11001031500020220515700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Referencia: Acción de tutela Actores: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G1.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO AL DERECHO DE PETICIÓN FRENTE A AUTORIDADES JUDICIALES. DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO HA INCURRIDO EN MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA. DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA DEFENSA, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE PETICIÓN. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META2 y su SECRETARÍA. 1 La Sala se reserva el nombre por protección al menor de edad. 2 En adelante el Tribunal. 2 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I – ANTECEDENTES I.1.

La Solicitud La señora INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ, actuando a través de apoderado judicial y en representación de su hijo menor de edad J.F.S.G., en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y de petición, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Tribunal y su Secretaría al incurrir en una presunta mora judicial injustificada, por cuando no se ha proferido sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 50001-23-33-000- 2015-00147-00, pese a haberse solicitado mediante los escritos de 17 de julio de 2020, 1o. de febrero, 30 de abril y 26 de agosto de 2021 y 23 de mayo de 2022.

I.2. Hechos Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio 3 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2015-00147-00.

Sostuvo que la demanda correspondió al Tribunal que, en auto de 21 de marzo de 2018, admitió la demanda y, de conformidad con lo visible en el aplicativo de consulta Siglo XXI se observa que la demandada dio contestación a la misma. Adujo que, de manera constante, a través de escritos presentados ante la Secretaría del Tribunal el 17 de julio de 2020, 1o. de febrero, 30 de abril, 26 de agosto de 2022 y 23 de mayo de 2022, ha solicitado impulso procesal, ya que desde la radicación del proceso han transcurrido 7 años y 4 meses sin que se haya proferido decisión de fondo sobre el asunto.

Finalmente, resaltó que el Tribunal es conocedor del estado de salud del menor de edad y pese a lo anterior ha guardado silencio a las solicitudes de impulso procesal presentadas. I.3 Fundamentos de la solicitud A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en una mora judicial injustificada al no darle trámite a la demanda 4 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co promovida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual vulnera sus derechos fundamentales invocados.

I.4. Pretensiones La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia: “[…]

SEGUNDO: Se ordene por parte del CONSEJO DE ESTADO a la accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE META continuar con el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 500012333000-2015- 00147-00 sin dilaciones injustificadas y en procura de garantizar los derechos del menor […].

TERCERO: Se de respuesta a los memoriales enviados por mi apoderado judicial los días 17 de Julio de 2020, 01 de Febrero de 2021, 30 de Abril de 2021, 26 de Agosto de 2021, 23 de Mayo de 2022. Frente a los cuales el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META ha guardado silencio […]”. I.5. Defensa I.5.1.- El Tribunal adujo que si bien no se ha dictado el fallo de fondo, si se han tomado decisiones interlocutorias, se le ha prestado el impulso pertinente dentro de las posibilidades, la capacidad y el recurso humano y técnico disponible. 5 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que pese a la elevada carga laboral y diversas situaciones que torpedean el desarrollo normal de la gestión judicial, tales como la congestión judicial, la suspensión de términos y represamiento de carga laboral por medidas de contención del COVID-19, entre otros, en el proceso se resolvió sobre la medida provisional solicitada, mediante auto de 27 de septiembre de 2022, esto es, antes de la admisión de la acción de tutela de la referencia. Sumado a lo anterior, resaltó que en el proceso ya se tiene digitalizado el expediente, se resolvió sobre la medida cautelar solicitada y debido al estudio realizado por ese Despacho, advirtió que es un asunto que se someterá a sentencia anticipada, siendo posible afirma que ingresará a turno una vez cobre ejecutoria el auto dictado el 27 de septiembre de la presente anualidad, de tal forma que era dable concluir que antes de culminar el último trimestre del año se tendría una decisión de fondo en el asunto.

Destacó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida que el mecanismo idóneo para resolver la controversia es la vigilancia administrativa ante el Consejo Superior de la Judicatura, máxime cuando no se aportó prueba que acredite la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional. 6 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Refirió que no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales alegados, comoquiera que no existe una mora judicial injustificada ni una actuación irregular, menos cuando debido a la enorme congestión judicial y sobrecarga laboral al interior del Tribunal se debió realizar un proceso de redistribución de cargas laborales.

I.6. Intervinientes I.6.1.- La Secretaría, luego de rendir informe del trámite surtido desde la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sostuvo que los proveídos proferidos por el Tribunal han sido debidamente notificados y el estado del proceso puede ser consultado en el aplicativo de la Rama Judicial, SAMAI.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que 7 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913.

Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable. Caso Concreto En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el 3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 8 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y de petición, los cuales estimó vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto no se ha proferido sentencia de primera instancia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00147-00.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido y al no dar respuesta a las peticiones de 17 de julio de 2020, 1o. de febrero, 30 de abril y 26 de agosto de 2021 y 23 de mayo de 2022.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales. Del derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales 9 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido.

De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000- 2017-02583-00. 10 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008- 00517, en la que se indicó lo siguiente: En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo: “Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado: “El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal.

Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.

Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que 11 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevalecen las reglas del proceso”.

(Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO) Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo. En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos.

Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional: “Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia T-178-00.

MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto). Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004: 12 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)5.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia6 que le asigna la ley7 […]”.

En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte actora en las solicitudes presentadas el 17 de julio de 2020, 1o. de febrero, 30 de abril y 26 de agosto de 2021 y 23 de mayo de 2022, es que el TRIBUNAL se pronuncie sobre el estado actual del proceso y se dicte sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00147-00; sin embargo, ese pronunciamiento implica que la autoridad judicial accionada se 5 Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 6 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las siguientes características: “La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.

La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general”. 7 Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 13 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pronuncie sobre una cuestión que al ser propia del proceso judicial debe ser dirimida conforme a los procedimientos legales.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado por la parte actora, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte resolutiva de esta providencia. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la parte accionada incurrió en una mora judicial injustificada al proferir sentencia de primera instancia. De la mora judicial Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y estructural […]”8 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos. 8 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 14 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este tema, la Corte Constitucional9 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada. Al respecto, la Corte10 ha manifestado en forma reiterada que: “[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora11.

Advirtió, además, que (iv) 9 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño 10 Ibidem. 11 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)». 15 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que: “existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando: - Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende. - Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”12. 13.5. En la providencia T-230 de 201313, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;

(ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional14. 12 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 13 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime». 14 «Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)». 16 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucional15, en otros, (ii) ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o vulnerabilidad16; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio17. 13.6.

Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201618, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”. En virtud de lo anterior, la Sala determinará si la parte demandada incurrió en una mora injustificada en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00147-00.

Según la información relacionada en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI19, se tiene lo siguiente: 15 «Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T- 243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto - unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)». 16 «Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)». 17 «T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)». 18 «MP Gloria Stella Ortiz Delgado». 19 https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=50001233300020 1500147005000123 17 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • El 14 de marzo de 2015, se radicó el mencionado medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2015-00147-00, ante el Tribunal, para lo de su competencia. • El proceso correspondió por reparto al Despacho del Magistrado HECTOR ENRIQUE REY MORENO, quien el 6 de julio de 2015 remitió el asunto al Despacho de la Magistrada TERESA DE JESÚS HERRERA ANDRADE, por redistribución de expedientes. • El 21 de marzo de 2018, el Despacho Sustanciador del proceso admitió la demanda. • Mediante memorial de 6 de noviembre de 2018, la parte actora solicitó corrección, aclaración o complementación del auto admisorio. • A través de auto de 9 de julio de 2019, el Despacho sustanciador complementó el auto admisorio, por lo que reconoció personería jurídica al apoderado de la parte actora. 18 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Mediante memorial de 28 de enero de 2020, la parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho allegó contestación de la demanda. • En auto de 27 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador denegó la medida cautelar solicitada.

De lo expuesto en precedencia, la Sala observa que el Tribunal le ha dado el impulso respectivo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, pues se evidencia que ha proferido las providencias de rigor, entre ellas, la admisión y la medida cautelar denegada; además, conforme a lo informado por la autoridad judicial accionada, se tiene que una vez ejecutoriado el auto de 27 de septiembre de 2022, el expediente ingresará a turno para sentencia anticipada, por lo que se prevé que antes de culminar el último trimestre del año en curso se tendrá sentencia de primera instancia. La Sala advierte que si bien es cierto que a la fecha no se ha dictado la respectiva sentencia de instancia que resuelva de fondo la controversia allí suscitada, inconformidad de la parte aquí actora, también lo es que esto se ha debido a las múltiples circunstancias que han impedido un trámite célere, entre otras, la congestión 19 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co judicial que se presenta.

Ahora, vale la pena resaltar que la Rama Judicial estuvo inmersa en la puesta en marcha de medidas excepcionales asociadas a la emergencia sanitaria ocasionada por el “coronavirus” (SARS-CoV-2 o Covid 19), las cuales exigieron a los despachos judiciales acoplarse a nuevas modalidades de trabajo que, a la postre, limitaron la capacidad laboral, lo que sin duda impidió el curso normal de los procesos, situación que resulta ajena a la voluntad de los operadores de la justicia. Así tampoco se puede desconocer que, entre las evidentes limitaciones que generó la situación de emergencia sanitaria ya descrita, se encuentra también el cierre de términos judiciales dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura y la orden de tramitar durante ese lapso, únicamente asuntos constitucionales.

Así mismo, es menester precisar que la emergencia sanitaria ocasionada por el “coronavirus” (SARS-CoV-2 o Covid 19), implicó el desarrollo de las funciones sin contar desde el inicio de la emergencia con herramientas como la digitalización de los expedientes escriturales. 20 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, en atención a lo anterior, la Sala considera que en el caso bajo estudio se presenta una situación que justifica razonablemente el tiempo que ha transcurrido sin que se haya dictado la respectiva sentencia de instancia, la cual resulta ajena a la voluntad del TRIBUNAL, como se expuso en precedencia, además, una vez regrese al Despacho el expediente ingresará para turno de sentencia anticipada, de conformidad con lo expuesto en la contestación presentada.

Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que la autoridad judicial accionada no ha incurrido en una mora judicial injustificada, razón por la cual se denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado frente al 21 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo respecto a la mora judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE,

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de octubre de 2022. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y 22 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05157-00 Actora: INGRID PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE J.F.S.G. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posterior consulta, de conformidad con la ley.