www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001 23 33 000 2016 00384 01 (3346–2022) Demandante: Rosa Cely Rojas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Temas: Pensión gracia. Cosa Juzgada.

Ley 1437 de 2011 Decisión: Confirma sentencia que declaró cosa juzgada SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 11 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda. I.

ANTECEDENTES 1.1. Pretensiones de la demanda1 Rosa Cely Rojas, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 006174 de 18 de abril de 2000 y 004595 de 28 de noviembre del mismo año, por medio de las cuales la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE ya liquidada, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.

Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional; así mismo, que las sumas reconocidas sean indexadas y reajustadas de acuerdo con el IPC; y se condene en costas a la entidad demandada. 1.2.

Hechos que fundamentan la demanda La señora Rosa Cely Rojas nació el 2 de febrero de 1946, por tanto, el 2 de febrero de 1996 cumplió 50 años de edad. Así mismo, indicó que prestó servicios en el departamento de Boyacá como docente nacionalizada a partir del 7 de mayo de 1 Folios 24 a 37 del expediente. Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 1975, razón por la cual es beneficiaria de la pensión gracia. En consideración a ello, relató que el 17 de junio de 1988 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante CAJANAL, la cual fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones 006174 de 18 de abril y 004595 de 28 de noviembre, ambas de 2000, al considerar que su vinculación fue del orden nacional. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los artículos 58, 83 y 230 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 33 de 1985 y el acto legislativo 01 de 2005. Sostuvo que la entidad demandada expidió los actos administrativos con falsa motivación y desconociendo los derechos adquiridos de la demandante.

Explicó que la vinculación de la docente es de naturaleza nacionalizada y no nacional como lo señalaron los actos demandados y que, adicional a ello, cumplió con los demás requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento y pago de la pensión gracia. 1.4. Contestación de la demanda2 Admitida la demanda el 3 de noviembre de 20163, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como sucesora procesal de CAJANAL, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones; precisó que la señora Cely Rojas no demostró vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980, además, el nombramiento que mantuvo fue del orden nacional de acuerdo con las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación de Boyacá. Finalmente, propuso como excepciones la “inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido”, “inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales”, “prescripción de mesadas”, y “solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones” e inepta demanda por proposición jurídica incompleta. 1.5.

Sentencia de primera instancia4 En decisión de 11 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, ordenó estarse a lo resuelto en las sentencias proferidas dentro del proceso 15001-23-31-000- 2001-00436-01 en donde se negaron las pretensiones de la demanda. 2 Folios 22 a 38 del expediente. 3 Folios 72 a 73 del expediente. 4 Folios 359 a 368 del expediente.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 Como fundamento de lo anterior, indicó que en sentencia de 24 de abril de 20135 (sic) el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por Rosa Cely Rojas en contra de CAJANAL, la cual fue confirmada en fallo del 9 de diciembre de 2004 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Analizando la configuración de cosa juzgada, el tribunal precisó que entre el proceso finalizado en 2004 y en el que hoy nos ocupa, se presentó identidad jurídica de las partes, de objeto y causa; resaltando que en ambos procesos se demandó la nulidad de las Resoluciones 006174 de 18 de abril de 2000 y 004595 de 28 de noviembre del mismo año, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de Rosa Cely Rojas, y que no existe un presupuesto fáctico nuevo con el que la sala hubiese podido abordar nuevamente el estudio del reconocimiento deprecado. 1.6.

Recurso de apelación6 A través de apoderado, la demandante presentó recurso de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, sobre el particular, señaló que la decisión judicial apelada se configura como prevaricato por acción, en la medida que se dictó la sentencia contrariando los mandatos constitucionales y legales por desconocimiento de la jurisprudencia, así como al valorar una prueba ilícita, concretamente los certificados de tiempo de servicio expedidos sin competencia por las Secretarías de Educación de Boyacá y Tunja.

Agregó, sobre el fondo del asunto, que la docente Cely Rojas mantuvo una vinculación con la planta de personal del departamento de Boyacá y del municipio de Tunja, y, por tanto, denominarla como docente nacional es discriminarla o marginarla, pues su vinculación fue del orden territorial, de igual manera, precisó que se configuró una verdadera relación laboral con los entes territoriales, pues se presentaron los tres elementos para ello a pesar de haber prestado servicio a través de órdenes de prestación de servicio.

Así mismo, puso en consideración citas en extenso sobre jurisprudencia relacionada con la relación laboral subyacente, pensión gracia y prevaricato por acción de entidades administrativas y judiciales. 1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia Con auto de 2 de septiembre de 20227, se admitió el recurso de apelación. Actuando por intermedio de apoderada, la UGPP presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos expresados en el escrito de contestación, solicitando que se confirme la decisión de negar las prestaciones de la demanda.8 5 Si bien se indicó que la fecha de la sentencia es el año 2013, se observa que la fecha real es 2003. 6 Folios 374 a 390 del expediente. 7 Folio 443 del expediente. 8 Documento visible en el índice 8 del expediente digital disponible en SAMAI.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Posteriormente, en concepto allegado la Procuraduría Tercera Delegada9 ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar la sentencia objeto de apelación; al respecto, indicó que en el proceso con radicado 15001-23-31-000-2001-00436-01 se resolvió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con identidad jurídica de las partes idéntica, con iguales pretensiones y presupuestos facticos.

La señora Rosa Cely Rojas, a través de apoderado, además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de apelación, solicitó que le sean tenidas en cuenta las sentencias de unificación del 21 de julio de 2018, radicado 25000-23-42- 000-2013-04683-01 (3805-2014) y del 11 de agosto de 2022, Radicación 15001233300020160027801 (3018-2017).10 La Agencia de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes, II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso12, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado. 2.2.

Del problema jurídico Considera esta Sala de Subsección que el problema jurídico en esta instancia se centra en determinar si se configuró la excepción de cosa juzgada, como lo dispuso el a quo en la sentencia objeto de alzada. En caso negativo, deberá establecerse si la señora Rosa Cely Rojas, cumple con las exigencias de ley para que le sea reconocida la pensión gracia. 2.3.

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto 9 Documento visible en el índice 10 del expediente digital disponible en SAMAI. 10 Documento visible en el índice 13 del expediente digital disponible en SAMAI. 11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 12 «Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.» Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 2.3.1.

El fenómeno jurídico de la cosa juzgada13 La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener certeza sobre lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido de que no puede ser debatido el mismo asunto, reabriendo un nuevo proceso, cuando lo pretendido ya fue estudiado, se surtieron los actos procesales del caso y se dio solución al mismo.

En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica, estabilidad en las sentencias, para que una vez estén ejecutoriadas, adquieran el carácter de inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando, guarden protección y garantía de los derechos fundamentales. Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el proceso, terminando así, la disputa de manera definitiva, para que no se extienda en el tiempo de forma indefinida, razón por la cual, los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan al juez ni a las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la controversia litigiosa que ya ha sido objeto de decisión. En esta medida se han distinguido dos modalidades que son: - Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó ejecutoriado, bien sea porque no se hizo uso de los recursos dentro del término estipulado en la ley o habiéndose ejercido estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos extraordinarios que proceden contra las providencias ya ejecutoriadas. - Cosa juzgada material: Hay lugar a ella cuando contra la sentencia feneció la facultad de usar algún recurso, en otras palabras, porque precluyó el término para interponer los recursos extraordinarios o porque fueron resueltos de forma desfavorable.

Cabe resaltar que el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA, señala sobre la cosa juzgada lo siguiente: «Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. 13 Análisis realizado en sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por esta Subsección dentro del proceso radicado 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión». La Sección Segunda14 frente a los elementos que configuran la cosa juzgada, indicó lo siguiente: «[…] Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: a).- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada. b).- Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento.

Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa. c).- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.

Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente […]». Por su parte, el artículo 189 del CPACA15 preceptúa los efectos de la cosa juzgada en el ámbito contencioso administrativo.

Se resalta que teniendo en cuenta lo indicado en la norma ut supra referenciada, en controversias en las cuales se discute la legalidad de un acto administrativo, la decisión que accede a la nulidad solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo atinente a la causa petendi. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir entonces que, para la estructuración de la cosa juzgada, debe verificarse la identidad de partes, identidad de causa e identidad de objeto.

Además, el artículo 189 del CPACA establece que las decisiones judiciales que declaren la nulidad de los actos administrativos en esta jurisdicción, tendrán fuerza erga omnes, por lo que no es posible que nuevamente sean sujetas a debate judicial. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23- 42-000-2018-00634-01(5385-2019) 15 «Artículo 189.

Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.» Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 2.4 Caso Concreto Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, esto es, verificar si se configura la excepción de cosa juzgada como lo adujo el a quo; y de resultar ello negativo, se establecerá si la demandante cumple con las exigencias para obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Pues bien, da cuenta el plenario que previamente que Rosa Cely Rojas presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL –, tramitado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, bajo radicación 15001-23-310-000-2001-00436-00, y con la cual solicitó la nulidad de la Resolución 006174 de 18 de abril de 2000, que le negó el derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Proceso judicial que resultó adverso a la interesada, pues, se dictó sentencia denegatoria de las pretensiones el 24 de abril de 2003, confirmada el 9 de diciembre de 2004.

Bajo ese contexto, se procederá a realizar la verificación de los elementos configurativos de la cosa juzgada, al tenor del artículo 303 del CGP; para lo cual se expondrán el siguiente cuadro comparativo: Expediente anterior Expediente bajo estudio Tribunal Administrativo de Boyacá / Consejo de Estado 15001-23-31-000-2001-00436-01 Tribunal Administrativo de Boyacá 15001- 23-33-000-2016-00384-01 SUJETOS PROCESALES Demandante: Rosa Cely Rojas Demandado: Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL Demandante: Rosa Cely Rojas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP ACTOS ACUSADOS Resoluciones 006174 de 18 de abril de 2000, 022032 de 29 de septiembre de 2000 y 004595 de 26 de noviembre de 2000, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y se resolvieron negativamente los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

Resoluciones 006174 de 18 de abril de 2000 y 004595 de 26 de noviembre de 2000, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y se resolvieron negativamente los recursos de reposición y apelación, respectivamente. PRETENSIONES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Declarar la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, condenar a CAJANAL a reconocer y pagar una pensión gracia, que las mesadas pensionales sean ajustadas de acuerdo con el IPC; así mismo que se reconozcan intereses moratorios a partir de la ejecutoria del fallo.

Declarar la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión gracia, teniendo en cuenta todos los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior al que se adquirió el estatus pensional; que las sumas resultantes sean reajustadas e indexadas teniendo en cuenta el IPC, pagando retroactivamente lo dejados de percibir desde el momento en que se causó el derecho.

FUNDAMENTOS FACTICOS Rosa Cely Rojas nació el 2 de febrero de 1976, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 2 de febrero de 1996 y prestó servició por más de 20 años como docente oficial. Al considerar que cumplió con los requisitos, radicó solicitud ante CAJANAL para obtener el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue resuelta de manera negativa a través de los actos demandados.

Rosa Cely Rojas presentó solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia el 17 de junio de 1999 ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP*, la cual fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones 006174 de abril de 2000 y 004595 de 28 de noviembre del mismo año. DECISIONES JUDICIALES En sentencia de 24 de abril de 2003, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.

Al respecto consideró que la demandante no reunió los requisitos para ser beneficiaria de una pensión gracia y por tanto las resoluciones demandadas se ajustan a los preceptos legales. En sentencia de segunda instancia, de 9 de diciembre de 2004, el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, confirmó la decisión de negar las pretensiones.

Como fundamento, señaló que la demandante estuvo nombrada por el Ministerio de Educación Nacional la mayoría del tiempo y no demostró haber cumplido el tiempo requerido para la consolidación del derecho pensional. En sentencia de 11 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró de oficio la cosa juzgada. Indicó que se presenta identidad de partes, objeto y causa.

Luego de revisar los actos demandados y las pretensiones, encontró que, en el proceso finalizado con la sentencia de 9 de diciembre de 2004, proferida por el Consejo de Estado, ya se había examinado la legalidad de las resoluciones y resuelto sobre el derecho reclamado, concluyendo que no puede decidirse sobre el fondo de las pretensiones, porque implicaría estudiar una pretensión ya decidida por la jurisdicción sobre los mismos actos y las mismas pruebas.

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente: En cuanto, a la identidad jurídica de las partes es claro que tanto en el proceso Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 con radicado 15001-23-31-000-2001-00436-01 como en el que hoy nos ocupa, la señora Rosa Cely Rojas fungió como demandante; así mismo, en el anterior proceso fungió como extremo pasivo la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL y, en el proceso objeto de análisis, la demandada es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sin embargo, lo cierto es que esta última actúa como sustituta procesal de CAJANAL.

De manera que, puede colegirse que existe identidad de las partes en los dos procesos. En torno a la identidad de objeto, también se encuentra configurada, pues, del contraste de los expedientes en cita, se avizora que las pretensiones de las demandas y la motivaciones vertidas en las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, permiten inferir que en las causas judiciales relacionadas, la señora Rosa Cely Rojas deprecó la nulidad de los actos administrativos proferidos por CAJANAL, hoy UGPP, mediante los cuales le fue negado el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia; solicitando como restablecimiento del derecho, el reconocimiento de dicha prestación en donde se incluyan todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha del status pensional, en razón al vinculo docente que mantuvo con el departamento de Boyacá. A renglón seguido, también se estima configurada la identidad de causa, ello en tanto, los fundamentos fácticos y jurídicos dan cuenta que la señora Rosa Cely Rojas propugnó por la misma causa, esto es, obtener la pensión gracia; para lo cual sostuvo en ambos asuntos, que acredita los requisitos de ley, especialmente, el cumplimiento de la edad (50 años) el 2 de febrero de 1996 y el tiempo de servicios (20 años), relacionando para efectos de esta última exigencia, los periodos laborados desde el año 1975 en el departamento de Boyacá en virtud de los distintos nombramientos, a saber: Expediente anterior Expediente bajo estudio Tribunal Administrativo de Boyacá / Consejo de Estado 15001-23-31-000-2001-00436-01 Tribunal Administrativo de Boyacá 15001-23-33-000-2016-00384-01 PERIODOS TIEMPO DOCENTE 1.

Decreto 266 de 7 de mayo de 1975. Desde el 7 de mayo de 1975 hasta el 30 de julio de 1980. 2.Resolución 3933 de 24 de abril de 1984. Desde 25 de mayo de 1984 hasta el 10 de junio de 1999 (fecha de expedición de la certificación) 1. Decreto 266 de 7 de mayo de 1975. Desde el 15 de mayo de 1975 hasta el 30 de julio de 1980. 2. Resolución 3933 de 24 de abril de 1984.

Desde 25 de mayo de 1984 hasta el 1 de febrero de 2011 (fecha de renuncia) Cabe destacar que los anteriores tiempos de servicios, fueron valorados en su Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 momento por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, considerando como se mencionó, que no se acreditaban los 20 años de servicios, dado que tuvieron origen en un vínculo docente nacional, y por ello no había lugar a tenerlo en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. De manera que, en cumplimiento de la institución procesal de la cosa juzgada, este asunto no puede ser objeto nuevamente de análisis en otro proceso, pues lo establecido en el proceso primigenio goza de inmutabilidad en aras de preservar la seguridad jurídica.

Ahora, el apoderado de la demandante aduce que en la sentencia de primera instancia objeto de apelación no se analizaron las pruebas allegadas y que al no pronunciarse sobre el material probatorio presentado por él se estaría incurriendo en prevaricato por acción, además, señala que se debe extender las sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre pensión gracia del 21 de julio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014) y del 11 de agosto de 2022, Radicación 15001233300020160027801 (3018-2017).

Para esta Sala, dicho argumento no tiene vocación de prosperidad, pues revisados los documentos que contienen ambos procesos, tanto el tramitado con radicado 15001-23-310-000-2001-00436-00, como el que hoy nos ocupa, comparten el mismo fin, la declaratoria de nulidad de los mismos actos administrativos para obtener la pensión gracia de la señora Rosa Cely Rojas, teniendo como pruebas las vinculaciones ocasionadas con el Decreto 266 de 7 de mayo de 1975 y la Resolución 3933 de 24 de abril de 1984.

A lo anterior se suma que, en el proceso actual de la referencia no se aportaron elementos nuevos o diferentes que pudieran llevar al juez de primera instancia a realizar un examen diferente al ya realizado anteriormente en el primer proceso, toda vez que se reitera, se invocan las mismas las vinculaciones, y por tanto los tiempos de servicio no varían respecto de lo ya evaluado.

Sobre el particular, vale la pena poner de presente que la Corte Constitucional en sentencia T-249 de 2016 señaló: «Corolario de lo expuesto, es claro que el precedente de la Corporación, ha establecido las siguientes reglas en materia de cosa juzgada: (i) la institución de la cosa juzgada le otorga el carácter de inmutable e intangible a las decisiones judiciales;

(ii) cuando confluyan la identidad de partes, causa y objeto se configura la existencia de la cosa juzgada; (iii) no puede hablarse de cosa juzgada cuando no existe identidad de hechos. Ejemplo de ello, es cuando aparece una prueba que no se tuvo en cuenta para la resolución inicial del caso y que cambia por completo la decisión; (iv) en materia de seguridad social la Corte, en aplicación de los principios de equidad, favorabilidad e irrenunciabilidad, ha señalado que en el análisis de la causa petendi que debe efectuar el juez de conocimiento, le corresponde tener en cuenta que surge un hecho nuevo cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido el carácter de universal e irrenunciable de un derecho.

Aclaró la Corporación que no se trata de cualquier precedente o cambio de criterio por parte de una alta corporación la que puede alegarse como hecho nuevo, sino aquellos que desarrollan y protegen derechos de rango Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 fundamental, y que la misma Corte Constitucional en sentencias proferidas por la Sala Plena así lo han señalado, o constituyen una jurisprudencia en vigor.» Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha dejado sentado que se pueden considerar como hechos nuevos en los asuntos en que se pretenda el reconocimiento de pensión, una vez ya se encuentre firme una decisión judicial; aquellos que versen sobre el cambio del estatus jurídico del solicitante, tales como el cumplimiento de la edad o la demostración de otros requisitos exigidos para acceder a la prestación que sean configurados posterior a la sentencia inicial16.

Situación que no ocurre en el presente asunto, pues, en el proceso que convoca en esta ocasión, lo que se invoca es la expedición de un nuevo pronunciamiento judicial por parte de esta Corporación, más no se arguye un hecho relacionado con la demostración de alguno de los requisitos con posterioridad a la expedición de la sentencia inicial.

Finalmente, vale la pena resaltar que esta Subsección con posterioridad al pronunciamiento de la Corte Constitucional, ha señalado que el cambio jurisprudencial frente a determinado asunto no afecta las decisiones judiciales adoptadas con anterioridad; se destaca17: «A pesar de que el a quo en los fundamentos de su decisión hace alusión a que el criterio de interpretación de los factores salariales a los que tienen derecho los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 adoptado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de jurisprudencia de 4 de agosto de 2010 habilitó al demandante para acudir de nuevo a solicitar el reajuste de su mesada pensional, sin embargo, esta Sala contrario a lo determinado por el Tribunal de primera instancia, precisa que el cambio de jurisprudencia no purga la cosa juzgada, es decir, no afecta las decisiones judiciales adoptadas con anterioridad.

Así lo ha explicado la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación: «Finalmente, es importante reiterar que si bien los cambios de precedente orientan las decisiones futuras de los operadores jurídicos, no afectan los casos fallados con anterioridad por las autoridades judiciales, pues éstos se sujetan a lo resuelto en el respectivo proceso judicial, dado el carácter vinculante de la sentencia y sus efectos de cosa juzgada, De lo contrario, la jurisprudencia, que por naturaleza debe evolucionar de acuerdo con los cambios jurídicos y sociales, correría el riesgo de petrificarse por el temor de los efectos del cambio de precedente.

De esta manera, la seguridad jurídica y el valor de cosa juzgada de las sentencias, la cual es vinculante para las partes que han intervenido en el proceso, constituye un valor constitucional protegible que no resulta afectado con cambios posteriores en la jurisprudencia».18 Los despachos que integran la Sección Segunda también acogen la postura según la cual los cambios de jurisprudencia no afectan la cosa 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2018-00634-01(5385-19).

C.P: William Hernández Gómez 17 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda-Subsección A. Sentencia del dos (2) de abril de dos mil veinte (2020). Radicación número: 15001-23-33-000-2013- 00372-01(2043-2015). 18 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2012. Radicado: 11001-03-06-000-2011-00049-00 (2069).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 juzgada, así se puede ver en asuntos decididos en sede ordinaria y constitucional19.» (Resalto fuera del texto original) De manera que, siguiendo el precedente de esta Corporación, no hay lugar a revisar de fondo nuevamente un asunto concluido con decisión judicial ejecutoriada, cuando se invoca un nuevo precedente jurisprudencial.

A lo anterior se suma que, la sentencia de unificación invocada por la parte actora, dispone en su parte resolutiva que los efectos de dicha providencia son retrospectivos, de manera que las consideraciones allí expuestas, en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, no obstante, los casos en los cuales ha operado la cosa juzgada, resultan inmodificables en atención al principio de seguridad jurídica.

En ese hilo de consideraciones, la Sala estima ajustada a derecho la decisión de primera instancia, ya que como se ha dejado expuesto, se configuró la excepción de cosa juzgada. En consecuencia y en aras de preservar la seguridad jurídica y la inmutabilidad de las decisiones judiciales, en vista que la decisión contenida en la sentencia de 24 de abril de 2003, confirmada el 9 de diciembre de 2004, emanadas del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado, respectivamente, resultan inmodificables, no es procedente promover un nuevo proceso y menos realizar un análisis de fondo.

En tal sentido, se confirmará la sentencia de fecha 11 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, la cual declaró probada la excepción de cosa juzgada; con fundamento en las razones antes expuestas. 2.5. Condena en costas No se advierte que haya lugar a condenar en costas a la parte actora, comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a ello, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de las actuaciones desplegadas por la demandante en las diferentes etapas del proceso, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, sustentó las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas. 19 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicado: 25000- 23-25-000-2012-01176-01 (1281-2004). Sentencia de 11 de abril de 2019. / Radicado: 76001-23-33- 000-2013-00063-01(2710-2015). Sentencia de 16 de marzo de 2017. / Radicado: 11001-03-15-000- 2016-00356-00(AC). Sentencia de tutela de 17 de marzo de 2016. / Radicado: 76001-23-33-000- 2013-00113-02(0466-2016).

Apelación de auto de 26 de octubre de 2017. / Radicado: 76001-23-31- 000-2012-00091-01 (1482-2017). Apelación de auto de 17 de mayo de 2018. / Radicado: 25000 23 42 000 2013 00363 01 (2226–2014); Sentencia de 23 de enero de 2020. Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2016 00384 01 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. LUIS EDUARDO MESA NIEVES Consejero de Estado JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Consejero de Estado Consejero de Estado