CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SALA DE CONJUECES Conjuez ponente: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO Bogotá D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 130001-23-33-000-2012-00230-02 (4298-2015) Actor: ALIX OROZCO CASTILLO Demandado: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Procede la Sala de Conjueces a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contra la sentencia proferida el 23 de abril de 2015 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. 1.

ANTECEDENTES En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora ALIX OROZCO CASTILLO, a través de apoderado judicial (fs. 1-87, c. 1), solicitó la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó la solicitud de reconocimiento, liquidación y pago de la bonificación por compensación de conformidad con lo previsto en los Decretos 610 y 1239 de 1998, esto es, con el 80% de lo que devengan los magistrados de Altas Cortes (así como la inaplicación del Decreto 4040 de 2004): ✓ Oficio No. 2009EE4730 del 7 de junio de 2009 expedido por la Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago del valor adicional del salario mensual y de las diferencias por concepto de prestaciones sociales, desde el año 1999 y durante su vinculación en el cargo de Procuradora 82 Judicial Penal II de Cartagena Grado 21, correspondiente al porcentaje de la bonificación por compensación de que trata el artículo 1º del Decreto 610 de 1998.

2. LA SENTENCIA APELADA La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 23 de abril de 2015 (fs. 282-307, c. 1), decidió: i) Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, que anuló el Decreto 4040 de 2004, ii) Declarar la nulidad del acto acusado, iii) Condenar a la Nación – Procuraduría General de la Nación a reconocer y pagar las diferencias salariales por concepto de bonificación por compensación desde el año 1999 el 60% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, para el año 2000 el 70%, para el año 2001 el 80% y proporcional para el año 2002 hasta la fecha de su retiro del servicio.

3. EL RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de la parte demandada Nación – Procuraduría General de la Nación, mediante escrito radicado el 21 de julio de 2015 (fs. 310-313, c. 1), presentó recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 23 de abril de 2015 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar. Sostuvo que en la sentencia recurrida no se accedió a declarar la prescripción de los derechos reclamados, desconociendo que la demandante se retiró de la entidad desde el 31 de julio de 2002 y la reclamación administrativa sólo fue presentada hasta el 18 de julio de 2012, así mismo, estima que se negó la caducidad de la acción no obstante que la solicitud de conciliación se radicó solo hasta el 18 de julio de 2012 y el acto enjuiciado data del 13 de marzo de 2009.

Finalmente, trajo en su favor algunos de los argumentos expuestos por la Conjuez que salvó el voto en dicha decisión y reprocha al juzgador de instancia que haya condenado en costas y agencias en derecho a la Nación – Procuraduría General de la Nación, no obstante su actuar diligente dentro de la actuación judicial. 4. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 150 del CPACA, es competencia del Consejo de Estado resolver las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, como acontece en el presente caso.

Corrido el traslado para alegatos de conclusión (fs. 334-338, c. 1), la demandada Nación – Procuraduría General de la Nación allegó 19 de octubre de 2016 escrito en el que reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación. La demandada Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante memorial del 3 de noviembre de 2016 (fs. 347-373, c. 1) expone que la entidad llamada a responder en este proceso es la Nación – Procuraduría General de la Nación dada su autonomía presupuestal y que fue la empleadora de la demandante, hace algunas apreciaciones sobre los efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004, sobre la decisión judicial de reconocimiento de la bonificación por compensación para afirmar que no constituye una prestación periódica, así mismo expone que la demandante se acogió libre y voluntariamente al régimen del Decreto 4040 de 2004 (numeral 9° de los hechos de la demanda) y en ese sentido debería restituir debidamente indexado lo que recibió en esa oportunidad, y hace una transcripción parcial del recurso de apelación presentado por la Nación – Procuraduría General de la Nación. La parte accionante, a través de escrito del 4 de noviembre de 2016 (fs. 377-377, c. 1), reitera las precisiones sobre la prescripción trienal contenidas en la Sentencia de Unificación del 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado (Exp.

No. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta) para alegar que no ha prescrito ninguno de los derechos reclamados. Aceptados los impedimentos manifestados por los Magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y agotado el respectivo sorteo de Conjueces (fs. 379-397, c. 1), corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Procuraduría General de la Nación contra la sentencia de primera instancia. ANÁLISIS DE LA SALA La Sala de Conjueces al no encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Nación – Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de que se revoque la sentencia apelada, cuyos argumentos estriban en que no se accedió a declarar la prescripción trienal de los derechos reclamados, desconociendo que la demandante se retiró de la entidad desde el 31 de julio de 2002 y la reclamación administrativa sólo fue presentada hasta el 18 de julio de 2012, que se negó la caducidad de la acción no obstante que la solicitud de conciliación se radicó solo hasta el 18 de julio de 2012 y el acto enjuiciado data del 13 de marzo de 2009, citando en su favor algunos de los argumentos expuestos por la Conjuez que salvó el voto en dicha decisión y finalmente reprocha al juzgador de instancia que haya condenado en costas y agencias en derecho a la Nación – Procuraduría General de la Nación, no obstante su actuar diligente dentro del proceso.

Siendo estos los cargos contra la decisión del a quo, y por ende, los aspectos que se decidirán en sede de apelación. El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, por medio de la cual fijó el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de allí que en su artículo 15 estableció una prima especial de servicios para ciertos funcionarios, para igualar sus ingresos a los ingresos anuales percibidos por los Congresistas, en otras palabras, se buscó equiparar el salario de los magistrados de las altas cortes al de los congresistas.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998, norma de fundamento para el reconocimiento de la Bonificación por Compensación, cuyo tenor literal es el siguiente: “ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes. …” (Subrayas y negrillas fuera de texto). Las consideraciones que dieron lugar a esta decisión quedaron consignadas en el mismo Decreto de la siguiente manera: “Que el Gobierno Nacional acordó con los representantes de los funcionarios mencionados en el considerando anterior, un esquema que gradualmente permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados, así: Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por primera vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado;

Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos laborales serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. …” (Negrilla fuera de texto).

El fin de la expedición del Decreto 610 de 1998 adicionado por el Decreto 1239 de 1998, mediante el cual se estableció la bonificación por compensación, fue acabar la desigualdad salarial existente entre magistrados de alta corte y demás funcionarios del sector judicial. Esta bonificación consiste en un ajuste de carácter permanente que, sumado a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales, iguale el ochenta por ciento (80%) (para el año 2001 y en adelante) de los ingresos que por todo concepto laboral perciben los magistrados de alta corte.

La norma señala de manera taxativa que a partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal; (esto es, 1º de enero de 2001) los ingresos laborales serán iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; lo cual indica que para obtener el porcentaje de la Bonificación por Compensación, se toma el 80 % de todos los conceptos laborales que devenguen los magistrados de las altas cortes, tal como quedó establecido en la Sentencia de Unificación dictada por esta Sala de Conjueces[1] incluida la cesantía de los Congresistas, en donde se dijo: “… Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos. …” (Subraya y negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, considera esta Sala de Conjueces que la demandante como beneficiaria de la Bonificación por Compensación, se le debe otorgar el 80% por ciento de los ingresos que devengan los magistrados de alta corte para el año 2001 y siguiente, el 70% para el año 2000 y el 60% para el año 1999, y en estos se deben incluir todos los ingresos laborales percibidos por los miembros del Congreso, dentro de los cuales se deben tener en cuenta las cesantías percibidas por los mismos, como antes se dijo, de conformidad con la sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016 con ponencia del conjuez Jorge Iván Acuña Arrieta.

Razón por la cual se adicionará a la sentencia apelada, en el sentido de estarse a lo dispuesto en dicho pronunciamiento. Ahora bien, de cara al argumento de la apelación, esto es, sobre la prescripción trienal, la apelante indicó que ha operado el fenómeno prescriptivo trienal del pago de los derechos laborales reclamados. Respecto al análisis de la prescripción trienal, es necesario hacer alusión al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968[2] y 102 del Decreto 1848 de 1969[3] que disponen: “Las acciones estipuladas en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”.

Contempla la misma normativa que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. Sobre esta temática, en sentencia de Unificación Jurisprudencial proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se estableció, lo siguiente: “… Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción de los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de exigibilidad, para que a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su prescripción. Es decir, el prerrequisito de la aplicación de la prescripción del derecho, es que éste se encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad.

El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial.

Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho. En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.

En aras de precisar y reiterar lo antes mencionado, nos remitimos a la providencia de fecha 10 de octubre de 2013, emitida por esta misma sección del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo (Expediente No. 2008-00224) C.P. Dr. Gabriel De Vega Pinzón, en la que se censura a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que reconozca y page al Magistrado Luis Avelino Cortes Forero, las diferencias de lo cancelado por prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación de servicios y el 80% de lo que hubieren recibido por tales conceptos Magistrados de Altas Cortes y en la que se desestima la prescripción trienal ante la falta de exigibilidad del derecho frente a la concurrencia de dos prescripciones legales de alguna forma diferentes entre sí, esto es el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004.

“se debe resaltar que dicho término de prescripción se cuenta desde que el derecho se hace exigible. De esta manera, no se puede hablar de prescripción de los derechos laborales sin la previa exigibilidad de los mismos. Es preciso señalar entonces que, en el presente caso, la exigibilidad del derecho se encontraba en discusión, precisamente, en razón a la vigencia del Decreto 4040 de 2004” (…)[4].

Ahora bien; Sobre el tema de la prescripción, la Sala de Conjueces ha resuelto en casos análogos, que el término de prescripción se cuenta desde que el derecho se hace exigible, que para el caso específico se reputa sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012. …” (Subraya y negrillas fuera de texto).

No obstante, el 31 de diciembre de 1998 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2668 que dispuso derogar los Decretos 610 y 1239[5] de 1998. Este acto administrativo fue objeto de demanda ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, que a través de Sala de Conjueces mediante sentencia de 25 de septiembre de 2001, declaró la nulidad. Quedando debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.

En consecuencia, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la situación normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de 1998, retornaron a la vida jurídica, por lo tanto, es a partir de allí -desde la ejecutoria de la mencionada sentencia de nulidad- que los beneficiarios de la Bonificación por Compensación estaban facultados para solicitar su reconocimiento y hasta tres (3) años después, es decir, hasta el 5 de octubre de 2004, so pena, de aplicar la prescripción trienal de que trata el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.

Luego, como se anotó en párrafos precedentes, el 3 de diciembre de 2004 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040, por el cual creó una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales igualara al setenta (70%) de lo que por todo concepto devengaban los Magistrados de las Altas Cortes.

Este acto administrativo también fue demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado, demanda que fue resuelta por Sala de Conjueces mediante sentencia de 14 de diciembre de 2011 por la cual declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, quedando ejecutoriada el 27 de enero de 2012. Por lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 23 de mayo de 2018[6], realizó las siguientes precisiones sobre la prescripción trienal: “… Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que declaró de nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de transacción. … Dado lo anterior, se desestiman las razones que sustentan el recurso de apelación presentado por la parte demandada no sólo porque el tema de la bonificación por compensación, en los supuestos que informan la demanda, ya se encuentra definido a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, con efectos ex tunc, sino también cuando se repara respecto a la prescripción alegada que el momento de exigibilidad en el presente caso, de conformidad con la sentencia de unificación Jurisprudencial, se reputa sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la bonificación por gestión judicial; momento para el cual el demandante ya había interpuesto la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la actuación que ocupa la atención de la Sala de Conjueces. …” (Se subraya y negrillas fuera de texto).

La precisión estriba en que, si bien es cierto que a través de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción; también lo es que, entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, sí procede decretarla, pues en este lapso no hubo ambigüedad o dualidad de normas, esto es del 5 de octubre de 2001 al 3 de diciembre de 2004.

Lo anterior sería aplicable al caso de la demandante, pero debe tenerse en cuenta que la misma regla jurisprudencial citada la exceptúa de dicha aplicación, si se tiene en cuenta que la misma entidad accionada Nación – Procuraduría General de la Nación, allegó junto a la contestación de la demanda, como prueba, una copia del “CONTRATO DE TRANSACCIÓN” (f. 182 y ss., c. 1) celebrado el 10 de diciembre de 2004, entre ella y la demandante, cuyo objeto fue “… el de precaver cualquier eventual litigio futuro, relacionado con reclamaciones derivadas de la ‘Bonificación por Compensación’ consagrada en el Decreto 610 de 1998 y los demás decretos que lo modificaron, adicionaron o sustituyeron.”, suscrito al amparo y con motivo del Decreto 4040 de 2004; así mismo la Nación – Procuraduría General de la Nación, allegó con la contestación de la demanda, como pruebas, los documentos suscritos por la demandante y su apoderada y la providencia respectiva, en los que se da cuenta del retiro de la demanda de la parte actora, por la misma causa del contrato aludido, en el proceso de nulidad y restableciendo del derecho de la demandante contra la Nación – Procuraduría General de la Nación (expediente 2002-01615), que se llevaba en el Tribunal Administrativo de Bolívar a 7 de diciembre de 2004 (fs. 183-192, c. 1).

Luego, trayendo nuevamente a colación el criterio señalado por la jurisprudencia anotada, no cabe duda de que no es aplicable a este caso la prescripción trienal pedida por la parte apelante: “… salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de transacción.” Cosa distinta es que si la Nación – Procuraduría General de la Nación, acredita haber pagado sumas de dinero por concepto de reajuste o reliquidación de la bonificación por compensación a favor de la demandante, con base en transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes, pueda legítimamente descontarlas de la liquidación que resulte por el cumplimiento de una providencia posterior que imponga dichos pagos.

En todo caso, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo PRIMERO de la sentencia apelada, es decir la aplicación de los efectos de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de Conjueces, que anuló el Decreto 4040 de 2004 (del 14 de diciembre de 2011, ejecutoriada el 27 de enero de 2012), resulta necesario también que se declare la nulidad del contrato de transacción celebrado el 10 de diciembre de 2004, ya referido.

Respecto de otro argumento de la apelación, esto es, sobre la caducidad de la acción, es claro que este asunto ya fue objeto de decisión del a quo, el cual en la AUDIENCIA INICIAL, celebrada el 17 de febrero de 2015 (fs. 237- 251, c. 1), analizó y desestimó dentro de las EXCEPCIONES PREVIAS las posiciones de las demandadas sobre este aspecto, sin que dichas partes presentaran recurso alguno, por lo que en esta instancia no es posible revivir ese debate ni efectuar nuevo pronunciamiento.

Finalmente, sobre el reproche de la parte apelante a la decisión del a quo de condenar en costas, revisada la fundamentación de ésta, no encuentra la Sala de Conjueces motivo para revocar o modificar dicha determinación, puesto que se halla prevista legalmente en los artículos 188 del CPACA y en el 365, numeral 1, del Código General del Proceso, para “…la parte vencida en el proceso…”, sin que haya lugar a apreciar la actitud con que hubiese intervenido en el mismo.

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: Se adiciona la sentencia apelada en el sentido de estarse a lo dispuesto en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proferida dentro del expediente No. 250002325000201000246-02 (0845-15) de 18 de mayo de 2016, siendo demandante Jorge Luis Quiroz Alemán y otros y Conjuez Ponente el doctor Jorge Iván Acuña Arrieta, respecto del derecho al reajuste o reliquidación de la bonificación por compensación y de la regla de prescripción de la misma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONFÍRMASE en todas sus partes la sentencia proferida el 23 de abril de 2015 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Se adiciona la sentencia apelada, en el sentido de DECLARAR la nulidad del contrato de transacción suscrito entre la demandante y la Procuraduría General de la Nación el día 10 de diciembre de 2004, conforme la parte motiva de este fallo.

CUARTO: Se adiciona la sentencia apelada, en el sentido de DECLARAR que de la liquidación que resulte por el cumplimiento de esta providencia, se descontarán las sumas de dinero de lo que la entidad condenada hubiese cancelado a la parte actora en caso de haber efectuado transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE y ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen. CÚMPLASE. La anterior decisión fue estudiada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente CARLOS MARIO ISAZA SERRANO Conjuez ponente Firmado electrónicamente Ausente con excusa CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS JORGE HERNÁN BELTRÁN PARDO Conjuez Conjuez CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. ----------------------- [1]Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado, Exp. No. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta. [2] “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.

Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”. [3] “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.

Artículo 102º.- Prescripción de acciones. Artículo 102. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”. [4] Consejo de Estado, Sección Segunda- Sala de Conjueces, Exp.No.73001-23- 31-000-2008-00224-02, Actor: Luis Avelino Cortés Forero.

Demandado: Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Conjuez Ponente: Gabriel De Vega Pinzón. [5] Que dispuso incluir a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. [6] Conjuez Ponente: Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz.

Exp. No.170012333000201200144 92 (0602-2015). Actor: María Rubby Montoya de Uribe.