora, grado III, en el aludido centro de servicios administrativos, con el fin de que la accionante pueda gozar de las aludidas vacaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política, Expediente: 11001-03-15-000-2022-04540-00 Demandante: Marisol Quintero Montoya 14 FALLA: 1º.

Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso e igualdad de la señora Marisol Quintero Montoya, conforme a la motivación. 2º. En consecuencia, ordénase a las señoras juez coordinadora del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y directora ejecutiva seccional de administración judicial de Medellín que, una vez la tutelante formule de nuevo su solicitud de vacaciones correspondientes al período comprendido entre el 2 de abril de 2021 y el 1º de abril de 2022, realicen, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de dicha petición, las gestiones administrativas y presupuestales a que haya lugar, encaminadas a destinar recursos para que se nombre un reemplazo en el empleo de citadora, grado III, en el aludido centro de servicios administrativos, con el fin de que la accionante pueda disfrutar las vacaciones a que tiene derecho. 3°.

Adviértese a las autoridades indicadas en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 4º. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo 30 del Decreto ley 2591 de 1991. 5º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase, Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS