08001233300020180045901 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Radicado: 08001-23-33-000-2018-00459-01 Número interno: 5858-2019 Actor: Ricardo Arturo Camargo Juliao Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437 de 2011 Tema: Reliquidación de pensión de jubilación beneficiario del régimen de transición. IBL de la Ley 100 de 1993- Decreto 546 de 1971- Régimen especial de la Rama Judicial La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 22 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES 1. La demanda 1.1. Pretensiones El señor Ricardo Arturo Camargo Juliao, actuando a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó las siguientes declaraciones y condenas: i) La nulidad de la Resolución 285630 de 14 de agosto de 2014, expedida por Colpensiones que reconoció una pensión de jubilación a favor de la parte actora. ii) La nulidad parcial de la Resolución GNR 448500 de 29 de diciembre de 2014, proferida por la entidad demandada que reliquidó la pensión de vejez a favor del actor. iii) La nulidad de las Resoluciones SUB 37699 de 9 de febrero y DIR 4277 de 27 de febrero de 2018, mediante las cuales se negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la parte accionante.

Como restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la entidad demandada reliquidar la pensión de vejez con el 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, conforme con lo dispuesto en artículo 6 del Decreto 546 de 1971. Asimismo, pidió que se ordene a la entidad demandada efectuar los incrementos legales actualizados con fundamento en el IPC y exigió que se condene a la entidad accionada al pago de las costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes[1]: El 1º de abril de 2014, el señor Ricardo Arturo Camargo Juliao solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Mediante la Resolución GNR 285630 de 14 de agosto de 2014[2], la Administradora Colombiana de Pensiones reconoció a favor del señor Ricardo Arturo Camargo Juliao una pensión de vejez por valor de $1.698.857, con el 74,14% de los factores salariales cotizados en los últimos 10 años de servicio de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, en consonancia con el Decreto 1158 de 1994 y condicionada al retiro efectivo del servicio.

A través de Resolución GNR 448500 de 29 de diciembre de 2014[3], la entidad demandada modificó el anterior acto administrativo y reliquidó la pensión de vejez del accionante en cuantía de $2.988.000, “aplicando una tasa de reemplazo equivalente al 75% del ingreso base de liquidación”, y condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio, conforme con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 541 de 1976.

Por medio de Resolución 339554 de 29 de octubre de 2015[4], Colpensiones reliquidó por retiro del servicio la pensión de vejez de la parte accionante por valor de $3.097.361, incluyéndolo en nómina de pensionados, a partir del 1º de noviembre de 2015. El 26 de enero de 2018, el actor solicitó la reliquidación de la pensión de vejez con el 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado durante el último año de servicio.

A través de las Resoluciones SUB 37699 de 9 de febrero y DIR 4277 de 27 de febrero de 2018, la entidad demandada negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de la parte accionante. 1.2. Normas violadas y concepto de violación De la Constitución Política, artículos 48,49,53,58 y 150 Ley 100 de 1993, artículo 36 Decreto 546 de 1971, artículo 6 Al explicar el concepto de violación la parte accionante señaló que tiene derecho a que su pensión sea reliquidada con el 75% del promedio de los factores salariales devengados y la asignación mensual más elevada en el último año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. 2.

Contestación de la demanda La Administradora Colombiana de Pensiones, mediante apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, así[5]: Indicó que el actor no tiene derecho a la reliquidación de su pensión, toda vez que el IBL no fue un asunto sometido al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Precisó que los únicos factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994, siempre y cuando se hayan realizado los respectivos aportes al sistema pensional.

Como excepciones propuso las que denominó como falta de requisito de procedibilidad, inepta demanda por indebida individualización de los actos administrativos, inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar, inepta demanda por no señalar los cargos y el concepto de violación, prescripción, buena fe y compensación. 3. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 22 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas)[6].

Señaló que el IBL de la pensión del actor debe calcularse con el promedio de los últimos diez años de servicio y con los factores salariales efectivamente cotizados del artículo 1 del Decreto 1158 de 1994. Indicó que el demandante no tiene derecho a que se le incluya en el ingreso base las primas reclamadas en la demanda, en la medida que no existe prueba de que haya cotizado sobre éstas. 4.

Recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, argumentando que el señor Ricardo Arturo Camargo Juliao tiene derecho a la reliquidación de su pensión con el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicio, incluyendo los factores salariales devengados en ese mismo periodo, conforme con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971[7]. 5.

Alegatos de conclusión La parte actora reiteró los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación[8]. La entidad demandada guardó silencio. 6. El Ministerio Público no presentó concepto. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante. 2.

Problema jurídico En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará, si el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del accionante, reconocida conforme el Decreto Ley 546 de 1971, en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993, incluye la asignación más elevada del último año de servicio, con la totalidad de los factores salariales devengados, o si por el contrario se rige por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos: 2.1. Ingreso base de liquidación de los servidores o ex servidores de la Rama Judicial beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; 2.2. Lo probado en el proceso; y 2.3. Caso concreto. 2.1. Ingreso base de liquidación para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público. Sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. La Sección Segunda de esta Corporación, en providencia del 11 de junio de 2020, fijó las reglas sobre el ingreso base de liquidación, en el régimen especial de jubilación de la Rama Judicial y el Ministerio Público, beneficiarios de transición normativa de la Ley 100 de 1993[9].

Así, el servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que: i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años de edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados. ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento la edad de 50 años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;[10] c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente manera: iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.

El fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se remitió a las reglas y subreglas fijadas en la providencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que trató el ingreso base de liquidación para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron según la Ley 33 de 1985.

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. 93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas: 94.

La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […] 96.

La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. 97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. […] 99.

La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional. 100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. 101.

A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social.

La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos se debe limitar dicha base. 102.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia. 103.

Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema”[11]. 2.2 Lo probado en el proceso El señor Ricardo Arturo Camargo Juliao nació el 30 de abril de 1953[12].

Colpensiones, mediante la Resolución GNR 285630 de 14 de agosto de 2014[13], reconoció a la parte accionante una pensión de vejez por valor de $1.698.857, condicionada a demostrar el retiro definitivo. Para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 1. El señor Ricardo Arturo Camargo Juliao no es beneficiario del régimen de transición porque a 1º de abril de 1994 no acreditó 15 años de servicio. 2.

Que reúne los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, al cumplir más de 60 años y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas. 3. Para los efectos del ingreso base de liquidación se toma lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994. 4.

El demandante adquirió el status pensional el 30 de abril de 2013. A través de Resolución GNR 448500 de 29 de diciembre de 2014[14], la entidad demandada modificó el anterior acto administrativo y reliquidó la pensión de vejez del accionante en cuantía de $2.988.000, “aplicando una tasa de reemplazo equivalente al 75% del ingreso base de liquidación”, y condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio, conforme con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 541 de 1976.

Por medio de la Resolución 339554 de 29 de octubre de 2015[15], la entidad accionada reliquidó por retiro del servicio la pensión de vejez de la parte accionante por valor de $3.097.361, efectiva a partir del 1º de noviembre de 2015, con fundamento en lo siguiente: 1. Que “Conforme a la Circular 054 de 2010 expedida por el Procurador General de la Nación y la Circular Interna 01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, la forma de liquidación de la preste prestación, se efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, incluyendo como ingreso de base de cotización los factores salariales establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978”.

A través de la Resolución SUB 37699 de 9 de febrero de 2018[16], la entidad demandada negó la reliquidación de la pensión de jubilación, al considerar que, en virtud del principio de favorabilidad: “la liquidación efectuada mediante Resolución GNR 448500 del 29 de diciembre de 2014, se observa que esta resulta más favorable respecto a la nueva liquidación (…) como quiera que (…) reliquidó la pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, se deben garantizar los derechos adquiridos, así como la aplicación de los principios de expectativa legítima y favorabilidad, motivo por el cual se mantendrá el valor de la mesada reconocida y que actualmente disfruta el pensionado por valor que equivale para el año 2018 a la suma de $3.640.243 (…)”.

Por medio de Resolución DIR 4277 de 27 de febrero de 2018[17], Colpensiones confirmó el anterior acto administrativo, al considerar que es improcedente reliquidar la pensión de jubilación de la parte accionante, toda vez que la mesada que actualmente recibe es más favorable. Certificación de salarios de 22 de junio de 2017 del periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2014 al 1 de octubre de 2015[18], expedida por la Rama Judicial, que acredita que el actor se desempeñó como Oficial Mayor del Juzgado 06 Civil del Circuito de Barranquilla y devengó los siguientes factores salariales: prima de servicios, sueldo básico, bonificación judicial, bonificación por servicios y primas de productividad, de vacaciones y de navidad. 2.3 Caso concreto La Sala observa que en el sub judice la entidad accionada reconoció al actor una pensión de jubilación, conforme con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y con los factores salariales del artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Sin embargo, la parte demandante en sede judicial solicita que dicha prestación sea liquidada con fundamento en el 75% de la asignación más elevada del último año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, incluyendo todos los factores salariales. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la pensión del actor debe calcularse con el promedio de los últimos diez años de servicio y con los factores salariales efectivamente cotizados del artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

Indicó que el accionante no tiene derecho a que se le incluya en el ingreso base de liquidación las primas reclamadas en la demanda, toda vez que no existe prueba de que haya cotizado sobre aquellas. Inconforme con esta decisión, la parte actora apeló la sentencia de primera instancia, insistiendo en que el señor Ricardo Arturo Camargo Juliao tiene derecho a la reliquidación de su pensión con el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicio, incluyendo los factores salariales devengados en ese mismo periodo, conforme el artículo 6 del Decreto 546 de 1971[19].

Visto lo anterior, la Sala resalta que en el marco del recurso de apelación, no está en discusión que el demandante es beneficiario del régimen de transición, ni la aplicación de la normativa especial de la Rama Judicial (Decreto Ley 546 de 1971). Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Subsección acudirá a la regla jurisprudencial fijada por la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 11 de junio de 2020, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales[20].

La misma Sección precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos “respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado”. Se colige entonces, que el demandante como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, preserva de su régimen anterior (Decreto 546 de 1971) los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto (tasa de reemplazo).

Sin embargo, en cuanto al ingreso base de liquidación (periodo de liquidación) se aplican las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Y, los factores son los contemplados en “el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas” [21].

Por lo tanto, el señor Ricardo Arturo Camargo Juliao no tiene derecho a la liquidación de la mesada pensional con la asignación más elevada del último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales devengados, en la medida que el IBL de su pensión es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; y los factores para liquidar la pensión solo pueden ser sobre los que realizó las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en aplicación del inciso sexto del Acto Legislativo 01 de 2005.

(30| | | | | |de abril de 2008) | | | | Nótese que dicho acto administrativo contiene una liquidación más beneficiosa para el interesado, que difiere del criterio actual de unificación del Consejo de Estado, en tanto que la pensión de vejez del actor se promedió con el periodo de liquidación del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y los factores salariales previstos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en consonancia con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, conforme con lo expuesto en las Resoluciones No. 339554 de 29 de octubre de 2015, SUB 37699 de 9 de febrero de 2018 y DIR 4277 de 27 de febrero de 2018; empero ello no habilita a esta Sala para hacer más gravosa la situación en que se encontraba el demandante antes de acudir ante la administración de Justicia, pues entiende que sólo se acciona el aparato judicial para obtener un beneficio[24].

De modo que la Sala no puede censurar la legalidad de los actos demandados en lo favorable al interesado, razón por la que se abstendrá de emitir un pronunciamiento al respecto. Visto lo anterior, para la Sala se impone la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Condena en costas Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”.

Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite del proceso no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en esta instancia. DECISIÓN Bajo estas consideraciones se debe confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de mayo de 2019, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CUARTO: Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) CÉSAR PALOMINO CORTÉS (Firmado electrónicamente) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ----------------------- [1] Folios 55-67. [2] Folios 11-14 [3] Se observa que en el expediente no reposa copia del referido acto administrativo; sin embargo, del análisis de las actuaciones administrativas, los hechos y la contestación de los mismos se puede acreditar que la entidad aplicó los requisitos del régimen pensional especial de la rama judicial del Decreto 546 de 1971 [4] Folios 16-18 [5] Folios 121-135 [6] Folios 162-173. [7] Folios 179 y 180 [8] Índice 193 y 194 [9] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2- 021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 15001233300020160063001 (4083-2017). [10] Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971. [11] Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012- 00143-01 [12] Folio 4 [13] Folios 11-14 [14] Se advierte que en el expediente no reposa copia del referido acto administrativo; sin embargo, del análisis de las actuaciones administrativas, los hechos y la contestación de los mismos se puede acreditar que la entidad aplicó los requisitos del régimen pensional de la Rama Judicial previsto en el Decreto 546 de 1971 [15] Folios 16-18 [16] Folios 20-24 [17] Folios 26-33 [18] Folios 38 y 39 [19] Folios 179 y 180 [20] La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: “[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales.

Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones […]”. [21] Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2- 021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017) [22] Y las demás normas que crearon factores salariales que hacen parte del IBC para la Rama Judicial y el Ministerio Público [23] Folios 16-18 [24] Sentencia de tutela del 7 de marzo de 2019, M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado AC 11001-03-15-000-2018-03765-01, actor José del Carmen Herrera Urrego